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En 2010, un niño de 10 años se convirtió en la persona más joven en ingresar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) en Chile. El proceso se inició luego que el alcalde de su ciudad no respondiera sobre el proyecto de construcción de nuevas aulas en su colegio. ¿Por qué hizo esa consulta? Sus profesoras le explicaron que no tenía clases por falta de salas. Desde el municipio dijeron que no sabían cómo contestarle al niño por la complejidad de la temática: licitación en curso y antecedentes administrativos. De este modo, intervino en el proceso el CPLT y el alcalde le envió una carta detallando el estado de las obras.
Déjenme decirles algo. Aplaudo de pie a este niño. Para quienes pedimos documentos estatales resulta muy complejo destacar la importancia de la información pública en poder de las personas. Y es que la frase “Tengo derecho a saber” no siempre es la más aceptaba por quienes están detrás de los archivos que son de todos. Las normativas pueden ser muy sencillas, pero en la práctica abundan las dificultades. “¿Por qué querés la información?” y “¿De dónde venís”? son algunas de las preguntas que más escuché a lo largo de los años. Idas y vueltas, prórrogas, visitas a tantas dependencias y mesas de entradas que ya perdí la cuenta. Pedidos por correo, por internet, número de solicitudes, reclamos y la lista sigue. Sin embargo, las ganas también.
Hace poco menos de una semana, vi un video de Martha Mendoza, periodista de Associated Press (AP) y desde ese momento no olvido lo que para mí fue una excelente frase: “Si no sabes cómo se gasta tu dinero, el modo en que se toman las decisiones, quién está influenciando a quién, ¿cómo decides realmente a quién apoyas o a qué te opones? Los documentos públicos sirven para quitar velos sobre zonas oscuras. No todo el mundo tiene acceso a internet y no todo se publica. En Inglaterra se multiplicaron las solicitudes de acceso a la información en relación con los Juegos Olímpicos. A las personas les interesaba saber cuánto gastaban sus gobiernos en la contratación de personal, baños, compra de banderas, entre otras categorías, durante el recorrido de la antorcha por las ciudades.
Es cierto, en algunos lugares el camino para obtener documentos públicos es más fácil que en otros. En Noruega, existe un sitio creado por el Estado donde el usuario busca el documento por dependencia, ve un resumen del contenido y lo selecciona para colocarlo en “su carrito” de pedidos. Luego elige la modalidad de entrega y envía la solicitud final. Y funciona. Lo probé hace menos de un mes usando el traductor de Google para pedir correctamente y entender las respuestas.
En los Países Bajos, si la autoridad pública no responde en el tiempo previsto, puede ser obligada a pagarle al solicitante por cada día de atraso en la entrega de la información. La multa puede alcanzar un máximo de 1260 euros.
Países, provincias y ciudades con una larga tradición en temas de transparencia encabezan sus respuestas con la siguiente frase: “Gracias por su pedido de acceso a la información”. Los Estados agradecen el compromiso ciudadano. No es para menos. Quienes trabajamos con documentos públicos sabemos que 4 oraciones en un papel pueden provocar muchos cambios. Y eso es lo que todos buscamos. Por eso hoy, en el 10° Día Internacional del Derecho a Saber, quiero decirles a todos “gracias por preguntar” y por inspirar a otros a realizar el mismo ejercicio ciudadano.
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