Por Ramiro Álvarez Ugarte* y María Victoria Gama**

Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) nos propusimos evaluar el funcionamiento del derecho de acceso a la información pública garantizado en el decreto 1172/03. Esta norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para desarrollar una democracia transparente. En este sentido, es una herramienta que le permite a la ciudadanía ejercer un verdadero control de los actos de gobierno mejorando así las instituciones y renovando su confianza en ellas.

Para llevar adelante el estudio, durante 2012, y de manera separada, realizamos pedidos de información a diferentes dependencias públicas y monitoreamos su evolución.

Los resultados que arrojan ambas investigaciones no son los más alentadores.

De las 44 solicitudes presentadas por la ACIJ, 14 no fueron respondidas y 14 fueron contestadas fuera del plazo de los diez días. En el caso de la ADC, sobre un total de 49 pedidos, el 47% fue respondido satisfactoriamente, el 53% de forma incompleta, de manera negativa, o directamente no fueron contestados. También se registraron retrasos en el 55% de los pedidos respondidos.

En lo que al análisis cualitativo se refiere, el escenario no es mucho mejor: omisión a responder a ciertas preguntas, respuestas incompletas y remisión a páginas de Internet en donde la información no está o es extremadamente difícil encontrarla.  Seguir leyendo →