Lo que no hagan los gobiernos en materia de datos abiertos, lo hará la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y/o los medios de comunicación. El pronóstico no es nuevo. Un ejemplo vio la luz en 2010, cuando el diario “Texas Tribune” solicitó al gobierno estatal el detalle de los salarios de los 674.000 empleados públicos, con la intención de diseñar una aplicación que permitiera a los ciudadanos consultar los haberes que se pagan con fondos públicos, incluidos maestros de escuelas y profesores de universidades públicas (ver aquí). La historia sirve para poner en contexto la polémica desatada hace pocos días en la ciudad de Bahía Blanca, tras el lanzamiento de un portal de Gobierno Abierto, el cual incluye una central de datos alojada en Junar, que originalmente reportaba los salarios del personal, acción que generó resistencia. El sindicato de los trabajadores comunales presentó un amparo a la Justicia por considerar que tal difusión violaba el principio de privacidad y en el mismo sentido se expresó el Concejo Deliberante bahiense; finalmente, y hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la jueza Gilda Stemphelet ordenó retirar de la Web la información motivo de discusión (ver aquí). La idea de difundir los salarios de los empleados públicos es relativamente nueva. En Estados Unidos, durante 2008, varias agrupaciones de empleados estatales y sindicatos, protestaron cuando el periódico “The Sacramento Bee” hizo pública esa información, revelando los sueldos de 469.309 empleados, incluyendo a docentes, policías y bomberos (ver aquí). Por entonces, tal difusión era vista como un riesgo para la seguridad y la invasión de la privacidad. Aunque aún algunos gobiernos se resisten a enfocar el problema de otra manera, hoy día desde ciudades pequeñas hasta gobiernos nacionales han comprendido el valor que tiene la apertura de datos para la sociedad y lo han hecho dando pasos enormes, poniendo la mayor cantidad de información posible a la vista del ciudadano, con lo cual ayudan a generar confianza entre los contribuyentes y los gobernantes .
¿Hablamos de transparencia?
En Bahía Blanca, mientras la discusión se centró en el tema salarial, los pendientes pasaron a un segundo plano. Por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios (ver aquí), continuan visibles, pero no accesibles. No hay que confundir “visibilidad” de un documento con “accesibilidad” al mismo ya que para que se cumpla un principio básico en materia de datos abiertos es necesario que la información se comparta en formatos reutilizables.
Aunque la central de datos abiertos tiene una larga serie de información valiosa a disposición de los ciudadanos, lista para descargar y ser procesada (ver aquí) , no se puede dejar de observar que para el caso bahiense, datos sensibles a esa comunidad aún se encuentran en lista de espera: Acaso uno de los tópicos más importantes es el referido a compras y pagos a proveedores: no se amplió la serie temporal (ver aquí) y esto último marca una escollo.
La gestión del actual ministro de la producción bonaerense, Cristian Breitenstein, intendente reelecto en 2011 con uso de licencia, fue la que decidió, el año pasado, eliminar los datos de compras públicas que estuvieron en línea a partir del 2000. En esa oportunidad, el entonces secretario de Economía Ramiro Villalba justificó la decisión diciendo que “tantos datos no eran necesarios”.
El reemplazante de Breitensten, el intendente interino Gustavo Bevilaqua, nunca repuso la serie que va del 2000 al 2010. De este modo, con tan escasa información referida a compras, se dificulta el estudio del gasto público y su evolución a lo largo de las distintas administraciones que tuvieron a su cargo el manejo del presupuesto municipal.
El otro punto sensible es el referido a Medio Ambiente. No fueron abiertas ni debidamente actualizadas las actas del Comité de Monitoreo y Control de las empresas del Polo Petroquímico (ver aquí), cuyo último documento está fechado en julio del corriente año. Informes medioambientales, inspecciones, listado de sanciones y análisis de monitoreo de la calidad del agua y el aire, tampoco forman parte del conjunto de datos abiertos (ver aquí), aunque según se anunció, en una segunda etapa esta información estará disponible.
El gasto que se muestra en concepto de publicidad oficial también deja información sensible tras un telón. Se exponen los pagos por proveedor, pero no se proporcionan los discriminados por medio de comunicación. Este caso se da especialmente con la agencia de publicidad que más dinero público factura (ver aquí). El cuadro exportable permite conocer el total de lo facturado por Rex (conforme se visualiza en este enlace), pero no se facilita la visualización de cómo se reparten los más de 4 millones correspondientes al 2012, por tipo de medio y razón social. Aunque la información está en línea en otra sección de la web municipal (ver aquí), para extraerla habría que apelar a un procedimiento que no está al alcance del ciudadano común o abrir uno a uno cada enlace, por cada orden de pago, para poder trasladar los datos a una hoja de cálculo. Esto marca una contradicción ya que mientras se accede sin dificultad a los datos de pequeños proveedores como radios FM, productoras radiales y televisivas, publicaciones barriales, etc. con los medios más importantes y de mayor audiencia, no ocurre lo mismo.
Finalmente, y aunque este hecho fue cuestionado por la oposición, los datos referidos a personas carenciadas que reciben ayudas económicas siguen en línea (son datos factibles de peticionar vía mesa de entrada). Este tipo de información no siempre se encuentra detallada en los portales de transparencia, ya que tal acción es considerada como una forma de estigmatizar un indicador altamente sensible, como lo es la pobreza.
En varias partes del mundo, gobiernos de distintos continentes se están sumando a los principios invocados por la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (ver mapa aquí). Se trata de un esfuerzo global: los líderes mundiales que apoyan esta iniciativa saben muy bien que la gente está exigiendo mayor apertura, mayor participación en los asuntos públicos y por eso están diseñando herramientas para que sus gestiones sean más transparentes y eficaces (declaración de principios en este enlace). Argentina aún no puede formar parte de este movimiento porque todos los intentos por sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública, han fracasado. Y disponer de ese instrumento legal, es una condición de borde indispensable para el ingreso a la OGP.
En este documento (ver aquí), se detallan algunos de los gobiernos nacionales y de otros países, que vienen poniendo a disposición de los ciudadanos la información completa del salario que perciben los empleados públicos. Esta recopilación, obviamente, está incompleta, pero tengo la certeza de que seguirá creciendo en la medida en que cada vecino ejerza su legítimo derecho al control social.
Si usted conoce comunas, provincias o gobiernos de otros países que publican los salarios de sus empleados, envíe el enlace a scrucianelli@icfj.org ó vía Twitter a @spcrucianelli
Sandra Crucianelli es Knight Internacional Journalism Fellowship. Desarrolla desde Buenos Aires un proyecto de periodismo de datos en Argentina para ICFJ, International Center for Journalists (Centro Internacional de Periodistas), organización con sede en Washington DC. http://www.icfj.org/about/profiles/sandra-crucianelli