Cárcel y polémica: qué opinan los presos sobre las salidas culturales

Una nota publicada en Clarín puso en la agenda mediática y política un debate sobre los traslados temporales de presos de las cárceles federales para participar de distintos eventos culturales, artísticos, educativos, musicales.

Se escucharon opiniones de todo tipo. Políticos a favor, políticos en contra, periodistas a favor, periodistas en contra, especialistas reflexionando sobre ventajas y desventajas.

En este caso, vamos a escuchar las voces algunos de los afectados por la polémica: un grupo de internas del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuenta por qué el contacto extramuro es algo positivo. (los testimonios completos están publicados en el blog Desde Otra Dimensión)

Actividades extra muro

“Espero que no se cambie lo hermoso que tenemos. Que podamos estudiar en otra unidad, ya que tenemos esa oportunidad. Para nosotros es muy importante, nos da la posibilidad de llegar a ser profesionales”.

Gloria

“Creo que todos tienen derecho a opinar, pero alguien que nunca pasó por este lugar, creo que no tiene derecho a decir que acá estamos como si fueran unas vacaciones y no pasamos necesidades y malos momentos.

Todas de alguna manera tratamos de buscar la libertad que no tenemos en pequeñas actividades o talleres que hay, que la verdad a veces resultan ser un gran escape a tantas cosas malas que pasamos acá”.

Lucía (tiene 20 años)

“La cárcel NO ES UN SPA, es el peor lugar donde el ser humano es confinado. Tenemos pésima atención médica, te niegan el derecho a la salud con maltratos físicos y psicológicos, como por ejemplo con inyecciones que te producen reacciones alérgicas o sueros mal colocados, inyecciones de drogas para hacerte dormir y mantenernos así.

Una salida educacional extra muros es siempre acompañada por personal del SPF vestido de civil. El traslado hasta el evento es en móviles del penal y se realiza con las internas esposadas. Yo creo que este tipo de tratamientos por parte del SPF, o sea, las salidas educativas y culturales, son lo único positivo en esta situación de encierro”.

Juana

“¿Cómo puede pensar la sociedad que el que paga una condena está de vacaciones con lujos? Nadie está exento de esto. Yo pensé que sí y aquí estoy.¿Por qué nos van a cortar esas salidas que tanto tiempo lucharon otros por conseguir? Aquí te das cuenta de que tú sigues siendo parte de esa sociedad que te tachó de ella, porque esto es sólo un paréntesis de tu vida, y por el contrario, aquí te quitan tu autoestima y tienes que recuperarlas con salidas al contacto con una pequeña parte de esa sociedad. Eso nos hace bien para reintegrarnos mejor”.

Eugenia

Descubrí la luz en un camino

“Eso para mí fue la universidad en este sitio, la cárcel. Al estar privada de la libertad esto me dio esa luz. Volví a estudiar.

Y ojalá se mantenga esta situación, ya que ayuda mucho para no sentirse tan presa. El hecho de que quizás se cometan errores judiciales o políticos no tiene por qué perjudicar a las personas que sí queremos y podemos disfrutar de estos beneficios.

Intenten buscar otras cosas que realmente son preocupantes en este sitio y den más oportunidades a la gente que tiene como fin hacer las cosas mejor.

Lore

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Denuncian torturas en la cárcel de Florencio Varela

En las cárceles están pasando cosas mucho más serias de lo que se estuvo hablando en la última semana. Realmente graves. Esto, denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria, es un claro ejemplo de ello.

(El siguiente texto fue publicado en el blog de la CPM )

La CPM exige medidas inmediatas a los poderes públicos. El 30 de julio, Maximiliano Zapata Osores fue brutalmente torturado en el pabellón SAC de la Unidad 32 de Florencio Varela. Durante ocho horas estuvo colgado de sus brazos sin tocar el piso. A una semana del hecho ningún fiscal le tomó declaración ni realizó medidas de prueba en la investigación penal iniciada.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires reclama políticas públicas estructurales para terminar con al tortura y celeridad en la investigación de estas causas.

Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la CPM, manifestó: “Este caso muestra la gravedad de la situación que se padece en las cárceles provinciales. La CPM está trabajando en una mesa de diálogo con el estado provincial, en el marco de las medidas cautelares concedidas por la CIDH. Pese a las distintas acciones positivas llevadas a cabo por el estado provincial, como el cierre de la Unidad 29 como unidad de traslado o el cierre de los pabellones de prevención de conductas violentas que promovían las violaciones de los más elementales derechos -ambas medidas reclamadas hace tiempo por la CPM-, esto no es suficiente: hacen falta más esfuerzos y cambiar la política de seguridad y penitenciaria para terminar con estas prácticas. Es urgente terminar con la tortura y la impunidad que la sostiene”.

Roberto Cipriano García, director general del Comité contra la Tortura de la CPM, dijo: “Este caso -que se visibiliza en las fotos- muestra las prácticas sistemáticas de torturas que se llevan a cabo en las cárceles bonaerenses. Pero también da cuenta de la desidia y escaso compromiso judicial frente a la tortura. A una semana de ocurrido el hecho aún no se le tomó declaración a la víctima ni se realizaron otras actividades probatorias. Es indispensable mayor celeridad judicial en la investigación. También hacen falta políticas públicas tendientes a la prevención, asistencia a las víctimas y sanción de los torturadores. Una de ellas es la urgente sanción del mecanismo de prevención de la tortura, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional”.

Crónica de los hechos

Maximiliano reclamaba por la visita de sus familiares que permanecían a la intemperie sin que los dejen ingresar. Hacía 10 días estaba alojado en un buzón de aislamiento sin sanción alguna, sólo esperando que se terminen sus trámites de ingreso a la Unidad. No le permitían recibir visitas. Comenzó a golpear la puerta de la celda ante la falta de respuesta de los agentes penitenciarios, que ingresaron inmediatamente y, desde la puerta de la celda, le dispararon con balas de goma. Logró cubrirse con una frazada y, luego de los disparos, siete penitenciarios comenzaron a golpearlo con palos de goma, patadas y golpes de puño. Veinticinco minutos después fue llevado esposado a sanidad. Allí fue atendido por una enfermera o médica que no lo curó ni le recetó medicamento alguno. Varias de estas lesiones -aunque no todas- constan en su historia clínica. Luego fue alojado nuevamente en SAC (pabellón de separación del área de convivencia, celda 2), le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared (presuntamente para colocar iluminación), a gran altura, al lado de la puerta de ingreso a la celda. Apenas rozaba el piso con las puntas de los pies. Fue dejado en esta posición entre siete y ocho horas.

Posteriormente su familia se comunicó con la defensora Dra. Silvia Glew quien solicitó un habeas corpus al Juzgado de Ejecución Nº 2 de San Martín, el 31 de julio de 2012. Como consecuencia de dicha presentación fue citado al juzgado y atendido por un secretario quien le manifestó que si denunciaba tenía que hacerse cargo de su integridad ya que ellos no podían hacer nada, sólo trasladarlo al sistema federal.

Maximiliano está detenido hace 6 años, padeció decenas de traslados que lo llevaron a recorrer más de 30 unidades penitenciarias y sufrir reiterados hechos de torturas. Permaneció en aislamiento la mayor parte de su detención. En innumerables ocasiones fue torturado en los camiones de traslado; en la mayoría de las cárceles, reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios, golpeado con palos, patadas y puños. Las secuelas de semejante maltrato se observan en su cuerpo a través de gran cantidad de cicatrices de puntazos, cortes, hematomas. En la entrevista realizada no le fue posible recordar cuántas veces fue torturado o atacado. Refirió que muchos informes penitenciarios donde se registra que tuvo pelea con otros detenidos no son reales, varios de esos partes tienen que ver con represión o ataques sufridos con la anuencia o participación del SPB. Manifiesta que se siente abandonado por el juzgado, que se encuentra condenado desde hace 4 años y nunca creyeron sus denuncias. Que ha sufrido varios atentados contra su vida y nunca se ocuparon debidamente de su situación y protección.

Los traslados constantes y torturas han afectado sus vínculos familiares, la imposibilidad de ver con frecuencia a su hija de dos años, estudiar o trabajar. Tampoco le han brindado la asistencia psicológica reiteradamente solicitada y padece graves trastornos y efectos postraumáticos por las torturas padecidas.

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Mujeres atrapadas por las redes de narcotráfico

Discovery Channel estrena esta noche un documental sobre las mujeres americanas atrapadas por las redes del narcotráfico. En este documental se mostrará la vida de cuatro mujeres detenidas en la cárcel de Ezeiza por violación a la Ley de Estupefacientes.

Los testimonios documentados son los de la española Alicia Bocanegra, quien, sin haber participado antes en algún ilícito, fue convencida por un amigo de llevar cocaína de Argentina a España; la mexicana Alejandra López Madrid, llamada la “Reina de la Efedrina”,  involucrada en un conocido caso de introducción a gran escala de esta sustancia a territorio argentino; la canadiense Ángela Tulum, quien intentaba introducir a Brasil dos kilos de cocaína, pero, como ella misma cree, “se le acabó la suerte”; y la brasileña Simone de Santana, estudiante de medicina en Bolivia, quien, atraída por un lujoso estilo de vida, es detenida en el aeropuerto de Ezeiza con casi tres kilos de cocaína adherida al cuerpo.

Todas ellas se convirtieron en “mulas”, un fenómeno que crece constantemente en los países latinoamericanos. Estas mujeres son el eslabón más débil de las grandes redes de narcotráfico del mundo. Muchas de ellas no habían cometido antes ningún delito. Son tentadas por promesas de grandes sumas de dinero. Viajan desde Argentina a distintos puntos del planeta -Hong Kong, España, Portugal, África, entre otros- con la droga oculta de las más variadas maneras. Algunas ingieren cápsulas, otras llevan los narcoticos adheridos al cuerpo o a la ropa, otras lo llevan ocultos en el equipaje.

El documental será estrenado hoy, a las 22 hs, en Discovery Channel.

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Más presos NO significa más seguridad

“Cantidad de personas privadas de su libertad no es sinónimo de una mayor seguridad”, dice Raúl Salinas, Co-coordinador del Área Cárceles y Política Penitenciaria del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en un análisis publicado en el sitio Online-911. Y aunque parezca un cliché, la realidad actual de las cárceles bonaerenses es una prueba concreta de eso. Las garantías de los derechos deben ser para todos los ciudadanos, y para que esto se cumpla, entre otras cosas, es fundamental repensar el sistema carcelario.

Salinas propone llevar a cabo dos modificaciones fundamentales (el artículo completo, en Online-911):

“La primera es la reforma y democratización del Servicio Penitenciario Bonaerense. Debe abandonarse el esquema de autogobierno para pasar a un modelo moderno de conducción civil por parte de las autoridades políticas. Su organización tiene que dejar atrás su actual modelo militar, que se desprende de las normas que lo regulan y que fueron aprobadas durante la última dictadura militar que ejerció el terrorismo de estado y que hizo de las cárceles una de sus principales herramientas de represión.

Deben establecerse controles internos sobre la transparencia y los abusos funcionales que dependan orgánica y funcionalmente de las máximas autoridades políticas, desconcentrar funciones dando paso a la intervención de los distintos ministerios y actores de la sociedad civil, establecerse una nueva carrera profesional eliminando las diferencias entre oficiales y suboficiales, habilitar los ascensos mediante concursos, limitar la cantidad de grados, fijar nuevas políticas de reclutamiento y capacitación, asegurar derechos para los trabajadores penitenciarios y aprobar nuevas reglas y principios de actuación acordes con la función social y el contexto democrático.

La segunda cuestión transita por hacer un uso racional del encarcelamiento que permita garantizar condiciones dignas de detención y tratamientos tendientes a la reintegración social de los encarcelados. La construcción desmesurada de cárceles, además de resultar costosa y lenta, no constituye una solución sustentable. Al mismo tiempo, la investigación comparada demuestra que la cantidad de personas privadas de su libertad no es sinónimo de una mayor seguridad. Es necesario establecer cupos y criterios para evitar el encierro por pequeñas ofensas, condenados primarios, enfermos terminales y de todas aquellas personas que puedan cumplir penas de modo alternativo, seguro y controlable”.

 

Antropólogos forenses: de Argentina a Vietnam

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyo gran trabajo ayudó a encontrar e identificar a víctimas de la última dictadura Argentina, ahora colaborará con Vietnam para ayudar a identificar a soldados caídos en la guerra que ese país mantuvo contra los Estados Unidos (1964-1975).

Según publicó el diario El Mundo de España, alrededor de 450.000 soldados vietnamitas siguen enterrados en tumbas masivas.

Imagen de una Infografía realizada por Carlos Bonardi y Maia Jastreblansky para LA NACION

El EAAF ya comenzó con las capacitaciones teóricas y luego continuará con el trabajo de campo para ayudar a identificar a estos caídos anónimos.

¿Querés conocer más sobre el trabajo del EAAF? Te recomiendo esta nota que hizo mi colega y amiga Maia Jastreblansky.

Forenses, de la Argentina al mundo

 

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Inimputabilidad: ¿cómo es en la Argentina?

Hace un tiempo hice una nota hablando con expertos sobre cómo funciona el tema de inimputabilidad en la Argentina. Con el caso del autor de la reciente masacre en Denver, resurgió el debate sobre cuándo se considera a una persona inimputable y qué se hace en esos casos. En la Argentina, esto está reglamentado en el artículo 34 del Código Penal. Y esto es lo que opinan los expertos:

Expertos consultados por LA NACION explican los mecanismos y falencias del sistema en la Argentina.(nota completa, aquí)

“En nuestro país, el Hospital Borda y el Moyano solían ser, hasta los años 40, instituciones con buena calidad de gestión para estos casos. Pero estos centros de tratamientos psiquiátricos en gente peligrosa para sí y para terceros tenían un alto costo de mantenimiento”, explica Martín Abarrategui, perito psiquiatra que fue parte en la causa de las “hermanas satánicas”.

“Paulatinamente, estas instituciones se fueron desmantelando y la calidad comenzó a disminuir. La realidad es que para los casos que contempla el artículo 34 del Código Penal debería haber instituciones específicas”, añade el especialista.

Abarrategui sostiene, sin embargo, que los psiquiátricos convencionales cuentan con las medidas de seguridad necesarias, siempre y cuando el paciente esté medicado. “Pero si de repente aparece un familiar y logra sacarlo y la persona declarada inimputable deja de tomar la medicación, vuelve a ser un peligro”, dice el psiquiatra.

En el caso de las hermanas Vázquez, que asesinaron de 120 puñaladas a su padre en un rito satánico, los peritos coincidieron en que la menor de las jóvenes sufría de esquizofrenia. Por ese motivo, fue declarada inimputable e internada en la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Federal que funciona en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en el barrio porteño de Barracas.

Hoy, la joven, que ya tiene 32 años, está en libertad .

Para Abarrategui, el sistema argentino “no es muy apropiado”. “En otros países la cárcel cuenta con un ala psiquiátrica, donde el interno ya no puede salir y la Justicia se asegura de que reciba la medicación correspondiente”, dice el perito.

Por otra parte, enfatiza que “la enfermedad no merece castigo”. “Devolver a la calle a una persona rehabilitada es un buen trabajo. Pero si es un psicópata, no se va a rehabilitar; debería aplicársele la condena más larga posible según el delito que haya cometido”.

Seguimiento de los casos

Una vez que la persona es declarada inimputable siguiendo el artículo 34 del Código Penal, todo depende de cómo evolucione durante su tratamiento en la institución psiquiátrica a la que se lo haya derivado.

“Hay que sincerarse: en nuestro país las medidas de seguridad que se aplican no se controlan debidamente porque ese sistema estatal no ha sido creado específicamente, no existiendo un equipo operativo suficiente para su seguimiento”, considera Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo. “Las personas declaradas inimputables y alojadas en un establecimiento neuropsiquiátrico se hallan abandonadas a su suerte, careciendo de un férreo control del magistrado a cargo de las mismas”.

Stampalija explica que el artículo 34 del Código Penal no prevé un tiempo determinado para las medidas de seguridad que se le aplican al declarado inimputable, lo cual implica que las mismas tienen una duración indeterminada. Por ese motivo, sostiene que habría que “supervisar con cierta periodicidad la idoneidad” del ámbito y la del tratamiento. “Para ello los jueces deben realizar las visitas a quienes están internados a su disposición y también debe crearse un órgano de control especializado”.

“Así se podría merituar seriamente la proporcionalidad de la medida impuesta y asegurarse que no es posible aplicar una medida menos gravosa”, dice.

Embaucados

Para Hugo Marietan, médico psiquiatra referente en psicópatas, los pabellones del Borda y el Moyano cuentan con el personal y los tratamientos necesarios para tratar con los criminales declarados inimputables. “El problema es que muchas veces los abogados tratan de hacer pasar a sus clientes por inimputables porque saben que eventualmente recuperarán la libertad”, sostiene el especialista.

“Lamentablemente fue lo que pasó con El tirador de Belgrano [Martín Ríos] y resultó ser un embaucador”, dice Marietan. Ríos fue declarado inimputable luego de descargar 13 disparos contra un grupo de personas que caminaban por Cabildo al 1700 el 6 de julio de 2006 y acabar con la vida de Alfredo Marcenac. El año pasado, la Justicia anuló el fallo que lo había absuelto y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

“En España, por ejemplo, a los esquizofrénicos se les da una pena carcelaria común si cometen un crimen. En la Argentina habría que reconsiderarlo, debatirlo entre los psiquiatras. Ayudaría a evitar las artimañas de los abogados”, opina Marietan.

“En el caso de las hermanas Vázquez, deberían recibir un tratamiento de por vida tras ese crimen espantoso. Pero nuestro sistema judicial es muy garantista y contemplativo”, señala el psiquiatra.

Síntomas de esperanza

Para Stampalija, hay una esperanza de que el sistema cambie para bien. Y esa esperanza es la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 , sancionada y promulgada a fines del año 2010, a partir de la cual se creó el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), que tiene “la finalidad de tratar a las mujeres y hombres alojados en establecimientos penitenciarios especializados en psiquiatría pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal, como en otras unidades del mismo, a través de equipos multidisciplinarios”.

El criminólogo explica que, de acuerdo a ese programa, los internos declarados inimputables se alojarán en casas por fuera del Servicio Penitenciario Federal. “Esperemos que dicho Programa funcione en consonancia con la nueva Ley de Salud Mental y comience un nuevo camino mas racional y profesional que compatibilice la salud de los inimputables con una orientación hacia la inclusión social, con los intereses que con un claro sesgo preventivo surgen de la comunidad”, conluye Stampalija..

Nuevo Centro de Tratamiento de internos inimputables en Salta. En julio de este año, se inauguró un Centro de Tratamiento de internos inimputables denominado Residencia Asistida, que funciona en un anexo al penal salteño de Villa Las Rosas.
Con este nuevo lugar, se comenzó un proceso de traspaso de aquellos internos pacientes inimputables alojados en el sistema penitenciario provincial al anexo de Villa Las Rosas.
Durante la inauguración, el ministro de Gobierno Pablo Kosiner destacó la política que se lleva a cabo en esta provincia, donde “se priorizan los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

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Miguel Bru: 19 años desaparecido y un condenado con salidas transitorias

El próximo mes se cumplen 19 años del crimen del estudiante de periodismo de La Plata Miguel Bru. El ex sargento Justo López, condenado a prisión perpetua por la privación ilegal de la libertad, tortura, muerte y ocultamiento del cuerpo, fue beneficiado con salidas transitorias la semana pasada.

El pasado 16 de julio, Bru hubiera cumplido 42 años. La última vez que se lo vio con vida fue el 17 de agosto de 1993. El joven, que tenía 23 años, fue detenido y llevado a la comisaría novena de La Plata, donde fue torturado hasta la muerte. Su cuerpo nunca apareció. En 1999 fueron condenados por el crimen López y el ex subcomisario Walter Abrigo, fallecido en 2003.

Lamentablemente, la violencia por parte de las fuerzas policiales no se termina. La semana pasada se conoció un nuevo caso en la provincia de Salta, difundido a través de un video que mostraba las terribles imágenes de policías torturando a dos detenidos. Como bien sostuvo Adolfo Pérez Esquivel ante estos hechos, “La vigencia de los Derechos Humanos debe ponerse en práctica en la vida democrática que se construye diariamente” en el país.

“”La tortura en lugares de detención, lejos de constituir un episodio aislado, no es más que la manifestación de un modelo de seguridad autoritario, opaco, violento, patriarcal, ineficiente y militarizado que cuenta con asentimiento, cuando no con explícito apoyo, de las autoridades políticas y con la venia de vastos sectores de los poderes judiciales, que son tolerantes y complacientes con los tratos crueles, inhumanos y degradantes y con su impunidad”, dijeron desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Hay que ponerle fin a la violencia institucional.

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Perfil del tirador de Denver

En una columna publicada en el diario Perfil, la perfiladora criminal María Laura Quiñones Urquiza analiza el comportamiento de James Holmes, el joven acusado de matar a 12 personas y herir a otras 59 en un cine en Denver, durante el estreno de la película Batman: el caballero de la noche asciende.

¿Cuáles son los principales rasgos de este tipo de asesinos?:

“La denominación internacional define como asesinos en masa a aquellas personas que matan a más de tres personas en un mismo escenario.

Al asesino en masa lo atraen los escenarios y aquello que allí simboliza lo que desea aniquilar, sean escuelas, plazas, discotecas, etcétera.

Uno de los rasgos principales de este asesino en masa es el alto nivel de paranoia que presenta, además de la intolerancia y la envidia a los jóvenes de su misma edad, y es muy claro en sus objetivos, pues la película era sólo apta para adultos.

Es probable que haya habido un factor desencadenante que lo frustró un tiempo antes de actuar y necesitara descargar su furia sobre aquéllos que representan para él una molestia.

James Holmes

 

Una de las características de los crímenes por odio es que las víctimas no han provocado situaciones previas para merecer ser agredidos; sus características de personalidad o físicas son inamovibles, y el agresor reacciona por venganza desplazada hacia las víctimas.

La planificación y la espera hasta el día del estreno hablan de una persona que no necesariamente es impulsiva, salvo cuando debe dar rienda suelta y descargar la violencia criminal.

Se aproximó a las víctimas con un engaño, disfrazado de uno de los personajes de la película, al igual que ellos.

Atacar en un espacio cerrado y de forma relámpago operó a su vez como método de control para facilitarle las cosas y correr menos riesgos, no para ser aprehendido, sino para poder cumplir con su misión.

Esto muestra a James Holmes como un sujeto inteligente y metódico.

La preparación previa incluyó detalles como otros artefactos explosivos e inflamables; es decir, preparó el escenario divirtiéndose con toda la antesala a la matanza que estaba dispuesto a cometer.

Probablemente, las redes sociales nos muestren en los próximos días un estilo de vida propio de un sujeto no tan seguro de sí mismo. Sin embargo, a la hora de actuar lo hace de un modo rotundo, fastuoso y sin culpas.”

Por María Laura Quiñones Urquiza

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Claudia Sobrero: media vida en prisión y un reclamo de libertad

Es la única mujer argentina condenada a reclusión perpetua con pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Su tiempo en prisión es solamente comparable con el de otro preso eterno de nuestro país: Carlos Robledo Puch.

Claudia Sobrero lleva casi 30 años presa. Fue detenida en 1984 por el asesinato del dibujante Lino Palacio y su mujer, hecho que ocurrió cuando sobrero y otros dos hombres entraron al departamento donde vivía el matrimonio, en la avenida Callao 2094, para robarles, y fueron sorprendidos por la pareja. En ese entonces, la mujer tenía 21 años, peligrosas adicciones y dos hijas.

En esos tiempos, no existía el juicio oral y público. Su juicio fue realizado por escrito durante unos seis años. No había tampoco beneficios como el dos por uno para la pena de reclusión a la que fue condenada.

Cumplió su pena en la Unidad 3 de Ezeiza. En 1986 se fugó pero rápidamente fue recapturada. Luego comenzó una larga recuperación. Cursó la secundaria en prisión, estudió la carrera de sociología, se dedicó al arte. Su conducta fue cada vez mejor, lo que le permitió conseguir las salidas transitorias en 2003, beneficio que fue revocado un año y medio más tarde por la Cámara de Casación, que consideró que su condena era demasiado grave para gozar de las salidas.

Llevó a cabo una huelga de hambre reclamando su libertad. En 2006 salió en libertad condicional, luego de pasar la mitad de su vida en prisión. Volvió a caer al año siguiente, por un robo callejero. Hoy es la mujer con más años de prisión en el país.

Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), con la adhesión de de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación Pensamiento Penal, reclaman su libertad.

La figura penal por la que está condenada es la más grave que establece el Código Penal y es muy debatida entre los expertos en cuanto a su constitucionalidad.

La PPN considera que “en este caso la pretensión punitiva del Estado se encuentra por demás satisfecha, por cuanto Claudia Sobrero ha cumplido 30 años de reclusión.”

Además, subraya que “la carencia de un límite temporal legalmente establecido en forma expresa en la ley, obliga siempre a deducirlo o interpretarlo a la luz de las normas constitucionales. Y en ese sentido toda afectación de derechos proveniente de la consecuencia jurídica de un delito debe tener límite temporal no siendo admisible que de un hecho emerja una consecuencia imborrable de por vida.
Ello llevaría a establecer categorías de sujetos irrecuperables, estigmatizados de por vida, consecuencia contraria al art. 18 de la Constitución Nacional y a los pactos internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución”.

La PPN, al igual que varios organismos defensores de los Derechos Humanos, consideran que “una pena de prisión perpetua, es una condena cruel, inhumana y degradante que viola la Convención contra la Tortura”.

“Resulta indispensable por ello, la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en procura de restablecer respecto de Claudia Sobrero, el goce de sus derechos humanos fundamentales. Y de esta manera cumplir con la responsabilidad del Estado argentino en cuanto a la prohibición de establecer una pena que trasciende la vida de la imputada y que avanza sobre el debido respeto a la dignidad de la persona”, sostiene la PPN.

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A seis años del tirador de Belgrano, sigue el reclamo de justicia

El 6 de julio de 2006, Alfredo Marcenac fue asesinado de tres balazos por Martín Ríos, conocido como “el tirador de Belgrano”.

Hoy, su familia vuelve a pedir justicia por la muerte del joven de 18 años. Estos son sus reclamos:

“La muerte de nuestro hijo tuvo un RESPONSABLE DIRECTO, el asesino MARTÍN RÍOS (aún sin condena), quien disparó contra un grupo de personas, matando a Alfredo. Pero también varios CORRESPONSABLES, que generaron las condiciones para que esto sucediera, entre ellos los funcionarios DEL ESTADO que le otorgaron el permiso como legítimo usuario, para gatillar. Por eso seguimos reclamando:

Al Tribunal Oral Criminal N° 26:

– para que de una vez por todas condene a MARTÍN RÍOS, asesino muy peligroso y violento ¡que volverá a matar si sale en libertad!

Al Cuerpo Médico Forense:

– para que inicie una investigación administrativa por el arbitrario diagnóstico de esquizofrenia que “inventaron” los médicos psiquiatras que intervinieron en la causa, “influenciados” por el perito de la defensa para evitar que Ríos sea condenado por el crimen cometido.

Al ESTADO,

a)- para que cambie el sistema de financiamiento del RENAR, organismo encargado de controlar las armas de fuego en el país, que continúa financiándose a través de la Asociación de Industriales y Comerciantes de armas (Aicacyp). O sea que quienes controlan, son financiados por los controlados!!! Seguir leyendo

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