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Si la Cámara de Diputados no trata antes de fin de año el proyecto de ley de acceso a la información pública, el expediente podría perder estado parlamentario y la Argentina continuaría sin una normativa emanada por el Congreso que consagre el derecho a preguntar en los tres poderes del Estado.
El proyecto 85-S-2010, con media sanción del Senado en septiembre de 2010, contempla, entre otros puntos, la obligación de los organismos a sistematizar y a prever la “adecuada organización (…) disponibilidad e individualización” de la información. También estipula la publicación y actualización del presupuesto asignado a cada área, los informes de auditoría interna o externa y la nómina de los funcionarios que se desempeñan en forma “permanente, transitoria o bajo otra modalidad contractual, detallando sus funciones y escalafón”.
En un reciente comunicado, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la “ausencia de una norma de ese estilo se contradice con la voluntad expresada por la Argentina de incorporarse a la Alianza por el Gobierno Abierto”, organización integrada por más de 50 países destinada a promover la apertura de los gobiernos, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El mes pasado, un grupo de diputados realizó una reunión abierta para hablar sobre el estado de situación del acceso a la información pública en nuestro país y debatir sobre la importancia y la urgencia en el avance de una reglamentación nacional.
Actualmente, el decreto 1172, firmado por Néstor Kirchner en 2003, prevé el ejercicio del acceso a la información pública únicamente en el Ejecutivo Nacional, dejando fuera de su aplicación al Poder Legislativo y Judicial.
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