La Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos sin ley nacional de acceso a la información pública. Sin embargo, el decreto 1172, firmado por Néstor Kirchner en 2003, regula el ejercicio de este derecho en:
• “Organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional;
• las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional;
• las instituciones o los fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional;
• las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público”.