Me llevó un buen tiempo entender que incomodar no tiene nada de malo. Por el contrario, indica que ese punto sobre el que no se quiere contestar o aquel que genera polémica, es relevante. Y esta frase que parece esencial en el periodismo, lo es también para el acceso a la información pública.

Pongámoslo de este modo: si una consulta molesta es porque es una muy buena pregunta. Lo mismo ocurre con los silencios. Si ellos aparecen, son un buen síntoma de que estamos en el camino correcto.

El acceso a la información pública, en ciertos momentos, necesariamente debe incomodar a los gobiernos para avanzar a etapas de mayor transparencia. Cuestionar los límites de lo que es público o reservado es un sano ejercicio que debería ser puesto en práctica por todas las sociedades.

Veámoslo con algunos ejemplos. En Chile, hace poco más de un año a Juan José Soto, miembro de Ciudadano Inteligente, se le ocurrió pedir los correos electrónicos entre Cristian Larroulet, ministro del presidente Piñera y un alcalde que lo había acusado de aplicar un criterio diferencial en la entrega de recursos públicos luego del terremoto de 2010. El caso fue tapa de todos los diarios cuando la máxima autoridad en transparencia de ese país estableció la publicidad de los documentos. El gobierno ofreció resistencia a la entrega de esa información y recurrió a la Corte de Apelaciones. El funcionario, al Tribunal Constitucional. Finalmente, la Justicia determinó la reserva de los correos. Más allá del caso, hubo una persona dispuesta a colocar en la agenda ciudadana la discusión sobre si los emails pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la información pública.

Ahora pasemos a un punto en el que todavía falta incomodar un poco más.

Muchos son los Estados que publican en internet la nómina completa con los sueldos de cada uno de sus funcionarios públicos; pocos los que entregan una copia de sus recibos. ¿Por qué? Las respuestas son variadas y las explicaciones van desde “la información está en la web” hasta “contiene datos personales”. Lo cierto es que a las personas que trabajan en el Estado les incomoda mostrar el papel que indica cuánto cobran por mes, pero para la ciudadanía ese documento valida los datos que el mismo gobierno publica en su sitio. Tan sencillo como eso.

En ambos casos estamos hablando de recursos públicos. Este punto tiene que quedar muy claro.

La transparencia que permanece en los discursos no sirve. María Elena Pérez Jaén, comisionada del IFAI, lo expresó claramente en su reciente paso por la Argentina: “Muchos funcionarios en todo el mundo están encantados con la idea de la transparencia, siempre y cuando suceda en el vecino”. Nunca mejor dicho. Entregar documentos públicos a las personas es darle el poder para cuestionar las acciones que se están llevando a cabo. ¿Cuántos gobiernos están verdaderamente dispuestos a hacerlo?

Alguien tiene que asegurar que las consultas polémicas sean respondidas y resueltas adecuadamente. Hay que judicializar casos, decir “no estoy de acuerdo” y protestar por los silencios, las malas contestaciones o las reservas de cuestiones puntuales. Todo contribuye a pensar un mejor sistema en el que la información llegue a todos y no a unos pocos. El día que lo esto suceda, entenderemos la importancia de incomodar (o de preguntar lo relevante).