Otra tragedia sin protocolo de emergencia

Lo más triste que dejan estos días son las muertes evitables. Como en casi todas las problemáticas ambientales y de las otras, como accidentes viales, por ejemplo, asistimos nuevamente a la imprevisión e falta de acciones preventivas.

El martes a la noche cuando empezaba a llover torrencialmente en La Plata me parecía ver por televisión un escenario siniestro: la muerte se producía en vivo y en directo mientras las autoridades pensaban qué pasos dar, que excusas poner o tal vez que el agua, milagrosamente se detendría.

Ningún protocolo de acción; ninguna asistencia en el lugar donde, después de una hora ya no había luz eléctrica y lo único que se escuchaban eran los gritos desesperados de la gente. Un panorama similar se había vivido 24 horas antes en la ciudad de Buenos Aires.

Es cierto que son necesarias obras hidráulicas de magnitud pero también lo es que no estarán terminadas, si empezaran hoy, al menos hasta dentro de cuatro o cinco años. Pero si una catástrofe como la que ocurrió se puede evitar, ¿por qué no hacerlo?

¿No se puede diseñar un mapa de riesgo de las zonas que tienen mayor peligro de inundación? ¿Tan difícil es montar un esquema de emergencia ante la inminencia de una lluvia torrencial? ¿No puede enviarse personal especializado para atender las eventuales necesidades de los vecinos? ¿No se pueden diseñar esquemas de tránsito alternativo para evitar que la gente quede atrapada en sus automóviles?

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¡A los botes que nos tapa el agua!

No iba a escribir nuevamente sobre el Riachuelo, pero los últimos acontecimientos no me permiten dejar pasar las novedades. ¿Soy yo la que tiene problemas de interpretación o siento que nos toman el pelo, o al menos lo intentan, insistentemente?

¿Cómo es posible que un funcionario de primera línea como el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, se atreva a declarar que “han recuperado” el Riachuelo porque está navegable en algunos de sus tramos? Se me ocurren decenas de palabras para calificar esta afirmación, pero prefiero reservarme las más fuertes.

¿No es miope anunciar que habrá actividades náuticas en uno de los ríos más contaminados de la Argentina? Atreverse a hablar de inclusión social de los chicos de la villa 21-24 porque les compraron botes para navegar las hediondas aguas que ni siquiera pueden tomar contacto con el cuerpo porque corren peligro. Porque, a los funcionarios les cuento que esos mismos chicos padecen las graves consecuencias de las enfermedades hídricas que se producen, principalmente porque señores: el agua está CONTAMINADA.

Obviamente que no voy a criticar que se haya sacado toda la mugre y los buques hundidos del río, pero la aparición de una tortuga en las orillas no les da derecho a vanagloriarse de un proceso que está casi paralizado hace un año, teñido de nuevas sospechas de corrupción y en el que una resolución podría empezar a cambiar verdaderamente la historia. Es que aunque no se pueda creer todavía no se dictó una rigurosa norma que impida que las empresas sigan desechando contaminantes en el agua.

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Energía nuclear: nueva apuesta a Embalse

La Central nuclear de Embalse, en Córdoba, iba a quedar en desuso en el transcurso de este año. Sin embargo, el cierre se realizará ahora para extender por otros 25 años su vida útil. Así lo comunicó oficialmente ayer la empresa operadora de los reactores nucleares argentinos, Nucleoeléctrica Argentina SA, quien detalló que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otorgó un préstamo por $ 1.200 millones para la extensión de vida del reactor nuclear de Embalse. En marzo de 2010 la CAF aprobó el préstamo de US$ 240 millones que se efectivizaría este año, en lo que representa el primer préstamo otorgado por un organismo internacional de crédito para un proyecto nuclear a escala global.

Ubicada en la localidad de Embalse de Río Tercero, cronológicamente es la segunda central nuclear argentina. Su diseño es del tipo PHWR, Reactor Moderado y Refrigerado por Agua Pesada (D2O) y genera una potencia eléctrica de 600 MWe. Se trata de un Reactor CANDU (Canadian Deuterium Uranium) que entró en servicio el 20 de enero de 1984, habiendo alcanzado un factor de carga del 98 por ciento.

Ante la noticia las organizaciones que integran la campaña “Córdoba No Nuclear” mostraron su disconformidad porque entienden que la decisión viola la ley del ambiente y que ni siquiera se cumplió con la audiencia pública, obligatoria para este tipo de actividades. “Con el otorgamiento de este préstamo para la extensión de vida útil de un reactor atómico obsoleto e insostenible por definición, la CAF está yendo en contra de sus propios valores institucionales. Argentina debería solicitar fondos para el cumplimiento de la Ley 26.190 que lleva la participación renovable en la matriz eléctrica argentina a un 8% para 2016”, indicaron las organizaciones mediante un comunicado.

La campaña “Córdoba No Nuclear” está integrada por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Eco-Sitio, Greenpeace, Los Verdes, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Fundación TierraVida.

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¿Más contaminación en el Riachuelo?

¿Qué le hace una mancha más al Riachuelo? Mientras la causa que sigue la Corte Suprema de Justicia está estancada, una nueva denuncia sacudió esta semana la modorra en la cuenca más contaminada de la Argentina.

La denuncia la realizó la Asociación Pro Aguas Limpias a una empresa portuaria de capitales ingleses que comenzó a principios de 2012 trabajos preparatorios “para lo que ya es la mayor tarea de remoción de barros contaminados en la historia del país”.

La ONG, que promueve la protección del medio ambiente en vías navegables, cursos de agua y zonas aledañas, es presidida por Martín Tonelli, quien denunció por contaminación a la compañía. Según Tonelli, la preocupación nace debido a que “estos trabajos se desarrollan en la mismísima desembocadura del Riachuelo y consisten en la remoción de aproximadamente 1.000.000 de m3 de sedimentos del lecho del Riachuelo y su vuelco posterior, sin tratamiento ni control alguno, a cielo abierto en el Río de la Plata y sus costas, del cual nos abastecemos de agua para ser potabilizada millones de argentinos”.

“Esos sedimentos que se remueven del lecho del río” – detalló el titular de esta asociación ecologista- “están altamente contaminados con metales pesados, como el plomo, el zinc, el cromo y el arsénico, y son extraídos en aguas que tienen oxígeno cero. Todo esto no sólo es contrario a los parámetros que regulan el dragado en la Hidrovía (Río de la Plata) sino que además consta claramente en un informe de laboratorio de la UBA, que se encuentra en conocimiento de la Justicia”. Y remarcó: “este tipo de obra jamás hubiese sido aprobada en Inglaterra”.

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¿Qué es el fracking que genera polémica?

¿Qué es el fracking? ¿Desde cuándo se usa esta tecnologia? ¿Es sustentable? Estas son sólo algunas de las preguntas que surgen por estos días cuando petroleros y ecologistas comienzan a hablar de lo que se denomina fractura hidráulica, que permite extraer petróleo y gas de las capas más profundas de la tierra.

Según los petroleros, esta técnica comenzó a usarse ya hace más de 30 años en el mundo e incluso en la Argentina. El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases.

¿Pero por que aparece ahora la polémica? Es que es la técnica que se va a usar en el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Se estima que en 2011 esta técnica estaba presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción en uso. A los ambientalistas les preocupa no sólo los miles de millones de litros necesarios para la explotación, sino también el agua residual; los tóxicos que se utilizan; la posible contaminación de los acuíferos y la posibilidad de que se produzcan mini sismos en las áreas explotadas.

“Las consecuencias ambientales son de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales y activación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos. En función de la controversia que rodea esta técnica experimental, el fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria, así como en Vermont (Estados Unidos) y Quebec (Canadá), mientras que en Nueva York y otras regiones de Europa se han aprobado moratorias (suspensión). El tema es de tal gravedad que en el país del norte se creó un movimiento cultural antifracking, con Yoko Ono, Robert de Niro y Salman Rusdhie entre sus firmantes.

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La capa de ozono afecta más que el calentamiento

“Si bien la acumulación de gases de efecto invernadero genera el mismo efecto se estima que el efecto del agujero de ozono austral supera ampliamente el aporte del calentamiento global en el hemisferio sur extratropical. Efectos observados en la franja subtropical austral indican regiones de incremento importante en las precipitaciones estivales desde  el aumento del agujero de ozono y en otras, de disminución de las precipitaciones. En la región de la pampa húmeda se observa un importante aporte del agujero de ozono en las precipitaciones desde la década de 1980. También se observa un fuerte calentamiento de la Península Antártica y la Patagonia austral en esta misma época del año“. Esta es una de las conclusiones más contundentes del el taller especial del Programa Mundial de Investigación del Clima (WCRP, por sus siglas en inglés) que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires hasta ayer.

El informe al que tuve acceso también indica que “el proceso de recuperación de la capa de ozono podría iniciarse en el transcurso de la presente década, alcanzando una  súper recuperación hacia fines del presente siglo. Este proceso de recuperación podría revertir los cambios aquí documentados en las próximas décadas. Sin embargo, la magnitud de esta posible reversión dependerá de la acumulación de gases de efecto invernadero“.

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Derrame de BP: un juicio multimillonario

Ayer empezó en en Nueva Orleans un nuevo juicio para dirimir el grado de responsabilidad de la petrolera británica, British Petroleum (BP) en la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en el golfo de México, que en 2010 provocó el mayor vertido de crudo de la historia de Estados Unidos. Si, como alegan los demandantes, entre ellos el Gobierno federal, el de varios Estados afectados por el escape, el comportamiento negligente de la petrolera favoreció la explosión, la compañía británica podría ser condenada a pagar unos 20.000 millones de dólares.

Durante la primera jornada del juicio, que se espera que se prolongue varios meses, el juez federal Carl Barbier escuchó los argumentos de las partes implicadas en el proceso. El abogado del Departamento de Justicia, Mike Underhill, aseguró que la explosión que hundió la plataforma se debió a la “cultura de imprudencia corporativa” que estaba arraigada en la petrolera británica. “Las pruebas demostrarán que BP eligió anteponer los beneficios económicos a las personas, los beneficios económicos a la seguridad y los beneficios al medio ambiente”, afirmó.

En noviembre de 2012, BP alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia y aceptó pagar una multa de 4.500 millones de dólares para evitar el proceso en el que se determinaría la responsabilidad penal de la petrolera en la explosión. La compañía alega que ya ha desembolsado más de 24.000 millones de dólares en labores de limpieza y reconstrucción y que prevé abonar otros 42.000 millones para zanjar por completo su responsabilidad por el accidente en el que fallecieron 11 personas y en el que se vertieron 4,9 millones de barriles de crudo.

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La Corte analiza una demanda por daños con agrotóxicos

Para seguir con el tema del uso de los agrotóxicos y como estamos acostumbrados últimamente a que las causas y denuncias ambientales lleguen de la mano de los vecinos, quería hacer una reflexión sobre una demanda que está en la Corte Suprema de Justicia desde el 21 de diciembre pasado.

Ese día se presentó una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.

La demanda ataca principalmente a los OGM y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente”, indican los argumentos.

El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como “Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental”. Los demandados son el Estado nacional, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.

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El daño del patrimonio natural es irreparable

¿Cuándo será el día que la clase dirigente discuta y debata con los vecinos aquellos proyectos con los cuales sueñan con cambiarles la vida? ¿Se darán cuenta de que ahorrarán dinero y esfuerzo si los cambios trascendentales para la vida cotidiana se realizan con un relativo consenso social? Obviamente que nunca va a haber un 100% de acuerdo. No vivimos en el mundo ideal, pero cuando de proyectos ambientales y sustentables se trata, una de las variabales a tener en cuenta es el factor social en el que se desarrollan.

Hay veces que hasta parece una torpeza el modo en que se presentan trabajos y obras que cambiarán paisajes y formas de moverse. Un caso para analizar en estos días es el de la transformación que se piensa (y se ejecuta) para la 9 de Julio, en Buenos Aires. La instalación de un metrobús requiere el trasplante de 277 árboles con una edad promedio de 40 años. ¿Era necesario hacerlo? ¿Dónde serán relocalizados? ¿Por qué se traza un medio de transporte en superficie cuando corre por debajo de la avenida más ancha del mundo un subte que hace el mismo recorrido? Ya que se va a hacer semejante obra ¿por qué no se instala un tranvía eléctrico que genera menos emisiones y siempre contaminará menos que los colectivos?

Todas estas preguntas son las que los gobernantes y proyectistas deberían explicar a los vecinos. Sumadas, obviamente, al cuidado y el destino de los cientos de palos borracho, tipas y ceibos que se están corriendo de lugar.

¿Qué pasa que los vecinos sólo se enteran de lo que está pasando cuando salen a la noche y ven cómo empezaron a podar y trasplantar los árboles? ¿No es la ciudad de Buenos Aires uno de los distritos del país que ha instrumentado un proceso de descentralización? ¿Dónde están los gobiernos comunales discutiendo con los vecinos iniciativas de esta envergadura? ¿No es necesario una audiencia pública? ¿A cuántos expertos se consultó?

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Cinco años, el mismo desmonte

¿Qué es peor no tener ley o no cumplirla? En una nueva prueba de que en la Argentina la letra impresa no se cumple, vemos cómo ha avanzado un fenómeno nocivo para el ambiente y el desarrollo sustentable como el desmonte.

Acostumbrados ya a que los fondos especiales que se crean no sean respetados ni previsto su abastecimiento, vemos cómo se siguen perdiendo hectáreas de bosque nativo en detrimento del monocultivo de la soja.

A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques Nativos (26.331), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en la implementación de la norma, y reclaman el cumplimiento.

Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada. El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento, al pasar de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año. Pero esos números siguen siendo muy altos según las organizaciones ambientalistas, dado que sólo entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas en las jurisdicciones relevadas por los expertos.

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