Marcha de la Gorra: una lucha por el fin de la represión y la corrupción policial

El jueves pasado se llevó a cabo la octava Marcha de la Gorra en Córdoba. Se trata de una protesta masiva contra las prácticas represivas del personal policial.

Miles de jóvenes y varias organizaciones sociales se sumaron a esta marcha, que reclama además la derogación del Código de Faltas de la provincia.

“Más vale gorras embrollando, que la policía matando”, fue el lema de la movida, que se realizó en las calles del centro de la ciudad. La protesta surgió en 2007, de manos del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y desde entonces ha comenzado a tener sus réplicas en otras ciudades del país.

Lo que se denuncia fundamentalmente es el accionar arbitrario de la policía que se basa en la llamada “portación de cara”, es decir, el trato violento y discriminador a grupos vulnerables, sobre a todo a los más jóvenes.

Según relata el sitio Notas.org.ar, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, se leyó un documento que ponía énfasis en la denuncia de los casos de gatillo fácil.  En lo que va del año ya se registran ocho casos de jóvenes asesinados por la policía.

También se exigió la renuncia del jefe de policía Julio César Suárez, que está imputado por coacción sobre el periodista Dante Leguizamón, a quién amenazó.  “Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos”, le dijo el jefe policial en una comunicación telefónica al periodista cordobés. “El pedido de renuncia fue acompañado de denuncias a la institución policial en su conjunto por su vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata”, cuenta el sitio de periodismo popular.

 

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En busca de una respuesta eficaz contra el crimen organizado

Por Juan Ignacio Bidone*

Desde hace algunos años, principalmente a raíz de sucesos criminales que evidenciaron la actividad desplegada en nuestro territorio por organizaciones criminales trasnacionales vinculadas al narcotráfico (el doble crimen de los colombianos en Unicenter, el triple crimen de General Rodríguez y la instalación de un laboratorio de metanfetamina en Ingeniero Maschwitz vinculado a carteles de México) se viene hablando de la necesidad de una respuesta estatal congruente acorde al alto grado de complejidad que caracteriza a este tipo de delitos.

Describiendo el fenómeno.

Más allá de las distintas definiciones que desde la teorización se han intentado, corresponde conocer un poco más del fenómeno para diferenciarlo de la denominada criminalidad común.

Así, conviene presentar algunos de sus rasgos distintivos del crimen organizado:

  • Se trata de un grupo de personas que se reúnen con el objeto de cometer de manera constante y permanente actos que son catalogados como delitos por el Estado.
  • Rige el comportamiento de este grupo una estructura jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y ciertas reglas (un sistema de premios y castigos), las cuales son impuestas de manera coactiva.
  • Ese grupo posee además la capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de acción, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el Estado. Esa protección se obtiene, por una parte, a través de la utilización de la violencia, la amenaza o la intimidación; y por otra parte, a través de la corrupción de funcionarios públicos.
  • Los delitos cometidos por ese grupo deben tener fuertes repercusiones sociales para que exista un fenómeno de crimen organizado  (ya sea en términos de la violencia con que se ejecuta, por las pérdidas económicas que comporta o por cualquier otra característica que genere ansiedad o indignación entre la ciudadanía en general).
  • En algunos casos, como en el narcotráfico, hay un carácter consensual hacia el delito cometido[1]. La actuación del Estado se dificulta frente a una inacción hacia la aplicación de justicia por parte de piezas importantes de las sociedades en las que actúan.
  • En esta senda se inscriben como “Crimen Organizado”: el Narcotráfico, el Contrabando, el Tráfico de Migrantes, la Trata de Personas y el Lavado de Dinero o Activos de origen ilícito.

Algunas respuestas concretas.

En un artículo anterior he adelantado mi postura al sostener que la delincuencia organizada exige una investigación organizada.

Desde esta perspectiva, una respuesta válida debe hallarse imbuida de principios de especialización y centralización.

Corresponde hablar entonces de la necesidad de una Agencia, Oficina Federal o Dirección de investigación sobre crimen organizado[2].

Su finalidad, siguiendo modelos que ya se encuentran operativos, se asienta sobre cuatro pilares de reconocimiento internacional:

  • Perseguir – enjuiciar y desbaratar a los grupos de personas dedicadas a la delincuencia grave y organizada.
  • Prevenir – evitando que las personas se vean involucradas en la delincuencia grave y organizada.
  • Proteger – aumentar la protección contra la delincuencia grave y organizada (principalmente de sus efectos, violencia e intimidación y corrupción).
  • Preparar – reducir el impacto de la delincuencia grave y organizada en aquellos lugares donde la misma se lleva a cabo

Será indispensable que la actuación de esa Oficina se enmarque en la prosecución de los estándares definidos por los distintos acuerdos internacionales de los que Argentina ya es parte (Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como “Convención de Palermo”, Medidas eficaces contra la Delincuencia Organizada Transnacional emitidas por Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Planes de acción Hemisféricos contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA; Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo, para citar sólo algunos).

Resulta necesario asimismo promover una mayor interrelación entre autoridades de aplicación de la ley; estudiar el vínculo entre trámites, impuestos y delito, crear equipos multidisciplinarios a nivel nacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, alentar la participación de la sociedad civil y una mayor cooperación entre el sector público y el privado.

La evaluación del riesgo de ciertas organizaciones criminales, el establecimiento de prioridades en la lucha contra las mismas y una mejor comprensión del papel de la tecnología, deberán serán incluidos también entre sus principios rectores.

Esa Agencia puede estructurase con sectores de análisis interrelacionados, uno con enfoque en lo Económico-Financiero, otro ceñido a las Organizaciones Criminales, y un restante relacionado al Análisis Científico.

La resultante del procesamiento de la información será la producción de conclusiones fiables, genuinas y uniformes para detectar los puntos centrales y las ramificaciones de las organizaciones complejas, que permitan la intervención eficaz por parte de las autoridades de aplicación de la ley (fuerzas de seguridad, Poder Judicial).

En el plano internacional, deberá trazar tácticas de coordinación a través del intercambio de información y colaboración reciproca con las autoridades análogas de otros Estados, siempre bajo la observancia de los instrumentos internacionales en vigencia en torno al tratamiento de temas relacionados con las organizaciones criminales complejas de carácter trasnacional.

Por último, una dirección de enlace con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos permitirá asegurar la garantía de control judicial y de legalidad de los procedimientos.

Sin perjuicio de lo expuesto, sea cual fuere el formato elegido, entiendo que el modelo no podrá desentenderse de los aludidos principios de centralización, especialización y contexto internacional, por resultar estas características tan propias de los delitos que se intentan perseguir y prevenir.

*Profesor de la Universidad de Morón. Fiscal.


[1] En el comercio de drogas, el delito consiste en una transacción entre un comprador y un vendedor que actúan de buen grado. Ninguno tiene incentivos para informar sobre la violación de la ley. Por el contrario, ambos están interesados en que no se informe sobre el delito (Carlos Resa Nestares en “Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas y Consecuencias”. Universidad Autónoma de Madrid).

 

[2] Es una práctica adoptada en los últimos años por un gran número de países, tales como Gran Bretaña (la NCA creada en 2013), Uruguay (DNLCO), Paraguay (PNI), Ecuador (ULCO), Puerto Rico (DHS), México, Perú (PNP), España (UDYCO), Francia (UCLAT), Brasil (SISBIN), Australia (ACC), para citar sólo algunos, y la propia ONU a través de la UNODC y los organismos regionales como EUROPOL, INTERPOL, CLACIP y AMERIPOL

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Importante fallo sobre la situación de menores en el encierro

El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, resolvió el Habeas Corpus colectivo interpuesto hace dos años por Julián Axat, por entonces defensor penal juvenil de La Plata, acompañado por el defensor de Casación, Mario Coriolano. También fueron “Amicus Curiae” La Fundación Sur Argentina, a través de Emilio García Méndez, y el Codeseh a través de Norberto Liwsky.

“El Habeas corpus colectivo intentaba cospinrregir varias situaciones, entre ellas poner un límite y equilibrio a la estrepitosa tasa de encierro cautelar de jóvenes que viene en crecimiento desde 2008. Mejorar  las condiciones de detención de todos los jóvenes menores de 18 años de edad alojados en instituciones de encierro y que no cumplen con los estándares que establece la Convención de los derechos del Niño (el estado de las obras arquitectónicas de los lugares; los servicios odontológicos, psiquiátricos, psicológico, médico, sanitario; etc). Impedir la existencia de un régimen de sanciones interno arbitrario y discrecional, con especial énfasis en practicas de “engome”. Separar a procesados de niños condenados; etc.

En definitiva, el Habeas corpus intentaba llegar a un precedente que sea una suerte de “Fallo Verbitsky” para la Infancia de la Provincia. Tras largas audiencias, y un largo e inusual proceso; la Sala III, en un extensísimo fallo (acá se adjunta) acaba de resolver hacer lugar, estableciendo en “crisis” al sistema de ejecución penal de infancia, y condenando a la Provincia de Buenos Aires, a cumplir las siguientes pautas:

a) Arbitre los medios necesarios para brindar asistencia médico, odontológica, psicológica y tratamiento de adicciones, de manera integral y permanente en los distintos centros de detención bajo su órbita, informando a este Tribunal en el plazo de sesenta días, el personal destinado al efecto a cada centro, periodicidad de los controles, servicios de emergencias médicas contratados en cada caso, programas de prevención y tratamiento de adicciones desarrollados en cada uno de los dispositivos.

b) Haga cesar inmediatamente toda forma de sanción o tratamiento de los jóvenes detenidos que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante, como la práctica de restricción o encierro absoluto de los mismos en sus pabellones (“engome”) y la provisión de psicofármacos u otros medicamentos psiquiátricos sin prescripción y diagnóstico médico.

c) Adecue, en el plazo de un mes, la resolución n° 370/12 en lo relativo a la reglamentación de las sanciones disciplinarias y su procedimiento, a lo expuesto por este Cuerpo en la cuestión segunda, apartado 2, y primordialmente a las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Resol. Nº 45/113 de la Asamblea General).

d) Dote, en el plazo de sesenta días, de los extintores de incendio necesarios para cada dispositivo de detención según sus características, y disponga la recarga de aquellos que se encontraren con carga vencida; y en igual plazo, provea de colchones ignífugos en la cantidad necesaria para cubrir el total de plazas de los centros de privación de libertad.

e) Informe a este Tribunal en el plazo de sesenta días, si los centros de detención bajo su órbita poseen aprobación de las autoridades de prevención de siniestros, planes de evacuación y prevención, agregando la documentación respaldatoria en cada caso.

f) Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de obras, de infraestructura y mantenimiento edilicio programado, plan de ejecución y tiempo estimado de finalización.

g) Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de alimentación programado para los jóvenes en contexto de encierro, la dieta brindada por los encargados de su provisión –oficiales o tercerizados-, sus características nutricionales y gramaje, y las prestatarias del sistema.

h) Informe, en el plazo de sesenta días, los programas y actividades educativas, de capacitación profesional y laboral, culturales y recreativas desarrollados o a desarrollarse, discriminados por dispositivo de encierro.

i) Informe, en el plazo de sesenta días, la nómina de jóvenes que perciben planes sociales.

j) Presente, en el plazo de sesenta días, un plan de capacitación interdisciplinaria para los operadores de niñez y demás empleados y autoridades que cumplen tareas en los dispositivos de encierro, o funciones vinculadas con jóvenes privados de libertad, adecuado a la normativa nacional e internacional especializada en niñez y responsabilidad penal juvenil.

k) Arbitre los medios necesarios para la provisión de fondos -denominados “caja chica”- a los centros de detención dependientes a esa Secretaría.

l) Cumpla acabadamente con la neta separación entre jóvenes condenados y procesados (arts. 5.4 y 19 C.A.D.H.), y de niños y adultos (art. 37.c C.D.N.).

m) Informe mensualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuración General ante ese Tribunal, las plazas de alojamiento reales de cada dispositivo de detención y la población de cada uno de ellos.

III.- Disponer un relevamiento estructural arquitectónico y de condiciones de seguridad de los distintos centros de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con relación específica a plazas y población reales, por parte de peritos en arquitectura, ingeniería y/o de seguridad e higiene de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial, cuyo informe habrá de ser elevado a este Tribunal en el plazo de sesenta días; y la realización de una experticia contable por parte de profesionales de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial respecto de las necesidades presupuestarias para el adecuado funcionamiento de cada uno de los centros de detención en relación con su población, ameritando las prestaciones básicas que deben suministrar (alojamiento, alimentación, servicios básicos de gas, electricidad y agua corriente, educación primaria y secundaria y recreación, etc.), determinando el monto mínimo dinerario mensual indispensable para mantener su normal funcionamiento; cantidad que actualizada por los índices inflacionarios, y determinación de las partidas, bienes, construcciones y demás gastos dispuestos por Poder Ejecutivo provincial, si presupuestariamente coloca en condiciones de cumplir con sus objetivos al establecimiento de que se trata. Previamente, se procederá a un procedimiento de desagregación presupuestaria para ubicar concretamente el cometido del perito el cual también verificará en las rendiciones de cuentas si, en los grandes rubros, el dinero se ha gastado en los ítems consignados.

IV.- Recomendar a la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se arbitren los medios para ingresar en los datos registrados en el Registro de Procesos de Menores los lugares de alojamiento de los jóvenes privados de libertad.

V.- No hacer lugar a la formulación de reglas de ac|tuación para el dictado de resoluciones jurisdiccionales que dispongan medidas privativas de la libertad de niños, niñas o adolescentes.

VI.- Recordar a Jueces y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense la vigencia de las Resoluciones Nº 1623/04 y 1634/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y del Acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

VII.- No hacer lugar a la prohibición de ingreso de jóvenes mayores de dieciocho años de edad cuyos procesos son regidos por la ley 13.634 y la legislación penal juvenil, a establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

VIII.- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1, 3° y 4° párrs., del decreto-ley 22.278 y 64 de la ley provincial 13.634.

IX.- Poner en conocimiento de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con copia de lo aquí resuelto, las denunciadas irregularidades en la provisión alimentaria en los centros del sistema de responsabilidad penal juvenil por parte de las empresas concesionarias del servicio.

X.- Disponer que a los fines del control de la ejecución de lo aquí decidido, y por el plazo de ocho meses, se convoquen a los interesados a las audiencias periódicas para el análisis de los distintos informes ordenados.”

Fuente: Julián Axat, coordinador del Programa de Acceso a la Justicia y ex defensor penal juvenil de La Plata

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Críticas de la Procuración Penitenciaria al proyecto de reforma del Código Procesal

 

El martes 11 de noviembre se realizó en el Salón Azul del Senado de la Nación una ronda de exposiciones sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

De dicho encuentro participó el Director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria, Dr. Ariel Cejas Meliare y el Subdirector de la Dirección de Legal y Contencioso Penal, Dr. Rodrigo Borda.  Ambos tuvieron la oportunidad de expresar las observaciones realizadas desde este organismo al proyecto de reforma.

En el mismo resaltaron que se contemplen limitaciones a la prisión preventiva para personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y  que la redacción de la misma no podía contener invocaciones genéricas como “naturaleza del hecho  o “conmoción social”

Asimismo hicieron énfasis en que el  Código Procesal Penal (CPP) no puede hacer diferencias en su aplicación para extranjeros, que ello claramente viola principios constitucionales.

Por otra parte se destacó que no solo el Juez de Ejecución es el garante de las condiciones de detención de los detenidos sino todos los jueces que ordenen la privación de libertad de una persona.

Se hizo especial hincapié que uno de los problemas más acuciantes es la sobrepoblación carcelaria y que el CPP no puede estar ajeno a ello, debiendo prohibir alojar personas más allá del cupo autorizado para cada establecimiento.

Por último destacaron que el Código Procesal Penal no puede prescindir de un reconocimiento amplio a las posibilidades de actuación de la Procuración Penitenciaria de la Nación y solicitaron que la misma figure expresamente en la ley.

Expusieron también, el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, la diputada provincial de Entre Ríos, Rosario Romero; el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, Fernando Díaz Cantón; el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, Maximiliano Rusconi y el doctor en Derecho Penal, Carlos Enrique Llera.

 

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Refugiado: la ficción que trata sobre la realidad de la violencia de género

En Argentina, una mujer muere por violencia de género cada 30 horas. En base a esta realidad, el director Diego Lerman presentó la película Refugiado. Se trata de la historia de Laura (Julieta Díaz), una mujer recientemente embarazada y con un hijo de siete años (Sebastián Molinaro), que debe huir de su hogar por los ataques de violencia de su pareja. Allí comienza la búsqueda de un lugar donde refugiarse.

Para saber en qué cines podés ver esta película, mirá la Guía de La Nación.

 

 

 

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Emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense

Presentaciones internacionales frente a la emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense 

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria

Entre el martes y miércoles de esta semana se realizaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia sobre las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires -solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP)- y una reunión de trabajo en el marco de las medidas cautelares concedidas por la CIDH para la protección de la vida y la integridad física de los detenidos en el Complejo San Martín de esa provincia –con participación del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esas dos instancias quedaron en evidencia las violaciones estructurales de derechos humanos que persisten en los lugares de detención. 

Acercamos a la CIDH información sobre cuatro problemas: el hacinamiento y la sobrepoblación, la detención de personas en comisarías que viola la prohibición de esta modalidad, las torturas y malos tratos como práctica extendida y las graves deficiencias del sistema de salud penitenciario.

Estos problemas se agravaron como consecuencia de políticas de seguridad regresivas en materia de derechos humanos: la cantidad de detenidos creció 8% en el último año. Hoy en la provincia hay 33.229 personas privadas de libertad, la mayor cantidad en la historia, y una tasa de encarcelamiento de 202 cada 100 mil habitantes. Aumentó la presión sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que ya tenía altísimos niveles de sobrepoblación y nuevamente se incrementó la cantidad de detenidos en comisarías, desobedeciendo lo dispuesto por la CIDH (Comunicado 64/10) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el Complejo Penitenciario San Martín, luego de dos años de vigencia de las medidas cautelares, bajaron las muertes debido a una reducción de la población en esas unidades que sobrecargó otros espacios y trasladó los problemas. Sin embargo, aun en estas unidades, observadas especialmente por la existencia de estas medidas, se mantiene una circulación diaria de facas con la connivencia del SPB y un alto nivel de peleas entre detenidos. Sólo en el primer trimestre de 2014 hubo 83 lesionados en 130 hechos de violencia informados por el mismo SPB y se secuestraron 97 facas en seis meses.

Pusimos en conocimiento de la CIDH la última muerte ocurrida en ese complejo, un caso que muestra que las dinámicas de delegación del gobierno en los mismos detenidos pone en riesgo su vida e integridad física: en julio de 2014 Maximiliano Agustín Araujo Ortiz fue asesinado con facas en una pelea entre detenidos que se inició por el manejo del pabellón. Las decisiones de política penitenciaria no han impactado en la situación de violencia estructural en el Complejo y agravaron la situación en otras unidades como Campana, Ituzaingó y González Catán.

Sobre la situación en el SPB señalamos que las prácticas de tortura, la violencia entre detenidos, la falta de atención médica y la corrupción son las principales deficiencias en el marco de un Servicio militarizado y en el que poco se avanzó en términos de control civil. Mostramos que no se implementaron políticas para prevenir la tortura ni la violencia entre detenidos que puedan incidir sobre el problema estructural, y que se dificulta el acceso a la información durante los monitoreos externos. En este marco, la tortura sigue extendida en todas las unidades, la cantidad de homicidios se mantiene estable desde 2009 y el SPB mantiene un rol central en la promoción y regulación de la violencia. A su vez, la falta de atención médica sigue siendo la principal causa de fallecimientos en el encierro a pesar de que la mitad de la población no supera los 30 años. 

Desde la administración no cuentan con indicadores que muestren una mejora en estos aspectos. Dejaron de proporcionar datos de hechos de violencia en el SPB y no presentaron información sobre la situación sanitaria. Se limitan a enunciar políticas implementadas sin dar cuenta de su impacto. El CELS y la CPM presentamos 76 casos graves de maltrato y tortura que muestran que se mantiene la situación de emergencia humanitaria.

También remarcamos la responsabilidad de la Suprema Corte y de la Procuración General de la provincia por la persistencia de la impunidad. La desprotección de víctimas y testigos y la ausencia de lineamientos de política criminal que analicen las responsabilidades funcionales y las lógicas de gobierno de las unidades son aspectos no resueltos. Entre 2012 y 2014 se produjeron 12 muertes en la unidad San Martín. Las investigaciones de los ocho casos que se desencadenaron por falta de atención médica fueron archivadas a pesar de que la Procuración General se comprometió a investigar todos los fallecimientos en el encierro. Y no se avanzó con el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del SPB en los homicidios. 

El Gobierno volvió a presentar la construcción de cárceles y alcaidías como la principal forma de abordar la situación crítica de hacinamiento. Sin embargo, estas medidas ya fueron implementadas en los últimos años y demostraron su fracaso. Como lo señaló la CSJN en 2005: “se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen”.

Además, en sus presentaciones ante la CIDH el gobierno de la provincia argumentó que la cantidad de detenidos estaría disminuyendo. Este cálculo lo realiza tomando como punto de referencia la población privada de libertad en la provincia en 2004, es decir, el momento de colapso del sistema carcelario previo al dictado del fallo Verbitsky. Pero desde 2008, cuando comenzó la gestión actual, la tendencia es regresiva. 

En la audiencia temática el Comisionado James Cavallaro instó al Estado provincial a realizar medidas urgentes para terminar con el encarcelamiento en comisarías. A su vez, se concretó la posibilidad de que el Relator para las personas privadas de libertad visite en los próximos meses los lugares de detención de la provincia en seguimiento de la realizada en 2010. 

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Error de cálculo: nueva novela policial del forense Gastón Intelisano

Una familia aparece asesinada en su propia casa. Hay puñaladas, hay disparos, hay cuerpos carbonizados. La intimidad de un hogar se ha vuelto pública: se ha transformado en una escena del crimen, en el espacio en el que los especialistas que comanda Santiago Soler buscarán huellas, rastros, indicios que permitan configurar quién llevó a cabo el asesinato y cómo lo hizo. El crimen, sin embargo, no parece simple de resolver: las víctimas no tenían enemigos aparentes, sino, por el contrario, una reputación intachable, el respeto y la consideración de sus allegados. Además, comienzan a sucederse una serie de secuestros relacionados con el caso, lo que hace que la resolución se vuelva urgente, imperiosa, necesaria: los secuestradores se regodean enviando videos snuff en los que se ve con claridad cómo matan a las mujeres que tienen cautivas. En medio de esta vertiginosa sucesión de acontecimientos, Santiago Soler deberá unir la meticulosidad y la calma de la ciencia forense con la acción de quien no tiene tiempo de medir consecuencias. El análisis de rastros y las autopsias con las persecuciones y los disparos. El otro extremo de la piel se llevó hacia atrás, como cuando se da vuelta una media, y entonces apareció el cráneo de un blanco amarillento. Luego, encendieron la sierra eléctrica circular, que emitió un sonido mezcla de torno y taladro. Cuando los dientes de la máquina tocaron el hueso craneal, una nube de polvo blanco flotó en el aire de la sala.
Gastón Intelisano, a través Santiago Soler, personaje y álter ego, con la minuciosidad y precisión de las descripciones, con la inquietante acción a cada página, ha inaugurado un nuevo territorio a explorar en el policial argentino: el cuerpo.

Gastón Intelisano es licenciado en Criminalística, técnico radiólogo y oficial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Trabaja como técnico forense en la morgue de Lomas de ZAmora y es parte del Servicio de Anatomía Patológica del Hosptila Municipal de Vicente López. Error de Cálculo (Ed. Vestales) es su tercera novela y ya puede conseguirse en librerías.

En Crónicas del Crimen entrevistamos a Intelisano cuando publicó su primera novela. Si querés leer esa entrevista, hacé click acá.

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Record histórico de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal

La cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal alcanzó este octubre de 2014 un máximo histórico, al llegar a un total de 10.322 alojados, según el parte de población correspondiente al día 3 de ese mes. Esta cifra refleja el proceso de sostenido crecimiento de la población en los establecimientos carcelarios federales, tal como viene señalando la Procuración Penitenciaria de la Nación. De acuerdo con los datos oficiales la cantidad de personas encarceladas en el SPF ha aumentado en forma constante desde 2007. Luego de un pico de 9735 alojados en 2004, el total de personas detenidas disminuyó en forma relativa hasta 2007. Sin embargo, desde entonces y hasta la actualidad ha crecido en forma ininterrumpida hasta alcanzar, ahora, su máximo histórico.

La cantidad de personas en cárceles federales ha registrado un aumento del 14,3%, en el período 2007–2014. En menos de siete años, el fenómeno del encarcelamiento ha presentado un incremento superior en comparación con el crecimiento demográfico total registrado en Argentina durante la última década. De acuerdo con la variación intercensal para 2001 – 2010 calculada y publicada por el INDEC(1), el aumento poblacional para ese período no supera el 10,6%. Al contrastar este dato con el correspondiente al movimiento de detenidos bajo la órbita del SPF, se observa que entre 2001 y 2010, la cantidad de presos se disparó en un 20,9%(2).

Respecto de la misma década, las estadísticas oficiales(3) arrojan que el total de personas encarceladas en Argentina para el período 2001 – 2010 creció de 41.007 a 59.227, por lo que el aumento del total de presos en el país fue del 44%.

El fenómeno del encarcelamiento federal, de tal forma, ha experimentado un aumento real que duplica a la variación demográfica en Argentina. También ha aumentado en forma alarmante el número total de personas privadas de la libertad en el país, cuadruplicando las cifras demográficas.

Frente a ello, e incluso a pesar de algunas maniobras paliativas ilegales, como la instalación de camas tipo cucheta, no ha habido un aumento significativo de la cantidad de plazas declaradas. Desde 2012 hasta la fecha, la ocupación de plazas ha superado el 90% de la capacidad nominal de alojamiento declarada por la administración penitenciaria. En este 2014 también se registraron los niveles máximos de ocupación nominal, con un 95% de la capacidad total ocupada, y con focos de franca sobrepoblación en el área metropolitana.

En este contexto, el debate acerca del uso del encarcelamiento y la ausencia de criterios que permitan establecer la capacidad de alojamiento de los espacios de encierro resulta un requisito indispensable para la planificación de una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos. En diciembre de 2013 la Procuración Penitenciaria presentó un proyecto de ley para la fijación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de acreditación confiable para la definición del cupo disponible en cada establecimiento penal. El objetivo de la propuesta es ofrecer una herramienta de visibilización y eliminación de las actuales condiciones de hacinamiento en las instituciones de encierro de Argentina, en el marco de la urgente necesidad de establecer un control democrático de estos espacios.

Fuente: Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación

Para más información, se puede consultar en el proyecto legislativo elaborado por la PPN haciendo click acá.

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El Petiso Orejudo: nuevas teorías sobre el mítico personaje del crimen argentino

Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, se convirtió en un personaje mítico en la historia criminal argentina tras su detención en el año 1912. A él se le adjudican cuatro homicidios de niños y siete tentativas. El niño de orejas aladas pasó a ser el “monstruo” cuya figura usaban los padres para asustar a sus hijos a la hora de comer.

Pero para el historiador Leonel Contreras, no todos los crímenes que se le atribuyeron fueron cometidos por él. Contreras sostiene en especial que el crimen de Arturo Laurora, pariente lejano del historiador, habría sido cometido por una banda de pedófilos.

Esta hipótesis es la que investigó en su nuevo libro El Petiso Orejudo, documento final. El crimen de Arturo Laurora y el origen de la leyenda (Editorial Dunken).

A continuación, una breve entrevista con el autor:

¿Cómo surge la idea de escribir un nuevo libro sobre el Petiso Orejudo?

Leonel Contreras: Yo me crié en el barrio de Parque Patricios, escuchando las historias del Petiso Orejudo de boca de mi abuela, con el agregado importante de que encima una de sus víctimas, Arturo Laurora había sido familiar nuestro. Durante mucho tiempo, distintos autores hicieron mención al crimen de Laurora como “extraño” al menos y como muy dudosa la autoría del Petiso en el mismo. Por ese motivo, sentí que debía investigar sobre mi vínculo con Arturo y la posibilidad concreta de que el Petiso no hubiese sido el autor de su muerte: “Petiso Orejudo: documento final” es por eso un libro en parte autobiográfico.

¿De dónde sale la hipótesis de que el homicidio de Arturo Laurora no haya sido cometido por él?

L.C: Existen muchos datos que indican que el Petiso Orejudo no mató a Laurora: dos hombres de clase alta claramente identificados investigaban acerca de locales y casas para alquilar. Estos hombres abordaban a Laurora. ¿Con qué fin? Eran delincuentes (uno de ellos entrega incluso una dirección falsa), aunque no sabemos con exactitud en que constituía el delito que pretendían cometer. Ellos le ofrecen una propuesta a Laurora (a cambio de dinero) y éste primero no acepta. Sin embargo, cuando Arturo aparece muerto tenía la plata en el bolsillo del pantalón, o sea que “el negocio” se había concretado. Todo esto está confirmado, sumado a que Godino durante mucho tiempo se desligó de ese crimen que él mismo se había adjudicado en un primer momento. Pienso que de saber en que consistía la “propuesta” (Laurora decía que solo le ofrecían dinero para que los acompañara a X calle), calculo que estaríamos resolviendo buena parte del misterio.

¿Creés que alrededor de Cayetano Santos Godino se construyó una especie de mito? ¿Por qué?

L.C: A pesar de que la vida de Godino y sus delitos están en buena parte bien documentados, posteriormente a su detención se creó en torno a su figura la leyenda del “gran asesino serial argentino”. Fue tan terrible el crimen cometido contra el menor Jesualdo Giordano (estrangulado y con un clavo en su cabeza) y este impactó en tal manera en la sociedad porteña, que poco bastó para convertirlo al Petiso en el monstruo gótico que necesitaba Buenos Aires. Su figura se utilizó durante años por los padres porteños para asustar a los chicos a la hora de comer. Esto era lo que había vivido mi abuela, que nació en 1919, siete años después de la detención del Petiso y que sin embargo, lo sentía como contemporáneo.

¿Qué descubriste durante tu investigación? ¿Cómo es investigar una serie de crímenes de hace 100 años? ¿Con qué herramientas trabajaste?

L.C: Al terminar mi investigación llegué a la conclusión de que Laurora fue asesinado por una banda vinculada a la pedofilia y que quizás el Petiso sintió cierta “atracción” por este crimen y por ese motivo a fines de 1912 comenzó a operar con el modus operandi de estrangulamiento con un piolín (nos referimos a las tentativas contra Russo, Ghittoni y Neolener y el asesinato de Jesualdo Giordano entre noviembre y diciembre del ‘12). Esa es mi hipótesis. Además, en lo personal descubrí que mi parentezco con Laurora era mucho más cercano de lo que yo pensaba, ya que al momento del crimen mi bisabuelo vivía en la misma casa que el hermano de Margarita Rossi, la mamá de Laurora. O sea que esto debe haber impactado de sobremanera en la familia. Por eso mi abuela siempre lo tenía tan presente. Es muy difícil investigar sobre un tema policial ocurrido hace más de 100 años. A uno siempre le gustaría tener más herramientas. Por suerte existe el legajo del Archivo General de Tribunales, donde está todo lo relativo a la causa y hay un cuerpo que se constituyó especialmente con el asesinato de Laurora.

 

La presentación del libro es el sábado 18 en la Sede del Distrito del Polo Tecnológico de la CABA, ex Confitería del Jardín Zoo del Sur (dentro del Parque de los Patricios), entrada por Av. Caseros 3250 y Almafuerte.

A las 18 hs. hay una charla del Lic. Luis Disanto: “El Petiso Orejudo y otros homicidas seriales ‘avant la lettre’”. A las 19 hs. el relanzamiento de “La leyenda del Petiso Orejudo” (Ladevi Ediciones) y la presentación de “Petiso Orejudo: documento final” (Editorial Dunken). El evento es organizado por el Ateneo de Estudios Históricos de Parque de los Patricios.

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La Chicago argentina: un festival de literatura policial en Rosario

Del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo el festival de literatura policial La Chicago argentina: Rosario, crimen y cultura.

El evento reunirá a escritores, periodistas, historiadores, criminólogos, investigadores sociales y a muchos otros personajes relacionados al mundo de la administración de la ley y el estudio del delito.

El festival tendrá lugar en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, en San Martín 750, Rosario, Santa Fe.

El encuentro se propone difundir la literatura del género negro y reflexionar sobre cuestiones de cultura criminal y sobre fenómenos sociales de actualidad, a través de la literatura, el cine y otras formas artísticas, de mesas de debate, paneles y encuentros con públicos escolares.

Para conocer a los invitados que estarán en los diferentes paneles, podés entrar a la página de Facebook de La Chicago argentina haciendo click acá.

A continuación, el programa del evento:

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