Ayer se cumplieron dos años de lo que se conoció como la Masacre de Curuguaty, el violento intento de desalojo de tierras en Paraguay que causó la muerte de 6 policías y 11 campesinos y llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012. La policía había recibido órdenes de desalojar las tierras de Marina Cué, un paraje de 2000 hectáreas a más de 250 kilómetros de Asunción. Unos 80 campesinos, entre los que había mujeres y niños, reclamaban a la policía que les mostraran los documentos de propiedad con los que pretendían echarlos.

En el lugar se desató el tiroteo que causó las mencionadas muertes, a lo que le siguió una controvertida investigación con denuncias de organismos de derechos humanos de todas partes del mundo.

Crédito: Qué pasó en Curuguaty (Facebook)

Hoy, a dos años de la masacre, desde Paraguay y desde varios lugares del mundo, familiares y amigos de víctimas y perseguidos políticos reclaman justicia.

“15 de junio 2012 – 15 de junio 2014: 2 años de lucha, resistencia, dignidad, unidad… y seguimos con fuerza hasta conquistar la Tierra, la Justicia y la Libertad. El domingo, ¡todas y todos a Marina Kue!
¡Recuperación inmediata de las tierras de Marina Kue, pueblo mba’e! ¡Nulidad ya del juicio montado por la Fiscalía! ¡Libertad ya a las y los presos políticos! ¡Verdad y Justicia para Curuguaty y Paraguay”, dicen desde la página de Facebook “¿Qué pasó en Curuguaty?” donde se pueden leer las novedades de la causa y los reclamos de los sobrevivientes.

El año pasado entrevisté a tres campesinos que lograron salvar sus vidas aquel día fatídico pero que, perseguidos por la justicia, buscaron refugio en la Argentina. Aquí les comparto el artículo que fue publicado en El Puercoespín.

Masacres: Argentina refugia a prófugos de la ¿justicia? paraguaya

Más de 1400 kilómetros y un año los separan, pero cuando describen aquel sitio y aquel día, parece que estuvieran allí otra vez: les tiemblan las manos, los ojos se les ponen vidriosos y se les quiebra la voz. Comienzan a hablar en un volumen apenas audible, murmuran dos o tres palabras y callan.

Con pocas palabras cuentan ese 15 de junio de 2012 en Curuguaty.

Sentado junto a Ramírez en un bar de San Telmo, Dani, carraspea, gira la cabeza hacia la puerta de entrada. Estuvo a punto de cancelar el encuentro, confiesa. No quería hablar. Desde hace un año está tratando de sacar de su cabeza esas imágenes, eso por lo que tuvo que huir de su país, de su familia.

El recuerdo de la familia le provoca una sonrisa breve y nerviosa. La camarera, la gaseosa, lo devuelven a la realidad, a la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad ajena en la que sólo conoce a Ramírez y a Fredy, prófugos como él.

Hay unos minutos de silencio en los que Dani parece tomar fuerza. Se mira las zapatillas azules –él y Héctor están vestidos para un partido de fútbol. Cuenta que todos los fines de semana se juntan a jugar a la pelota en la canchita de la villa donde viven. Vuelve a subir la vista, clava la mirada en la mesa, suspira.

Y, con los puños apretados con fuerza, cuenta.

Ese día eran unos 80 campesinos, y había mujeres y niños. Pedían las tierras de Marina Cué, un paraje de 2000 hectáreas a más de 250 kilómetros de Asunción. Querían hablar con la Policía, que les mostraran los documentos de propiedad con los que pretendían echarlos, esos papeles que hasta el día de hoy no aparecieron.

“Queríamos ver los papeles de propiedad, sólo eso. Pero de pronto comenzaron los disparos y….”. Dani se interrumpe y sus mejillas blancas se encienden.

Y vuelve el silencio.

***

 Las ocupaciones eran frecuentes en esa zona. Ya había habido desalojos, pero ninguno así. Desde hacía varios meses, escuchaban en la radio que los terrenos estaban “disponibles”. Se hablaba del potencial para crear un nuevo barrio. Con esos pocos datos, unas setenta personas tomaron Marina Cué.

Pero desde hacía años las tierras eran parte de una compleja disputa judicial entre la empresa Campos Morumbi S.A., del fallecido Blas N. Riquelme, y el Instituto de Tierras paraguayo. Había sido entregado oficialmente al Instituto y destinado a la reforma agraria, pero Campos Morumbi lo reclamó como propio ante la justicia local, lo que ésta le concedió. Una fiscal pidió el desalojo de los terrenos y un diputado del Congreso, el colorado Oscar Tuma, solicitó a éste que respaldara la medida para preservar el medio ambiente

Seis policías y once campesinos murieron en ese desalojo. La reacción ante la llamada “masacre de Curuguaty” fue utilizada por una coalición política encabezada por el vicepresidente Federico Franco para iniciar juicio político al presidente Fernando Lugo y destituirlo en un proceso relámpago que los otros países del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –incluida la Argentina– consideraron un golpe de Estado.

El diputado Tuma fue quien presentó la acusación contra Lugo. Cuando este cayó, se desató una cacería: la cacería de los ocupantes de Curuguaty.

Y fue así que, mientras un par de meses después de la masacre “Don Blas” Riquelme era honrado por el mismo Congreso que había destituido al presidente, Dani Garcete, de 25 años, y Héctor Ramírez, de 26, huyeron de todo lo que conocían para pedir refugio en la Argentina y terminaron contando la historia que sigue en un café de San Telmo, en Buenos Aires.

 ***

 Todo comenzó alrededor de las 7.30 de la mañana. Se había dado la orden de desalojarlos. Dani y Ramírez eran dos de los 30 campesinos que se acercaron a la entrada para recibir a la policía. Su reclamo: que para echarlos les mostraran los documentos que probaban que esas tierras eran propiedad privada.

Algunos de sus compañeros, muy pocos, llevaban viejas escopetas de caza, como para subrayar la seriedad de su postura. Ellos dos, dicen, no tenían nada. Además, las escopetas no eran para disparar, sólo para para mostrarse preparados, aseguran. No sabían si funcionaban, dicen.
Todavía –es su versión– no lo han averiguado.

La policía los rodeó por izquierda y por derecha. Cuando estuvieron suficientemente cerca como para hablar, no hubo palabra alguna. Todo ocurrió demasiado rápido. Se oyó un disparo. Dani y Ramírez dicen que vino de la policía. La policía dirá luego que vino de los campesinos.

Segundos después, oyeron una ráfaga de tiros que les pareció interminable. Dicen que no vieron a sus compañeros usar sus escopetas. Hubo un griterío, confusión, y todos se echaron a correr.

La policía, dicen, los atacaba.

Corrían a campo abierto: eran blancos perfectos. Corrieron entonces hacia los bosques. Ni miraban atrás, pero estaban seguros ya de que algunos de sus compañeros habían muerto, tal vez muchos (“Tal vez todos”, murmura Dani ahora, en esta otra ciudad lejana). Quizás también ellos morirían. No había nada qué hacer.

Dani recuerda un helicóptero que volaba tan bajo que parecía iba a aterrizarles encima. Una sirena ensordecedora parecía anunciar el Apocalipsis.

Pero sí hubo sobrevivientes. Algunos pasaron la noche de la masacre escondidos en los bosques que cubren parte de las tierras disputadas. Otros, los que tenían celular para comunicarse con algún conocido, lograron refugiarse en casas cercanas.

Se ocultaban sin saber bien por qué o hasta cuándo. Pasaban las horas sin comer ni beber. Esperando. Algo raro se había cocinado ese día –algo que no era como lo que habían conocido hasta entonces y que lo cambiaba todo. Temían que la policía aún estuviera en el campo esperando para dispararles. No sabían, no tenían manera de saber –así dicen–, que en ese momento los acusaban de haber perpetrado la masacre.

Ni, muchos menos, que lo que acababa de ocurrir en sólo unos segundos de terror acabaría por derribar a un presidente.

El 21 de junio de 2012, Lugo fue acusado ante el Congreso. Pese a las marchas a favor, las gestiones de todos los cancilleres de la UNASUR –entre ellos, la Argentina y Brasil–, que viajaron a Asunción para entrevistarse con representantes del parlamento y con el vicepresidente para pedirles que no siguieran adelante, el presidente fue destituido al día siguiente.

El fiscal Jalil Rachid encabezó la investigación oficial de la masacre de Curuguaty. Su conclusión fue simple: los campesinos eran culpables de haber asesinado a seis policías. Pero ¿quién había disparado? ¿Con qué arma?

Estas preguntas jamás fueron respondidas. En su lugar, una lista de nombres garabateados en un papel días antes de la masacre con el objetivo de pedir en grupo víveres al gobierno se convirtió en la lista de culpables a los que detener. Hubieran estado o no en Marina Cué ese día, todos los que figuraban en la lista fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble ajeno.

Así, muchos de los sobrevivientes acabaron detenidos. Permanecieron todos en la cárcel hasta que, gracias a una huelga de hambre, se concedió a algunos la prisión domiciliaria.

 ***

 Dani y Héctor se quedaron encerrados en sus casas los cuatro meses que siguieron a la masacre. No salían en ningún momento, salvo cuando se enteraban, gracias a una red de vecinos amigos, que habría un allanamiento. Entonces se escondían en otra casa hasta que la policía se iba. Era una vida a saltos a la que no estaban acostumbrados. No podían dormir tranquilos, dejaron de trabajar, vivían como presos.

Por el noticiero se enteraron de todo: de la cantidad de compañeros muertos, de los policías fallecidos, de la destitución de Lugo. También así supieron que la justicia acusaba a todos sin distinción.

A través de un amigo abogado comprobaron que sus nombres figuraban entre los buscados. En algún momento los arrestarían.

A menos que siguieran huyendo.

 ***

 Alcides Ramírez, hermano de Héctor, que estaba preso, les dijo que había una posibilidad para salir del país, al menos hasta que las cosas se aclararan.

“Acepté inmediatamente, me arrepentí inmediatamente -, dice Dani, apenas levantando la cabeza, con la pierna aún temblando y las manos juntas, apretadas, sobre la mesa-. Pero después comprendí que no tenía otra opción”.

Ramírez asiente. Aunque él había vivido en Buenos Aires durante cinco años, era muy distinto. En aquel momento se había venido a la Argentina porque en Paraguay no conseguía trabajo. Visitaba a su familia cada vez que podía. De hecho, cuando se planeó la ocupación de Marina Cué, Ramírez estaba ahí mismo por las vacaciones. Pero se sumó a la toma igual y su nombre estaba en la lista.

Fue el político liberal Domingo Laíno quién los ayudó a huir de Paraguay. Desde Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), fundada poco después de la matanza, Laíno lanzó una investigación paralela convencido, como muchos otros, de que lo ocurrido en Curuguaty había sido fraguado para destituir a Lugo.

Según él mismo lo cuenta, como parte de sus indagaciones, Laíno hablaba con la madre de Dani, una enfermera que vive cerca del terreno de Marina Cué y temía por la seguridad de su hijo. Agregó a la lista a Fredy , recomendado por Ruben Villaba, uno de los cordinadores de la ocupacion. Según Laíno, Fredy era  mano derecha de Villalba en la organización de la ocupación y estaba a su lado en el momento de la balacera. (Fredy no aceptó hablar con el puercoespín).

Luego de algunas conversaciones telefónicas, acordaron el sitio de encuentro: Marina Cué.

“Terrible” es la palabra que usa Dani para describir cómo fue para ellos volver a ese lugar. “Terrible, terrible…”, repite, y aprieta los labios. Y mira hacia la puerta.

De Curuguaty viajaron en autos particulares hasta Asunción. Allí estuvieron alojados en casa de Laíno, mientras éste les buscaba una salida.

Laíno había estado exiliado en la Argentina en los largos años de la dictadura de Alfredo Stroessner. Según su relato, hizo contactos en la embajada argentina en Asunción y acordó que se recibiera a los tres prófugos en la frontera (NdR: ni la embajada, ni la Cancillería, ni la oficina de Migraciones, ni la Conare de la Argentina aceptaron confirmaron ni desmentir la información, alegando la confidencialidad impuesta por ley en los casos de refugiados).

Luego de papeleos y algo de planificación, siguieron en auto hasta el límite con la Argentina. Con el corazón palpitante, las manos sudorosas y la boca seca, cruzaron la frontera a pie. Se sentían personajes de una película, viviendo una vida clandestina que jamás imaginaron ni quisieron.

Al entrar en la Argentina, pidieron refugio. Podían decirles que sí o que no. Durante 12 horas interminables fueron entrevistados por guardias de frontera argentinos. Los sometieron a revisaciones médicas. Tuvieron que explicar por escrito los motivos de su solicitud de refugio, por qué tenían que irse de Paraguay, por qué entraban en la Argentina.

Finalmente, acompañados de dos gendarmes, viajaron en colectivo hasta la Estación de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron un sábado de octubre.

Otro hermano de Héctor vivía en un asentamiento de la zona sur de la ciudad: hacia allí planeaban ir. Los gendarmes se ofrecieron a llevarlos. Pero era de noche y entrar en la villa con unos gendarmes no les pareció un buen plan.

Pasaron el fin de semana en Retiro, en un edificio de la Gendarmería. Fue una noche triste, aunque tranquilizadora. Al menos, se decían, estaban lejos de la policía paraguaya, nadie iba a entrar allí a detenerlos. Pero estaban en territorio desconocido y no sabían cómo seguirían sus vidas.

Los gendarmes les ofrecieron mate, comida y un lugar para dormir. Era el primer refugio.

El lunes llegaron al asentamiento para comenzar la nueva vida.

En forma temporal, aclara Dani, que no puede dejar de pensar en Paraguay

 ***

 El estatus de refugiado se concede a una persona que debe abandonar su país de residencia porque su vida o su libertad corren peligro debido a violencia generalizada, conflictos armados o violaciones masivas de Derechos Humanos. La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) es la encargada de otorgar el refugio y de ayudar a que se integren en su nuevo país. Entre los deberes del país hacia los refugiados, que constan en la Ley N° 26.165, está “el respeto a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana”. Se aclara que “tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento”.

Héctor, Fredy y Dani pidieron refugio, pero su solicitud todavía está en trámite. En teoría, ninguno de los tres puede ser expulsado, devuelto o extraditado mientras perdure el peligro a su vida, libertad o seguridad. También se les debe conceder un permiso de trabajo temporal para asegurar su sustento económico y un Documento Nacional de Identidad (DNI) para que ejerzan sus “derechos civiles, sociales y culturales”.

el puercoespín pudo corroborar que hay expedientes abiertos para resolver la situación de cada uno de los tres sobrevivientes de Curuguaty que han terminado en la Argentina. ¿Cuál será su futuro? Probablemente deban esperar a que algún día se aclare cuál de las dos versiones de lo ocurrido en Curuguaty es la verdadera.

En la versión oficial que se ha vertido en el proceso judicial instruido por el fiscal Rachid, los campesinos son los acusados y los policías son testigos o víctimas. Es la versión según la cual el instigador de los hechos es Rubén Villalba, uno de los líderes de la ocupación.

La imposición de este relato avanza lentamente. El juez Jorge Benítez, a cargo del caso, fue recusado tras un fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraguay que aceptó un pedido de la defensa. La causa pasó entonces a la jueza Rosa Yanine Ríos, que en febrero de 2013 dictó la primera condena del caso Curuguaty contra uno de los dos menores de edad que había entre los procesados.

A mediados de junio de 2013 hubo otra audiencia: los abogados de los campesinos reclamaron a la jueza que determine a quién pertenecen las tierras reclamadas, ya que el título de propiedad aún no ha aparecido. El proceso fue suspendido hasta que la justicia se expida al respecto, mientras recibe críticas de la opinión pública local y de varios organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, que reclaman “una investigación imparcial e independiente”. De las futuras resoluciones judiciales depende el destino de los 14 campesinos que siguen detenidos, cinco de ellos con prisión domiciliaria, y de los 50 prófugos, entre los que se encuentran Dani, Héctor y Fredy.

La otra versión de los hechos se sustenta en la investigación paralela realizada por la PEICC, a cargo de Laíno, que defiende a los campesinos y reclama la anulación de lo actuado por el fiscal Rachid. Esta pesquisa señala que en Curuguaty sólo se hallaron cinco escopetas de caza y un revólver, lo que –se argumenta– difícilmente hubiera causado tantas muertes. También sostiene que en la masacre se utilizó al menos un fusil automático, arma inaccesible para los campesinos. Por otra parte destaca la presencia de niños y mujeres el día del enfrentamiento: ¿planearían los campesinos una emboscada poniendo en riesgo a sus propias familias?

***

 Mientras dos Estados deciden cómo gestionar su destino, los tres jóvenes prófugos alquilan un cuarto cada uno en una villa donde vive una gran comunidad paraguaya. Trabajan como albañiles de lunes a sábado y de la mañana al anochecer. Como todavía esperan que les entreguen un DNI, sólo consiguen empleos informales.

Con el dinero que ganan se pagan sus gastos. Una vez a la semana telefonean a sus familias en Paraguay. Evitan hablar de Curuguaty; prefieren enterarse de nacimientos o bodas. Ni Dani ni Héctor tienen hijos ni esposa. Por suerte, dicen.

Los fines de semana, a veces, van a algún boliche de Constitución. Extrañan la familia, la tranquilidad del campo, el tallarín casero de sus madres, la posibilidad de recorrer las calles de su barrio sin miedo a ser detenidos por la policía. Y el calor. Esas altas temperaturas que, en medio del invierno porteño, recuerdan con nostalgia.

Dani todavía tiene pesadillas. Por las noches, giran en su cabeza imágenes de sus compañeros huyendo. Escucha los gritos de los niños y sus madres, los disparos. Se ve corriendo por el campo, mientras otros campesinos caen muertos en el camino. Se ve entrando en el bosque. La sirena del helicóptero lo aturde.

Luego despierta, lejos de su casa, en una villa de Buenos Aires.

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