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A un año de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.857 (publicada en el Boletín Oficial del 23/05/13), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses, ven con gran preocupación el estado de situación actual en relación al acceso a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los/as funcionarios/as públicos/as, producto de las reglamentaciones adoptadas por los distintos poderes del Estado a partir de la sanción de la referida Ley.
En este sentido, desde el punto de vista del contenido de la información disponible en las nuevas declaraciones juradas, se evidencia un preocupante retroceso al comparar las declaraciones juradas actuales con las establecidas por la Ley de Ética Pública (Nº 25.188). Asimismo, la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los/as funcionarios/as de todos los poderes del Estado es aún una promesa mayoritariamente incumplida.
Desde ACIJ y Contadores Forenses consideramos inaceptable que una ley que, según se aseguraba, buscaba “dotar de una mayor transparencia al desempeño de la función pública”, disminuya en la práctica sensiblemente los estándares establecidos por la Ley de Ética Pública, y presente un nivel de cumplimiento tan bajo como el que puede advertirse tan sólo ingresando al sitio de la Oficina Anticorrupción.
ACIJ ha elaborado el informe “A un año de la vigencia de la ley de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios/as públicos/as”, que desarrolla el grado de cumplimiento de la Ley Nº 26.857 en los distintos poderes del Estado.
En primer lugar, ya no se pueden conocer los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Esta información ha quedado relegada a un formulario reservado, sólo susceptible de conocerse por medio de una orden judicial. Ello, además de ser contrario a la Ley de Ética Pública, no hace más que favorecer la opacidad del régimen de declaraciones juradas, sustrayendo del conocimiento público información vital para determinar eventuales incrementos en el patrimonio de los/as funcionarios/as públicos/as, quienes podrían esconder sus bienes tan sólo poniéndolos a nombre de sus familiares directos. Seguir leyendo