Por Rosario Pavese
El efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información en Argentina no es sencillo ni siempre responde a la letra de las normas. En la práctica se deben enfrentar sutiles restricciones que lo dificultan, y en algunos casos, lo terminan impidiendo.
A continuación un breve análisis de 2 casos, focalizados en la obtención de información pública sobre publicidad oficial: el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los formatos de entrega de información y sus limitaciones
Poder Ciudadano realiza pedidos de información a los distintos niveles de gobierno, solicitando los datos en relación a la inversión en pauta publicitaria realizada por los Ejecutivos correspondientes, y publica todas las respuestas obtenidas en www.publicidadoficial.org.ar. En la solicitud pedimos que la información sea entregada en soporte electrónico y formato de datos abiertos, preferentemente en formato .txt, base de datos o Excel.
A nivel Nacional en el año 2008 logramos obtener la información en formato digital, discriminada por organismo contratante, destino de la contratación, razón social, monto en pesos, objetivo de la pieza comunicacional y código de medio de acuerdo a la base de proveedores de Télam. (http://poderciudadano.org/po/panel_busqueda.php), a partir de la cual pudimos obtener estadísticas y rankings de las asignaciones otorgadas. Sin embargo, desde ese momento las cosas no hicieron más que empeorar: las respuestas comenzaron a llegar en formato cerrado (PDF), de modo semestral, sin detalle de campaña, organismo contratante, etc.
En el año 2015 y para sorpresa de todos, el formato PDF cerrado se convirtió en PAPEL! Así es, recibimos la información solo en ese formato,, sin totales ni detalle de la contratación.
Si vemos el caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco es alentador. Desde 2003 y hasta 2005, la información fue entregada en planillas de Excel y se discriminaba por Agencia, Medio Específico, Jurisdicción, Tipo de Medio y monto. El principal defecto de este formato es que no se discriminaban las fechas de contratación. Por lo tanto, el único análisis posible de tipo temporal se restringía a su evolución interanual.
La entrega de los siguientes años fue variando en formato pedido a pedido. La información correspondiente a 2013 y 2014 se encuentra publicada en el sitio data.buenosaires.gob.ar, en formato abierto (CVS y Excel). Sin embargo, solo incluye tipo de medio, medio, fecha de publicación e importe, lo que no permite determinar, entre otras cosas ,qué campaña publicitaria se emitió ni cuál fue el organismo contratante.
La información correspondiente al año 2015 no se encuentra publicada.
Para el caso de la provincia de Buenos Aires, Poder Ciudadano realizó en numerosas oportunidades pedidos de acceso a la información pública referidos a la publicidad oficial pero nunca obtuvo respuesta.
Conclusiones
Por todo lo dicho, destacamos algunas conclusiones. En principio, que el ejercicio del derecho al Acceso a la Información no es tan sencillo como la simple lectura de las normas podría sugerir. Se deben enfrentar sutiles restricciones que lo dificultan, y en algunos casos, lo terminan impidiendo. Además, la práctica demuestra que la falta de voluntad política o de protocolos que faciliten el acceso pueden ser obstáculos cuasi insalvables.
Las transformaciones en los formatos son un desafío para la apertura y reutilización de los datos. Desde el sector público, resulta imperioso que se tomen medidas consistentes que garanticen no solo desde lo normativo, sino también desde la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la información en manos del Estado. Estandarizar y garantizar los formatos de registro, y a su vez hacerlos accesibles para la ciudadanía, es una deuda que los gobiernos argentinos de todos los niveles aún tienen pendiente.