Hace unos días, Aníbal Fernández presentó un proyecto que plantea una reforma integral de la Ley 23.737 de Estupefacientes, poniendo nuevamente en la agenda de la Argentina el tan postergado debate sobre cómo llevar a cabo una lucha eficiente contra el narcotráfico.
La Argentina no es el único país en el que se está debatiendo este tema. América Latina entera busca alternativas para encarar esta problemática que, a pesar de los intentos, no ha encontrado solución alguna, ya que ni la producción ni el consumo de drogas ha disminuido en los últimos 40 años.
El punto central de este debate es qué hacer con respecto al consumidor. La propuesta que va generando mayores adhesiones es la descriminalización del consumo. A continuación, un interesante artículo sobre este tema, realizado por tres líderes de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas: FERNANDO H. CARDOSO (ex presidente de Brasil) | CÉSAR GAVIRIA (ex presidente de Colombia) Y ERNESTO ZEDILLO (ex presidente de México) y publicado en varios medios latinoamericanos, como El Tiempo, de Colombia, Reforma, de México y O Globo, de Brasil.
Drogas: el debate está abierto
¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el problema de las drogas? Diferentes opciones están puestas hoy sobre la mesa. ¿Criminalizar al usuario o tratar a los dependientes como enfermos? ¿Defender una visión prohibicionista a ultranza o experimentar con diferentes formas de regulación y prevención?
En los últimos cuatro meses, la discusión ha avanzado más que en 40 años. Lo que parecía impensable está ahora siendo discutido a la luz del día. América Latina está hablando de drogas porque la realidad lo impone, pero también por el coraje político de líderes como los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Laura Chinchilla, de Costa Rica.
Los hechos son obstinados y hablan por sí mismos. La erradicación de la producción, la interdicción del tráfico y la criminalización del consumo -piedras angulares de la estrategia de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos- no funcionan y tienen un costo altísimo en vidas humanas. Mientras haya demanda de narcóticos, habrá oferta. Los únicos beneficiarios del prohibicionismo son los narcotraficantes.
Cuarenta años de esfuerzos inmensos no han logrado reducir la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y en Centroamérica la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza para la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática.
Frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la guerra contra las drogas tomamos la iniciativa hace cuatro años de crear una Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina. Nuestro punto de partida fue reconocer el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas.
Nuestra Comisión formuló dos grandes recomendaciones: la primera, que debe ser de aplicación inmediata, es la de descriminalizar el consumo. No tiene ningún sentido encarcelar a quienes utilizan drogas, pero que no hacen daño a otros. Es cierto que el consumidor se hace un daño a sí mismo y, en ocasiones, a su familia, pero no es con castigos ni llevándolo a la marginalidad como vamos a ayudarlo.
La droga es un problema de salud pública. Los adictos deben ser tratados como enfermos, no como criminales. La criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay ya han dado pasos en esa dirección. Sin embargo, como la diferenciación legal entre consumo y tráfico no es clara, persisten los riesgos de corrupción y de discriminación de los más pobres.
El primer objetivo de las políticas antidrogas debe ser proteger a los jóvenes, impidiendo que se inicien en un consumo que puede llevarlos a la dependencia. Eso implica dar absoluta prioridad a iniciativas de prevención, tratamiento y reintegración social. Ese conjunto integrado de acciones es la manera más eficaz de reducir el consumo.
El poder represivo del Estado y la presión de la sociedad deben estar orientados a la lucha contra los narcotraficantes, sobre todo contra los más violentos y corruptores. Estos esfuerzos no deben estar destinados a perseguir a los enfermos.
Nuestra segunda recomendación, más compleja, pero no menos importante desde el punto de vista de la paz y la seguridad ciudadana, es la discusión sobre los diferentes modelos de regulación de drogas como la marihuana, de manera similar a lo que ya se hace con el tabaco y con el alcohol. Estudios médicos de la más alta seriedad definen la marihuana como una sustancia de menor nocividad que el tabaco.
Regular no es lo mismo que legalizar. Este punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, publicidad y consumo del producto.
La reducción espectacular del consumo del tabaco en nuestros países demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento.
La regulación, además, rompe el vínculo entre traficantes y consumidores. Teniendo en cuenta que la marihuana es la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo, su regulación acabaría con los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga, fuente de su poder e influencia.
Felicitamos a los presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica por haber puesto sobre la mesa diferentes alternativas, cuyo objetivo es la protección de la salud de las personas y la seguridad ciudadana.
La resonancia de sus argumentos terminó con el tabú que por tanto tiempo ha impedido la búsqueda de otros caminos. Por iniciativa de varios países, el tema de la droga fue incluido en la agenda de la Cumbre de las Américas. Esta reunión de jefes de Estado es una oportunidad histórica para avanzar en el debate.
Como el tema es complejo, no se puede esperar que la discusión lleve a soluciones únicas ni a acuerdos inmediatos. Las alternativas son múltiples y complementarias. En este momento lo más importante es que se produzca un debate serio y riguroso, que le permita a cada país formar su opinión y definir los caminos más adecuados a su realidad.
La experiencia de América Latina en la lucha contra el narcotráfico; las lecciones aprendidas por Europa, que ha implementado políticas de salud pública y de reducción de daños; los experimentos de varios estados americanos que han explorado el uso medicinal de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica; la expectativa de los jóvenes y su anhelo de paz… Todas estas experiencias apuntan en la dirección de políticas más humanas y eficaces.
Un cambio de paradigma, que contemple la represión a los narcotraficantes, pero que les dé prioridad al tratamiento, la rehabilitación y la prevención, es la mejor contribución que puede hacer América Latina, un continente que ha sufrido tanto con este problema, a una revisión global de la política sobre drogas.
