“En México es impensado conocer los datos sobre publicidad oficial con un año de atraso”

 

María Elena Pérez Jaén, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en su reciente paso por la Argentina, opinó sobre el estado del acceso a la información pública en nuestro país.

“Trabajo únicamente con convencidos”, es lo primero que dice María Elena Pérez Jaén, antes de comenzar la entrevista. Quizá porque conoce la resistencia que los gobernantes ejercen cuando los ciudadanos preguntan qué se hace con el dinero de todos. Ella misma se enfrentó durante casi 3 años a Andrés Manuel López Obrador, por entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para exigirle transparencia en su gestión. El enfrentamiento le costó su puesto, que luego recuperó cuando llevó el caso a la Corte Suprema de la Nación. Presiones y recortes de presupuesto fueron una constante en esos momentos.

– ¿Creés que el decreto de acceso a la información pública que el presidente Néstor Kirchner firmó en 2003 es suficiente o, por el contrario, es necesaria una ley que regule el derecho para pedir información al Estado?

– Sin duda, una norma que regule este derecho es necesaria. En la experiencia mexicana, desde 1977 se añadió una mención en el artículo 6to constitucional [“el Estado garantizará el derecho a la información”]. Nunca ocurrió acción alguna. No fue sino hasta 2001 y 2002 cuando empezó el movimiento ciudadano que, finalmente, culminó con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en junio de 2002.

La ley estableció los principios, los derechos y los procedimientos para que la gente ejerciera este derecho. La Argentina no se puede considerar un país donde las personas puedan ejercer su derecho mientras no exista una ley nacional que obligue a todos, por igual, de cualquier orden de gobierno – federal, provincial y municipal, y a los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Judicial y todos aquellos entes que reciban recursos públicos, a entregar la información pública que le pertenece a los ciudadanos. En mis recientes visitas veo que hay esfuerzos por ejemplo: en el Municipio de Santa Fe, en el gobierno de esa provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, pero el ejercicio de los derechos en cualquier país tiene que ser igual para todos. No se pueden tener ciudadanos de primera o de segunda.

Estoy convencida de que se tiene que sancionar una ley nacional para que todos puedan ejercer este derecho. Definitivamente Argentina necesita que se sancione una ley de transparencia y acceso a la información. Como los otros países de la región.

– A través de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) están trabajando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el municipio y la provincia de Santa Fe. ¿Con el gobierno nacional tuvieron algún tipo de contacto en los últimos años?

– No. En el caso de la Red de Transparencia, los acercamientos los tuvimos con los que forman parte de la red: la Provincia de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. También invitamos al municipio de Santa Fe que pronto se incorporará. Nuestra relación es de apoyo y, a través de esta alianza, se comparten experiencias de las mejores prácticas de los países como el caso del Consejo para la Transparencia de Chile (Secretario Ejecutivo de la Red) y México (Presidente), a través del IFAI, donde el ejercicio de este derecho es una realidad , a través de mecanismos sencillos y expeditos..

-¿Qué falta en la Argentina para avanzar en esta temática?

– Además de la ley, tiene que existir la participación de los ciudadanos para que se avance. Hay respuestas a pedidos de acceso a la información en Argentina que no serían posibles en México. Por ejemplo, vi lo que sucede con el atraso en la publicación de las pautas publicitarias del Gobierno. En México, las pautas publicitarias son públicas; los contratos se suben en el momento. No están con un año de retraso, que esto suceda es impensado en nuestro país.

Recientemente le ordenamos a la Presidencia de la República que entregara la información sobre la publicidad oficial del 2011, 2012 y lo que va del 2013, pero no porque la estuviera negando, sino porque los funcionarios que se encargan de responder a las personas en materia de acceso a la información les falta capacitación. Los propios contratos de publicidad estaban en la página de la Presidencia. No hicieron ni siquiera una buena búsqueda. Hay un sistema en México donde todos los contratos adjudicados con licitación, de invitación restringida o de asignación directa, hasta los de publicidad radio, televisión y medios impresos se encuentran online. El “Compranet”. Además de que por mandato de la ley de transparencia, artículo 7, todo lo que tiene que ver con permisos, concesiones y compras del gobierno, asì como los resultados de auditorías al presupuesto, programas de subsidios fiscales, entre otros tiene que estar publicado. Hay áreas especializadas en el IFAI que revisan constantemente que aquello que las casi 250 entidades pùblicas federales están obligadas a publicar, se encuentre actualizado. Los portales de transparencia para cada dependencia/entidad se revisan 2 veces al año.

Las revisiones se llevan a cabo todos los días y semestralmente se les comunican a todos los sujetos obligados los resultados y las recomendaciones de mejora que se les sugieren. No tienen manera de tergivesar los datos.

-¿Los Gobiernos le tienen miedo a lo público? ¿Mostrar los documentos que producen diariamente “duele”?

– Claro. Me encontré y me sorprendió ,que en la Argentina algunas personas que trabajan en el ámbito público creen que por ser empleado público no están obligados en cuestiones de transparencia ni de que se les pida la información. Ustedes hablan de funcionario o empleado público. Para nosotros el concepto es distinto. Todos somos servidores públicos.

Giandomenico Majone sostenía que las burocracias no nacen transparentes y tiene razón. Ellas mismas creen que los documentos que producen les pertenecen. Están equivocados porque al final de cuentas, los ciudadanos pagan a los servidores públicos y se paga con recursos públicos; entonces toda la información que tenga un funcionario le pertenece a todos. La información es poder, pero para el ciudadano.

Yo siempre digo que la primera vez que un gobierno entrega información pública duele y la segunda ya no tanto, porque si un político es inteligente, se da cuenta que así legitima su actuar de cara a sus electores. Por eso es importante capacitar y sensibilizar a los servidores públicos. Hay que explicarles la utilidad que tiene la información. Mostrarles cómo las respuestas ayudan a las personas. Por ejemplo: hace poco resolvimos un caso en el que se quería conocer el plan hídrico de contingencias y emergencias de los ríos más caudalosos de México. Yo fui la comisionada que presentó el caso de resolución, y el pleno del cuerpo colegiado lo votamos por unanimidad ordenamos la entrega de esta información. La utilidad para, la comunidad fue inmensa, y ahora ya pueden tomar sus previsiones cuando sepan que van a tener que abrir las compuertas de la presa, y la cantidad de agua que ser vertirán para que tomen sus previsiones. Es una zona como la de Santa Fe o Nueva Orleans.

Cuando los servidores públicos entregan información, construyen un canal de comunicación, de confianza y legitimidad con la comunidad en la que desempeñan sus funciones. Si se logra cambiar ese chip, el 50% del camino hacia la transparencia ya estaría dado.

No advierto voluntad política por parte de los actores políticos más destacados de este país y, además, tienen que converger una serie de circunstancias para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Mientras no haya un compromiso por parte del Congreso, porque son ellos los que tienen que sancionar la ley, son los legisladores, a menos de que alguno de ellos quiera aspirar a otro puesto, entonces lo que hacen es promover las leyes de transparencia, pero siempre lo hacen con el ánimo de que sea en el otro bando; que la transparencia siempre sea en el vecino, no en mi casa.

Sin duda, lo mas importante es la participación de las personas, que demanden y exijan rendición de cuentas. La mejor manera que cualquier ciudadano puede normar su criterio, es cuando puede ver al funcionario público a través de una vitirna de cristal. Eso es transparencia, no frases de discurso.