Conocé tus derechos: qué hacer si la policía te pide tus documentos en la calle

En la semana en la que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó una guía en formato video sobre qué tenés que saber y qué podés hacer si la policía te detiene en la calle.

El material fue publicado en el sitio Fiscales.

Este video acompaña al cuadernillo recientemente publicado sobre “Jóvenes y fuerzas de seguridad”.

Según detalló el sitio Fiscales, el contenido fue elaborado en colaboración entre la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DIGOC) y la Dirección de Comunicación Institucional.

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Economía del Crimen Aplicada: el caso de Montevideo

El siguiente es un fragmento de un artículo realizado por Sebastián Galiani y Laura Jaitman, publicado en el blog Foco Económico

Economía del Crimen Aplicada: el caso de Montevideo

Tiempo atrás iniciamos una serie de notas sobre inseguridad, visto y considerando que es la mayor preocupación de la población en América Latina. Iniciamos esta serie con una introducción a la economía del crimen. Esta teoría resulta un marco conceptual amplio y flexible para entender ciertas políticas y sus efectos esperados. Siguiendo ese marco conceptual enmarcamos la discusión sobre mano dura y mano blanda, concluyendo que lo necesario para combatir el crimen es una cartera eficiente de políticas que combinen estrategias de prevención con intervenciones de control y disuasión. Hoy la idea es presentar la reforma policial que transita la Jefatura de Policía de Montevideo (Uruguay) bajo la lupa de este marco conceptual, para comprender sus fundamentos y racionalidad.

Marco teórico estilizado

El análisis económico del crimen supone que los criminales son racionales en el sentido de que ellos miden los costos y beneficios de sus acciones, y que el crimen puede ser disuadido mediante políticas que reducen los beneficios del crimen vis-a-vis los de las actividades legales. Es decir, el crimen puede disuadirse si aumenta la rentabilidad de actividades legales o si aumenta el costo esperado de las acciones ilegales haciendo el crimen menos atractivo (si se manipulan las probabilidades de arresto y condena).

De la teoría a la práctica: el caso de Montevideo

La inseguridad es el resultado de múltiples fenómenos y actores. Abordar la inseguridad es una terea compleja y como el marco conceptual lo muestra, necesitan considerarse tanto los incentivos de los agentes para realizar acciones legales como ilegales. En este post nos enfocamos sólo en una dimensión: las acciones que puede realizar un gobierno para incrementar el costo esperado de delinquir. Aquí es donde tiene mayor influencia la policía y la justicia. Hoy nos enfocaremos en la policía. Claramente la policía tiene un rol muy importante, ya que con su accionar puede afectar la certeza y la celeridad de las penas asociadas al crimen, y por lo tanto aumentar el costo esperado de delinquir. La Jefatura de Policía de Montevideo ha encarado una profunda reforma integral desde 2013. Queremos aquí destacar algunos de sus elementos salientes en este marco y contrastarlos con la literatura sobre buenas prácticas internaciones.

-Policía mejor equipada

Un elemento crítico en una reforma policial es el personal que la llevará a cabo. En este sentido en los últimos años han habido mejoras sustanciales en las condiciones de empleo del personal de policía, tanto en términos de equipamiento como de retribución monetaria. Desde 2011 los aumentos salariales han sido de entre 3% y 10% anuales, y han alcanzado a todos los grados, desde los inferiores y en menor medida los superiores. Además se puso en marcha un proceso de profesionalización de la policía con capacitación en técnicas de frontera (como POP-problem oriented policing-, justicia restaurativa, policía comunitaria, con el apoyo del BID) y la actualización de la currícula de la Escuela de Policía.

Para modernizar la policía y proveer los incentivos adecuados, desde el año próximo va a regir la Nueva Ley Orgánica Policial según el cual los ascensos se regirán por mérito y selección, y no será ya la antigüedad el factor determinante, consistente con las buenas prácticas en manejo de personal (Mas, 2006, Akerlof y Yellen, 1990). El objetivo de estas reformas es cambiar la policía de forma de aumentar la probabilidad de disuasión y aprehensión, incrementando la certeza y la celeridad de la pena esperada.

Celeridad

La atención a las emergencias es un factor clave para disuadir el delito y para construir la confianza de la población en la policía. En este sentido, se ha mejorado la tecnología y el sistema de recepción de llamadas y se ha aumentado la dotación de móviles en las calles para atender emergencias. A partir de un análisis de trazabilidad que realizamos, hemos observado que para atender a emergencias se pasó de entre 25 móviles por turno en 2012 (hay tres turnos por día), hasta 75-100 móviles en la actualidad. Esto redujo el tiempo de respuesta de más de 30’ a unos 10’ en promedio, con tiempos de menos de 5´ para el caso de llamadas de prioridad I (riesgo de vida). Además se creó una central especial para atender la Ciudad Vieja, reduciéndose significativamente los delitos de esta zona que tenía una alta concentración de delitos contra la propiedad.

Para leer el artículo completo, hacé click acá 

 

 

 

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Lo que tenés que saber en caso de un allanamiento

En el marco del Día Contra la Violencia Institucional, que fue el pasado 8 de mayo, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentaron una cartilla de acceso a la información y de derechos ante un eventual allanamiento.

Esta cartilla explica cuándo puede haber un allanamiento, quién da la orden y qué derechos tiene la persona cuya vivienda o local está siendo allanado. El documento, publicado por el sitio Fiscales, destaca que “los allanamientos masivos en un barrio son ilegales. SIEMPRE tiene que haber una orden de un juez con la ubicación precisa de los domicilios a allanar”. Esto hace referencia a lo ocurrido en Córdoba durante el primer fin de semana de mayo, cuando la policía llevó a cabo allanamientos masivos en barrios de la ciudad y detuvo a 350 personas.

Para leer el documento completo, hacé click acá. O miralo directamente en este post:

 

 

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En la Argentina hay 749 funcionarios de seguridad investigados por violencia institucional

Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en el sitio Fiscales detectó que en la Argentina hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal. Los uniformados son investigados por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%).

La Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, define violencia institucional “como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos”.

El informe destaca que, de los 749 casos de funcionarios acusados de violencia institucional, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

En tanto, 252 (33,6 por ciento) de los uniformados investigados son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

Para leer el informe completo, hacé click acá

 

 

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Marcha de la Gorra: una lucha por el fin de la represión y la corrupción policial

El jueves pasado se llevó a cabo la octava Marcha de la Gorra en Córdoba. Se trata de una protesta masiva contra las prácticas represivas del personal policial.

Miles de jóvenes y varias organizaciones sociales se sumaron a esta marcha, que reclama además la derogación del Código de Faltas de la provincia.

“Más vale gorras embrollando, que la policía matando”, fue el lema de la movida, que se realizó en las calles del centro de la ciudad. La protesta surgió en 2007, de manos del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y desde entonces ha comenzado a tener sus réplicas en otras ciudades del país.

Lo que se denuncia fundamentalmente es el accionar arbitrario de la policía que se basa en la llamada “portación de cara”, es decir, el trato violento y discriminador a grupos vulnerables, sobre a todo a los más jóvenes.

Según relata el sitio Notas.org.ar, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, se leyó un documento que ponía énfasis en la denuncia de los casos de gatillo fácil.  En lo que va del año ya se registran ocho casos de jóvenes asesinados por la policía.

También se exigió la renuncia del jefe de policía Julio César Suárez, que está imputado por coacción sobre el periodista Dante Leguizamón, a quién amenazó.  “Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos”, le dijo el jefe policial en una comunicación telefónica al periodista cordobés. “El pedido de renuncia fue acompañado de denuncias a la institución policial en su conjunto por su vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata”, cuenta el sitio de periodismo popular.

 

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Informe del Cels sobre prácticas policiales violentas

Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos*

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país. Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el que coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos.

Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Aquí, el informe completo

*Informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Agosto 2014.

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Jujuy: investigan a la policía por “plantar” droga

Juan (padre de Sonrisa) y Pablo Juárez vienen denunciando desde hace un tiempo el violento actuar de la policía de San Pedro

Hace un tiempo, con Guido Molteni recibimos a familiares de víctimas de la violencia institucional en San Pedro, Jujuy. Ellos nos contaron el caso de “Sonrisa”, un joven que era constantemente detenido, llevado a comisarías donde era golpeado, torturado y hasta utilizado para traer droga de los países limítrofes. Sonrisa apareció muerto… en la casa de un policía.

Junto al padre de Sonrisa, vinieron a Buenos Aires Pablo Juárez, militante del movimiento 24 de marzo y Diego, que nos contaron todas las denuncias que había contra el accionar de la policía y cómo le armaban causas a la gente. Diego nos contó que había sido testigo de un caso en el que la policía le plantó droga a una familia durante un procedimiento llevado a cabo en un quiosco. Este caso tuvo ahora un giro en la Justicia.

Enrique Sotelo, su esposa María Fernanda Cayón y su cuñado Cristian Sebastián Gómez, las tres personas que habían sido acusadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, fueron absueltas. Ahora la investigación recaerá sobre la Brigada de Narcotráfico de la localidad de San Pedro. 

Según cuenta el sitio Fiscales, Pablo, Diego y un  abogado del colectivo “La Ciega”  denunciaron ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) la problemática que están viviendo los vecinos de San Pedro, a raíz de una serie de hechos de violencia en los que se encontraría involucrado personal policial de la Brigada de Narcotráfico de San Pedro.

El testimonio de Diego fue fundamental para la absolución de estas tres personas. Contó que fue testigo del accionar policial   durante el allanamiento que se realizó el 3 de agosto de 2012 en el kiosco de Sotelo. También dijo que vio al policía “colocar una bolsita entre los cajones de bebidas”, sobre la cual se determinó luego que contenía 2 gramos de pasta base de cocaína, fraccionados en 44 envoltorios.

Diego y otras personas que fueron testigos del operativo, fueron detenidos por averiguación de antecedentes y conducidos a la Brigada de Narcotráfico de San Pedro. Diego denunció que fue amenazado y golpeado para que no hablara.

Estas denuncias y detenciones arbitrarias ocurren con frecuencia, según pudimos comprobar cuando hicimos la nota sobre Sonrisa. Del último relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) surge que en 2007 hubo 21.546 detenciones policiales sin imputación de delito en la provincia de Jujuy. La mayoría (más de 18.000) correspondieron a detenciones para identificar o averiguar antecedentes, y el resto al código de faltas local.

En la causa del quiosco, luego de un trabajo conjunto entre la Procunar tomó contacto con el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, Francisco Santiago Snopek, se decidió no sostener la acusación contra los imputados. En cambio, se orientará la investigación hacia la policía, sospechada de haber plantado la droga y por tanto haber armado la causa.

Para conocer cómo fue el caso “Sonrisa”, hacé click acá

Para leer más sobre la absolución de los imputados, hacé click acá

 

 

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El sueño policial

Un estudio realizado en Canadá y Estados Unidos detectó que el 40 por ciento de los policías sufren trastornos del sueño, lo que los hace propensos a cometer más errores y dormirse al volante.

“No solo se ven afectados las personas con trastornos del sueño”, dijo a Reuters Health Grandner.
“Si ellos no están capacitados, tu estás en riesgo”.

Para este estudio fueron encuestados cerca de 5.000 agentes de policía sobre problemas de sueño y otros temas de salud.
Los agentes tenían una media de edad de 39 años y la mayoría llevaban en la policía más de una década.

El trastorno más común, según los datos del estudio que publicó la agencia Reuters, fue la apnea del sueño, que afectó a un tercio de los policías, seguido de un moderado o severo insomnio y un trastorno del cambio de turno, que consiste en la falta de sueño e insomnio asociado con trabajar en el turno de noche.
Los agentes con falta de sueño registraron más quejas de los ciudadanos y mostraron más a menudo ira descontrolada hacia sospechosos o ciudadanos.

Leé acá el estudio completo

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