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Si la Cámara de Diputados no trata antes de fin de año el proyecto de ley de acceso a la información pública, el expediente podría perder estado parlamentario y la Argentina continuaría sin una normativa emanada por el Congreso que consagre el derecho a preguntar en los tres poderes del Estado.
Lo que no hagan los gobiernos en materia de datos abiertos, lo hará la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y/o los medios de comunicación. El pronóstico no es nuevo. Un ejemplo vio la luz en 2010, cuando el diario “Texas Tribune” solicitó al gobierno estatal el detalle de los salarios de los 674.000 empleados públicos, con la intención de diseñar una aplicación que permitiera a los ciudadanos consultar los haberes que se pagan con fondos públicos, incluidos maestros de escuelas y profesores de universidades públicas (ver aquí). La historia sirve para poner en contexto la polémica desatada hace pocos días en la ciudad de Bahía Blanca, tras el lanzamiento de un portal de Gobierno Abierto, el cual incluye una central de datos alojada en Junar, que originalmente reportaba los salarios del personal, acción que generó resistencia. El sindicato de los trabajadores comunales presentó un amparo a la Justicia por considerar que tal difusión violaba el principio de privacidad y en el mismo sentido se expresó el Concejo Deliberante bahiense; finalmente, y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la jueza Gilda Stemphelet ordenó retirar de la Web la información motivo de discusión (ver aquí). La idea de difundir los salarios de los empleados públicos es relativamente nueva. En Estados Unidos, durante 2008, varias agrupaciones de empleados estatales y sindicatos, protestaron cuando el periódico “The Sacramento Bee” hizo pública esa información, revelando los sueldos de 469.309 empleados, incluyendo a docentes, policías y bomberos (ver aquí). Por entonces, tal difusión era vista como un riesgo para la seguridad y la invasión de la privacidad. Aunque aún algunos gobiernos se resisten a enfocar el problema de otra manera, hoy día desde ciudades pequeñas hasta gobiernos nacionales han comprendido el valor que tiene la apertura de datos para la sociedad y lo han hecho dando pasos enormes, poniendo la mayor cantidad de información posible a la vista del ciudadano, con lo cual ayudan a generar confianza entre los contribuyentes y los gobernantes .
El lunes 22 de octubre fuimos al Congreso Nacional para contar nuestra experiencia sobre el periodismo con bases de datos en la Argentina. Allí tuvimos la posibilidad de mostrar algunos ejemplos en relación a cómo trabajamos los datos públicos, haciendo
hincapié en la ganancia que tendríamos como ciudadanos si los ellos se publicaran en tiempo y forma y en formatos abiertos.
Por otro lado, relatamos qué sucede cuando realizamos pedidos de información en distintos organismos, así como los distintos niveles de respuesta obtenidos.
La Reunión Abierta “EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA: PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN, ACCESO Y PUBLICIDAD” tuvo como objetivo poner en debate la necesidad de la sanción de una ley nacional de acceso a la información Pública. Seguir leyendo
Hoy estamos junto con Gabriela Bouret (@GabyBouret) presentando en el ITBA sobre la importancia del rol de las ONGS en el movimiento de Datos Abiertos u Open Data. El taller se realiza con el apoyo de Google y agradecemos la invitación interna de la Fundación LA NACION.
El resumen que acompañamos más abajo incluye una breve descripción del escenario mundial y el rol que cumplen los gobiernos, medios, instituciones académicas, empresas y ONGs. También se muestra el recorrido de LA NACION con respecto a datos abiertos y el movimiento de especialistas colaborando en proyectos de la comunidad en eventos con nombres tan particulares como hackatones, meetups y datafests. Seguir leyendo
Bahía Blanca Gobierno Abierto from Gobierno Bahia Blanca on Vimeo.
Se presentó formalmente el portal “Bahía Blanca – Gobierno Abierto”, herramienta que permitirá fortalecer los mecanismos de gestión y transparencia, a través de la comunicación continua con los ciudadanos. Los detalles de esta iniciativa fueron brindados por el Intendente Gustavo Bevilacqua; el titular de la Agencia de Innovación y Gobierno Abierto, Esteban Mirofsky, y Luis Babino, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob). El portal está disponible en la página web del Municipio, con el objetivo de implementar una política de transparencia, participación y colaboración en el ámbito comunal. Seguir leyendo
“El trabajo para el nacimiento de ¿Qué sabés? fue de una generación joven. Esto el Estado lo tiene que apreciar”. Esas fueron las palabras que pronunció Guilherme Canela, consejero de la UNESCO, el miércoles pasado en la presentación de la plataforma online para hacer pedidos de acceso a la información pública en Uruguay. La versión hermana de WhatDoTheyKnow y de tantas otras que usan el software Alaveteli, fue creada por un puñado de personas entusiastas, pero para ser usada por todos. De ahí la importancia en la sencillez de su desarrollo y en la escasa cantidad de pasos requeridos para enviar el pedido a cualquier dependencia obligada por la ley que rige en ese país.
El próximo 3 de octubre D.A.T.A. y CAinfo presentarán en Uruguay ¿Qué sabés?, el portal creado a partir del software de código abierto Alaveteli, que permitirá realizar pedidos de acceso a la información pública en ese país, desde cualquier computadora y siguiendo unos pocos pasos. Seguir leyendo
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En 2010, un niño de 10 años se convirtió en la persona más joven en ingresar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) en Chile. El proceso se inició luego que el alcalde de su ciudad no respondiera sobre el proyecto de construcción de nuevas aulas en su colegio. ¿Por qué hizo esa consulta? Sus profesoras le explicaron que no tenía clases por falta de salas. Desde el municipio dijeron que no sabían cómo contestarle al niño por la complejidad de la temática: licitación en curso y antecedentes administrativos. De este modo, intervino en el proceso el CPLT y el alcalde le envió una carta detallando el estado de las obras.
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La Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos sin ley nacional de acceso a la información pública. Sin embargo, el decreto 1172, firmado por Néstor Kirchner en 2003, regula el ejercicio de este derecho en:
• “Organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional;
• las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional;
• las instituciones o los fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional;
• las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público”.
Fue un trabajo en equipo de muchos meses que hoy nace con una primera versión. Es un mapa de la situación de la normativa de acceso a la información pública en el país.
La idea de su realización surgió a partir de un diálogo con Ramiro Ugarte, director del área de acceso a la información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Gracias a su colaboración y la de otras ONG como la Fundación Mujeres en Igualdad (FEIM), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), podemos presentarles hoy una versión muy completa que incluye diferentes decretos, disposiciones, ordenanzas, leyes y resoluciones ordenadas por jurisdicción.
El desarrollo del Tableau -la tecnología gratuita que utilizamos para construir visualizaciones amigables para los lectores- estuvo a cargo de Mariana Trigo Viera y Carlos Bonardi, con la enorme colaboración de Sandra Crucianelli -periodista, instructora y Knight Fellow (ICFJ)- y Romina Colman -Data Producer de LA NACION Data– en la búsqueda, revisión periodística, estructuración y organización de la información.
No tenemos dudas de que este mapa va a ser útil no sólo para quienes bregamos por el respeto de un derecho fundamental de todos los ciudadanos, sino también para periodistas de diferentes medios, programadores y activistas de la sociedad civil.
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