Emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense

Presentaciones internacionales frente a la emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense 

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria

Entre el martes y miércoles de esta semana se realizaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia sobre las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires -solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP)- y una reunión de trabajo en el marco de las medidas cautelares concedidas por la CIDH para la protección de la vida y la integridad física de los detenidos en el Complejo San Martín de esa provincia –con participación del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esas dos instancias quedaron en evidencia las violaciones estructurales de derechos humanos que persisten en los lugares de detención. 

Acercamos a la CIDH información sobre cuatro problemas: el hacinamiento y la sobrepoblación, la detención de personas en comisarías que viola la prohibición de esta modalidad, las torturas y malos tratos como práctica extendida y las graves deficiencias del sistema de salud penitenciario.

Estos problemas se agravaron como consecuencia de políticas de seguridad regresivas en materia de derechos humanos: la cantidad de detenidos creció 8% en el último año. Hoy en la provincia hay 33.229 personas privadas de libertad, la mayor cantidad en la historia, y una tasa de encarcelamiento de 202 cada 100 mil habitantes. Aumentó la presión sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que ya tenía altísimos niveles de sobrepoblación y nuevamente se incrementó la cantidad de detenidos en comisarías, desobedeciendo lo dispuesto por la CIDH (Comunicado 64/10) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el Complejo Penitenciario San Martín, luego de dos años de vigencia de las medidas cautelares, bajaron las muertes debido a una reducción de la población en esas unidades que sobrecargó otros espacios y trasladó los problemas. Sin embargo, aun en estas unidades, observadas especialmente por la existencia de estas medidas, se mantiene una circulación diaria de facas con la connivencia del SPB y un alto nivel de peleas entre detenidos. Sólo en el primer trimestre de 2014 hubo 83 lesionados en 130 hechos de violencia informados por el mismo SPB y se secuestraron 97 facas en seis meses.

Pusimos en conocimiento de la CIDH la última muerte ocurrida en ese complejo, un caso que muestra que las dinámicas de delegación del gobierno en los mismos detenidos pone en riesgo su vida e integridad física: en julio de 2014 Maximiliano Agustín Araujo Ortiz fue asesinado con facas en una pelea entre detenidos que se inició por el manejo del pabellón. Las decisiones de política penitenciaria no han impactado en la situación de violencia estructural en el Complejo y agravaron la situación en otras unidades como Campana, Ituzaingó y González Catán.

Sobre la situación en el SPB señalamos que las prácticas de tortura, la violencia entre detenidos, la falta de atención médica y la corrupción son las principales deficiencias en el marco de un Servicio militarizado y en el que poco se avanzó en términos de control civil. Mostramos que no se implementaron políticas para prevenir la tortura ni la violencia entre detenidos que puedan incidir sobre el problema estructural, y que se dificulta el acceso a la información durante los monitoreos externos. En este marco, la tortura sigue extendida en todas las unidades, la cantidad de homicidios se mantiene estable desde 2009 y el SPB mantiene un rol central en la promoción y regulación de la violencia. A su vez, la falta de atención médica sigue siendo la principal causa de fallecimientos en el encierro a pesar de que la mitad de la población no supera los 30 años. 

Desde la administración no cuentan con indicadores que muestren una mejora en estos aspectos. Dejaron de proporcionar datos de hechos de violencia en el SPB y no presentaron información sobre la situación sanitaria. Se limitan a enunciar políticas implementadas sin dar cuenta de su impacto. El CELS y la CPM presentamos 76 casos graves de maltrato y tortura que muestran que se mantiene la situación de emergencia humanitaria.

También remarcamos la responsabilidad de la Suprema Corte y de la Procuración General de la provincia por la persistencia de la impunidad. La desprotección de víctimas y testigos y la ausencia de lineamientos de política criminal que analicen las responsabilidades funcionales y las lógicas de gobierno de las unidades son aspectos no resueltos. Entre 2012 y 2014 se produjeron 12 muertes en la unidad San Martín. Las investigaciones de los ocho casos que se desencadenaron por falta de atención médica fueron archivadas a pesar de que la Procuración General se comprometió a investigar todos los fallecimientos en el encierro. Y no se avanzó con el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del SPB en los homicidios. 

El Gobierno volvió a presentar la construcción de cárceles y alcaidías como la principal forma de abordar la situación crítica de hacinamiento. Sin embargo, estas medidas ya fueron implementadas en los últimos años y demostraron su fracaso. Como lo señaló la CSJN en 2005: “se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen”.

Además, en sus presentaciones ante la CIDH el gobierno de la provincia argumentó que la cantidad de detenidos estaría disminuyendo. Este cálculo lo realiza tomando como punto de referencia la población privada de libertad en la provincia en 2004, es decir, el momento de colapso del sistema carcelario previo al dictado del fallo Verbitsky. Pero desde 2008, cuando comenzó la gestión actual, la tendencia es regresiva. 

En la audiencia temática el Comisionado James Cavallaro instó al Estado provincial a realizar medidas urgentes para terminar con el encarcelamiento en comisarías. A su vez, se concretó la posibilidad de que el Relator para las personas privadas de libertad visite en los próximos meses los lugares de detención de la provincia en seguimiento de la realizada en 2010. 

Sin comentarios

Error de cálculo: nueva novela policial del forense Gastón Intelisano

Una familia aparece asesinada en su propia casa. Hay puñaladas, hay disparos, hay cuerpos carbonizados. La intimidad de un hogar se ha vuelto pública: se ha transformado en una escena del crimen, en el espacio en el que los especialistas que comanda Santiago Soler buscarán huellas, rastros, indicios que permitan configurar quién llevó a cabo el asesinato y cómo lo hizo. El crimen, sin embargo, no parece simple de resolver: las víctimas no tenían enemigos aparentes, sino, por el contrario, una reputación intachable, el respeto y la consideración de sus allegados. Además, comienzan a sucederse una serie de secuestros relacionados con el caso, lo que hace que la resolución se vuelva urgente, imperiosa, necesaria: los secuestradores se regodean enviando videos snuff en los que se ve con claridad cómo matan a las mujeres que tienen cautivas. En medio de esta vertiginosa sucesión de acontecimientos, Santiago Soler deberá unir la meticulosidad y la calma de la ciencia forense con la acción de quien no tiene tiempo de medir consecuencias. El análisis de rastros y las autopsias con las persecuciones y los disparos. El otro extremo de la piel se llevó hacia atrás, como cuando se da vuelta una media, y entonces apareció el cráneo de un blanco amarillento. Luego, encendieron la sierra eléctrica circular, que emitió un sonido mezcla de torno y taladro. Cuando los dientes de la máquina tocaron el hueso craneal, una nube de polvo blanco flotó en el aire de la sala.
Gastón Intelisano, a través Santiago Soler, personaje y álter ego, con la minuciosidad y precisión de las descripciones, con la inquietante acción a cada página, ha inaugurado un nuevo territorio a explorar en el policial argentino: el cuerpo.

Gastón Intelisano es licenciado en Criminalística, técnico radiólogo y oficial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Trabaja como técnico forense en la morgue de Lomas de ZAmora y es parte del Servicio de Anatomía Patológica del Hosptila Municipal de Vicente López. Error de Cálculo (Ed. Vestales) es su tercera novela y ya puede conseguirse en librerías.

En Crónicas del Crimen entrevistamos a Intelisano cuando publicó su primera novela. Si querés leer esa entrevista, hacé click acá.

Sin comentarios

Record histórico de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal

La cantidad de personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal alcanzó este octubre de 2014 un máximo histórico, al llegar a un total de 10.322 alojados, según el parte de población correspondiente al día 3 de ese mes. Esta cifra refleja el proceso de sostenido crecimiento de la población en los establecimientos carcelarios federales, tal como viene señalando la Procuración Penitenciaria de la Nación. De acuerdo con los datos oficiales la cantidad de personas encarceladas en el SPF ha aumentado en forma constante desde 2007. Luego de un pico de 9735 alojados en 2004, el total de personas detenidas disminuyó en forma relativa hasta 2007. Sin embargo, desde entonces y hasta la actualidad ha crecido en forma ininterrumpida hasta alcanzar, ahora, su máximo histórico.

La cantidad de personas en cárceles federales ha registrado un aumento del 14,3%, en el período 2007–2014. En menos de siete años, el fenómeno del encarcelamiento ha presentado un incremento superior en comparación con el crecimiento demográfico total registrado en Argentina durante la última década. De acuerdo con la variación intercensal para 2001 – 2010 calculada y publicada por el INDEC(1), el aumento poblacional para ese período no supera el 10,6%. Al contrastar este dato con el correspondiente al movimiento de detenidos bajo la órbita del SPF, se observa que entre 2001 y 2010, la cantidad de presos se disparó en un 20,9%(2).

Respecto de la misma década, las estadísticas oficiales(3) arrojan que el total de personas encarceladas en Argentina para el período 2001 – 2010 creció de 41.007 a 59.227, por lo que el aumento del total de presos en el país fue del 44%.

El fenómeno del encarcelamiento federal, de tal forma, ha experimentado un aumento real que duplica a la variación demográfica en Argentina. También ha aumentado en forma alarmante el número total de personas privadas de la libertad en el país, cuadruplicando las cifras demográficas.

Frente a ello, e incluso a pesar de algunas maniobras paliativas ilegales, como la instalación de camas tipo cucheta, no ha habido un aumento significativo de la cantidad de plazas declaradas. Desde 2012 hasta la fecha, la ocupación de plazas ha superado el 90% de la capacidad nominal de alojamiento declarada por la administración penitenciaria. En este 2014 también se registraron los niveles máximos de ocupación nominal, con un 95% de la capacidad total ocupada, y con focos de franca sobrepoblación en el área metropolitana.

En este contexto, el debate acerca del uso del encarcelamiento y la ausencia de criterios que permitan establecer la capacidad de alojamiento de los espacios de encierro resulta un requisito indispensable para la planificación de una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos. En diciembre de 2013 la Procuración Penitenciaria presentó un proyecto de ley para la fijación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de acreditación confiable para la definición del cupo disponible en cada establecimiento penal. El objetivo de la propuesta es ofrecer una herramienta de visibilización y eliminación de las actuales condiciones de hacinamiento en las instituciones de encierro de Argentina, en el marco de la urgente necesidad de establecer un control democrático de estos espacios.

Fuente: Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación

Para más información, se puede consultar en el proyecto legislativo elaborado por la PPN haciendo click acá.

Sin comentarios

El Petiso Orejudo: nuevas teorías sobre el mítico personaje del crimen argentino

Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, se convirtió en un personaje mítico en la historia criminal argentina tras su detención en el año 1912. A él se le adjudican cuatro homicidios de niños y siete tentativas. El niño de orejas aladas pasó a ser el “monstruo” cuya figura usaban los padres para asustar a sus hijos a la hora de comer.

Pero para el historiador Leonel Contreras, no todos los crímenes que se le atribuyeron fueron cometidos por él. Contreras sostiene en especial que el crimen de Arturo Laurora, pariente lejano del historiador, habría sido cometido por una banda de pedófilos.

Esta hipótesis es la que investigó en su nuevo libro El Petiso Orejudo, documento final. El crimen de Arturo Laurora y el origen de la leyenda (Editorial Dunken).

A continuación, una breve entrevista con el autor:

¿Cómo surge la idea de escribir un nuevo libro sobre el Petiso Orejudo?

Leonel Contreras: Yo me crié en el barrio de Parque Patricios, escuchando las historias del Petiso Orejudo de boca de mi abuela, con el agregado importante de que encima una de sus víctimas, Arturo Laurora había sido familiar nuestro. Durante mucho tiempo, distintos autores hicieron mención al crimen de Laurora como “extraño” al menos y como muy dudosa la autoría del Petiso en el mismo. Por ese motivo, sentí que debía investigar sobre mi vínculo con Arturo y la posibilidad concreta de que el Petiso no hubiese sido el autor de su muerte: “Petiso Orejudo: documento final” es por eso un libro en parte autobiográfico.

¿De dónde sale la hipótesis de que el homicidio de Arturo Laurora no haya sido cometido por él?

L.C: Existen muchos datos que indican que el Petiso Orejudo no mató a Laurora: dos hombres de clase alta claramente identificados investigaban acerca de locales y casas para alquilar. Estos hombres abordaban a Laurora. ¿Con qué fin? Eran delincuentes (uno de ellos entrega incluso una dirección falsa), aunque no sabemos con exactitud en que constituía el delito que pretendían cometer. Ellos le ofrecen una propuesta a Laurora (a cambio de dinero) y éste primero no acepta. Sin embargo, cuando Arturo aparece muerto tenía la plata en el bolsillo del pantalón, o sea que “el negocio” se había concretado. Todo esto está confirmado, sumado a que Godino durante mucho tiempo se desligó de ese crimen que él mismo se había adjudicado en un primer momento. Pienso que de saber en que consistía la “propuesta” (Laurora decía que solo le ofrecían dinero para que los acompañara a X calle), calculo que estaríamos resolviendo buena parte del misterio.

¿Creés que alrededor de Cayetano Santos Godino se construyó una especie de mito? ¿Por qué?

L.C: A pesar de que la vida de Godino y sus delitos están en buena parte bien documentados, posteriormente a su detención se creó en torno a su figura la leyenda del “gran asesino serial argentino”. Fue tan terrible el crimen cometido contra el menor Jesualdo Giordano (estrangulado y con un clavo en su cabeza) y este impactó en tal manera en la sociedad porteña, que poco bastó para convertirlo al Petiso en el monstruo gótico que necesitaba Buenos Aires. Su figura se utilizó durante años por los padres porteños para asustar a los chicos a la hora de comer. Esto era lo que había vivido mi abuela, que nació en 1919, siete años después de la detención del Petiso y que sin embargo, lo sentía como contemporáneo.

¿Qué descubriste durante tu investigación? ¿Cómo es investigar una serie de crímenes de hace 100 años? ¿Con qué herramientas trabajaste?

L.C: Al terminar mi investigación llegué a la conclusión de que Laurora fue asesinado por una banda vinculada a la pedofilia y que quizás el Petiso sintió cierta “atracción” por este crimen y por ese motivo a fines de 1912 comenzó a operar con el modus operandi de estrangulamiento con un piolín (nos referimos a las tentativas contra Russo, Ghittoni y Neolener y el asesinato de Jesualdo Giordano entre noviembre y diciembre del ‘12). Esa es mi hipótesis. Además, en lo personal descubrí que mi parentezco con Laurora era mucho más cercano de lo que yo pensaba, ya que al momento del crimen mi bisabuelo vivía en la misma casa que el hermano de Margarita Rossi, la mamá de Laurora. O sea que esto debe haber impactado de sobremanera en la familia. Por eso mi abuela siempre lo tenía tan presente. Es muy difícil investigar sobre un tema policial ocurrido hace más de 100 años. A uno siempre le gustaría tener más herramientas. Por suerte existe el legajo del Archivo General de Tribunales, donde está todo lo relativo a la causa y hay un cuerpo que se constituyó especialmente con el asesinato de Laurora.

 

La presentación del libro es el sábado 18 en la Sede del Distrito del Polo Tecnológico de la CABA, ex Confitería del Jardín Zoo del Sur (dentro del Parque de los Patricios), entrada por Av. Caseros 3250 y Almafuerte.

A las 18 hs. hay una charla del Lic. Luis Disanto: “El Petiso Orejudo y otros homicidas seriales ‘avant la lettre’”. A las 19 hs. el relanzamiento de “La leyenda del Petiso Orejudo” (Ladevi Ediciones) y la presentación de “Petiso Orejudo: documento final” (Editorial Dunken). El evento es organizado por el Ateneo de Estudios Históricos de Parque de los Patricios.

Sin comentarios

La Chicago argentina: un festival de literatura policial en Rosario

Del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo el festival de literatura policial La Chicago argentina: Rosario, crimen y cultura.

El evento reunirá a escritores, periodistas, historiadores, criminólogos, investigadores sociales y a muchos otros personajes relacionados al mundo de la administración de la ley y el estudio del delito.

El festival tendrá lugar en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, en San Martín 750, Rosario, Santa Fe.

El encuentro se propone difundir la literatura del género negro y reflexionar sobre cuestiones de cultura criminal y sobre fenómenos sociales de actualidad, a través de la literatura, el cine y otras formas artísticas, de mesas de debate, paneles y encuentros con públicos escolares.

Para conocer a los invitados que estarán en los diferentes paneles, podés entrar a la página de Facebook de La Chicago argentina haciendo click acá.

A continuación, el programa del evento:

Sin comentarios

La familia de María Cash propone la creación de una Agencia de búsqueda de personas

A través de la página de peticiones online Change.org, Máximo Cash, hermano de María Cash, la joven desaparecida hace tres años, sigue promoviendo la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

Esto dice la petición:

“Mi hermana, María Cash, desapareció hace 3 años. Nunca paramos de buscarla, y en el transcurso aprendimos mucho de este doloroso tema. En base a nuestra experiencia, podemos afirmar que uno de los principales obstáculos para encontrar a una persona desaparecida, es la falta de coordinación entre los mismos mecanismos institucionales.

Por eso hoy estamos proponiendo la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas, que integre a nivel nacional a todos los organismos intervinientes en los casos de búsqueda.

Si bien se crearon planes y organismos en este tema, cada uno actúa autónomamente. Además hay barreras entre las diferentes jurisdicciones geográficas.

Actualmente, por ejemplo, para buscar a una persona que fue vista en diferentes provincias, se tiene que abrir una causa en cada una de ellas. Cuando finalmente se lleva a cabo la búsqueda, la persona probablemente ya no está allí.

Es hora de generar soluciones efectivas. Hoy pedimos la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

En julio se cumplieron 3 años de la desaparición de mi hermana, y hace pocos meses mi papá falleció buscándola. Todo el dolor de mi familia, como el de tantas otras que atraviesan por esta situación, merece tener una respuesta. Vos podés apoyarnos con tu firma.”

Para firmar esta petición, hacé click acá

Sin comentarios

La Justicia suspendió la medida que permitía alojar detenidos en comisarías bonaerenses

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)

Fotografía tomada durante un monitoreo desarrollado por magistrados del Comité departamental de Mercedes ( vía Cels)

“El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías. Dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con la presentación de los organismos de derechos humanos, entendió que prima facie la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
El magistrado señaló, además, que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”. La resolución del ministro Alejandro Granados implica para el juez un retroceso respecto del cierre progresivo de los calabozos de comisarías que había implementado el Ministerio de Justicia y Seguridad en resoluciones anteriores.

La norma  que el ministro Granados firmó en mayo de este año contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires.

En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. El 60% de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”

Sin comentarios

Freno judicial a la decisión de alojar detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de mujeres

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

17 de Septiembre, 2014.

“En mayo de este año, un día después de la decisión del SPF de trasladar a una parte de la población femenina de la Unidad 31 de Ezeiza a fin de afectar el espacio que ocupaban al alojamiento de detenidos adultos mayores comprometidos en procesos por violaciones a los derechos humanos, la Procuración Penitenciaria interpuso una acción de Habeas Corpus.

La PPN sostuvo que el SPF a fin de resolver su problema de superpoblación, vulnera los derechos de los detenidos. En este caso, mujeres alojadas en una cárcel que, a su vez y como agravante, también aloja junto con ellas a sus niños.

El juzgado de primera instancia rechazó la acción, y tanto la Cámara de La Plata como la Sala I de la Cámara de Casación, confirmaron este rechazo. Todas esas instancias judiciales entendieron que la medida del SPF no vulneraba los derechos de las presas.

A pesar de los fundamentos que esgrimió esta PPN, resaltando que el alojamiento intempestivo y forzado de varones detenidos por crímenes de lesa humanidad, en una cárcel de mujeres con niños resultaba notoriamente vulneratorio de los derechos de las presas, las instancias judiciales señaladas entendieron que no había vulneración que habilitara la acción de habeas corpus.

En paralelo, un detenido en la cárcel de Devoto que forma parte del Centro Universitario, interpuso otra acción de habeas corpus, en salvaguarda de los derechos de las mujeres detenidas contra esta decisión del SPF.

En esta oportunidad la Sala III de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la acción de habeas corpus, dejando sin efecto el decisorio del SPF y otorgando 20 días para que proceda a desalojar a los detenidos hombres alojados en la Unidad 31, debiendo regresar a las mujeres que allí se alojaban y habían sido desplazadas.

El valor de este decisorio es claro: el SPF no pueden resolver sus problemas de superpoblación con decisiones intempestivas y sin planificación alguna. Antes que la necesidad del SPF de generarse plazas carcelarias, están los derechos de las personas presas.

La PPN monitoreará el cumplimiento del decisorio judicial para verificar que se salvaguarden los derechos de las mujeres presas durante su reintegro a la Unidad N°31.”

 

 

 

Sin comentarios

Presentan Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica

Hoy a las 21.30 en El Quetzal, Guatemala 4516, en Palermo, presentan el libro Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica (Ed. Letras del Sur). A 10 años del caso conocido como la Masacre de Patagones, en donde un joven de 15 años mató a tres compañeros de la escuela e hirió a otros cinco, Pablo Morosi y Miguel Braillard cuentan en su libro detalles de este hecho que conmocionó a todo el país.

Los autores trabajaron con los expedientes judiciales y entrevistas a víctimas, familiares, testigos, docentes, profesionales y funcionarios.

“Este trabajo no sólo tiene la intención de repasar las circunstancias que llevaron al protagonista a cometer el múltiple crimen, sino que también se propone como material de estudio para diversas disciplinas interesadas en este tipo de sucesos como: Pedagogía, Psicología, Derecho, Comunicación y Trabajo social, entre otras. El acontecimiento relatado atravesó todas las clases sociales e involucró a gran parte de la comunidad teniendo como eje un flagelo que a todos nos preocupa y ocupa: la violencia social que padecemos”

Más información sobre el evento: hacé click acá.

Más información sobre el caso: hacé click acá

Sin comentarios

Presentación de “Angeles” en Librería Gandhi

Mañana sábado 13, a las 12.30, los autores de “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” se presentarán en la Feria de Editoriales Independientes, organizada por la Librería Gandhi, en Malabia 1784.

En ese marco se realizará una charla-debate sobre el tema “Angeles y otros femicidios”.

Surgido a partir del crimen de la adolescente Angeles Rawson, ocurrido el 10 de junio de 2013, el libro “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” aborda una serie de femicidios resonantes de los últimos años.

Las investigaciones estuvieron a cargo de Javier Sinay (caso Solange Grabenheimer), Sol Amaya (caso Paulina Lebbos), María Helena Ripetta (caso Lucila Yaconis), Cecilia Di Lodovico (caso Candela Sol Rodríguez), Claudio Marazzita (caso María Soledad Morales) y Federico Fahsbender (casos Angeles Rawson,  Marianela Rago y Natalia Melmann).

 

Sin comentarios