Violencia institucional: un preso en San Juan fue brutalmente golpeado y no quisieron llevarlo al hospital

Federico Elías Fernández Santa Lucía tiene 29 años y estaba preso en la Unidad n°2 del Complejo Penitenciario de Chimbas, San Juan, cuando recibió una brutal golpiza que lo dejó en un estado crítico.

Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, el médico de la unidad penal informó que la víctima presentaba una alteración neurológica post traumática, por lo que debía ser trasladado de urgencia a un hospital extramuros.

A pesar de esta solicitud, Fernández permaneció en la Unidad Sanitaria de la prisión.

LA DENUNCIA

El hecho denunciado ocurrió el 25 de junio pasado. El padre de Federico se enteró de lo ocurrido a través de un llamado anónimo, e inmediatamente se comunicó con un abogado para presentar un habeas corpus correctivo en el Juzgado Federal N° 2. El juez federal Rago Gallo, que recibió la denuncia, ordenó “que el penitenciario provincial provea la atención médica necesaria para su estado de salud, y que, en caso de corresponder, sea internado”. Fuentes de la investigación aseguran que esa orden no se cumplió.

Según informó el Diario de Cuyo, el interventor del Servicio Penitenciario, Leonardo Barac, aseguró que los hechos no ocurrieron así, que los autores del ataque están individualizados, que el interno Fernández recibió atención en todo momento y que a pesar de recibir cortes menores en una ceja y un pómulo, no recibió un puntazo que perforó su cráneo sino un gran traumatismo porque el fue atendido, de acuerdo con lo que le informó el médico.

Pero los investigadores aseguran que Santa Lucía permaneció tres días más en el penal en un estado crítico, y el 29 de junio tuvo que ser trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan, para ser operado de urgencia.

SITUACIÓN CRÍTICA

Según consta en la causa, “durante la operación se le extrajo un coágulo en zona parietal izquierda y se le detectó un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación causada por la introducción de un elemento filoso, presumiblemente oxidado; lo que sumado a la falta de desinfección al momento de la sutura, como también por no habérsele suministrado antibióticos imprescindibles para el cuadro que presentaba, derivó en la pérdida de masa encefálica”.

Frente a este cuadro de gravedad, se recomendó su hospitalización, por lo que Fernández permaneció internado durante una semana. “Pero el 8 de julio, sin que exista orden del juzgado interviniente, miembros del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan lo retiraron del hospital y lo condujeron a la cárcel en el móvil de traslado de detenidos sin asistencia médica de ningún tipo, por sus propios medios, con la herida de la cabeza sangrante y en estado de aparente”, indicaron fuentes de la investigación.

Nuevamente, el abogado defensor de Fernández presentó un habeas corpus. El joven fue llevado por orden judicial a otro hospital, donde permanece internado.

Por la gravedad de la situación, se formuló una denuncia penal por la responsabilidad de funcionarios penitenciario y médicos.

La investigación se encuentra a cargo de Katia Troncoso Muñoz, Fiscal Federal Subrogante ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan, quien dada la gravedad de los hechos dio intervención a la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del Fiscal de la Procuración General de la Nación Subrogante, Abel Córdoba.

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El fallo de la CIDH reaviva el debate sobre la necesidad de cambiar la legislación penal juvenil

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua. El fallo es un paso fundamental que puede empujar al país a saldar una deuda de la democracia: el debate sobre un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
En su sentencia, la CIDH impone a la Agentina, entre otras cosas: Ajustar el marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil. Asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetua a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad, además de garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de éstas.

Tal como explica Emilio García Méndez, de la Fundación Sur, en la actualidad, Argentina es el único país en América Latina que ha sentenciado a personas menores de 18 años de edad a la pena de prisión y reclusión perpetua.

“Ahora, queda claramente expuesta la necesidad de sancionar un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a las normas internacionales en materia de infancia y derecho penal, más aún si se tiene en cuenta que en la actualidad el gobierno nacional cuenta con la mayoría legislativa necesaria para reformar el vigente decreto-ley 22.278 sancionado durante la última dictadura militar, que desconoce todos los derechos y garantías de las personas menores de edad, tal como manifestó la Comisión y la Corte Interamericana”, dice García Méndez.

Llegó la hora

“Con treinta años de democracia, y más de veinte de incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Constitución Nacional es momento que el Estado Argentino sancione una ley que se adecue a los estándares internacionales en materia de responsabilidad penal juvenil”. Así lo sostiene Laura Musa, la Asesora General Tutelar de la Ciudad.

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Álvaro Abós: “La necesidad imperiosa de encontrar un culpable es un instinto natural de las sociedades”

Les comparto una interesante columna escrita por Álvaro Abós en relación al impacto que generó en los medios y la sociedad en general el crimen de Ángeles Rawson.

Ángeles, o los peligros del crimen de época

El crimen atroz de Ángeles Rawson no sólo conmovió a la sociedad argentina y desató una catarata mediática (quinientas horas de televisión), sino que también mostró las dos amenazas que acompañan a los crímenes resonantes: la búsqueda de un chivo expiatorio y la politización del crimen.

El calvario de Ángeles Rawson se inscribe en una tradición de

simbología bíblica y legendaria. El niño es para la humanidad un tesoro sagrado y, sin embargo, como muestra de que el mal subsiste en la naturaleza humana, ha sido siempre víctima. En la Biblia, el niño es el Cordero de Dios, pero se lo destina al sacrificio. De niños trataban los “libelos de sangre”, leyendas apócrifas de la Edad Media en las que se describía a niños cristianos víctimas de crímenes impiadosos cuya culpa se atribuía a los judíos. De estas calumnias nacieron persecuciones seculares. La literatura, el teatro y el cine han recreado una y otra vez estas tragedias. El periodismo, sobre todo en su vertiente moderna -cuando en el siglo XIX el diario se convirtió en la “oración matutina del burgués” (Adorno)-, fue al mismo tiempo testimonio riguroso del crimen y desfiguración interesada de él, con la aparición del “amarillismo”. Una expresión cuyo significado todos entendemos. No así su origen: prensa amarilla se llamó a la prensa sensacionalista debido a Yellow kid (el chico amarillo), una historieta que, hacia 1895, publicaba un periódico de Nueva York que ensangrentaba sus primeras planas con el crimen del día.

La Argentina había conocido otras pesadillas como la de Ángeles Rawson. Evocaré sólo dos de ellas.

La desaparición de Martita Stutz, la niña de once años que la mañana del sábado 19 de noviembre de 1938 salió de su casa en la ciudad de Córdoba para ir al quiosco a comprar el Billiken y nunca volvió, quedó en la historia de la criminalidad argentina como un hito, además de pasar a la memoria popular y a la literatura (de Leonardo Castellani a Javier Daulte). El caso de la niña Stutz produjo una psicosis colectiva en la que proliferaron delaciones, testigos falsos, brujos, torturadores, operaciones mediáticas, ¡ya entonces! Abundaron las falsas acusaciones, las venganzas, la aparición de manipuladores y mendaces, y la de aprovechadores del caos, o policías, defensores, magistrados ávidos de notoriedad. Un hombre llamado Suárez Zabala fue acusado por el secuestro y asesinato de Martita Stutz, juzgado varias veces y encontrado culpable, a pesar de ser defendido por el gran jurista Deodoro Roca. Tras años de cárcel, su causa fue revisada y Suárez Zabala resultó al final inocente. El crimen tuvo una fuerte connotación política, ya que quien gobernaba Córdoba era el radical Amadeo Sabattini, combatido ferozmente entonces por el gobierno conservador de Buenos Aires, y el presunto culpable era sindicado como “sabattinista”.

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Dos años sin María Cash

María Cash se comunicó por última vez con su familia el 8 de julio de 2011. Desde entonces, nadie supo más sobre su paradero. Su familia ha dedicado los últimos dos años a buscarla, pero hasta ahora no hay más que hipótesis que no llevan a ninguna parte. 

La joven tenía 29 años cuando partió rumbo a Jujuy, el 4 de julio de 2011. Iba a vender ropa que ella misma había diseñado. No llegó hasta San Salvador, como había planeado. Se bajó unos 200 km antes, en Rosario de la Frontera. Luego llamó a su amigo Juan Pablo Dumon, quien le daría alojamiento en la capital jujeña, para explicarle que se había bajado del colectivo porque no se sintió cómoda.

Todos sus movimientos, los últimos de los que se tuvo noticia, fueron extraños y erráticos.

Con un boleto que le compró por Internet su amigo, viajó hasta Jujuy, a donde llegó en la madrugada del miércoles 6. Pidió cargar su celular en un taller mecánico. El dueño le prestó su celular. Habló con la hermana de Dumon, que le ofreció que se tomara un remise para ir hasta la casa. Pero María no fue allí, sino que se la vio en la entrada de Pampa Blanca haciendo dedo.  Desde allí, María llamó a su familia y les dijo que no estaba bien, que se había quedado sin plata.

Pasadas las 23 horas, fue captada por las cámaras de un peaje de Aunor a 6 km de Salta. Sólo llevaba su mochila. Luego se supo que se presentó en un hospital y pidió que la atendieran, pero se fue antes de que el médico de turno la hiciera pasar.

El viernes 8 se comunicó por última vez con su familia, a través de un e mail. Sin esperar respuesta, se fue y comenzó a hacer dedo. Lo último que se sabe es que la levantó un transportista de alimentos. Ella le pidió que la dejara frente al monumento de la Difunta Correa, sobre la ruta 34. Ahí es cuando se le pierde el rastro.

Federico Cash, padre de la joven, se convirtió en una especie de investigador privado. Dedica sus días a recibir llamadas y mensajes de gente que dice haber visto a María, procesa la información y la envía a la Gendarmería.

¿Hipótesis? Hay muchas, y no se descarta ninguna. Que María fue víctima de una red de trata, que su salud mental no estaba bien y se encuentra en algún rincón del país sin recordar quién es ni de dónde viene, que fue víctima de alguna persona que aprovechó su estado, que se la llevaron de la Argentina…

Lo cierto es que ya pasaron dos años y no se supo nada más de ella.

En febrero de 2012, se ofreció una recompensa de 200 mil pesos para quien pudiera dar información que ayudara a encontrarla. En abril de este año, el monto fue duplicado.

Su familia no pierde la esperanza, pero hasta el momento no se ha logrado dar con ninguna pista firme de lo que pudo haberle sucedido a la joven para, tras un comportamiento errático de varios días, desaparecer sin dejar rastro.

El año pasado estuve con su familia y me contaron algunas cosas de la investigación, que escribí en esta nota:

María Cash: el complejo laberinto de una búsqueda desesperada

 Para aportar información que pueda ayudar a dar con el paradero de María Cash, hay que comunicarse al teléfono del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al (011) 5300-4020.

Su familia solicita que si ven a una persona que podría ser María, envíen una foto a buscamosamariacash@hotmail.com

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“Ver una persona matar a otra no es ver a dos perros peleando”, dice “La Hiena” Quiroga

¿Se acuerdan del cuádruple crimen de La Plata? Javier Quiroga, conocido como la Hiena, el albañil acusado de ser el coautor de la masacre cometida en la noche del 26 de noviembre de 2011, habló con el periodista Javier Sinay.

Aquí, parte de la entrevista:

En el penal de Magdalena, a cincuenta kilómetros del centro de la capital bonaerense, Javier Quiroga –el albañil mejor conocido como “la Hiena”, aunque él mismo rechaza ese apodo– pasa sus días a la espera de la resolución que confirme o no si será uno de los protagonistas del juicio del cuádruple crimen de La Plata. Quiroga está acusado ahora como coautor de la masacre cometida en la noche del 26 de noviembre de 2011, en la que perdieron la vida Susana de Bártole; su hija, Bárbara Santos; la hija de ésta, Micaela Galle; y una amiga, Marisol Pereyra.

Él, que había hecho varias refacciones en la casa de la señora De Bártole, fue capturado en la noche del 2 de mayo de 2012 –cuando se descubrió que era suyo el ADN hallado en las manchas de sangre y en los restos de piel desperdigados en la escena del crimen–, y eligió mantener un prolongado silencio. Hasta ahora. Seguir leyendo

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Una condena por exceso en la legítima defensa

El pasado 12 de junio, la Cámara Criminal de Viedma condenó a dos años y 9 meses de prisión en suspenso a un sereno que disparó con una carabina y mató a una persona que estaba parada junto a la puerta de ingreso de su lugar de trabajo.

La Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, integrada por los jueces subrogantes Pablo Estrabou, Carlos Reussi y Ernesto Rodríguez condenó al imputado Carlos Blas Pasten como autor del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa agravada por el uso de un arma de fuego (artículos 79, 35, 41 bis y 26 del Código Penal, a la pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso (art. 26 del Código Penal), más la inhabilitación especial por el término de seis años para ser legítimo usuario de un arma de fuego.

El Tribunal le impuso además,  por el término de 3 años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato (art. 27 bis inc. 1° del Código Penal).
Según informó el Centro de Información Judicial, los jueces consideraron que “para que opere la legítima defensa como causa de justificación deben darse los tres requisitos que [estipula la ley] y sin duda a esta altura del juicio, tanto la agresión ilegítima como la falta de provocación por parte de quien se defiende se encuentran presentes en el caso con toda evidencia”.

Hace un tiempo escribí un artículo sobre los peligros y consecuencias del exceso de violencia en pos de una legítima defensa. Allí explicaba lo siguiente:

La legítima defensa está contemplada en el artículo 34 del Código Penal, inciso 6, que exime de pena al que actúe en defensa propia o de sus derechos siempre que se den las siguientes circunstancias:

a) agresión ilegítima;

b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla

c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

El CP es más beneficioso para la persona que se defiende estando dentro de su hogar “Es un derecho más amplio. Puede ser que la persona se defienda rechazando a alguien que está ingresando durante la noche. O cuando hay un extraño dentro del hogar”, explica el abogado penalista Maximiliano Rusconi. “El invasor tiene que manifestar violencia o amenaza. Pero eso no autoriza el exceso”, aclara.

El artículo 35 del Código, dice que “el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia”.

En su tesis doctoral “Legítima Defensa” ( Ediciones Didot ), el doctor en derecho penal Jacson Zilio, destaca que son necesarias limitaciones éticas y sociales, “para marcar con precisión esos límites entre la autoridad estatal y el derecho del individuo a protegerse a sí mismo”.

“Si la doctrina penal no avanza en definir los contornos exactos y precisos de la eximente, de un modo que preserve el monopolio estatal de la violencia, el nivel de inseguridad puede conducir a la sociedad al estado de naturaleza y terror”, sostiene el experto.

La legítima defensa entiende que una persona tiene derecho a defenderse en un contexto en el cual el Estado no pueda hacerse presente. Para muchos juristas, esto es un presupuesto lógico, pero no un fundamento.

“Debe ser comprendida como un instrumento de política criminal, destinado a actuar siempre y cuando posea capacidad de prevenir daños a las personas sin ocasionar efectos aún peores de los que sea capaz de impedir”, destaca Zilio.

Para que este sea aplicable, el peligro o amenaza debe ser actual. Es decir, una vez que el peligro cesó (por ejemplo, el delincuente ya huyó de la casa), la acción violenta por parte de la persona agredida ya no puede ser considerada como legítima defensa.

Ha habido varios casos en los que una persona es asaltada y, luego de que el delincuente huye,lo persigue y lo hiere o termina matándolo .

En estos casos, Zilio sostiene que “si el auxilio de la autoridad es posible, aunque posteriormente, pero así mismo el sujeto actúa violentamente con la finalidad de recuperar el bien entonces la reacción no es legitimada por el fundamento de la defensa”. Es que “la evitación planificada del delito y la recuperación planificada de los bienes sustraídos es misión de la policía”, explica el penalista.

ás allá de las circunstancias que llevan a una persona a ejercer su derecho a la legítima defensa,”el requisito de la necesidad exige una especial consideración hacia el agresor en su calidad de persona humana, y también por razones de solidaridad social”, sostiene en su tesis Zilio. “Por ello, si por un lado la defensa debe ser el medio disponible y adecuado para la protección del bien jurídico, por otro lado también debe materializarse con la menor pérdida para el agresor”.

Esto significa que, dentro de lo que permitan las circunstancias, la persona que se defiende tiene que buscar en principio, resistir la agresión, si no es posible, defenderse neutralizando al agresor, pero procurando usar el medio menos lesivo y cesar la defensa cuando el agresor ya haya sido neutralizado.

Establecer estos límites y requisitos es fundamental en una sociedad democrática. En ese sentido, Zilio concluye que “conceder al defensor un poder absoluto de utilización de un medio muy peligroso sería lo mismo que aceptar la legítima defensa como un derecho de naturaleza ilimitada”.

Para leer el artículo completo, hacé click acá.

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Carta de Carlos Carrascosa al cumplirse los 4 años de su condena

Carta de Carlos Carrascosa

Hoy se cumplen cuatro años de esa sentencia del Tribunal de Casación que me condenó por el homicidio de mi mujer. Increíble, ya cuatro años de injusticia, cuatro años sin que ningún tribunal revise la causa y le ponga un manto de realidad a lo que realmente sucedió.
A raíz del caso actual de la muerte de Ángeles, escucho con estupor teorías morbosas de gente que no tiene idea de nada, sólo habla y dice cosas para lograr rating, sin preocuparse ni pensar en lo que esa familia está viviendo, sin pensar en las secuelas y el mal que se suma al dolor de esa familia, lo comentan como si fuera una novela policial. Ellos se olvidan que atrás de toda esa pantalla hay gente como usted, como cualquier ser humano que no está exento de que le pase algo igual.
Eso mismo vivimos nosotros. Nuestra familia desde hace diez años, casi once. Más bronca siento cuando escucho a personas que dicen que sin la prueba de ADN o sin el móvil el  hecho no se consolida.
Yo estoy acá, con tres ADN en la escena del crimen que no es ni mío, ni de nadie de nuestro círculo familiar. Estoy acá sin móvil. Ese invento del integrante del Cartel de Juárez que dijo Molina Pico, diciendo y calumniando a María Marta, afirmando que era una arrepentida y que por eso la maté, nunca lo pudo probar sencillamente por que nunca existió eso. Además, él dice que esa tarde yo fui al Club House del Carmel pero yo sostuve la verdad, estaba en lo de mi cuñado Bártoli. Es por ese indicio falso que me considera culpable. Por eso, cuando escucho a esos “eruditos” charlatanes confabular teorías al voleo, despiertan en mí una bronca difícil de explicar.   
El mismo médico forense que hizo la autopsia fijó la hora de la muerte de María cuarenta minutos antes de la teoría del fiscal. Sin embargo, me condenaron por lo que él dice, y no les importó absolutamente nada la prueba científica de la autopsia realizada por un medico forense designado por el poder judicial y de amplia experiencia, como lo es el Doctor Moreira.
Yo llegué a mi casa treinta minutos después de la hora de la muerte. Ello también se encuentra probado por elementos científicos como por ejemplo una llamada telefónica a esa hora, oída por un guardia que estaba en la puerta de la casa y repetida por un radio handy, también oído por todos losvigiladores del club.
Así todo, como ven, sin ninguna prueba, hace cuatro años estoy acá preso. Yo también me pregunto como debe estar la conciencia de los integrantes de ese tribunal, que después de cinco meses  de juicio y ciento setenta testigos me absolvió de homicidio y hoy me tiene aquí preso y no escapaz de otorgarme ni siquiera un arresto domiciliario. ¿Qué sentirán cuando me ven deteriorado en la cárcel, rodeado de gente que no pudo adaptarse a vivir en sociedad?
Les aseguro que no es fácil soportar todo esto, sabiendo además que el que mató a María se encuentra en la calle suelto, riéndose de todos nosotros y esperando tranquilo el paso del tiempo para que pronto prescriba la causa.
¿Qué está haciendo la justicia para saber a quién corresponden esos ADN de la escena del crimen? ¿Está investigando? Yo les aseguro que no, no están haciendo nada y eso me pone peor.
María en el cielo se debe estar revolcando del dolor de verme acá, pero si Dios quiere, pronto estaré con ella.
Carlos Carrascosa
 *Vea la publicación original en el blog Caso Belsunce.
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Excarcelaciones: reforma y polémica

El gobernador Daniel Scioli promulgó la polémica ley que limita las excarcelaciones a las personas que sean encontradas con armas de fuego en su poder y se resistan a operativos de control por parte de cualquier autoridad pública.

Una ley en el mismo sentido, había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia provincial ante un planteo de inconstitucionalidad.

Qué dice la ley:

La ley reforma del artículo 171 de la Ley 11.922 y establece que “en ningún caso se concederá la excarcelación, cuando hubiera indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación”. Sostiene que  “la eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148. El juez podrá considerar que concurren esos extremos cuando, en los supuestos de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.

La normativa plantea una polémica fundamental: el sistema carcelario ya está de por sí sobrecargado. Lejos del respeto por las garantías constitucionales, más de la mitad de los presos están detenidos preventivamente, sin condena, es decir, para la Constitución, siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

En una nota publicada en Infojus Noticias, Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), afirmó: “que la ley se haya corregido parcialmente es un reconocimiento de que los organismos de derechos humanos teníamos razón”.

De todos modos, Mosquera consideró que, si bien hubo algunas modificaciones, la medida sigue atacando garantías constitucionales: “Si bien se sacó la parte más inconstitucional que imponía la prisión preventiva, repite errores manifiestos porque crea una causal de prisión preventiva ligado a un causal penal, a un delito. Las causas para denegar la excarcelación deben estar ligadas al intento de eludir la justicia o entorpecer un juicio. Hay un criterio de inconstitucionalidad morigerado, pero sigue siendo inconstitucional”, sostuvo, según publica Infojus Noticias.

Esta nueva ley “no es una política de control de armas, es una política de endurecimiento de la encarcelación”, concluyó Mosquera.

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Los momentos clave del caso Ángeles Rawson

En apenas una semana, la investigación del crimen de Ángeles Rawson dio varios giros inesperados. Muerte, misterio y confesión: mirá en esta cronología* cuáles fueron los momentos clave desde la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la adolescente hasta la declaración del portero.

*Pasá el cursor sobre la cronología y hacé click sobre la flecha para ver cada una de las fechas 

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Cuando los medios condenan

El caso de Ángeles Rawson trae a colación la necesidad de reflexionar sobre ciertas prácticas periodísticas. No hace falta mencionar a ningún medio ni periodista en particular. Cada uno de los que ejerce esta profesión es consciente de la repercusión que puede tener todo lo que diga, publique, difunda.

En el caso del crimen de Ángeles sucedió que, en principio, la fiscalía, a mi entender, muy correctamente, decidió no difundir información sobre la investigación hasta no tener pruebas concretas sobre las cuales trabajar.

Era lógico que nosotros, como periodistas, quisiéramos tener acceso a la información. Es nuestro trabajo. Pero en estos días se han visto cantidades de informaciones falsas, erróneas, exageradas. Incluso no faltaron los periodistas que, ávidos de encontrar culpables, acusaron al padrastro, al hermanastro y a no sé cuántos familiares más.

Independientemente de cómo continúe esta investigación, resulta irresponsable y patético, además de peligroso, que los periodistas señalemos culpables que no ha señalado la Justicia, que es la única que puede condenar o absolver.

Este caso trae a la memoria otro hecho en el que sucedió algo parecido. Se trata del crimen de Solange Grabenheimer. En aquel caso, la fiscalía señaló desde un primer momento a Lucila Frend como la culpable del homicidio. Los medios  no tardaron en otorgarle una personalidad psicópata y tantos otros horrores que fueron desmentidos por las pericias. Muchos periodistas manifestaron sus “sospechas” de que ella era la responsable porque no la vieron llorar, o porque ante las cámaras se mostraba fría. La Justicia no puede condenar  a nadie por su falta de lágrimas o por su “actitud”. ¿Por qué algunos periodistas creen que pueden usar esos argumentos para condenar a alguien? Lucila fue absuelta por la Justicia. Es decir, para nuestra Constitución es inocente.

Sin embargo, su vida quedó arruinada por completo. No podía caminar por la calle sin que le gritaran asesina o cualquier otro insulto.

Se tuvo que ir del país.

También en la investigación sobre el crimen de Nora Dalmasso se difundieron informaciones erróneas, mal intencionadas y exageradas sobre la familia. Uno de los más perjudicados fue Facundo Macarrón. Los medios lo convirtieron en una especie de monstruo, lo acusaron de un crimen horroroso, hicieron un escándalo de su orientación sexual. El crimen de su madre nunca se resolvió y las sospechas sobre él fueron desestimadas. Pero el daño ya había sido causado.

El caso Pomar también es un ejemplo: antes de que la familia entera fuera encontrada muerta, víctima de un accidente de tránsito, se llegaron a decir barbaridades sobre ellos a través de los medios. Se aseguraba que el padre era alcohólico, abusador, golpeador.

Todas estas cosas que se difunden a la ligera, en parte por esa avidez de salir primeros o tener más data, en parte por la irresponsabilidad de algunos investigadores que filtran datos que son hipótesis sin sustento, no sólo generan confusión y desinforman, lo que va en contra de lo que creo son los objetivos de nuestra profesión, sino que también causan un daño irreparable a las familias de las víctimas, y a las personas que son acusadas de antemano, sin pruebas. Y también pueden llegar a entorpecer una investigación.

No digo que no haya que informar. Por supuesto que los periodistas cumplimos un rol fundamental en la cobertura de estos casos. Pero nuestro interés por informar no debe ser superado por el afán de llegar antes y primero como sea, sobre todo en un caso que está en plena etapa de investigación. La responsabilidad y la ética son las que tienen que llegar primero.

La condena –y también la absolución- debemos dejarla en manos de la Justicia.

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