Fueron en total más de 150 solicitudes realizadas a través del decreto 1172/2013 con respuestas muy dispares. Todas ellas redactadas en papel y entregadas personalmente en las mesas de entrada de más de 30 organismos públicos. Pero eso no fue todo. El proceso también se convirtió en sinónimo de espera, de respuestas que llegaron completas, otras un tanto parciales y aquellas en las que no faltaron silencios llamativos.
Un ejemplo de esto último fue lo sucedió ante una solicitud al Ministerio de Planificación (tras ser derivado desde Economía) para que informara a LA NACION sobre los montos y las empresas beneficiadas por el programa de Política de Energía Eléctrica. Un pedido que lleva más de 360 días sin respuesta. Algo similar ocurrió cuando al organismo dirigido por Axel Kicillof se le consultó por los viajes realizados al exterior y la comitiva que lo acompañó al por el entonces Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entre 2010 y 2012.
El Indec y la Anses también figuran entre los organismos que eligieron el silencio cuando se les pidió acceder a las declaraciones juradas de funcionarios y ex funcionarios. El caso más paradigmático es quizá el de la AFIP que ante el pedido de vista de expedientes sobre contrataciones de medios negó los documentos y pidió al equipo de LA NACION DATA acreditar “interés legítimo” para poder ver la información. La misma cartera tampoco quiso revelar su parque automotor argumentando que la difusión de los datos podría “comprometer el resultado de contralor que se busca, interfiriendo en la prevención o la investigación de actos ilícitos”.
Una de las batallas parcialmente ganadas fue la entrega de la información de los salarios de los ministros y la Presidenta. Tras dos años de negativa, la Secretaría General abrió la información desde su página web. Sin embargo, en 2015, recortaron los datos de la publicación. Además, Presidencia aún no respondió sobre el pedido de copia del recibo de sueldo de Cristina Fernández que data de febrero de 2013.
Algunas curiosidades
La respuesta que llegó casi un año después: cuando se le preguntó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) una resolución de modificación de presupuesto, negó la existencia de la información y nueve meses después la envió por correo.
La publicidad oficial, de digital a kilos de papel: LA NACION pide periódicamente los gastos en pauta gubernamental. Si bien, y aunque con mucha demora, la información se publicaba en la página de la Jefatura de Ministros, en marzo de 2015 Aníbal Fernández entregó la información en más de 400 hojas en papel.
Las redes sociales del Gobierno: en febrero de este año, y ante la consulta sobre los nombres y la cantidad de personas que administraban la cuenta de Twitter @CasaRosadaAR y el Facebook oficial de Cristina Fernández, el entonces secretario general Aníbal Fernández respondió que ambas cuentas se utilizaban para “hacer conocer políticas públicas” y que su uso se ajustaba a las “arbitrariedades propias de las mencionadas redes sociales que no son objeto del decreto 1172/03”. Un mes más tarde, y ya con Eduardo “Wado” de Pedro a cargo del área, LA NACION repitió el pedido pero la respuesta fue otra: había que formular las preguntas sobre las cuentas a Jefatura de Gabinete, que meses antes ya había aclarado que no tenían competencia en esos temas.
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