El caso de Ángeles Rawson trae a colación la necesidad de reflexionar sobre ciertas prácticas periodísticas. No hace falta mencionar a ningún medio ni periodista en particular. Cada uno de los que ejerce esta profesión es consciente de la repercusión que puede tener todo lo que diga, publique, difunda.
En el caso del crimen de Ángeles sucedió que, en principio, la fiscalía, a mi entender, muy correctamente, decidió no difundir información sobre la investigación hasta no tener pruebas concretas sobre las cuales trabajar.
Era lógico que nosotros, como periodistas, quisiéramos tener acceso a la información. Es nuestro trabajo. Pero en estos días se han visto cantidades de informaciones falsas, erróneas, exageradas. Incluso no faltaron los periodistas que, ávidos de encontrar culpables, acusaron al padrastro, al hermanastro y a no sé cuántos familiares más.
Independientemente de cómo continúe esta investigación, resulta irresponsable y patético, además de peligroso, que los periodistas señalemos culpables que no ha señalado la Justicia, que es la única que puede condenar o absolver.
Este caso trae a la memoria otro hecho en el que sucedió algo parecido. Se trata del crimen de Solange Grabenheimer. En aquel caso, la fiscalía señaló desde un primer momento a Lucila Frend como la culpable del homicidio. Los medios no tardaron en otorgarle una personalidad psicópata y tantos otros horrores que fueron desmentidos por las pericias. Muchos periodistas manifestaron sus “sospechas” de que ella era la responsable porque no la vieron llorar, o porque ante las cámaras se mostraba fría. La Justicia no puede condenar a nadie por su falta de lágrimas o por su “actitud”. ¿Por qué algunos periodistas creen que pueden usar esos argumentos para condenar a alguien? Lucila fue absuelta por la Justicia. Es decir, para nuestra Constitución es inocente.
Sin embargo, su vida quedó arruinada por completo. No podía caminar por la calle sin que le gritaran asesina o cualquier otro insulto.
Se tuvo que ir del país.
También en la investigación sobre el crimen de Nora Dalmasso se difundieron informaciones erróneas, mal intencionadas y exageradas sobre la familia. Uno de los más perjudicados fue Facundo Macarrón. Los medios lo convirtieron en una especie de monstruo, lo acusaron de un crimen horroroso, hicieron un escándalo de su orientación sexual. El crimen de su madre nunca se resolvió y las sospechas sobre él fueron desestimadas. Pero el daño ya había sido causado.
El caso Pomar también es un ejemplo: antes de que la familia entera fuera encontrada muerta, víctima de un accidente de tránsito, se llegaron a decir barbaridades sobre ellos a través de los medios. Se aseguraba que el padre era alcohólico, abusador, golpeador.
Todas estas cosas que se difunden a la ligera, en parte por esa avidez de salir primeros o tener más data, en parte por la irresponsabilidad de algunos investigadores que filtran datos que son hipótesis sin sustento, no sólo generan confusión y desinforman, lo que va en contra de lo que creo son los objetivos de nuestra profesión, sino que también causan un daño irreparable a las familias de las víctimas, y a las personas que son acusadas de antemano, sin pruebas. Y también pueden llegar a entorpecer una investigación.
No digo que no haya que informar. Por supuesto que los periodistas cumplimos un rol fundamental en la cobertura de estos casos. Pero nuestro interés por informar no debe ser superado por el afán de llegar antes y primero como sea, sobre todo en un caso que está en plena etapa de investigación. La responsabilidad y la ética son las que tienen que llegar primero.
La condena –y también la absolución- debemos dejarla en manos de la Justicia.
