El Código Penal establece en su artículo 85 que:

El que causare un aborto será reprimido:

1º. con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;

2º. con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Además, en el artículo 86 establece que: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.

Pero por otra parte, aclara que: El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Es decir, el fallo dictado hoy por la Corte Suprema, viene a ratificar que los abortos en casos de violación no son punibles, independientemente de si la víctima es insana o no. Lo que sucede es que muchos jueces interpretan que no son punibles sólo los casos de violación a mujeres con discapacidad mental. La confusa redacción de dicho artículo del CP es tema de permanente debate cada vez que surge un caso de pedido de aborto por parte de una mujer que ha sido vulnerada en sus derechos más básicos.

El fallo resalta que “la Constitución y los tratados internacionales no sólo no prohíben la realización de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación”.

Entre otras cosas, el fallo señala que hay en torno al tema del aborto no punible  “un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realización de esta práctica al dictado de una autorización judicial y este proceder ha obstaculizado la implementación de los casos de abortos no punibles legislados” desde 1920.
Además, sostiene que  “La judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada y es también contraproducente porque la demora” en su realización “pone en riesgo el derecho a la salud” de la mujer y “al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”.

¿Genera esto un debate? Sí, por supuesto. Y es sano que así sea. Porque la Corte no legisla, simplemente interpreta y con ello sienta jurisprudencia. Es decir, a partir de este fallo, para realizarse un aborto, la mujer sólo debe presentar una declaración jurada que indique que el embarazo es producto de una violación. Claramente esto deja abiertos blancos que hay que llenar. Y es por eso que el debate debe realizarse: hay que legislar, luego de un amplio debate, para que estos puntos oscuros ya no existan y las cosas queden bien explicadas. La solución no es cruzarse de brazos y sólo criticar o aplaudir. El debate TIENE que existir y este tema DEBE ser legislado.