Por Romina Colman *
El caso que ayer fue tapa en El Mercurio de Chile comenzó en noviembre de 2011 ingresé el siguiente pedido de acceso a la información a través del sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país: “Solicito los nombres, apellidos y detalles de los honorarios cobrados por el equipo de juristas que representaron a Chile en la demanda marítima que efectuara Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Período requerido: enero de 2010 a octubre de 2011”. ¿Cómo se me ocurrió preguntar por este tema? Luego de leer noticias sobre el conflicto entre ambos países.
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El 16 de diciembre, este organismo me envió la respuesta: reserva de la información. Entre los principales fundamentos, argumentaron que “los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones”.
De este modo, el 20 de ese mismo mes ingresé mi amparo en el Consejo para la Transparencia, máxima autoridad en la materia, que resuelve los recursos presentados por los peticionantes en ese país. Finalmente, el 13 de junio, por unanimidad de todos los Consejeros se emite una resolución que establece que los dos componentes de mi solicitud se refieren a información de carácter público.
Además, el Consejo para la Transparencia pide se deje sin efecto la resolución 554, aquella a través de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores declara secreta la información requerida.
Sobre este caso, quiero agregar algunos puntos relevantes. La institución que resuelve el amparo es un órgano autónomo y que vela en materia de acceso a la información en Chile. Por otro lado, reitero que la resolución del Consejo fue unánime. Es decir, cada uno de sus integrantes consideró público el pedido en todos sus aspectos. No hubo opiniones en contrario. Por eso, lo que aquí gana es el acceso a la información y la sociedad en su conjunto. Este derecho tiene que dejar de ser conceptualizado como una pelea entre Estado y Sociedad Civil. Por el contrario, es un derecho que garantiza otros y, al mismo tiempo, brinda la posibilidad de debatir sobre asuntos que son de interés público, como el que expuse. Creo que esta es la lección más relevante del caso. ¿Qué más importante en las sociedades democráticas que la apertura al diálogo? Ahí es cuando la democracia deja de ser abstracta y comienza a manifestarse en la práctica.
Finalmente, me dedico al ejercicio del derecho de acceso a la información pública porque creo firmemente que con la puesta en marcha de él, ganamos todos. Nada más y nada menos.
Alejandro Ferreiro Yazigi, Presidente del Consejo para la Transparencia en CNN Chile, hablando sobre el caso.
*Romina Colman (@Romina_Colman) es Estudiante de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, activista por el acceso a la información pública en Latinoamérica y delegada argentina en la primera conferencia de Alaveteli. Romina nos autorizó en forma expresa a publicar esta nota en el blog