La Justicia suspendió la medida que permitía alojar detenidos en comisarías bonaerenses

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)

Fotografía tomada durante un monitoreo desarrollado por magistrados del Comité departamental de Mercedes ( vía Cels)

“El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías. Dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con la presentación de los organismos de derechos humanos, entendió que prima facie la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
El magistrado señaló, además, que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”. La resolución del ministro Alejandro Granados implica para el juez un retroceso respecto del cierre progresivo de los calabozos de comisarías que había implementado el Ministerio de Justicia y Seguridad en resoluciones anteriores.

La norma  que el ministro Granados firmó en mayo de este año contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires.

En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. El 60% de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”

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Freno judicial a la decisión de alojar detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de mujeres

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

17 de Septiembre, 2014.

“En mayo de este año, un día después de la decisión del SPF de trasladar a una parte de la población femenina de la Unidad 31 de Ezeiza a fin de afectar el espacio que ocupaban al alojamiento de detenidos adultos mayores comprometidos en procesos por violaciones a los derechos humanos, la Procuración Penitenciaria interpuso una acción de Habeas Corpus.

La PPN sostuvo que el SPF a fin de resolver su problema de superpoblación, vulnera los derechos de los detenidos. En este caso, mujeres alojadas en una cárcel que, a su vez y como agravante, también aloja junto con ellas a sus niños.

El juzgado de primera instancia rechazó la acción, y tanto la Cámara de La Plata como la Sala I de la Cámara de Casación, confirmaron este rechazo. Todas esas instancias judiciales entendieron que la medida del SPF no vulneraba los derechos de las presas.

A pesar de los fundamentos que esgrimió esta PPN, resaltando que el alojamiento intempestivo y forzado de varones detenidos por crímenes de lesa humanidad, en una cárcel de mujeres con niños resultaba notoriamente vulneratorio de los derechos de las presas, las instancias judiciales señaladas entendieron que no había vulneración que habilitara la acción de habeas corpus.

En paralelo, un detenido en la cárcel de Devoto que forma parte del Centro Universitario, interpuso otra acción de habeas corpus, en salvaguarda de los derechos de las mujeres detenidas contra esta decisión del SPF.

En esta oportunidad la Sala III de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la acción de habeas corpus, dejando sin efecto el decisorio del SPF y otorgando 20 días para que proceda a desalojar a los detenidos hombres alojados en la Unidad 31, debiendo regresar a las mujeres que allí se alojaban y habían sido desplazadas.

El valor de este decisorio es claro: el SPF no pueden resolver sus problemas de superpoblación con decisiones intempestivas y sin planificación alguna. Antes que la necesidad del SPF de generarse plazas carcelarias, están los derechos de las personas presas.

La PPN monitoreará el cumplimiento del decisorio judicial para verificar que se salvaguarden los derechos de las mujeres presas durante su reintegro a la Unidad N°31.”

 

 

 

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Presentan Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica

Hoy a las 21.30 en El Quetzal, Guatemala 4516, en Palermo, presentan el libro Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica (Ed. Letras del Sur). A 10 años del caso conocido como la Masacre de Patagones, en donde un joven de 15 años mató a tres compañeros de la escuela e hirió a otros cinco, Pablo Morosi y Miguel Braillard cuentan en su libro detalles de este hecho que conmocionó a todo el país.

Los autores trabajaron con los expedientes judiciales y entrevistas a víctimas, familiares, testigos, docentes, profesionales y funcionarios.

“Este trabajo no sólo tiene la intención de repasar las circunstancias que llevaron al protagonista a cometer el múltiple crimen, sino que también se propone como material de estudio para diversas disciplinas interesadas en este tipo de sucesos como: Pedagogía, Psicología, Derecho, Comunicación y Trabajo social, entre otras. El acontecimiento relatado atravesó todas las clases sociales e involucró a gran parte de la comunidad teniendo como eje un flagelo que a todos nos preocupa y ocupa: la violencia social que padecemos”

Más información sobre el evento: hacé click acá.

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Presentación de “Angeles” en Librería Gandhi

Mañana sábado 13, a las 12.30, los autores de “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” se presentarán en la Feria de Editoriales Independientes, organizada por la Librería Gandhi, en Malabia 1784.

En ese marco se realizará una charla-debate sobre el tema “Angeles y otros femicidios”.

Surgido a partir del crimen de la adolescente Angeles Rawson, ocurrido el 10 de junio de 2013, el libro “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” aborda una serie de femicidios resonantes de los últimos años.

Las investigaciones estuvieron a cargo de Javier Sinay (caso Solange Grabenheimer), Sol Amaya (caso Paulina Lebbos), María Helena Ripetta (caso Lucila Yaconis), Cecilia Di Lodovico (caso Candela Sol Rodríguez), Claudio Marazzita (caso María Soledad Morales) y Federico Fahsbender (casos Angeles Rawson,  Marianela Rago y Natalia Melmann).

 

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Un músico argentino, detenido en el aeropuerto de Londres por llevar una guitarra

Pablo Dacal, músico argentino, estuvo 15 horas detenido en el aeropuerto de Londres. Sospecharon de él porque llevaba una guitarra. En su blog contó cómo fue esa experiencia:

Aterricé en el aeropuerto de Heathrow a las 18:30. Caminé por los pasillos con mi equipaje de mano, repasando en mi mente todas las imágenes que Londres había generado en mí durante muchos años. Las nuevas canciones marcaban mi pasos. Completé la tarjeta de inmigración con los datos necesarios, me sumé a la fila, esperé mi turno y me acerqué a la casilla. El oficial de inmigración me preguntó porqué viajé a Londres. -Vengo a visitar a mi amigo Juan -. ¿Porqué viaja con su guitarra, si piensa hacer turismo? – Porque soy músico, quizás toquemos o grabemos algo, es mi oficio -. ¿Entonces piensa trabajar en Londres? – No, solo grabar y conocer la ciudad, no pienso dar conciertos aquí -. El oficial llamó a otra oficial con la que pude hablar en castellano, pero cada respuesta resultó mas sospechosa para ellos. Las preguntas subieron el tono, consideraron que estaba mintiendo. Tomaron mi pasaporte, mi cuaderno de canciones y notas, me pidieron que los acompañe. El oficial, junto a otra oficial, abrieron todo mi equipaje con guantes de goma. Abrieron cada paquete, cada regalo, revolvieron la ropa, contaron mi dinero, miraron los discos, cada folleto y carpeta, se llevaron varias cosas para analizar: mi plan de gira por Alemania y un poster con Susie Asado, mi diario del trovador y mi cuaderno de canciones. Me condujeron a la oficina de inmigración, me tomaron las huellas digitales, fotografías con cuatro máquinas diferentes, y me dejaron esperando junto a otros detenidos. Retuvieron mi equipaje, me ofrecieron comida, me preguntaron si tenía alguna enfermedad y me informaron lo que ya era obvio: estaba detenido en el aeropuerto de Londres.

Una hora después regresó la segunda oficial de inmigración, la que hablaba en castellano, que estuvo a cargo de mi caso desde ese momento. Comenzó el tercer interrogatorio, primero por escrito, con las mismas preguntas de rigor y unas cuantas mas. ¿Porque quiere entrar al Reino Unido? – Porque quiero conocer la tierra de los Beatles y Oscar Wilde -. Cada respuesta fue perdiendo su gracia frente a la inquietante violencia en las preguntas de nuestra oficial. ¿Ud hace canciones? ¿Cuántas piensa grabar aquí? ¿Ya tiene algo grabado o piensa realizar todo el trabajo en el Reino Unido? ¿De qué vive en su país? ¿Porqué quiere grabar con Juan? ¿Juan tiene estudio en su casa? ¿Las canciones ya están compuestas? ¿No son solo canciones? Sin embargo en su cuaderno vemos letras de canciones. ¿Usted entiende? Firme aquí por favor.

Luego del interrogatorio me permitieron abrir mi ordenador, entrar a facebook y buscar el teléfono que Juan me había enviado, pero no pude encontrarlo. Leí los mensajes de Juan, algo preocupado por mi retraso, pero no me dejaron responder hasta unas horas mas tarde. Entonces, la curiosa oficial de inmigración quiso leer toda mis conversación con Juan, desde marzo hasta la fecha, frase por frase en el chat. Le dije que eso era ilegal, pero no pareció preocuparse. Al leer que Juan me proponía grabar en su demorado segundo disco, se ofuscó: -Ud dijo que solo grabaría a Juan en sus canciones, pero aquí Juan lo invita a grabar en su disco ¿Porqué las mentiras?

Esperé en la oficina por unas hora mas. El oficial de guardia me permitió tomar mi cuaderno y el libro sobre Patafísica de mi mochila, pero no un lápiz ni lapicera: son armas de un posible ataque. Solo entonces noté que las sillas estaban encadenadas al piso, las mesas fijas, y no había elementos peligrosos en la sala. Allí estaba con una americana desorientada y un árabe cansado de esperar, quien sabe por cuantas horas. 

Regresó mi oficial a cargo, se sentó y me informó que, junto a sus superiores, habían decidido negarme la entrada al Reino Unido. En su carpeta llevaba impresas varias páginas de Facebook y otros sitios web sobre mi y sobre Juan, mis datos personales y varias cosas mas. Me dijo que habían elaborado un informe que quedaría por 10 años en sus archivos. Me acusaron de declararme un simple turista, cuando en realidad iba a grabar con Juan en forma profesional, tanto en su álbum como en el mío. Tenía pasaje de regreso a Alemania para las 9:30 de la mañana, llevaba ya seis horas allí y era la medianoche.

Las habitaciones o celdas estaban ocupadas, por lo que podría dormir en la sala en que me encontraba, sobre las sillas, o en un diván aún vacío. Las luces altas prendidas, el árabe dormido, la americana mirando divertida algunos programas en la tv -hasta que le informaron que su entrada también era denegada, y comenzó a llorar. Guardias blancos, negros, árabes: toda raza y creencia al cuidado del Reino Unido. Un mas simpáticos -¿Gusta fútbol? ¿Boca?-, otros distantes. Todos aburridos, encerrados en una sala en la que solo el reloj indica el cambio de la noche al día, tomando café de máquina, actuando al servicio de los presos de frontera, ejerciendo la correcta amabilidad que a nadie permita decir que nos han faltado el respeto. Si necesitábamos comida, solo teníamos que acercarnos a la ventana y dar tres golpes: ellos se acercaban gustosos y serviciales. Estaba preso en el aeropuerto de Londres.

¿Cómo es posible que aún hoy una guitarra resulte peligrosa a los carceleros del mundo? ¿Temen que una canción nos vuelva millonarios y carguemos con todo su dinero? ¿Que nuestro canto atente contra sus buenas costumbres y se desmorone el reino que han unido con tanto esfuerzo? ¿Somos los trovadores esos peligrosos intérpretes de la manzana podrida que crece dentro de las sociedades? Si es así, tenemos un poder que desconocemos y ya es hora de utilizarlo.

Por la mañana me acompañó un oficial por todo el aeropuerto, pasamos los trámites con rapidez, esperamos juntos y entré al avión en primer lugar, antes que los clientes ejecutivos. Nadie dijo nada sobre mi guitarra en los maleteros, las azafatas me saludaron con su sonrisa habitual, aunque algo desconfiadas por mi aspecto criminal. El oficial me devolvió el pasaporte arriba del avión, y se despidió.

Fui detenido en el aeropuerto del Reino Unido, pero ya estoy de regreso en la amigable Berlin. Estuve incomunicado sin disponer de mi equipaje ni poder salir de una habitación por 15hs, pero soy libre. Ellos aún no pueden abandonar su puesto, allí estarán ahora investigando la web y preguntando: ¿Porqué quiere entrar al Reino Unido? ¿Tiene familia? ¿Fútbol?

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El derecho a voto de los condenados, un debate vigente

FOTO: www.adc.org.ar

Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia consideró que es inconstitucional que se excluya del padrón de electores de la Ciudad de Buenos Aires a personas condenadas y sancionadas por diversos delitos y faltas.

La resolución fue en respuesta a una presentación realizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG que busca “contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores democráticos”.

¿Cómo es la normativa hoy? ¿Por qué se reclama que los condenados puedan votar? Un interesante artículo de ADC responde estas y otras preguntas sobre este tema. Los invito a leer algunos fragmentos del informe de la ONG.

“(…)En Argentina, el artículo 37 de la Constitución Nacional (CN) consagra el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, y garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo a las leyes que se dicten en consecuencia.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21) refuerzan el reconocimiento constitucional del derecho al voto y mencionan expresamente los supuestos en los que el Estado podría reglamentar su
ejercicio, incluyendo entre ellos la condena impuesta por un juez competente en el marco de un proceso penal. “Reglamentar” no significa “restringir”, ni se desprende de la lectura de los textos que se obligue a ello. Al contrario, una reglamentación razonable puede garantizar el derecho en cuestión al contribuir a tornarlo operativo.
A pesar de estas garantías y protecciones, las personas condenadas a pena privativa de la libertad, de modo general, tienen prohibido votar. El Código Electoral Nacional establece (art. 3, inc. e, f y g) que están excluidos del padrón electoral:
• los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena;
• los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis;
• los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.
¿Es legítimo denegar la capacidad electoral a las personas que recibieron una condena?

La “función resocializadora” que sostiene a la lógica penitenciaria
difícilmente pueda alcanzarse amputando los lazos que unen a los sujetos privados de su libertad con el resto de la sociedad.(..)

El impacto de la prohibición de voto recae principalmente sobre una porción de la población que ha sido seleccionada por el sistema penal. (…) Sin eufemismos: el sistema penal persigue mayormente a personas pobres, lo que puede ser corroborado por los niveles educativos alcanzados por la población penitenciaria y por los datos referidos a su ocupación laboral al
momento de ingresar a prisión.(…)

¿Cuál es la razón de la prohibición del voto?

(..)El impedimento electoral posiblemente subsiste más por la atmósfera de exclusión de derechos y marginalidad que todavía rodea al mundo penitenciario (…)

¿Cuáles son los principales argumentos para sostener el derecho a
voto de las personas condenadas?

(…)La prohibición de votar dirigida a las personas condenadas atenta contra su dignidad al negarles la posibilidad de participar en el debate político por no considerarlas sujetos capaces de emitir una opinión válida. A la vez, constituye un agravamiento de sus condiciones de detención (…)”

 Haciendo click aquí pueden leer el artículo completo: El voto de las personas condenadas: un derecho pendiente

 

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Informe del Cels sobre prácticas policiales violentas

Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos*

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país. Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el que coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos.

Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Aquí, el informe completo

*Informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Agosto 2014.

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A seis años del Triple Crimen de General Rodríguez

Por Juan I. Bidone*

El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron privados de su libertad en la localidad de Quilmes alrededor de las 13:00hs. Los sujetaron con precintos en sus pies y manos, los trasladaron a la ciudad de General Rodríguez, donde entre las 15:25hs. y las 16:05hs., arrodillados y por la espalda, fueron ejecutados secuencialmente. La camioneta de uno de ellos – Ferrón- fue trasladada hasta la zona de Nazca y Gaona (Ciudad de Buenos Aires) y allí la incendiaron con una de las armas homicidas en su interior, que casualmente pertenecía a uno de los fallecidos (Forza). Los cuerpos sin vida fueron conservados a baja temperatura (en un galpón, sótano o cámara de frío no congelante) hasta el día de su hallazgo,  13 de agosto, en un camino rural de Rodríguez, a 800mts. de la ruta Nac. Nro. 6.

Tales circunstancias se dieron por probadas en el juicio oral del caso conocido como “triple crimen de General Rodríguez”[1], en cuyo marco el 20 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 condenó a prisión perpetua los hermanos Lanatta (Martín y Christian)  y Schillaci (Marcelo y Víctor) [2], sentencia que fuera confirmada por el Tribunal de Casación Penal Bonaerense a poco de cumplirse un año de aquel fallo (28/11/2013)[3].

La investigación continúa en procura de atribuir responsabilidad penal a otras personas involucradas en los crímenes, entre los que se encuentra el prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, sobre quien la Provincia de Bs. As. ha fijado una recompensa [4]

El mundo de actividades y relaciones tanto de víctimas como de victimarios (medicamentos adulterados o robados, cuevas de cheques y financieras[5], narcotráfico, lavado de dinero[6]) echó luz sobre un sinnúmero de cuestiones que, más allá de vincularse a los homicidios, fueron motivo de investigación en distintos Juzgados, generando además modificaciones sustanciales en lo relativo al control y fiscalización del Estado sobre la efedrina[7].

Y es que un análisis pormenorizado sobre esa multiplicidad de vínculos (societarios, de relación personal a través de entrevistas, reuniones, viajes, comunicaciones telefónicas, intercambio de mails) permite delinear un cuadro se situación de la Argentina en los años 2007/2008, al menos en lo que respecta a aquellos tópicos. Permitió evidenciar en qué consistían las maniobras relacionadas con el mercado de los medicamentos [8], permitió evidenciar también cómo funcionaban las operatorias financieras en relación a la actividad farmacéutica, y qué actores de ese gran conglomerado osaron -ganancias millonarias mediante- introducirse en la adquisición de efedrina a través de su desvío o contrabando, con la exclusiva finalidad de ofrecerla y transportarla hacia la demanda del narcotráfico mexicano, o incluso de colaborar en una “segunda etapa”, que consistía en la implantación de laboratorios de producción de la droga final -la metanfetamina- en nuestro propio territorio, siempre con México como destino[9].

Sin temor a equívocos puede afirmarse que se trató de un caso de crimen organizado trasnacional operando en nuestro país. Además del aprovechamiento de las grietas legales … “Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas que estaban operando en Buenos Aires, Argentina, durante ese tiempo, intentaron manufacturar la droga conocida como cristal en la misma región. Estaban involucrados activamente en el reclutamiento y utilización de ciudadanos argentinos, paraguayos y uruguayos para promover o promocionar sus empresas ilegales relacionadas con la compra de grandes cantidades de efedrina y la producción clandestina de metanfetaminas”[10].

 *Profesor de la Universidad de Morón- Licenciatura en Seguridad.



[10]   Informe de la “Drug Enforcement Administration” (DEA) anexado al expediente  5025 de trámite en el TOC.n°2 de Mercedes.

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Zaffaroni: “Lo peor que podría pasar es condenar a un inocente”

La semana pasada, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, participó del programa Línea de Tiempo, en la TV Pública. Les comparto la entrevista que le hizo Matías Martin.

Aquí un punteo de algunas de las reflexiones del magistrado con respecto a la Justicia:

  • “En el ámbito penal hay una selectividad, sociológicamente está verificado, vas a una cárcel y lo que vas a encontrar son los más vulnerables, los que tienen menos poder, pueden ser los pobres. Y que son los autores de las cosas más groseras y más tontas. Esto se produce por un fenómeno natural: ¿qué es lo más fácil de detectar’: eso”.
  • “El que crece en determinado medio aprende una cierta tecnología. Sabemos hacer ciertas cosas, otras no. El que te puede sacar la billetera en el colectivo, no puede fundar y fundir un banco. Y es mucho más fácil detectar al que te roba la billetera que al que funda y funde un banco. Estos no entran porque es más difícil pescarlo”
  • “La policía funciona como burocracia y la burocracia hace lo más sencillo. Eso es llevarse alguien que va por la calle, tiene cara de ladrón, camina como ladrón, se viste como ladrón y roba. Funciona el estereotipo, sacando la minoría de psicópata que puede haber”
  • El poder es decidir sobre lo que van a hacer los otros. Se siente mejor cuando uno lo ejerce lo menos posible.
  • En penal hay una cosa que es importante: cuando uno lee los expedientes de atrás para adelante, se queda tranquilo. Ahora si razonás en que vas a perseguir y a vengar ahí sí puede ser que alguna noche no pueda dormir.
  • En las instancias superiores como juez lo que tenés que pensar es que lo que te llega es alguien que ha tenido siempre todo en contra, entonces ver que no se le haya pasado algo a alguien. Lo peor que podría pasar es condenar a un inocente

Algunas desafíos de la Justicia:

  • Hay que ampliar la base de acceso a la justicia
  • Reducir el nivel de selectividad
  • Evitar que la intervención de la justicia sea estigmatizante y condicionante de carreras criminales

 

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Ángeles, mujeres jóvenes víctimas de la violencia, en el BAN!

El libro “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” (Ediciones Del Empedrado) será el eje de una mesa redonda con debate posterior que se llevará a cabo el sábado 2 de agosto a las 16, en el marco del Festival Buenos Aires Negra 2014 (BAN!), con entrada libre y gratuita.

La charla-debate, presentada como “Angeles y otros femicidios” estará a cargo de los coautores María Helena Ripetta y Javier Sinay y del editor Norberto Chab.

El Festival Internacional de Novela Policial se llevará a cabo entre el 1 y el 9 de agosto, en el Centro Cultural Gral. San Martín, con la presencia de escritores extranjeros como Petros Markaris (Grecia), Fernando Marías (España) y Cecilia González (México) y argentinos como Alvaro Abós, Horacio Convertini, Juan Sasturain, Eduardo Sacheri, Luisa Valenzuela y Ernesto Mallo, entre otros.

“Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” es un libro surgido a partir del crimen de la adolescente Angeles Rawson, en el que seis periodistas reconstruyen los crímenes de ocho mujeres jóvenes, entre ellos el de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada el año pasado.

Los casos abordados son: Candela Sol Rodríguez (por Cecilia Di Lodovico), Lucila Yaconis (por María Helena Ripetta), María Soledad Morales (entrevistas a cargo de Claudio Marazzita), Marianela Rago (por Federico Fahsbender), Natalia Melmann (por Federico Fahsbender), Paulina Lebbos (por Sol Amaya) y Solange Grabenheimer (por Javier Sinay), además de Angeles Rawson (por Federico Fahsbender), el crimen que mantiene una infortunada actualidad por sus implicancias judiciales.

Más información sobre el Festival Buenos Aires Negra 2014: hacé click acá

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