El derecho a voto de los condenados, un debate vigente

FOTO: www.adc.org.ar

Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia consideró que es inconstitucional que se excluya del padrón de electores de la Ciudad de Buenos Aires a personas condenadas y sancionadas por diversos delitos y faltas.

La resolución fue en respuesta a una presentación realizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG que busca “contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores democráticos”.

¿Cómo es la normativa hoy? ¿Por qué se reclama que los condenados puedan votar? Un interesante artículo de ADC responde estas y otras preguntas sobre este tema. Los invito a leer algunos fragmentos del informe de la ONG.

“(…)En Argentina, el artículo 37 de la Constitución Nacional (CN) consagra el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, y garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo a las leyes que se dicten en consecuencia.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21) refuerzan el reconocimiento constitucional del derecho al voto y mencionan expresamente los supuestos en los que el Estado podría reglamentar su
ejercicio, incluyendo entre ellos la condena impuesta por un juez competente en el marco de un proceso penal. “Reglamentar” no significa “restringir”, ni se desprende de la lectura de los textos que se obligue a ello. Al contrario, una reglamentación razonable puede garantizar el derecho en cuestión al contribuir a tornarlo operativo.
A pesar de estas garantías y protecciones, las personas condenadas a pena privativa de la libertad, de modo general, tienen prohibido votar. El Código Electoral Nacional establece (art. 3, inc. e, f y g) que están excluidos del padrón electoral:
• los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena;
• los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis;
• los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.
¿Es legítimo denegar la capacidad electoral a las personas que recibieron una condena?

La “función resocializadora” que sostiene a la lógica penitenciaria
difícilmente pueda alcanzarse amputando los lazos que unen a los sujetos privados de su libertad con el resto de la sociedad.(..)

El impacto de la prohibición de voto recae principalmente sobre una porción de la población que ha sido seleccionada por el sistema penal. (…) Sin eufemismos: el sistema penal persigue mayormente a personas pobres, lo que puede ser corroborado por los niveles educativos alcanzados por la población penitenciaria y por los datos referidos a su ocupación laboral al
momento de ingresar a prisión.(…)

¿Cuál es la razón de la prohibición del voto?

(..)El impedimento electoral posiblemente subsiste más por la atmósfera de exclusión de derechos y marginalidad que todavía rodea al mundo penitenciario (…)

¿Cuáles son los principales argumentos para sostener el derecho a
voto de las personas condenadas?

(…)La prohibición de votar dirigida a las personas condenadas atenta contra su dignidad al negarles la posibilidad de participar en el debate político por no considerarlas sujetos capaces de emitir una opinión válida. A la vez, constituye un agravamiento de sus condiciones de detención (…)”

 Haciendo click aquí pueden leer el artículo completo: El voto de las personas condenadas: un derecho pendiente

 

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Informe del Cels sobre prácticas policiales violentas

Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos*

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país. Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el que coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos.

Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Aquí, el informe completo

*Informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Agosto 2014.

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A seis años del Triple Crimen de General Rodríguez

Por Juan I. Bidone*

El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron privados de su libertad en la localidad de Quilmes alrededor de las 13:00hs. Los sujetaron con precintos en sus pies y manos, los trasladaron a la ciudad de General Rodríguez, donde entre las 15:25hs. y las 16:05hs., arrodillados y por la espalda, fueron ejecutados secuencialmente. La camioneta de uno de ellos – Ferrón- fue trasladada hasta la zona de Nazca y Gaona (Ciudad de Buenos Aires) y allí la incendiaron con una de las armas homicidas en su interior, que casualmente pertenecía a uno de los fallecidos (Forza). Los cuerpos sin vida fueron conservados a baja temperatura (en un galpón, sótano o cámara de frío no congelante) hasta el día de su hallazgo,  13 de agosto, en un camino rural de Rodríguez, a 800mts. de la ruta Nac. Nro. 6.

Tales circunstancias se dieron por probadas en el juicio oral del caso conocido como “triple crimen de General Rodríguez”[1], en cuyo marco el 20 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 condenó a prisión perpetua los hermanos Lanatta (Martín y Christian)  y Schillaci (Marcelo y Víctor) [2], sentencia que fuera confirmada por el Tribunal de Casación Penal Bonaerense a poco de cumplirse un año de aquel fallo (28/11/2013)[3].

La investigación continúa en procura de atribuir responsabilidad penal a otras personas involucradas en los crímenes, entre los que se encuentra el prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, sobre quien la Provincia de Bs. As. ha fijado una recompensa [4]

El mundo de actividades y relaciones tanto de víctimas como de victimarios (medicamentos adulterados o robados, cuevas de cheques y financieras[5], narcotráfico, lavado de dinero[6]) echó luz sobre un sinnúmero de cuestiones que, más allá de vincularse a los homicidios, fueron motivo de investigación en distintos Juzgados, generando además modificaciones sustanciales en lo relativo al control y fiscalización del Estado sobre la efedrina[7].

Y es que un análisis pormenorizado sobre esa multiplicidad de vínculos (societarios, de relación personal a través de entrevistas, reuniones, viajes, comunicaciones telefónicas, intercambio de mails) permite delinear un cuadro se situación de la Argentina en los años 2007/2008, al menos en lo que respecta a aquellos tópicos. Permitió evidenciar en qué consistían las maniobras relacionadas con el mercado de los medicamentos [8], permitió evidenciar también cómo funcionaban las operatorias financieras en relación a la actividad farmacéutica, y qué actores de ese gran conglomerado osaron -ganancias millonarias mediante- introducirse en la adquisición de efedrina a través de su desvío o contrabando, con la exclusiva finalidad de ofrecerla y transportarla hacia la demanda del narcotráfico mexicano, o incluso de colaborar en una “segunda etapa”, que consistía en la implantación de laboratorios de producción de la droga final -la metanfetamina- en nuestro propio territorio, siempre con México como destino[9].

Sin temor a equívocos puede afirmarse que se trató de un caso de crimen organizado trasnacional operando en nuestro país. Además del aprovechamiento de las grietas legales … “Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas que estaban operando en Buenos Aires, Argentina, durante ese tiempo, intentaron manufacturar la droga conocida como cristal en la misma región. Estaban involucrados activamente en el reclutamiento y utilización de ciudadanos argentinos, paraguayos y uruguayos para promover o promocionar sus empresas ilegales relacionadas con la compra de grandes cantidades de efedrina y la producción clandestina de metanfetaminas”[10].

 *Profesor de la Universidad de Morón- Licenciatura en Seguridad.



[10]   Informe de la “Drug Enforcement Administration” (DEA) anexado al expediente  5025 de trámite en el TOC.n°2 de Mercedes.

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Zaffaroni: “Lo peor que podría pasar es condenar a un inocente”

La semana pasada, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, participó del programa Línea de Tiempo, en la TV Pública. Les comparto la entrevista que le hizo Matías Martin.

Aquí un punteo de algunas de las reflexiones del magistrado con respecto a la Justicia:

  • “En el ámbito penal hay una selectividad, sociológicamente está verificado, vas a una cárcel y lo que vas a encontrar son los más vulnerables, los que tienen menos poder, pueden ser los pobres. Y que son los autores de las cosas más groseras y más tontas. Esto se produce por un fenómeno natural: ¿qué es lo más fácil de detectar’: eso”.
  • “El que crece en determinado medio aprende una cierta tecnología. Sabemos hacer ciertas cosas, otras no. El que te puede sacar la billetera en el colectivo, no puede fundar y fundir un banco. Y es mucho más fácil detectar al que te roba la billetera que al que funda y funde un banco. Estos no entran porque es más difícil pescarlo”
  • “La policía funciona como burocracia y la burocracia hace lo más sencillo. Eso es llevarse alguien que va por la calle, tiene cara de ladrón, camina como ladrón, se viste como ladrón y roba. Funciona el estereotipo, sacando la minoría de psicópata que puede haber”
  • El poder es decidir sobre lo que van a hacer los otros. Se siente mejor cuando uno lo ejerce lo menos posible.
  • En penal hay una cosa que es importante: cuando uno lee los expedientes de atrás para adelante, se queda tranquilo. Ahora si razonás en que vas a perseguir y a vengar ahí sí puede ser que alguna noche no pueda dormir.
  • En las instancias superiores como juez lo que tenés que pensar es que lo que te llega es alguien que ha tenido siempre todo en contra, entonces ver que no se le haya pasado algo a alguien. Lo peor que podría pasar es condenar a un inocente

Algunas desafíos de la Justicia:

  • Hay que ampliar la base de acceso a la justicia
  • Reducir el nivel de selectividad
  • Evitar que la intervención de la justicia sea estigmatizante y condicionante de carreras criminales

 

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Ángeles, mujeres jóvenes víctimas de la violencia, en el BAN!

El libro “Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” (Ediciones Del Empedrado) será el eje de una mesa redonda con debate posterior que se llevará a cabo el sábado 2 de agosto a las 16, en el marco del Festival Buenos Aires Negra 2014 (BAN!), con entrada libre y gratuita.

La charla-debate, presentada como “Angeles y otros femicidios” estará a cargo de los coautores María Helena Ripetta y Javier Sinay y del editor Norberto Chab.

El Festival Internacional de Novela Policial se llevará a cabo entre el 1 y el 9 de agosto, en el Centro Cultural Gral. San Martín, con la presencia de escritores extranjeros como Petros Markaris (Grecia), Fernando Marías (España) y Cecilia González (México) y argentinos como Alvaro Abós, Horacio Convertini, Juan Sasturain, Eduardo Sacheri, Luisa Valenzuela y Ernesto Mallo, entre otros.

“Angeles – Mujeres jóvenes víctimas de la violencia” es un libro surgido a partir del crimen de la adolescente Angeles Rawson, en el que seis periodistas reconstruyen los crímenes de ocho mujeres jóvenes, entre ellos el de Ángeles Rawson, la adolescente asesinada el año pasado.

Los casos abordados son: Candela Sol Rodríguez (por Cecilia Di Lodovico), Lucila Yaconis (por María Helena Ripetta), María Soledad Morales (entrevistas a cargo de Claudio Marazzita), Marianela Rago (por Federico Fahsbender), Natalia Melmann (por Federico Fahsbender), Paulina Lebbos (por Sol Amaya) y Solange Grabenheimer (por Javier Sinay), además de Angeles Rawson (por Federico Fahsbender), el crimen que mantiene una infortunada actualidad por sus implicancias judiciales.

Más información sobre el Festival Buenos Aires Negra 2014: hacé click acá

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¿Es la pena de prisión siempre la única solución?

Gracias al aporte de uno de los lectores del blog, puedo compartirles este interesante video que abre un debate que nos debemos como sociedad. ¿Es la pena de prisión SIEMPRE la única solución?

Con millones de personas presas en todo el mundo, en su gran mayoría por delitos menores y no violentos, no parece que las cosas estuvieran mejorando. ¿Hay alternativas? Este video muestra que sí. Pasen y vean.

¿Una condena de prisión es siempre la solución? from Penal Reform International on Vimeo.

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Conferencia sobre Políticas de Drogas: cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria

 Ayer se llevó a cabo la 12° la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada por la Asociación Civil Intercambios en el Salón Azul del Senado de la Nación.

El debate desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria.

La presidenta de Intercambios AC Graciela Touzé expresó en la apertura de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas “después de que el Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención”. Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas provincias al régimen de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y Córdoba alertan sobre esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un instrumento para continuar criminalizando a la población en situación más vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los Tribunales de Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia de Salta porque hacen prevalecer la intervención penal y entran así en contradicción con otras políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Jacomet, Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones (SEDRONAR) resaltó “la importancia de que todas las responsabilidades de persecución al narcotráfico hayan pasado al Ministerio de Seguridad de la Nación y SEDRONAR se aboque solo a la prevención, capacitación y asistencia”, y en este sentido expresó: “La cuestión de la drogadicción nace de la exclusión, no sólo debemos observar al sujeto sino a las situaciones anteriores de las que ha sido objeto. Tenemos una responsabilidad desde el Estado ante esto”.

A su vez, el Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous, expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos preocupan las personas o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”.

Ana María Cortes,  Directora de Cooperación Nacional e Internacional, (SEDRONAR), señaló que “Argentina está promoviendo en distintos ámbitos multilaterales un enfoque equilibrado y multidimensional que aborde integralmente el consumo problemático de drogas y aporte a la reducción de la oferta y la demanda”.

Es necesario un paradigma de inclusión social que promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas de desestigmatización; es un tema de salud social, no solo sanitario sino comunitario”. Por último, destacó la iniciativa de “un observatorio regional acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para diseñar estrategias conjuntas”.

Por último Alejandro Corda, Abogado e Investigador de Intercambios ACpresentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado de vulnerabilidad.  En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.

Además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”.

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La privación de libertad de los menores de edad: la caja negra de las políticas sociales y jurídicas para la infancia

Por Emilio Garcia Mendez*

La Argentina es, qué duda cabe, un país de paradojas. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) órgano del Estado que por ley posee el mandato de inspeccionar las condiciones de privación de libertad en el régimen penitenciario federal, ha debido iniciar una acción de habeas corpus para que se le permita cumplir sus obligaciones e ingresar a las instituciones en que se encuentran alojadas personas menores de edad.

Se trata en este caso de menores de edad privados de libertad en la ciudad de Buenos Aires pero que, por razones que ameritarían otro capítulo aparte, lejos de encontrarse bajo la jurisdicción del gobierno de la ciudad como correspondería y como sucede en todas las provincias del país, se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno nacional representado en este caso por la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), órgano del Ministerio de Desarrollo Social.

No caben dudas, que este área de la política social constituye la más oscura de un gobierno que ha hecho de la falta de información pública y del secretismo una verdadera política oficial.

Contradiciendo incluso las afirmaciones de Jeremías Bentham que ya en el siglo XIX afirmaba que en una sociedad democrática los muros de la prisión deberían ser de cristal para el escrutinio de la sociedad, en la Argentina desconocemos desde 2008, incluso el número de los menores de edad privados de libertad. La poca información real de la que se dispone, que incluye varios motines con su consiguiente represión, resulta tan anónima cuanto fragmentaria y emerge de operadores sociales y adolescentes internados que no se animan a la denuncia pública de las pésimas condiciones materiales que imperan en los “institutos” convertidos en verdaderas cárceles de menores. Esta mera sospecha debería ser motivo suficiente para solicitar por parte de la SENAF el ingreso de la PPN como  forma de disipar cualquier duda o suspicacia.

A menos que consideremos con seriedad algún grotesco y edulcorado informe oficial (1) del único órgano de control que la SENAF está dispuesto a aceptar, la concesión -sin condiciones- de este habeas corpus, constituye la única posibilidad de arrojar un poco de luz sobre esta zona tenebrosa de la política social.

Concedido en primera instancia, el habeas corpus solicitado por la PPN, fue paradójicamente confirmado por la segunda instancia. Sin embargo, éste fallo que convalida lo resuelto en primera instancia, colocado en su contexto, resulta tan vergonzoso, cuanto humillante. Una paradoja en estado químicamente puro.

La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ha sorprendentemente condicionado el ingreso de la PPN a las instituciones de privación de libertad únicamente de la mano de la Defensoría General de la Nación (DGN). Sin embargo, la cosa no termina ahí.

Son los argumentos de la segunda instancia que, en la mejor de las hipótesis, denotan un profundo desconocimiento del derecho de la infancia que emana dela Convención Internacionalde los Derechos del Niño, los que constituyen un motivo adicional de preocupación.

Sostiene el fallo de segunda instancia, que la PPN, carece de las facultades “tutelares” (sic) que exige la especialización cuando se trata de privados de libertad menores de edad. En consecuencia exige que la PPN, para ingresar, debería presentar a la jueza de primera instancia que acordó el habeas, un plan de abordaje, para su homologación, que incluya a profesionales de acreditada especialidad en minoridad. Esta ridícula pretensión, no solo convierte en una burla las facultades de un órgano de control sino que, contrariando toda la doctrina, entiende a la especialidad como una forma de restringir, en vez de aumentar, los derechos de niños y adolescentes.

El principio pro homine pulverizado en nombre de un falso tutelarismo que ha permitido, y por lo visto todavía permite, que las peores atrocidades contra la infancia se sigan cometiendo mucho mas en nombre de la “piedad” y la “protección”, que en nombre de la propia represión.

Si no fuera una sentencia jurídica, este fallo resultaría un ejemplo primoroso de humor negro.

*Experto en derecho penal juvenil y presidente de la Fundación Sur

(1)           Cfr. “El monitoreo de la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes”. Buenas Prácticas dela Defensa Pública.Ed. Del Ministerio Publico dela Defensa, Buenos Aires, 2012. Esta publicación, que lejos de haber  sido distribuida ha sido sistemáticamente ocultada, remeda en forma de farsa los informes oficiales de “derechos humanos” de los regímenes totalitarios. Las condiciones idílicas en que encuentran, según este informe, los menores de edad privados de libertad debería constituir un motivo  mas que suficiente para que la SENAF invitara a la PPN al cumplimiento de sus obligaciones.    

 

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12º Conferencia Nacional sobre políticas de drogas

Mañana se realizará la 12º Conferencia Nacional sobre políticas de drogas organizada por Asociación Civil Intercambios. Se trata de un espacio de discusión y debate sobre políticas de drogas, en el cual confluyen autoridades de organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, especialistas y académicos.

La conferencia se llevará a cabo en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A las 9:00 hs se realizará la apertura a cargo de la Presidenta de Intercambios AC, Graciela Touzé junto a la Ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodriguez, el Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones de SEDRONAR Carlos Jacomet y el Fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Felix Crouss.

Programa

09:00 a 10:30 hs.  Apertura

  • María Cecilia RodríguezMinistra de Seguridad de la Nación.
  • Carlos Jacomet. Subsecretario de PrevenciónCapacitación y Asistencia de las Adicciones. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
  • Félix Crous. Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Procuración General de la Nación.
  • Marina SoberanoEn representación de la Defensoría General de la Nación.
  • Graciela Touzé. Presidenta de Intercambios Asociación Civil.

10:30 a 12:30 hs.  Panel:Dispositivos e Instituciones. Actuales desafíos en la intervención.  

  • Edith Benedetti. Psicóloga. Interventora General del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO)
  • Néstor RebecchiDocente. Director de la Escuela Media Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Carlos DamínMédico especialista en Toxicología. Jefe de la División de Toxicología del Hospital Juan A. Fernández. Profesor Titular Primera Cátedra de Toxicología. Facultad de Medicina, UBA.

DiscutidorDamián Fernández Courel. Psicólogo. Centro Nueva Tierra 

ModeradoraPaula Goltzman. Trabajadora social. Coordinadora del Área de Intervención de Intercambios Asociación Civil.

12:30 a 14:00 hs. Receso

14:00  a 16:00 hs.  Panel: Violencia urbana, seguridad y drogas. 

  • Pablo Javier Martínez. Sociólogo. Integrante del área de Información e Investigaciones del Procuraduría de Narcocriminalidad. Ministerio Público Fiscal.
  • Juan Monteverde. Militante del Movimiento Giros de la ciudad de Rosario.
  • Roberto CarlésAbogado. Coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación
  • Gabriel Adrian Bombini. Abogado. Juez de garantías nº 5 en el Departamento Judicial Mar del Plata.

Discutidor: Rut Diamint. Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella. Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) 

 Moderador: Diana Rossi. Trabajadora Social. Coordinadora del Área de Investigación de Intercambios Asociación Civil.

16:00 a 16:15 hs. Intervalo

16:15 a 18:00 hs.  Políticas de drogas y Derechos Humanos. Panorama en la Región Latinoamericana. 

  • Ana María Cortes.  Directora de Cooperación Nacional e Internacional. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
  • Laura BlancoPresidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay.
  • Marcelo BergmanDirector del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre la Inseguridad y el Violencia de la Universidad Nacional Tres de Febrero.
  • Alejandro Corda.  Abogado. Investigador Intercambios Asociación Civil. (Presentación del Informe del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho. “En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”)

Discutidor: Pedro AbramovayAbogado. Director del Programa Latinoamericano y Director Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Open Society. 

ModeradorPablo Cymerman. Psicólogo. Coordinador del Área de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil.

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Selva Almada: “Las mujeres tenemos que dejar de criar misóginos y de tolerar el sistema patriarcal”

Andrea Danne, 19 años, asesinada en su casa en Entre Ríos en 1986.

María Luisa Quevedo, 15 años, asesinada en Chaco en 1983.

Sarita Mundín, asesinada en Córdoba en 1988.

Tres mujeres jóvenes asesinadas mucho antes de que usáramos la palabra femicidio para este tipo de crímenes. Tres muertes producto de una violencia de la que no se hablaba casi nada, esa violencia puntual que se ejerce contra las mujeres. Tres crímenes impunes.

A Selva Almada estos casos, que conoció en su adolescencia, le quedaron resonando en la cabeza. Por eso decidió plasmarlos en su libro Chicas muertas (Literatura Random House).

“Cuando empecé a pensar en el libro, quería rescatar estos tres casos, creo que mi idea iba más por el lado de la crónica policial. Pero a medida que me fui metiendo en la escritura me fui dando cuenta de que no iba por ahí, de que lo que quería contar era otra cosa, más íntima, y era mi relación con la violencia contra las mujeres, mi propia experiencia siendo una mujer joven, de clase media baja, en la provincia”, explica la autora.

Pasaron muchos años y cientos de mujeres fueron asesinadas. Muchos de esos crímenes no fueron resueltos, incluso aquellos que tuvieron mucha difusión en los medios. ¿Cambió el panorama de la década del ochenta a hoy? Tal vez haya más consciencia de lo que es la violencia de género, pero para Selva Almada, todavía hay mucho por hacer.

“La educación en la familia y en la escuela desde la infancia es fundamental: las mujeres tenemos que dejar de criar misóginos y de tolerar el sistema patriarcal”, dice la escritora.

-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

-Uno de los casos, el de Andrea, ocurrió en un pueblo vecino al mío. Recuerdo que causó mucha conmoción, yo me sentí particularmente impactada. Con los años, supe que lo mismo les había pasado a otras mujeres de mi generación: sin saberlo o sin terminar de comprenderlo, muchas de nosotras nos estábamos desayunando de que existía un tipo de violencia puntual, la que se ejerce sobre las mujeres, y nos estábamos enterando de la manera más brutal, es decir el asesinato de una chica más o menos de nuestra edad. Así que la historia de Andrea estuvo siempre presente. Y cuando empecé a escribir, esa historia aparecía, incluso la abordo en forma de relato y ficcionada en un libro de cuentos. En algún momento empecé a pensar que tenía que escribirla pero ya no desde la ficción, que esa historia tenía que circular, tenía que conocerse, que era lo único que yo podía hacer para que no se perdiera la memoria de esta chica asesinada. Entonces me enteré del caso de María Luisa, más o menos de la misma época, y después del de Sarita. Todos en los años ochenta, todas adolescentes. Ahí me di cuenta de que tenía un corpus, que podía armar un proyecto y lo hice y lo presenté al Fondo de la Artes y me dieron una beca con la que pude hacer parte del trabajo de campo. A partir de ese material podía empezar a escribir un libro.

-¿Por qué elegiste particularmente estos tres casos?

-Los elegí porque ocurrieron en los años ochenta, en el interior del país; porque los tres quedaron impunes; porque nunca saltaron a la primera plana nacional. Eran casos desconocidos fuera de las provincias donde ocurrieron, no fueron casos mediáticos. Ellas eran adolescentes cuando las mataron y yo era adolescente en la misma época.

-Estos tres casos ocurrieron en un contexto en el cual no se conocía la palabra “femicidio” y poco –o nada- se hablaba de violencia de género ¿Es lo que quisiste manifestar al escribir estas historias?

-No, no se hablaba de violencia de género, mucho menos de femicidio. De hecho, no hace muchos años que los medios de comunicación incorporaron esta palabra a su vocabulario: todavía se decía “crimen pasional” en estos casos. No se hablaba del tema, pero obviamente existía. Y no se hablaba de esto porque estaba tan naturalizado que parecía parte de la cotidiana de ser una mujer. Cuando empecé a pensar en el libro, quería rescatar estos tres casos, creo que mi idea iba más por el lado de la crónica policial. Pero a medida que me fui metiendo en la escritura me fui dando cuenta de que no iba por ahí, de que el libro no pretendía ser un policial ni un ensayo sobre violencia de género ni una investigación periodística. Que lo que quería contar era otra cosa, más íntima, si querés, y era mi relación con la violencia contra las mujeres, mi propia experiencia siendo una mujer joven, de clase media baja, en la provincia. Y cómo, en cierto modo y aunque terminara de darme cuenta muchísimos años después, el asesinato de Andrea había sido una suerte de revelación de esa trama para mí.

-¿Cuáles son los puntos en común de estos tres casos, más allá de tratarse de tres mujeres asesinadas?

-Bueno, como te decía: mujeres muy jóvenes, de clase baja o media baja, de la misma generación, provincianas y con el mismo tremendo destino: la muerte y la impunidad, la falta de justicia. Contar sus historias es también contar una época, la manera muy precaria en la que se investigaba, la poca importancia que se le daban a estas muertes porque antes que nada se sospechaba de la propia víctima: era liberal, era una chinita que andaba con varios, la habrá matado un noviecito, era una puta.

-¿Pensás que si esos crímenes hubieran ocurrido en los años recientes se habría detenido a los asesinos, o al menos las investigaciones hubieran sido más minuciosas?

-No lo sé. Lamentablemente tenemos una mirada desconfiada de la justicia que está avalada por los hechos. Después de Andrea, María Luisa y Sarita fueron asesinadas cientos de otras mujeres y probablemente muchos de estos casos no se resolvieron, siguen impunes. Incluso hay muchos casos que han sido muy mediáticos como el de Nora Dalmasso, por ejemplo, que también sigue impune. Es decir que la denuncia, que estas historias capten el interés de los medios y de los ciudadanos tampoco es garantía de que vayan a encontrar justicia.

-¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Hubo obstáculos?

-No, no hubo obstáculos. Los familiares que colaboraron con el libro tuvieron la mejor predisposición y a los que no quisieron colaborar los respeté en su decisión, por supuesto. Los jueces también accedieron a darme entrevistas, a facilitarme el acceso a los expedientes. No, en ese sentido no tuve ningún problema.

-A la hora de pensar el título del libro ¿Cómo fue que decidiste llamarlo “Chicas muertas”?

Al principio era un título en la intimidad, nombrar el proyecto así para mí y para los amigos: sí, estoy laburando en el libro de las chicas muertas. Después empecé a pensar que el título era ese. A veces dudaba porque me parecía demasiado fuerte, demasiado directo. Finalmente cuando lo hablé con mi editora ella estuvo de acuerdo. Nos pareció que de este modo el libro iba directamente al grano desde la primera frase que es el título: era como decir: están matando mujeres, esto está lleno de muertas, hagámonos cargo.

-¿Creés que hoy hay mayor conciencia de lo que es la violencia de género? ¿Creés que se avanzó en ese sentido, que la situación de las mujeres mejoró?

-Hoy existen organismos que se ocupan de atender las denuncias, hay campañas que alertan contra la violencia de género, se habla un poco más del tema, hay leyes que castigan con más dureza a un femicida… pero todavía las mujeres estamos a la intemperie. Creo que la educación en la familia y en la escuela desde la infancia es fundamental: las mujeres tenemos que dejar de criar misóginos y de tolerar el sistema patriarcal.

Sobre la autora:  nació en Entre Ríos en 1973. Además de Chicas muertas, Selva Almada publicó El viento que arrasa (2012) ,el e-book Intemec (2012) Una chica de provincia (2007), Niños (2005) Mal de muñecas (2003).

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