Declaraciones Juradas Patrimoniales en el Poder Judicial

Por Sebastián Pilo (Coordinador de Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ)

Tradicionalmente el Poder Judicial ha permanecido ajeno, o al menos alejado, de las demandas sociales de rendición de cuentas. Las características de su selección, así como la posibilidad de permanencia indefinida en el cargo (salvo supuestos de remoción de extrema excepcionalidad y sometidos a procedimientos políticos complejos), permitieron la edificación de cierta apariencia de “blindaje” de la Justicia con relación a la posibilidad de su sometimiento al control popular.

Sin embargo, los jueces son funcionarios públicos al igual que el resto y tienen una misión de tal relevancia en nuestra democracia que nos demanda exigirles los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. La falta de sometimiento de sus cargos al escrutinio popular no puede redundar en una condición de posibilidad para la opacidad de su gestión. Al contrario, debe ser el más fuerte aliciente para que esperemos de ellos el mayor de los esfuerzos en mostrarnos un modo de ejercicio de la función pública más digno de elogios que de cuestionamientos.

El acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es uno de los más importantes instrumentos con que contamos periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto para conocer su evolución patrimonial, eventuales inconsistencias, así como posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Los funcionarios tienen una particular responsabilidad frente a los ciudadanos: deben poder dar cuenta del origen de su patrimonio y el mismo debe ser consistente con los ingresos que perciben. La mera apariencia de una falta de adecuación de ambas variables debe ser causal de investigación, tanto administrativa como judicial.  Seguir leyendo →