Imagen del sitio web oficial
El objetivo de la iniciativa multilateral es asegurar “compromisos concretos de los gobiernos” para promover la transparencia y luchar contra la corrupción.
La ley de acceso a la información pública tendrá que esperar, pero la Argentina se convirtió en el miembro número 58 de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership); un esfuerzo global para impulsar la transparencia, el compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
En una carta enviada en octubre pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, manifestó la intención de nuestro país de sumarse al programa y señaló: “será un agrado continuar trabajando para tener gobiernos más transparentes, con mayores grados de participación ciudadana y que combaten eficazmente la corrupción”.
Luego de esta presentación, un comité de expertos independientes midió 4 áreas específicas (“criterios de elegibilidad”) para determinar la adhesión del país: acceso a la información, transparencia fiscal, publicidad y divulgación de documentos relacionados con funcionarios públicos y compromiso con los ciudadanos. Sobre un total de 16 puntos, la Argentina fue calificada con 13. En lo que respecta al acceso a la información, obtuvo 3, con un máximo de 4. En este caso, se tuvo en cuenta el reconocimiento constitucional del derecho.
Al analizar el puntaje de los criterios, Ramiro Álvarez Ugarte, director de área de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) considera problemático el hecho de que “la provisión constitucional de acceso a la información sea sólo un punto menos que una ley en la materia plenamente vigente” ya que, según el abogado, “la ausencia de una normativa específica, aprobada por el Congreso, ha tenido como consecuencia que para acceder a la información, en muchos casos se deba demandar al Estado en la Justicia”.
Por su parte, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, si bien ve favorable la participación de la Argentina en la iniciativa, reconoce que “no deja de llamar la atención” debido al “bajo compromiso del gobierno en materia de transparencia gubernamental”, destacando como ejemplo el debilitamiento en el funcionamiento del decreto de acceso a la información pública y la ausencia de una ley nacional.
Desde la Alianza para el Gobierno Abierto confirmaron que la Argentina ya fue aceptada como participante, aunque admiten que sus co-presidentes aún no remitieron aviso formal. Para convertirse en miembro pleno, nuestro país deberá desarrollar y entregar un plan de acción en octubre de 2013. Este trabajo tendrá que reflejar 4 principios básicos: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, uso de la tecnología e innovación. Mientras tanto, en el sitio web ya se abrió una sección exclusiva donde se incluirán los avances y esfuerzos que se asuman. Al ser consultados, desde el área de Prensa de Presidencia de la Nación no informaron qué dependencia estatal será la que tendrá a su cargo la realización del escrito.
En una declaración emitida el año pasado, los países miembros acordaron aumentar la disponibilidad de la información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en los gobiernos, incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para la rendición de cuentas, con la finalidad de “a dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno abierto en otros países mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencia”.