Los organismos cumplen en un 95% con las obligaciones de transparencia activa

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública; Cancillería y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva presentan el menor porcentaje con un 80% y 81%,respectivamente.

Con la sanción de la ley nacional de acceso a la información pública, las dependencias de la Administración Pública Nacional quedaron obligadas a crear una sección de transparencia activa en sus sitios web. ¿Qué es esto? Un lugar específico en donde den a conocer, entre otros puntos, su estructura, funciones, la nómina de sus empleados, las compras y contrataciones y las declaraciones juradas de sus funcionarios.

Periódicamente la Agencia de Acceso a la Información chequea que los organismos publiquen todo a lo que están obligados por ley y en el último relevamiento el cumplimiento llegó casi al 100%. Antonio Milanese, asesor de la Agencia explica que, con ayuda del Ministerio de Modernización, a las dependencias se les creó un instructivo y un template dentro del sitio Argentina.gob.ar para que pudieran cargar la la información que solicita la normativa nacional. Sin embargo, destaca:”Hay algunos puntos sobre los cuales seguimos dando batallas: las declaraciones juradas, por ejemplo. También la publicación de las auditorías, en especial, las internas”.

Agroindustria, Defensa, Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y Justicia se encuentran entre los que alcanzaron un puntaje perfecto. En la base de la pirámide están la Secretaría General de Presidencia, Ambiente, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Cancillería.

¿Qué controla la Agencia?

A continuación, los puntos que miran desde la Agencia de Acceso a la Información a la hora de evaluar a los organismos:

Un índice de la información pública que estuviese en su poder indicando, además, dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;
Su estructura orgánica y funciones;
La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón;
Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel de desagregación en que se procese;
Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y sus beneficiarios;
El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas principales, de las sociedades o empresas proveedoras;
Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que constará la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente;
Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;
Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares;
Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente;
Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, acceder a la información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado;
Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información pública y los procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la denegatoria;
Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones;
Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación a acciones u omisiones del sujeto obligado;
Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su poder y las categorías de información que publica;
Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén obligados a publicar de acuerdo con lo establecido en la ley 26.856;
La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con mayor frecuencia;
Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción;
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través de Internet.

Cómo responden los mismos organismos cuando se les pide información

En diciembre pasado, LA NACION Data publicó un post con datos de las solicitudes de acceso a la información a las dependencias de Gobierno. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2018, se realizaron más de 3.000 solicitudes de acceso a la información pública. La mayoría de ellas fueron dirigidas al ex Ministerio de Trabajo, Hacienda y a la Jefatura de Gabinete. Por su parte, Turismo y Producción aparecían entre los organismos que menos pedidos habían recicbido. En la actualidad el número asciende a 5.000, apróximadamente.

En este video, Eugenia Braguinsky, directora nacional de Acceso a la Información Pública, explicaba algunas de las cifras: