Crédito: CPLT

El Consejo para la Transparencia (CPLT) no es sólo un órgano autónomo que en Chile vela por el cumplimiento del acceso a la información pública. Durante el último tiempo, a través de dos de sus casos y debido a la connotación política de ambos, logró que este derecho llegara a la tapa de los diarios y que la discusión por la rendición de cuentas se instalara en la sociedad. El primero de ellos, cuando ordenó que se entregaran los correos electrónicos de un ministro del presidente, Sebastián Piñera. El segundo, con un fallo favorable para que se den a conocer los nombres y honorarios de los abogados que defienden a ese país ante La Haya en el conflicto marítimo con Perú.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, dialogó con Nacion Data sobre el estado de la transparencia en el país vecino.

-En Chile generó mucha polémica la solicitud de acceso a la información que pedía los correos electrónicos del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. El Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de los mails, ¿qué opinión tiene al respecto?

-En mi opinión, los correos electrónicos son reservados. De hecho, yo fui el consejero [ocupa ese cargo además de la presidencia del organismo] que tuvo un voto disidente respecto de la entrega que ordenó originalmente el Consejo y fue uno de los argumentos en los que se basó el Tribunal Constitucional y, posteriormente, la Corte de Apelaciones para decretar la reserva.

Los correos vienen a reemplazar a las conversaciones personales y telefónicas que están protegidas, en el caso nuestro, por una garantía constitucional en cuanto a la privacidad de las comunicaciones. Y esa reserva solamente se puede afectar en Chile por una norma que establezca un procedimiento reglado, que permita que el eventual afectado tenga un debido proceso. A mi juicio, la ley de transparencia no tiene ni la determinación, ni la especificidad que nuestra doctrina constitucional exige para afectar una garantía tan importante como la privacidad. Por eso yo fallé en el sentido de la reserva, como voto minoritario, que fue finalmente la postura que se impuso en la Corte.

-Esos correos se habían solicitado para ver las comunicaciones entre el ministro y un alcalde que lo había acusado de aplicar un criterio diferencial en la entrega de asignación de los recursos públicos luego del terremoto ocurrido en 2010. El Consejo nunca tuvo la oportunidad de revisar esos mails…

-Lo que sucede es que para poder determinar cuáles correos tienen actos administrativos o son fundamento de actos administrativos, en cuyo caso, yo también consideraría que son esos correos públicos, hay que revisarlos. La pregunta es ¿quién revisa? El tema es que la sola revisión implica una intrusión en esa garantía constitucional. Por lo tanto, a mi juicio la única persona autorizada para revisar el contenido de un correo electrónico es su titular. Ni siquiera el destinatario.

El Consejo no tuvo la oportunidad porque la ley de transparencia de Chile no tiene un procedimiento que permita que hagamos ese tipo de escrutinio.

-En algún momento de la polémica, el ministro manifestó que no tenía problemas en mostrar esos documentos.

-Por lo menos ante la prensa dio cuenta de eso, sí. Pero yo creo que fue más bien una forma de poner de relieve esto. Es decir, si tenemos claridad respecto de que un correo contiene una decisión administrativa o es fundamento de un acto administrativo, es evidente que ese mail, aunque sea un correo electrónico, es público. El tema está en el contenido, no en el soporte.

El único que puede ver los correos, de acuerdo al estatuto jurídico que regula este tipo de cuestiones, a mi juicio es el titular. O sea, si el ministro los hubiera revisado a todos, efectivamente podría haber dicho “estos sí; estos no”. Pero no lo hizo y, para mí, era porque quería marcar precisamente el punto de que lo relevante acá es que los correos están efectivamente protegidos por una garantía constitucional.

Ahora, el CPLT, en conjunto con el ministerio de Larroulet, que es la Secretaría General de la Presidencia, comenzó una conversación que terminó en un acuerdo para presentar una indicación. Una indicación es un acuerdo a través del cual se incorpora una modificación a un trámite legislativo, de forma tal de que ciertos correos, en ciertas circunstancias, pudieran ser revisados cuando contienen actos o decisiones finales de la autoridad o son fundamento de ellas.

-Desde que está vigente la ley de transparencia en Chile, ¿cuáles son los mayores obstáculos que todavía persisten en esta materia?

-Yo creo que el mayor obstáculo tiene que ver con la falta de posicionamiento del tema de la ley de transparencia. Hay poca gente que conoce que existe esta normativa, que sabe que tiene un derecho que es exigible, que puede solicitar el acceso a la información y aún hay menos gente que conoce que si le va mal en una solicitud de acceso a la información pública, puede recurrir ante un órgano garante, que es el Consejo, interponiendo un amparo como acción de protección para intentar que se revierta la decisión del órgano del Estado.

Ahora, después de esto nos hemos encontrado con que nuestro sistema de gestión documental es muy malo. Hay mucha información que no se encuentra sistematizada. Es decir, que está “extraviada” y, por lo tanto, es muy difícil para los órganos encontrarla y eso creo yo que se debe a que tenemos una muy mala gestión documental.

El tercer tema tiene que ver con que los funcionarios públicos, si bien tienen una alta valoración de la transparencia, todavía no tienen un conocimiento acabado de que es un procedimiento reglado, que tiene plazos y que cuenta con ciertas características que tienen que respetarse para asegurar los derechos de las partes intervinientes. Nos encontramos con que muchas veces los procedimientos se obstaculizan precisamente por la ignorancia de los funcionarios públicos, y en eso estamos trabajando muy fuertemente en función de la capacitación.

-¿Cuáles son las temáticas sobre las cuales detectan que hay más resistencia en la entrega de la información?

Inicialmente hubo una gran resistencia en la indagación de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Incluso algunas empresas públicas alegaron que eso les afectaba a la competitividad y varios procesos se judicializaron. Después de eso, más que resistencia a entregar, lo que sucede es que existe información poco sistematizada, por ejemplo, en los municipios. Todo lo que tiene que ver con permisos de edificación, patentes comerciales, con temas ciudadanos…

-¿Cuáles fueron los casos de mayor impacto en Chile?

-Tal vez los temas más polémicos han tenido que ver con los emails, respecto de si los correos son o no reservados. Otro es el caso de La Haya, con el fallo unánime del Consejo respecto de que las remuneraciones y los nombres de los abogados que defendían a Chile ante el proceso de La Haya con Perú debían ser divulgados. Esto generó mucha resistencia cultural, no solamente de la Cancillería, sino también de la prensa escrita. Yo te diría que esos dos han sido los casos más polémicos porque se ha dado mucha discusión doctrinaria y mucho columnista a través de la prensa.

Después de eso, hay casos tal vez muy ciudadanos que tienen que ver con temas de beneficios, que han sido muy discutidos. Por ejemplo, los relacionados con los beneficios que se entregan a los exonerados políticos. En Chile, durante el régimen militar hubo gente que por su ideología fue echada del trabajo y, una vez recuperada la democracia, se dictó una serie de normas en las que les entregaban algunos beneficios, tales como pensiones. Hubo mucho interés por conocer si esos beneficios se estaban dando efectivamente a las personas que correspondían o no.

-¿El Consejo siente que la judicialización de los casos, luego de sus resoluciones, socava la autonomía de la entidad?

-No, pienso que no. Soy un firme partidario de que el debido proceso tiene que ver con que haya instancias superiores que revisen. Uno no tiene por qué tener la verdad absoluta por muy órgano colegiado que sea. Me parece que es bueno que siempre exista una instancia revisora. No tengo una cifra en la mano, pero en estos 4 años hemos resuelto alrededor de 6000 amparos y de esos se deben haber judicializado menos de 100, así que estamos hablando de una muy baja proporción. Y en la gran mayoría, las Cortes de Apelaciones han ratificado lo que ha fallado el Consejo.

Lo que sí es un riesgo es que en el último tiempo algunos organismos, habiendo perdido ante el Consejo, han presentando un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Chile. Eso sí me parece negativo porque lo que hace es dilatar el procedimiento.

-¿Cómo ha sido en estos años la relación con el gobierno?

-Yo creo que buena. En general, una relación de bastante diálogo. Esto nos ha permitido ir estableciendo mesas de trabajo para plantear ciertos perfeccionamientos de orden legislativo, como cuestiones que hoy estamos planteando porque consideramos que las obligaciones de transparencia activa nos han quedado chicas y se necesitan ampliar para avanzar en una lógica de transparencia proactiva, de una lógica de datos abiertos. Hemos tenido mucha receptividad respecto a eso. El tema mismo de los correos electrónicos fue una problemática que se trabajó en una mesa de conversación. Probablemente no fue un acuerdo óptimo para las partes, pero significó una avance respecto de lo que habían fallado ya reiteradamente los tribunales de justicia.

Así que a mí me parece que ha sido una relación bastante fluida, de confianza, lo cual no significa que para el gobierno no sea incómodo tener un Consejo para la transparencia que le ordena, en decisiones obligatorias, revelar ciertas cuestiones que ellos no tienen la intención de hacer porque consideran, por distintas razones, que son reservadas.