Por Ramiro Álvarez Ugarte* y María Victoria Gama**
Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) nos propusimos evaluar el funcionamiento del derecho de acceso a la información pública garantizado en el decreto 1172/03. Esta norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para desarrollar una democracia transparente. En este sentido, es una herramienta que le permite a la ciudadanía ejercer un verdadero control de los actos de gobierno mejorando así las instituciones y renovando su confianza en ellas.
Para llevar adelante el estudio, durante 2012, y de manera separada, realizamos pedidos de información a diferentes dependencias públicas y monitoreamos su evolución.
Los resultados que arrojan ambas investigaciones no son los más alentadores.
De las 44 solicitudes presentadas por la ACIJ, 14 no fueron respondidas y 14 fueron contestadas fuera del plazo de los diez días. En el caso de la ADC, sobre un total de 49 pedidos, el 47% fue respondido satisfactoriamente, el 53% de forma incompleta, de manera negativa, o directamente no fueron contestados. También se registraron retrasos en el 55% de los pedidos respondidos.
En lo que al análisis cualitativo se refiere, el escenario no es mucho mejor: omisión a responder a ciertas preguntas, respuestas incompletas y remisión a páginas de Internet en donde la información no está o es extremadamente difícil encontrarla.
Las conclusiones a las que hemos llegado por diferentes caminos evidencian respuestas incompletas a los pedidos realizados sin justificación de las razones por las cuales no se contesta a lo solicitado y demoras injustificadas. Al mismo tiempo, las dependencias invocan excepciones reglamentarias con el sólo objeto de volver secreta información que es evidentemente pública. En este sentido, la respuesta a los pedidos es sumamente dispar y, en la mayoría de los casos, carente de los requisitos necesarios para hablar de un verdadero derecho garantizado.
Teniendo en cuenta este estado de situación, desde ACIJ y ADC consideramos que la única forma de modificar el escenario actual de silencio por parte de las diferentes dependencias del Poder es la sanción de la demorada ley de acceso a la información pública.
+ Información