La semana pasada tuve un dejà vu. El Senado volvió a dar media sanción a un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares. Cabe recordar que el año pasado la presidenta, Cristina Kirchner, vetó una norma que perseguía el mismo objetivo. Pero la sensación de haber vuelto a vivir una situación se me planteó cuando hice un paralelismo con la ley de protección bosques.

En ambos casos, glaciares y bosques, la reglamentación y la capacidad de control por parte del Estado parecen más importantes incluso que la factura de la norma. Y les voy a dar algunos ejemplos, a los que plantearé interrogantes. De convertirse en ley la protección de glaciares, “el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) tendrá 60 días para presentar un cronograma” para realizar un inventario nacional. Deberán empezar por aquellos lugares en donde las potenciales explotaciones pueden hacer peligrar los hielos. Esta es una cláusula transitoria que también dispone que, una vez realizado el inventario, todas las empresas que tengan algún emprendimiento en esa zona (la mayoría son mineras) deberán realizar un estudio de impacto ambiental pagado de su bolsillo.

Según Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la redaccción es confusa: “La ley que vetó la presidenta exigía que los estudios se realizaran una vez sancionada la ley, no después del inventario que no sabemos cuánto puede demandar. Está hecha a medida de las empresas como Barrick que está a punto de iniciar su proyecto en Pascua Lama“, me explicó. El senador por la Capital, Daniel Filmus, asegura que no es así: “Acordamos todo el texto con el Ianigla y con las ONG. Incluso acortamos todos los plazos. Esta ley es superadora a la anterior e incluso pusimos un tope de 90 días para su reglamentación”, me respondió.

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