La difícil tarea de identificar a las víctimas de Germanwings

Dos miembros de la policí­a francesa forense trabajan en la zona de la catástrofe en Seyne les Alpes. FOTO: EFE

Llevan trajes de protección blancos, mascarillas y guantes, y esconden su pelo bajo un gorro verde. Su trabajo es muy delicado. En torno a 36 expertos trabajan en un puesto levantado en Seyne-les-Alpes, en los Alpes franceses, en la identificación de las 150 víctimas del accidente de Germanwings del pasado martes.
Algunos de ellos recogen los restos mortales de las víctimas en el lugar donde estrelló el aparato, en lo alto de escarpadas montañas.
Entre 400 y 600 partes de cuerpos han sido recuperados y trasladados ya en helicóptero hasta el valle, pero nadie puede decir cuántos más quedan allá arriba, entre las rocas de la montaña.
Patrick Touron, vicedirector del Instituto de Investigaciones técnico-criminales de la gendarmería francesa, encoge los hombros. La operación en Seyne-les-Alpes está siendo, para él y su personal, fuera de lo común y muy exigente. A veces, incluso ellos necesitan ayuda. También para ellos hay atención psicológica, explica.
Los familiares de las víctimas viajaron el jueves a Marsella, donde se están tomando muestras de ADN para encontrar coincidencias e identificar a las víctimas. Los médico forenses utilizan también datos de los países de origen de los fallecidos, como información dental o radiografías. Los miembros de la tripulación pueden a veces reconocerse incluso a partir de los restos de sus uniformes.
“Ne pas ouvrir – analyse en cours”: “No abrir, análisis en curso” se lee en un cartel en un coche azul de la gendarmería. Las pruebas de tejidos se envían a otros lugares en sobres marrones. El objetivo final es lograr atribuir las partes de los cadáveres a las víctimas.
“Trabajamos lo más rápido que podemos”, explica Touron, “hacemos todo lo posible para devolver a cada familia a su ser querido”. Pero no sabe cuándo podrá ocurrir. El permiso para enterrar los cadáveres debe ser aprobado por la Fiscalía general.
Pero la recuperación de los restos en el lugar del accidente está lejos de terminar. “Las mayores dificultades las tiene la gente que está sobre el terreno”, explica Touron. La zona es de muy difícil acceso.
Y la búsqueda es también extremadamente peligrosa. “El terreno es empinado y resbaladizo”, explica el jefe de las fuerzas de rescate de montaña, Olivier Cousin. Su gente es la responsable de asegurar con cuerdas a los expertos durante su difícil trabajo. A veces, el equipo sale con crampones y picahielos, que dan una mayor estabilidad, aunque ya no haya hielo allí arriba.
Y hay otro factor imprevisible: el tiempo. En estos días las condiciones fueron perfectas para el vuelo de los helicópteros: sol y poco viento. Pero si llega el viento, la lluvia o la nieve, los helicópteros que cada día llevan a decenas de personas a la montaña, quizá no podrían despegar, alerta David Girodet, responsable de las operaciones en helicóptero de la gendarmería y de la seguridad de sus vuelos.
Girodet teme sobre todo a la nieve: “porque entonces las nubes estarían bajas”. Y eso sería demasiado peligroso para volar en la escabrosa cordillera.

Fuente: Sabine Dobel (DPA)

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“Ni una menos”, una campaña contra los femicidios

El crimen de Daiana García volvió a poner en escena una violencia que no cesa: la violencia contra las mujeres. Otra joven arrojada a la basura, como Ángeles Rawson, como Araceli Ramos, como Melina Romero, como tantas…

Por eso, escritores, artistas y periodistas convocan a una maratón de lectura, de proyecciones y de performance contra el femicidio para el próximo 26 de marzo.

En Buenos Aires se llevará a cabo a las 16 hs en el Museo de la Lengua (Av Las Heras y Austria). Quienes quieran leer, participar, activar, pueden organizar por la red o escribir a museodellibro@bn.gov.ar.

El evento tendrá también lugar en la ciudad de Córdoba, en la puerta del Mumu (Museo de las Mujeres, en Rivera Indarte 55.

Más información en la página de Facebook Ni una menos

Aquí les comparto algunos fragmentos de un artículo que Gabriela Cabezón Cámara escribió para Revista Anfibia. Para leerlo completo, pueden visitar el sitio de Anfibia haciendo click aquí.

Basura

Por Gabriela Cabezón Cámara

Tiradas a la basura, desgarradas, en pelotas: en la montaña asquerosa, un cuerpo como una cosa, como una cosa ya rota y que no sirve para nada, los restos del predador, la carne que le sobró de su festín asesino. Horas antes o después a la chica la buscaron la familia, los amigos, al final la policía y casi siempre la encuentra el que hace de la basura su trabajo cotidiano: un cartonero, el chofer de un camión recolector, alguien que anda por ahí. Después viene la ambulancia, le cambia la bolsa a blanca, se la llevan a la morgue y un auto lleva a los padres a ver si la chica es suya. Afuera espera la prensa: las cámaras y micrófonos buscando mostrarle al mundo el dolor más lacerante, la frase más torturada, la cara más arrugada por la angustia que la arrasa.

Tiradas a la basura en la bolsa de consorcio: igual que se tira un forro, la cáscara del zapallo, los papeles que no sirven y los huesos del asado entre tantas otras cosas. Tiradas como si nada, como objetos de consumo que ya fueron consumidos. Agarrarlas, asustarlas, verlas rogar, desnudarlas, humillarlas, violarlas, después matarlas, meterlas en una bolsa, tirarlas a la montaña de restos de la ciudad. Ya terminó el predador. Seguirán la policía, los abogados, los jueces y las cámaras de TV: sigue la carnicería en una especie de show que explica los femicidios.

La construyen poco a poco como si fuera culpable: digamé, comunicador y digan sus audiovidentes, si una mujer joven tiene más de un novio o, peor, ninguno, y vuelve en pedo a las seis y salió en vestido corto, ¿Se está buscando la muerte? ¿Piensa que se la merece?

….

¿Piensa que una chica es propiedad de algún muchacho y que si no tiene dueño pueden matarla tranquilos?

….

Somos más de la mitad del mundo que hacemos juntos. No insumos a descartar.

Leer artículo completo aquí.

 

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Fallo de la Corte: para embarazadas y mujeres con hijos detenidas, monitoreo electrónico

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia privilegió el monitoreo electrónico para mujeres detenidas que estén embarazadas o tengan hijos pequeños.

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el máximo Tribunal solicitó a los magistrados que privilegien el monitoreo electrónico a “mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, adultos mayores de 50 años y a personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos/as con prisión preventiva prolongada siempre atendiendo a los delitos en juego”.
“Sobre un total de 1.000 unidades de pulseras magnéticas existentes se encuentran incorporadas al sistema de monitoreo electrónico 499 internos, existiendo en disponibilidad otros 501 equipos”, sostiene el fallo.
“Los equipos de monitoreo deberían ser otorgados a la población carcelaria más vulnerable del Sistema Penitenciario bonaerense”, indica el fallo de la Corte.

La CPM indicó que en la Unidad Nª 33 de Los Hornos está alojada el 26 por ciento de la población carcelaria femenina de la provincia de Buenos Aires. ” Esto refleja la relación entre condenadas y procesadas que se reproduce en el resto de las unidades provinciales: del total de 286 mujeres, 196 están procesadas y 89 condenadas”.
“Del universo total de mujeres madres de la Unidad Nº 33, sólo 70 conviven con sus hijos/as menores de 4 años”, explica la CPM. “Debido a que las autoridades no llevan un registro de esta información se desconoce el número absoluto de niños y niñas afectados y el porcentaje de mujeres encarceladas con ellos”, añade.

Sobre los chicos que conviven con sus madres en prisión, les recomiendo esta nota publicada en Cosecha Roja: Cómo viven los niños en la cárcel

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Los costos “invisibles” de la violencia contra la mujer

Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID o IDB por sus siglas en inglés), en América Latina y el Caribe, 1 de cada tres mujeres que alguna vez ha estado casa o en unión libre ha sido víctima de violencia íntima de pareja.

El 29,4% de las mujeres asesinadas en la región murieron a manos de su pareja o de un familiar. Esta violencia, bien conocida en todo el mundo y que en los últimos años ha entrado en la agenda de seguridad ciudadana de algunos países, tiene costos altísimos no sólo para la víctima, sino para muchas más personas. Y a veces esos costos no son tan visibles como deberían serlo.

Gabriela Vega, especialista en género del BID, explicó durante el curso “Se puede prevenir el crimen en América Latina” (dictado por el BID y el ICFJ en Washington DC, Feb. 2015), cuáles son algunos de estos costos.


Otro de los “costos invisibles” de la violencia contra la mujer es cómo repercute en los niños y niñas que viven en esos hogares violentos.

En los últimos años, hubo varios avances en América Latina en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Entre otras cosas, muchos países incorporaron legislación respecto a este tema. Por ejemplo, en la Argentina se añadió la figura del femicidio al Código Penal, agravando las penas cuando el homicidio de una mujer es una violencia específica por su condición de género.

También el tema es más debatido en diversos ámbitos, se promovió la creación de comisarías de la mujer, se impulsan campañas de concientización, entre otras cosas.

Pero, como explica Gabriela Vega, todavía quedan algunos desafíos…

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Tras 9 años, la causa por el crimen de Paulina Lebbos se acerca al juicio oral

El jueves se cumplen 9 años del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana que desapareció luego de salir a bailar con amigos y fue hallada muerta a un costado de la ruta a pocos kilómetros de la capital de su provincia. El fiscal Diego López Ávila presentó la semana pasada el requerimiento de elevación a juicio oral. En la causa está imputado Luis Gómez, un electricista que utilizó el celular de la víctima el día de su desaparición. Está acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y es el único que permanece detenido hasta ahora.

Por otra parte, están acusados de encubrimiento el ex sargento Hugo Rodríguez, el.ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de la Unidad Regional Norte Héctor Brito, el ex jefe de la Policía de Tucumán Hugo Sánchez, y el ex subjefe de la fuerza policial Nicolás Barrera.

En el requerimiento, el fiscal pidió el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del gobernador de la provincia, y de Sergio Kaleñuk, hijo de un secretario privado del gobernador, que estaban sospechados de haber encubierto el crimen.

Ambos estaban mencionados en las llamadas “pistas Raco y El Cadillal”, que era una versión que sostenía que Paulina había muerto tras caerse de una mesa cuando estaba bailando en una fiesta que habría tenido lugar en una de esas dos localidades tucumanas y en las que se decía habrían estado Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk. Según esta versión, ambos habrían encargado a alguien que se deshiciera del cuerpo para evitar el escándalo. Pero no hay material en la causa que pruebe esta pista, por lo que se solicitó el sobreseimiento de ambos en cuanto a las sospechas de encubrimiento.

Paulina Lebbos tenía 22 años cuando salió a bailar con amigos al boliche Gitana, cerca del centro de la capital tucumana el sábado 25 de febrero de 2006. La joven se retiró de la disco con una amiga cerca de las 6:30 de la madrugada del domingo 26. Ambas tomaron un remis. Su amiga se bajó a las pocas cuadras. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Su cuerpo apareció el 11 de marzo de 2006 al costado de la ruta 341, que cerca de Raco, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

La causa pasó por manos de tres fiscales. En el medio hubo varias denuncias por la presunta participación de “hijos del poder”. También se sospechó de Victor Soto, novio de la víctima, con quien tuvieron una hija, Victoria, que tenía 5 años al momento del crimen.

El expediente estuvo bajo secreto de sumario durante más de siete años. Recién en diciembre del 2013 se dieron las primeras detenciones en el marco de la investigación del crimen, ya a cargo de López Ávila, el fiscal que más avances ha dado en la causa. Alberto Lebbos, padre de Paulina, pasó todos estos años denunciando encubrimiento por parte de policías y funcionarios. La cercanía a un juicio trae un poco de paz y esperanza a esta familia, que espera una respuesta de la justicia desde hace 9 años.

 

El caso Lebbos forma parte de los ocho relatos sobre mujeres jóvenes víctimas de la violencia que forman parte del libro Ángeles(Ed. Del Empedrado).

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Ángeles Rawson: comenzó el juicio

Ayer comenzó el juicio por el crimen de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años que fue asesinada en junio de 2013. Les comparto una cronología de los hechos.

Sobre este tipo de crímenes, junto con Javier Sinay, María Helena Ripetta, Cecilicia Di Lodovico, Claudio Marazzita, y Federico Fahsbender publicamos hace un año el libro Ángeles: mujeres jóvenes víctimas de la violencia (Editorial Del Empedrado). Allí Fahsbender cuenta detalles del caso de la joven Rawson, muy interesante para ponerse al día con la información ahora que comenzó el debate oral que tiene como único acusado al portero Jorge Mangeri.

Si quieren saber más sobre este libro, pueden hacer click acá y de paso leer un fragmento del capítulo sobre Ángeles.

 

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Claves para preservar una escena del crimen

  • Cuanto menos conozco del hecho criminal, mayor será la amplitud de la delimitación de los perímetros, destacando especialmente el Perímetro Pericial.
  • En un lugar “cerrado”, como puede ser el ocurrido en una vivienda particular o departamento (como ejemplo), el lugar del hecho es TODA la vivienda. Y si ésta fuera por ejemplo una casa, los patios trasero, lateral, delantero y dependiendo el tipo del hecho, las viviendas lindantes también van a incluirse como “Lugar del hecho”. En caso de ser, por ejemplo, un departamento, el lugar del hecho también abarcaría las zonas de usó común como lo son los palieres, ascensores, escaleras, techos, etc.
  • Los peritos no se deben poner los Tyvek o trajes blancos para preservación del lugar hasta llegar a la puerta de acceso al mismo lugar del hecho; caso contrario, lo que se hace es “recolectar” distintos indicios desde que se los ponen hasta que entran al lugar del hecho, y que luego pueden ser dispersados en el lugar del hecho, produciendo una contaminación. El perito no va a contaminar por que el traje lo evita, pero  el exterior del traje sí va a contaminar la escena (Principio de transferencia en la criminalística)

Fuente: Javier Pachamé, profesor de la Diplomatura en Ciencias Forenses de la Universidad del Este

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Dilma Rousseff: “El recurso a la pena de muerte afecta gravemente las relaciones entre nuestros países”

El brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, fue ejecutado hoy en Indonesia, donde estaba preso, condenado a muerte por tráfico de drogas. A través de un comunicado oficial, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff , dijo que está “indignada y consternada” por el fusilamiento del hombre y anunció que llamará a consultas a su embajador en Jakarta, Paulo Alberto da Silveira Soares.

Con el fin de evitar la muerte de Cardoso, ex instructor de vuelo, Rousseff había telefoneado el viernes pasado al presidente de Indonesia, Joko Widodo, para pedirle “como jefe de Estado y como madre” que detuviera la ejecución.

“La presidenta Dilma lamenta profundamente que ese último pedido, que siguió a tantos otros realizados en los últimos años, no haya tenido acogida por parte del jefe de Estado de Indonesia, tanto en el contacto telefónico como en la carta enviada, posteriormente, por Widodo”, reza el escrito.

Un vocero de la Fiscalía General en Yakarta, capital de Indonesia, informó que un pelotón de fusilamiento ejecutó a seis condenados por narcotráfico, entre ellos cinco extranjeros procedentes de Brasil, Holanda, Vietnam, Malaui y Nigeria.

“El recurso a la pena de muerte, que la sociedad mundial crecientemente condena, afecta gravemente las relaciones entre nuestros países”, afirma el comunicado mandado tras la ejecución que, según el documento oficial, se cumplió a las 15:31 horario de Brasilia en Indonesia.

Moreira, nacido en Río de Janeiro hace 53 años, fue condenado en el 2004 por ingresar más de 13 kg de cocaína al país asiático en los tubos de un ala delta.

El gobierno de Indonesia negó en dos ocasiones sus pedidos de clemencia, el último en diciembre de 2014. El gabinete de Rousseff, por su parte, llegó incluso a solicitar por carta la ayuda del papa Francisco.

Una tía del condenado pudo visitarlo horas antes de la ejecución. La legislación indonesia en materia de narcotráfico es una de las más severas del mundo. Es un delito castigado con la pena de muerte o la prisión perpetua. Otro preso brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte (42), también en la cárcel desde hace diez años por ingresar cocaína a ese país, será ejecutado en febrero.

Agencias: DPA y AFP

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Ordenan documentar a las personas condenadas privadas de su libertad

En el marco de una acción de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), el 22 de diciembre de 2014 la jueza Karina Mariana Zucconi a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 15 ordenó que, en el plazo de un año, el “Programa de Documentación Conjunto” surgido del Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acuerde específicamente la distribución de tareas necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la identidad de las personas condenadas en situación de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

La jueza también ordenó que, mientras no se adopte un régimen específico, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe requerir a las entidades que correspondan “la remisión oportuna y completa de todas las constancias y antecedentes que posibiliten la actualización de la identificación”. Por otra parte, dispuso una serie de medidas vinculadas a la producción y circulación de información acerca de la situación documental de las personas privadas de libertad. Específicamente, indicó que el Servicio Penitenciario Federal ponga en conocimiento de cada uno de los jueces o tribunales a cuya disposición se encuentren los condenados nacionales que carezcan de DNI, la situación particular que atraviesen en ese orden, para que pueda hacerse efectivo el permanente control que legalmente les compete, comprobarla y en su caso, corregirla, en aplicación del art. 3° de la Ley 24.660.

De igual modo, señaló que la Dirección Nacional del RENAPER ponga en conocimiento de la Procuración Penitenciaria Nacional, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración General de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal, la situación particular que atraviesen los nacionales que han iniciado el trámite para regularizar su inscripción o identificación en pos de obtener el Documento Nacional de Identidad y se encuentren condenados y en situación de encierro en alguna Unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La PPN y la DGN habían pedido a la justicia que se requiera al RENAPER y a las respectivas autoridades responsables de la detención y custodia de las personas condenadas que adopten las medidas correspondientes, removiendo los obstáculos y óbices formales que puedan oponerse a la rápida expedición de los documentos de identidad de la totalidad de las personas condenadas que lo requieran y no cuentan con su DNI.

Cientos de personas privadas de libertad no tienen DNI como consecuencia del engorroso procedimiento que deben atravesar para documentarse. En los hechos, esto determina que el tiempo servido en prisión siquiera resulte suficiente para que, al momento de egresar estén debidamente registradas, generando incontables inconvenientes y vulnerando una exigencia elemental de la función resocializadora de la pena. Según explicaron en la PPN, incluso se han detectado casos donde el propio SPF demoró la entrega de fondos personales a una persona indocumentada en libertad luego de cumplir su condena. Fue necesaria una orden judicial de identificación dactiloscópica para remediar, a medias, sus urgentes necesidades de subsistencia.

De acuerdo con las estimaciones de la PPN, a octubre de 2014, 2.758 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) carecían de documento. Es decir alrededor del 25% del total. Mil novecientas de ellas, el 69%, eran procesadas, mientras que las demás 858, el 31%, condenadas. La mitad de quienes no contaban con DNI eran argentinos, por lo que el universo de argentinas y argentinos condenados y detenidos en el SPF sin DNI alcanzaba a las 372 personas.

Por vía de una estimación simple para una población penal total del país de entre 60 y 70 mil personas, se puede afirmar que alrededor de 2 mil ciudadanos argentinos cumplen condena en prisión, pero no tienen DNI, en lo que configura un auténtico despropósito si se consideran la enorme cantidad de recursos que se destina a lograr una condena de cumplimiento efectivo.

El derecho a la identidad es el conjunto de atributos y cualidades, tanto de carácter biológico como referidos a la propia personalidad que permiten la individualización de cada uno en sociedad y se expresa, entre otras formas, a través de la documentación estatal. Las personas privadas de libertad, sin embargo, están en posición de desigualdad con relación al resto de la sociedad frente a las tramitaciones y requisitos exigidos para la emisión de sus respectivos documentos. La decisión judicial adoptada en el marco de esta acción constituye un gran avance a los efectos de lograr que el colectivo representado supere, a través de un mecanismo diseñado para estos fines, las dificultades existentes en la actualidad para la obtención de su documentación personal.

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

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