Lectura recomendada: Vidas en suspenso, jóvenes y violencia institucional

Nuestra lectura recomendada de hoy es Vidas en suspenso: jóvenes y violencia institucional, libro escrito por la periodista María Florencia Alcaraz. El libro cuenta las historias de Luciano Arruga, Kevin, Iván, Bruno, y muchos otros jóvenes víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.

El objetivo que se propuso la autora es escribir para no olvidar”, contarnos quiénes eran estos chicos que sufrieron apremios, torturas, fueron desaparecidos y asesinados.

“Vidas en suspenso pretende poner la lupa sobre una escena opaca: la violación a los derechos humanos por parte de distintos actores del sistema penal”, explica en la introducción.

Sobre la autora: María Florencia Alcaraz es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza. Trabajó en Infojus Noticias. Es especialista en temas vinculados a la violencia de género, la violencia institucional y temas policiales desde una perspectiva de derechos humanos. Recibió el premio Lola Mora de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por su labor en medios digitales.

 

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Conocé tus derechos: qué hacer si la policía te pide tus documentos en la calle

En la semana en la que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó una guía en formato video sobre qué tenés que saber y qué podés hacer si la policía te detiene en la calle.

El material fue publicado en el sitio Fiscales.

Este video acompaña al cuadernillo recientemente publicado sobre “Jóvenes y fuerzas de seguridad”.

Según detalló el sitio Fiscales, el contenido fue elaborado en colaboración entre la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DIGOC) y la Dirección de Comunicación Institucional.

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Guía para regular las requisas a personas trans

El viernes 18 de marzo fue aprobada la “Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”. La guía regula cómo deben ser revisadas médicamente y requisadas las personas trans que ingresen a las Alcaidías ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

Con la fijación de estos criterios, la Guía adapta las prácticas del Servicio Central de Alcaidías a los lineamientos de la Ley de Identidad de Género y constituye un verdadero hito sin precedentes a nivel regional ni mundial, en materia de protección de la identidad de género auto percibida del colectivo beneficiario.

La guía fue elaborada en el marco de un habeas corpus colectivo correctivo para proteger los derechos de personas trans detenidas en Complejos Penitenciarios Federales cuando eran trasladadas por comparendo judicial, presentado en forma conjunta desde tres áreas de la Defensoría General de la Nación.

En septiembre de 2015 el Juez Nacional en lo Criminal Nº 1 Hernán Martín López hizo lugar a ese habeas corpus a través de una resolución que reconocía que en las requisas realizadas en las Unidades 28 y 29 –Alcaidías del Palacio de Tribunales y Comodoro Py- “constituyen formas de violencia de género, agravadas por ser perpetradas por funcionarios del Estado contra personas que se encuentran bajo su custodia y en situación de especial vulnerabilidad”.

De los testimonios reunidos por los representantes de la Defensoría General surgió que en estas requisas se imponían tratos degradantes hacia las personas trans afectando los derechos a su integridad personal, privacidad y no discriminación. En ese sentido, desde la DGN se solicitó que se establezca “un estricto protocolo para que los exámenes corporales a detenidos del colectivo trans sean estrictamente por cuestiones sanitarias, que se realicen con reglas elementales de pudor y privacidad, que solamente sean efectuados por personal de salud y que se evite cualquier tipo de presencia ajena a esa especialidad, especialmente personal de seguridad de género opuesto, al igual que el personal médico o de sanidad, evitándose los desnudos totales, íntegros”.

El habeas corpus, que fue confirmado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ordenó a su vez la creación de una Mesa de Diálogo para determinar las condiciones en que deben efectuarse la revisión médica y la requisa por motivos de seguridad.

De la Mesa de Diálogo participaron, además de las áreas de la DGN que impulsaron el habeas corpus y el SPF, el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 21.

El resultado del trabajo conjunto fue la elaboración de la “Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”. El texto, producido entre los distintos integrantes de la Mesa de Diálogo y acordado por unanimidad, establece pautas de actuación del personal médico y penitenciario compatibles con la ley n° 26.743 (Ley de Identidad de Género).

ü  En lo que se refiere a las revisiones médicas, la Guía establece como lineamientos básicos que sólo pueden ser llevadas a cabo por personal médico, capacitado en la atención de personas trans y, de ser posible, de la identidad de género que prefiera la persona sujeta a examen; que deben ser conducidas con el debido respeto, resguardando la privacidad, intimidad, confidencialidad y dignidad de la persona; y que deben realizarse en un lugar acondicionado a tal fin. Asimismo, la Guía intenta evitar las revisiones reiteradas y los desnudos íntegros, para lo que prevé una única revisión por traslado, que se provea a la persona una bata médica y que el procedimiento se realice en pasos secuenciales.

ü  Con respecto a las requisas y los controles dirigidos a detectar posibles objetos prohibidos, la Guía establece un procedimiento regular de manera previa a la revisión médica, a través de medios electrónicos (paletas o arcos que puedan detectar objetos de metal o sustancias prohibidas). En los casos en que por motivos fundados no sea posible efectuar el registro mediante esos medios, la Guía plantea un procedimiento excepcional, según el cual el personal penitenciario sólo podrá revisar las pertenencias y prendas de vestir de la persona trans mientras se encuentre sujeta a la revisión médica, en un lugar distinto de aquella y en el tiempo indispensable para realizar el procedimiento. También estipula que el personal penitenciario no puede tomar contacto físico, verbal o visual con la persona sujeta a revisación médica, y que el traslado de las prendas y pertenencias de un lugar hacia otro debe realizarse con celeridad y a través del personal médico.

Fuera de lo señalado, la Guía regula otros aspectos, entre los que se destacan la incorporación de sus contenidos en el plan de capacitación permanente del personal del Servicio Central de Alcaidías y su difusión entre la población trans privada de libertad.

En la audiencia desarrollada el viernes pasado en el Juzgado interviniente, el magistrado a cargo, Dr. López, analizó la guía consensuada entre todas las partes y consideró que con ella se daba cumplimiento a todos los lineamientos judiciales, por lo que concluyó que “el texto de la misma debe ser homologado y transformarse en normativa obligatoria”. En los próximos días el magistrado dictará resolución homologando el acuerdo.

Fuente: DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 


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En la Argentina hay 749 funcionarios de seguridad investigados por violencia institucional

Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en el sitio Fiscales detectó que en la Argentina hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal. Los uniformados son investigados por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%).

La Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, define violencia institucional “como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos”.

El informe destaca que, de los 749 casos de funcionarios acusados de violencia institucional, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

En tanto, 252 (33,6 por ciento) de los uniformados investigados son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

Para leer el informe completo, hacé click acá

 

 

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Informe del Cels sobre prácticas policiales violentas

Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos*

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país. Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el que coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos.

Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Aquí, el informe completo

*Informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Agosto 2014.

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San Juan: lo atacaron en la cárcel y ahora volvieron a golpearlo en una comisaría

A mediados de año publiqué una nota en lanacion.com (que pueden ver haciendo click acá) contando el caso de Federico Elías Fernández Santa Lucía, un joven de 29 años que estaba preso en la Unidad N°2 del Complejo Penitenciario de Chimbas, San Juan.

Este joven fue víctima de una brutal golpiza mientras estaba detenido en esa cárcel, fue trasladado a un hospital, luego lo llevaron de vuelta al penal en un estado crítico. Se hicieron planteos a esta decisión arbitraria y Fernández fue enviado a otro hospital donde permaneció internado un tiempo.

Pero el raid de violencia que tuvo que soportar este joven no terminó allí. Según contó a LA NACION Abel Córdoba, titular de  la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin),  Fernández fue liberado por la justicia federal, pero continuó detenido a disposición de la justicia provincial, por lo cual lo trasladaron a una comisaría.

“Mientras estaba detenido en comisaría de la policía sanjuanina, entraron dos personas de civil al calabozo y lo golpearon hasta quebrarlo”, contó Abel Córdoba. “Su estado es delicado, ya que por las secuelas de las torturas anteriores ya no se puede expresar”, añadió el titular de Procuvin.

Ante estos hechos terribles, se presentó una solicitud de habeas corpus en defensa de la vida del joven. En esta presentación, se solicitó que Fernández sea alojado “en un ámbito del servicio de salud de la Provincia que provea al restablecimiento de su salud, suministrándosele la medicación pertinente y los cuidados que la quebradura del hueso peroné de su pierna izquierda requiere”.

“Entendemos que la vida de FERNÁNDEZ SANTALUCÍA corre serio riesgo, por lo que solicitamos la intervención del señor Juez Federal en su resguardo”, dice el escrito presentado por la fiscal federal Subrogante ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan, Ana Katia Troncoso Muñoz y el Defensor Público Oficial “ad hoc” dela Defensoría Generalde la Nación, Horacio S. Garcete.

También pidieron que se dispongan “medidas de resguardo suficiente de la integridad física del asistido de acuerdo con lo establecido en los protocolos internacionales”.

Ahora, el joven está en el hospital de la cárcel de Chimbas, donde fue torturado la primera vez, a la espera de que se haga lugar al habeas corpus.

En tanto, el fin de semana pasado ocurrió algo que agrava la situación: el padre de Federico fue baleado. Antes de ser trasladado al hospital, alcanzó a decirle a otro de sus hijos que el que le disparó le advirtió que le estaban cobrando las denuncias por el caso de su hijo, según informaron fuentes judiciales.

Afortunadamente el padre de Federico fue atendido en un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Los reiterados ataques

El primer ataque contra Fernández que se denunció ocurrió el 25 de junio pasado. El padre de Federico se enteró de lo ocurrido a través de un llamado anónimo, e inmediatamente se comunicó con un abogado para presentar un habeas corpus correctivo en el Juzgado Federal N° 2. El juez federal Rago Gallo, que recibió la denuncia, ordenó “que el penitenciario provincial provea la atención médica necesaria para su estado de salud, y que, en caso de corresponder, sea internado”. Fuentes de la investigación aseguran que esa orden no se cumplió.

Según informó el Diario de Cuyo, el interventor del Servicio Penitenciario, Leonardo Barac, aseguró que los hechos no ocurrieron así, que los autores del ataque están individualizados, que el interno Fernández recibió atención en todo momento y que a pesar de recibir cortes menores en una ceja y un pómulo, no recibió un puntazo que perforó su cráneo sino un gran traumatismo porque el fue atendido, de acuerdo con lo que le informó el médico.

Pero los investigadores aseguran que Santa Lucía permaneció tres días más en el penal en un estado crítico, y el 29 de junio tuvo que ser trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan, para ser operado de urgencia.

Según consta en la causa, “durante la operación se le extrajo un coágulo en zona parietal izquierda y se le detectó un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación causada por la introducción de un elemento filoso, presumiblemente oxidado; lo que sumado a la falta de desinfección al momento de la sutura, como también por no habérsele suministrado antibióticos imprescindibles para el cuadro que presentaba, derivó en la pérdida de masa encefálica”.

Frente a este cuadro de gravedad, se recomendó su hospitalización, por lo que Fernández permaneció internado durante una semana. “Pero el 8 de julio, sin que exista orden del juzgado interviniente, miembros del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan lo retiraron del hospital y lo condujeron a la cárcel en el móvil de traslado de detenidos sin asistencia médica de ningún tipo, por sus propios medios, con la herida de la cabeza sangrante y en estado de aparente”, indicaron fuentes de la investigación.

Nuevamente, el abogado defensor de Fernández presentó un habeas corpus. El joven fue llevado por orden judicial a otro hospital, donde permaneció internado un tiempo.

Después fue puesto a disposición de la justicia provincial, que ordenó su traslado a la comisaría donde sufrió el nuevo ataque denunciado por la Procuvin.

Hoy está en el hospital de la cárcel de Chimbas, donde fue golpeado la primera vez.

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20 años sin Miguel Bru y un libro que cuenta el caso

El sábado se cumplieron 20 años del día en que Miguel Bru fue torturado y asesinado por policías de la comisaría 9a. de La Plata. Su cuerpo nunca fue hallado. A continuación les comparto una columna del periodista Pablo Morosi, autor de ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Un desaparecido en democracia (Ed Marea)

Miguel Bru fue detenido ilegalmente y torturado hasta la muerte por efectivos de la comisaría 9a de La Plata, el 17 de agosto de 1993. Su cuerpo, ocultado por los asesinos, nunca pudo ser hallado.
Los policías acusados por el hecho fueron condenados; el juez del caso, destituido; la madre de Miguel creó una asociación para asistir a víctimas de la violencia institucional. Sin embargo, nada pudo quebrar el pacto de silencio entre los asesinos, que jamás reconocieron su autoría, y hoy, a veinte años, aquella pregunta inicial conserva una vigencia lacerante: ¿Dónde está Miguel?
El caso Bru no fue el primero, pero abrió varios caminos sin retorno. Como nunca antes, el trágico y aún indescifrable final de Miguel dejó al desnudo la perversa connivencia entre sectores de los ámbitos judicial, policial y político. Reveló una metodología de acción policial fundada en el abuso de poder y la impunidad heredadas de las viejas prácticas de la dictadura. Convertida en la temible “Bonaerense”, la Policía de la provincia de Buenos Aires, era capaz de abusos, corruptelas y delitos cobijados por un contexto de impunidad que hallaba garantías en la política y también en los tribunales.
En 1999 el fallo judicial que condenó a los autores sentó un precedente inusual: los policías fueron declarados culpables sin que el cuerpo fuera hallado.
Otra gran señal del caso Bru fue aportar significativamente a la incorporación en las agendas mediáticas –gracias a un compromiso ostensible de muchos periodistas- de este tipo de hechos y hacerlo desde una nueva perspectiva: la de las víctimas de la violencia institucional.
El entramado social que rodeaba a Miguel tuvo una incidencia determinante en ello. Se trataba de gente vinculada con la universidad y con movidas artísticas de vanguardia contracultural. La reacción de estos grupos, sumada a la actitud y persistencia inquebrantable de la madre, Rosa Schonfeld, que, apuntalada por la militancia de los amigos y compañeros de Miguel, se convirtió en referente insoslayable de la lucha contra la violencia institucional y en una comunicadora formidable que hasta aprendió a usar las herramientas que su hijo hubiera usado en el periodismo para hacer conocer el crimen y develar su trama.
Repensar el sentido de aquel interrogante inicial, que ya lleva 20 años sin respuesta, marca un desafío ineludible para nuestra democracia que no puede admitir, a 30 años de su restauración, la perpetuación de la figura del desaparecido. 
Cómo se hizo la investigación de ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Un desaparecido en democracia”

Para la investigación de ¿Dónde está Miguel? El caso Bru. Un desaparecido en democracia (Ed Marea) fueron entrevistadas unas 70 fuentes entre diciembre de 2012 y abril de 2013. Entre los consultados figuran jueces y fiscales en actividad y retirados; abogados; policías y ex policías; funcionarios y ex funcionarios públicos; periodistas; vecinos; familiares; compañeros; y amigos de Miguel Bru.

Algunas de las personas que prestaron su testimonio lo hicieron en off the record, es decir, con la promesa de usar la información sin revelar su identidad. Los datos fueron corroborados con otras fuentes testimoniales o documentales.

Investigar un asunto ocurrido hace 20 años obliga a un arduo trabajo de pesquisa para dar con esas fuentes personales que protagonizaron los hechos en aquel momento. El derrotero de esas fuentes, muchas de ellas perdidas en el anonimato, no resultó sencillo en algunas ocasiones.

En los casos de fuentes que, por diversos motivos -como fallecimiento o negativa u otros- no accedieron a brindar su testimonio, se consignan sus opiniones vertidas en público oportunamente y se menciona el medio por el cual fueron expresadas.

La recreación de diálogos utilizada para dar cuenta de ciertas situaciones fue elaborada en base a testimonios cruzados de diversos testigos presenciales de dichos encuentros y se intentó preservar la mayor fidelidad posible respecto de los relatos recolectados en cada caso.

Entre las fuentes documentales se utilizaron las causas judiciales instruidas en el Departamento Judicial de La Plata tanto por los allanamientos a la vivienda de Bru como la posterior denuncia por la desaparición del joven; el expediente del jury de enjuiciamiento al juez Amilcar Vara y las causas residuales abiertas así como otras en las que se investigaron casos similares.

Se consultó las ediciones de los diarios El Día; Hoy en la Noticia; Página/12; Clarín; La Nación; La Prensa; La Razón; Perfil;  Crónica; Popular; Diagonales. También las revistas Noticias; Veintitres; Gente; el semanario Pigüé; y publicaciones del área de Producción y Servicios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Al mismo tiempo realicé un rastrillaje en hemeroteca de la Legislatura bonaerense y en sitios de internet con el objeto de hacerse de la mayor cantidad posible de material publicado sobre el asunto.

Fueron de gran utilidad los archivos de la Asociación Miguel Bru y los registros facilitados por la Comisión Provincial por la Memoria en base a los legajos de la ex Dirección Provincial de Inteligencia de la Policía bonaerense donde el caso Bru tenía una carpeta que implicó seguimientos y otras tareas de espionaje sobre familiares y amigos con activa participación en los reclamos por el esclarecimiento del crimen.

Como marco para la investigación se apeló a algunos textos como “La Bonaerense” de Jorge Dutil y Ricardo Ragendorfer; “Política, Policía y delito” de Marcelo Saín y “Asuntos Internos. Las mafias policiales contadas desde adentro”, de Andrés Klipphan, entre otros. Además de contar con el informe elaborado por el ex ministro de Seguridad provincial León Carlos Arslanian, antes de acometer su primera gestión ministerial en el que realizó un diagnóstico de la situación de la seguridad y en especial de la policía bonaerense.

El trabajo de campo incluyó, asimismo, la visita a los lugares donde los hechos se sucedieron: la comisaría 9ª de La Plata; la casa de 69, donde Bru vivía con un grupo de amigos; el paraje Los Naranjos y el balneario Punta Blanca, en Bavio, partido de Magdalena, entre otros sitios.

El libro será presentado hoy martes 20 de agosto a las 18 hs en la Librería Hernández, Corrientes 1436, junto con Rosa Schonfeld, madre de Miguel y el prologuista del trabajo, Ricardo Ragendorfer.

Para conocer más sobre la Asociación Miguel Bru, hacé click acá

 

 

 

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Violencia institucional: un preso en San Juan fue brutalmente golpeado y no quisieron llevarlo al hospital

Federico Elías Fernández Santa Lucía tiene 29 años y estaba preso en la Unidad n°2 del Complejo Penitenciario de Chimbas, San Juan, cuando recibió una brutal golpiza que lo dejó en un estado crítico.

Según informaron a LA NACION fuentes de la investigación, el médico de la unidad penal informó que la víctima presentaba una alteración neurológica post traumática, por lo que debía ser trasladado de urgencia a un hospital extramuros.

A pesar de esta solicitud, Fernández permaneció en la Unidad Sanitaria de la prisión.

LA DENUNCIA

El hecho denunciado ocurrió el 25 de junio pasado. El padre de Federico se enteró de lo ocurrido a través de un llamado anónimo, e inmediatamente se comunicó con un abogado para presentar un habeas corpus correctivo en el Juzgado Federal N° 2. El juez federal Rago Gallo, que recibió la denuncia, ordenó “que el penitenciario provincial provea la atención médica necesaria para su estado de salud, y que, en caso de corresponder, sea internado”. Fuentes de la investigación aseguran que esa orden no se cumplió.

Según informó el Diario de Cuyo, el interventor del Servicio Penitenciario, Leonardo Barac, aseguró que los hechos no ocurrieron así, que los autores del ataque están individualizados, que el interno Fernández recibió atención en todo momento y que a pesar de recibir cortes menores en una ceja y un pómulo, no recibió un puntazo que perforó su cráneo sino un gran traumatismo porque el fue atendido, de acuerdo con lo que le informó el médico.

Pero los investigadores aseguran que Santa Lucía permaneció tres días más en el penal en un estado crítico, y el 29 de junio tuvo que ser trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan, para ser operado de urgencia.

SITUACIÓN CRÍTICA

Según consta en la causa, “durante la operación se le extrajo un coágulo en zona parietal izquierda y se le detectó un cuadro de meningitis por infección cerebral a raíz de la contaminación causada por la introducción de un elemento filoso, presumiblemente oxidado; lo que sumado a la falta de desinfección al momento de la sutura, como también por no habérsele suministrado antibióticos imprescindibles para el cuadro que presentaba, derivó en la pérdida de masa encefálica”.

Frente a este cuadro de gravedad, se recomendó su hospitalización, por lo que Fernández permaneció internado durante una semana. “Pero el 8 de julio, sin que exista orden del juzgado interviniente, miembros del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan lo retiraron del hospital y lo condujeron a la cárcel en el móvil de traslado de detenidos sin asistencia médica de ningún tipo, por sus propios medios, con la herida de la cabeza sangrante y en estado de aparente”, indicaron fuentes de la investigación.

Nuevamente, el abogado defensor de Fernández presentó un habeas corpus. El joven fue llevado por orden judicial a otro hospital, donde permanece internado.

Por la gravedad de la situación, se formuló una denuncia penal por la responsabilidad de funcionarios penitenciario y médicos.

La investigación se encuentra a cargo de Katia Troncoso Muñoz, Fiscal Federal Subrogante ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan, quien dada la gravedad de los hechos dio intervención a la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del Fiscal de la Procuración General de la Nación Subrogante, Abel Córdoba.

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¡Basta de gatillo fácil!

Luciano Arruga, Miguel Bru. Esos dos nombres son apenas la punta del iceberg de una realidad que sufren muchos.

Para terminar con el gatillo fácil, las torturas, las detenciones ilegales, el hostigamiento, se creó la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que ayer fue presentada en la ciudad de Córdoba.

Mirá de qué se trata:

 ¿Qué te parece? ¿ Te sumás?

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