Cárceles: habilitan a organizacionesa a ingresar con cámaras en los lugares de encierro para tareas de monitoreo

 

En cumplimiento de la medida cautelar 104/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA,  el secretario de Derechos Humanos,Santiago Cantón anunció a los organismos de Derechos Humanos bonaerenses, CELS  y CMP  la resolución por la cual se habilita la toma de imágenes en cárceles a la sociedad civil y organizaciones. La misma permite obtener información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas detenidas.
El objetivo no es sólo visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.

Esta decisión revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.

 

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.

 

 Fuente: CPM y Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires

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Conocé tus derechos: qué hacer si la policía te pide tus documentos en la calle

En la semana en la que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó una guía en formato video sobre qué tenés que saber y qué podés hacer si la policía te detiene en la calle.

El material fue publicado en el sitio Fiscales.

Este video acompaña al cuadernillo recientemente publicado sobre “Jóvenes y fuerzas de seguridad”.

Según detalló el sitio Fiscales, el contenido fue elaborado en colaboración entre la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DIGOC) y la Dirección de Comunicación Institucional.

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Una jueza adaptó el lenguaje de una sentencia para una mujer con habilidades restringidas

La jueza titular del Juzgado de Familia N° 5 de Viedma, Carolina Scoccia, dictó hoy un fallo adaptado, con explicación sencilla, para facilitar la interpretación de una mujer con habilidades restringidas, que requería de la asistencia de su hermana para el ejercicio de ciertos derechos.

El pedido fue realizado por la Defensora Oficial, María Dolores Crespo, basado en los Fundamentos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Crespo pidió que se adaptara la sentencia “a un lenguaje simple y directo” para que su defendida “pudiera comprender no sólo los alcances de la restricción que se le imponía sino también la función y las obligaciones que desempeñará su hermana”.

“Es un deber de los organismos jurisdiccionales implementar estos formatos de lectura fácil dirigido a las personas sin tecnicismos ni conceptos abstractos, generalmente mediante el uso de ejemplos, con un lenguaje cotidiano y personificado, a través de los cuales las personas toman un cabal conocimiento de la orden judicial al comprender lo allí resuelto, que afecta su esfera jurídica en tanto restringe el ejercicio de sus derechos”, señaló la defensora.

En tanto, la jueza explicó que “se adaptó a un lenguaje sencillo porque la persona sabía leer y escribir”. “En base a las Convenciones y Reglas de Brasilia, me pareció oportuno hacer una adaptación de la sentencia, un resumen en lenguaje sencillo, en primera persona y destinado a ella”, dijo Scoccia a la prensa. “De esta forma, explicar de manera clara, que de acuerdo a las circunstancias, hay actividades que no va a poder realizar y otras que sí”, contó la jueza. 

Fuentes: Agencia Télam y Diario Río Negro

 

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Disponen arresto domiciliario para 76 embarazadas y madres alojadas en la cárcel de Los Hornos

Unas 76 mujeres embarazadas y madres detenidas en la cárcel de Los Hornos podrán acceder al arresto domiciliario. La decisión la tomó el titular del Juzgado de Ejecución Nº1 de San Isidro, Gabriel David, luego de visitar la cárcel y tras tomar conocimiento de la denuncia pública de Mario Coriolano, defensor bonaerense ante la Casación Penal, quien definió como “condiciones de horror” la situación de las internas y los niños en ese lugar.

“Una vez verificado el domicilio en cada caso, la medida deberá cumplimentarse en el término de 24 horas con comunicación al magistrado a disposición de quien se encuentre cada interna”, ordena el habeas corpus correctivo emitido por el juez David.
La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires confirmó  a través de Andar, la agencia de noticias del organismo, que 19 mujeres ya obtuvieron el cambio de sus condiciones de arresto.

De acuerdo al informe de la CPM, en la unidad penitenciaria hay 54 mujeres encerradas con sus hijas e hijos y 22 detenidas están embarazadas.

Por ahora sólo 19 mujeres cambiaron su lugar de encierro y fueron trasladadas para cumplir con el arresto domiciliario, porque “en los otros casos, los jueces no accedieron al pedido de David que se adecua al Código Penal argentino que es muy claro: las embarazadas y las madres con hijos menores de cuatro años deben cumplir arresto domiciliario”, explicó Coriolano a Télam.

A pesar de esto “hay magistrados que se niegan a cumplir con la norma, por eso mañana nos reunimos con los 12 abogados del equipo para evaluar cómo seguimos con las causas de las otras internas”.

Deficiente atención de salud, regímenes de vida vejatorios, focos infecciosos, presencia de alimañas y mala alimentación, son algunas de las anomalías detalladas por el juez en su decisión.

“El lugar, donde viven bebés y niños con sus madres detenidas está lleno de ratas. Pusieron veneno y dos chiquitos lo ingirieron. Es un horror ese lugar”, detalló el defensor.

El magistrado describió en su fallo que las celdas donde conviven las detenidas con sus hijos tienen una cama y una cuna, ubicadas al lado de un inodoro donde “independientemente del grado de higiene, constituye un foco infeccioso y permite el ingreso de roedores que son una plaga en la unidad”.

En cuanto a la atención de la salud, el servicio de pediatría con el que cuenta la cárcel “se brinda en un espacio reducido, si iluminación ni ventilación natural ni eléctrica. Las madres detenidas, si bien subrayan la buena atención de los pediatras, denuncian escasez de recursos, de medicamentos y que frecuentemente se encuentran vencidos”, indicó, y afirmó que se “presentaron numerosas quejas respecto de la atención sanitaria de las mujeres y las embarazadas”.

Ante esta situación, para David el arresto domiciliario “es la medida que resulta más adecuada a las situaciones descriptas, de modo tal que permite salvaguardar los derechos de aquellas personas cuyas madres se encuentran encarceladas, en aras al interés superior del niño, y al mismo tiempo garantizar mediante una medida de coerción menos lesiva, el interés persecutorio o bien punitivo, según sea el caso, del Estado”.

Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la presidencia del Tribunal Provincial de Casación Penal, el total de detenidas en la Unidad 33 es de 246 mujeres, entre las cuales sólo 81 están penadas y las 164 restantes se encuentran procesadas, y un 66% aún no tiene condena.

Del total de la población de ese penal, el fallo abarca un 30% de las reclusas, es decir a 76 mujeres.

También hay madres con sus hijos en las unidades 50 de Batán y 4 de Bahía Blanca, pero no quedarían comprendidas por este dictamen.

La CPM resaltó que “es una situación de violencia de género que se ejerce también a través de las políticas penitenciarias en las que se reflejan, al igual que en el conjunto social, las relaciones de poder sexo-género que afectan de forma particular los derechos de las mujeres y sus posibilidades de ejercerlos”.

Fuente: Télam

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Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel

 

Este jueves y viernes se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcelun evento organizado por el Departamento de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con la Biblioteca Nacional ”Mariano Moreno” y la Revista Evaristo Cultural.

La idea es abrir un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y su vínculo con las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro, para darle visibilidad a los materiales producidos intramuros, compartir experiencias de trabajo, generar nuevos proyectos y articulaciones y contribuir a poner en crisis las representaciones habituales de la ley, el delito y la cárcel.

Consultas: pec@filo.uba.ar

Bajo el lema “Del otro lado de la reja“, el evento se realizará este 17 y 18 de septiembre, en la Biblioteca Nacional ”Mariano Moreno” (Agüero 2402) y el Museo del Libro y de la Lengua (Av. Las Heras 2555). Incluirá mesas de trabajo, entrevistas, muestras, lecturas, música y paneles de distintos temas.

El programa completo: 

 

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“Reclusión no es lo mismo que exclusión”, dijo el Papa sobre las cárceles

El papa Francisco, en su reciente viaje a Bolivia, visitó la cárcel de Palmasola. Estos son algunos fragmentos de su discurso ante los detenidos y el personal que trabaja en esa prisión:

“Reclusión no es lo mismo que exclusión, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad. Son muchos los elementos que juegan en su contra en este lugar – lo sé bien –: el hacinamiento, la lentitud de la justicia, la falta de terapias ocupacionales y de políticas de rehabilitación, la violencia, lo cual hace necesaria una rápida y eficaz alianza interinstitucional para encontrar respuestas”.

“Se trata de humanizar el poder”, dijeron ante estas declaraciones los miembros del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, una organización creada en la Argentina en 2013, dirigida por el juez Gustavo Hornos y conformada por Magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Defensoría Pública; la Procuración Penitenciaria e integrada por representantes de la sociedad civil como el Colegio Público de Abogados y el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Este Sistema tiene como objetivo principal garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la Argentina.

Por otra parte, en su discurso, el Papa resaltó la importancia del trabajo del personal penitenciario :

“Tienen una importante tarea en este proceso de reinserción. Tarea de levantar y no rebajar; de dignificar y no humillar; de animar y no afligir. Proceso que pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona. Generará mejores condiciones para todos”

El discurso completo:

 

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Emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense

Presentaciones internacionales frente a la emergencia humanitaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense 

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Comisión Provincial por la Memoria

Entre el martes y miércoles de esta semana se realizaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia sobre las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires -solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP)- y una reunión de trabajo en el marco de las medidas cautelares concedidas por la CIDH para la protección de la vida y la integridad física de los detenidos en el Complejo San Martín de esa provincia –con participación del CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esas dos instancias quedaron en evidencia las violaciones estructurales de derechos humanos que persisten en los lugares de detención. 

Acercamos a la CIDH información sobre cuatro problemas: el hacinamiento y la sobrepoblación, la detención de personas en comisarías que viola la prohibición de esta modalidad, las torturas y malos tratos como práctica extendida y las graves deficiencias del sistema de salud penitenciario.

Estos problemas se agravaron como consecuencia de políticas de seguridad regresivas en materia de derechos humanos: la cantidad de detenidos creció 8% en el último año. Hoy en la provincia hay 33.229 personas privadas de libertad, la mayor cantidad en la historia, y una tasa de encarcelamiento de 202 cada 100 mil habitantes. Aumentó la presión sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que ya tenía altísimos niveles de sobrepoblación y nuevamente se incrementó la cantidad de detenidos en comisarías, desobedeciendo lo dispuesto por la CIDH (Comunicado 64/10) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el Complejo Penitenciario San Martín, luego de dos años de vigencia de las medidas cautelares, bajaron las muertes debido a una reducción de la población en esas unidades que sobrecargó otros espacios y trasladó los problemas. Sin embargo, aun en estas unidades, observadas especialmente por la existencia de estas medidas, se mantiene una circulación diaria de facas con la connivencia del SPB y un alto nivel de peleas entre detenidos. Sólo en el primer trimestre de 2014 hubo 83 lesionados en 130 hechos de violencia informados por el mismo SPB y se secuestraron 97 facas en seis meses.

Pusimos en conocimiento de la CIDH la última muerte ocurrida en ese complejo, un caso que muestra que las dinámicas de delegación del gobierno en los mismos detenidos pone en riesgo su vida e integridad física: en julio de 2014 Maximiliano Agustín Araujo Ortiz fue asesinado con facas en una pelea entre detenidos que se inició por el manejo del pabellón. Las decisiones de política penitenciaria no han impactado en la situación de violencia estructural en el Complejo y agravaron la situación en otras unidades como Campana, Ituzaingó y González Catán.

Sobre la situación en el SPB señalamos que las prácticas de tortura, la violencia entre detenidos, la falta de atención médica y la corrupción son las principales deficiencias en el marco de un Servicio militarizado y en el que poco se avanzó en términos de control civil. Mostramos que no se implementaron políticas para prevenir la tortura ni la violencia entre detenidos que puedan incidir sobre el problema estructural, y que se dificulta el acceso a la información durante los monitoreos externos. En este marco, la tortura sigue extendida en todas las unidades, la cantidad de homicidios se mantiene estable desde 2009 y el SPB mantiene un rol central en la promoción y regulación de la violencia. A su vez, la falta de atención médica sigue siendo la principal causa de fallecimientos en el encierro a pesar de que la mitad de la población no supera los 30 años. 

Desde la administración no cuentan con indicadores que muestren una mejora en estos aspectos. Dejaron de proporcionar datos de hechos de violencia en el SPB y no presentaron información sobre la situación sanitaria. Se limitan a enunciar políticas implementadas sin dar cuenta de su impacto. El CELS y la CPM presentamos 76 casos graves de maltrato y tortura que muestran que se mantiene la situación de emergencia humanitaria.

También remarcamos la responsabilidad de la Suprema Corte y de la Procuración General de la provincia por la persistencia de la impunidad. La desprotección de víctimas y testigos y la ausencia de lineamientos de política criminal que analicen las responsabilidades funcionales y las lógicas de gobierno de las unidades son aspectos no resueltos. Entre 2012 y 2014 se produjeron 12 muertes en la unidad San Martín. Las investigaciones de los ocho casos que se desencadenaron por falta de atención médica fueron archivadas a pesar de que la Procuración General se comprometió a investigar todos los fallecimientos en el encierro. Y no se avanzó con el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del SPB en los homicidios. 

El Gobierno volvió a presentar la construcción de cárceles y alcaidías como la principal forma de abordar la situación crítica de hacinamiento. Sin embargo, estas medidas ya fueron implementadas en los últimos años y demostraron su fracaso. Como lo señaló la CSJN en 2005: “se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen”.

Además, en sus presentaciones ante la CIDH el gobierno de la provincia argumentó que la cantidad de detenidos estaría disminuyendo. Este cálculo lo realiza tomando como punto de referencia la población privada de libertad en la provincia en 2004, es decir, el momento de colapso del sistema carcelario previo al dictado del fallo Verbitsky. Pero desde 2008, cuando comenzó la gestión actual, la tendencia es regresiva. 

En la audiencia temática el Comisionado James Cavallaro instó al Estado provincial a realizar medidas urgentes para terminar con el encarcelamiento en comisarías. A su vez, se concretó la posibilidad de que el Relator para las personas privadas de libertad visite en los próximos meses los lugares de detención de la provincia en seguimiento de la realizada en 2010. 

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La mayoría de los menores de 21 en cárceles federales está con prisión preventiva

Lo dijimos ya en otras oportunidades. Lo que debería ser la excepción es en nuestras cárceles la norma. La prisión preventiva, que se supone que debería aplicarse sólo cuando existe riesgo de que el acusado se fugue o entorpezca la investigación, se utiliza en la mayoría de los casos.

De esto da cuenta un nuevo informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Al ya conocido dato de que alrededor de un 60% de las personas privadas de libertad en cárceles federales está con prisión preventiva, se suma un dato aún más grave: entre los jóvenes adultos presos (de 18 a 21 años) este porcentaje alcanza el 84%.

El informe de la Procuvin contiene varios datos sobre cuál es la situación carcelaria actual. Entre otras cosas detectó que además de los jóvenes, los grupos más vulnerados siguen siendo mujeres y trans.

El informe completo puede leerse en el sitio Fiscales.gob.ar

Para leer un poco más sobre el tema de la prisión preventiva en la Argentina, pueden ver este post que hicimos hace un tiempo (nada ha cambiado, lamentablemente):

El drama de la prisión preventiva en la Argentina

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¿Qué pasa en la cárcel de Rawson?

Denuncian maltrato y pésimas condiciones de detención en el panel de Rawson. FOTO: Procuvin

Dos muertes en menos de dos meses. Numerosas denuncias de varios organismos de Derechos Humanos. Esto es lo que sucede en la cárcel federal de Rawson.

Por este motivo, el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, requirió la inmediata intervención por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del Instituto de Seguridad y Resocialización de esa ciudad.

El magistrado advirtió “un progresivo e intolerable deterioro de las condiciones generales de funcionamiento del mencionado establecimiento carcelario y de la prestación del servicio penitenciario, y una escalada de violencia institucional, que en conjunto comprometen seriamente la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas allí alojadas”.

“Frente al grave, intolerable y progresivo panorama apuntado, debo admitir con hondo pesar que las medidas alternativas dispuestas por este órgano jurisdiccional, en ejercicio de sus facultades de control y protección de los derechos fundamentales, han sido infructuosas para revertir la preocupante situación (órdenes judiciales, inspecciones frecuentes, interrelación con los diversos juzgados a cuyo cargo se encuentran los internos alojados, gestiones en orden al cumplimiento de trámites administrativos de los internos, etc.)”, agregó, según cita el Centro de Información Judicial.

“De persistir las deficiencias apuntadas, habré de disponer la correspondiente clausura del establecimiento carcelario señalado, ello en procura de garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas allí privadas de su libertad”.

Los hechos 

En febrero pasado, un joven de 22 años que estaba detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 6 de Rawson falleció a raíz de graves quemaduras sufridas dentro del penal y se convirtió en el segundo muerto en esa cárcel en menos de dos meses.

El joven se llamaba Juan Carlos Moreno y resultó herido tras prenderle fuego a su celda porque le habrían negado hablar con su madre. Según fuentes de la Procuración Penitenciaria de La Nación(PPN), Moreno había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un robo y estaba en condiciones de salir en libertad condicional desde enero de 2013. Además, en cinco meses completaba su condena.

Según relató a LA NACION Ariel Cejas Meliare, Director General de Protección de Derechos Humanos de la PPN, el jueves pasado hubo disturbios en el penal, por lo que los internos fueron sancionados. “Si bien Moreno no habría participado de la gresca, al parecer no lo dejaron hablar con la madre, que estaría enferma, y ante esta situación, el joven prendió fuego a su celda para que lo saquen. Todavía no sabemos cuánto tiempo estuvo encerrado en medio del fuego. Lo cierto es que falleció en el hospital días después a raíz de las quemaduras”, explicó Cejas Meliare.

Una delegación de la PPN ya estuvo en el lugar y están enviando a un equipo especializado en investigación de fallecimientos en cárceles.

“Vamos a constituirnos como querellantes, porque ya son dos muertes en menos de dos meses en el mismo penal”, sostuvo Cejas Meliare.

En tanto, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez investiga la muerte de Moreno pidió la declaración indagatoria del director del penal, Juan de la Cruz Céspedes, por la posible comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, informó el sitio Fiscales.gob.ar.

DOS MUERTES EN DOS MESES

Tal como había informado LA NACION , el pasado 22 de diciembre murió otro preso en el mismo penal. Se trata de Cristian Pereyra, que tenía 25 años y apareció muerto en una sala de internación del servicio médico de la cárcel.

Si bien el personal penitenciario informó que se trató de un suicidio, su muerte generó la apertura de una investigación.

Es que, días antes de su fallecimiento, Pereyra había sido entrevistado por el coordinador del Área de Encierro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Roberto Cipriano García, junto a la abogada Ana Laura López durante una inspección al penal.

“Lo vieron en muy mal estado físico y psíquico, muy sucio y con quemaduras”, relató Abel Córdoba, titular de la Procuvin. El día de la entrevista era su cumpleaños y el joven se encontraba solo.

“El día anterior, el cuerpo de requisa de la Unidad lo había encerrado en su celda tras golpearlo fuertemente”, informó Córdoba. “Al ser encerrado creció su temor a volver a ser agredido y reclamó que lo cambien de pabellón, y no tuvo respuesta, siguió reclamando y para tener la atención penitenciaria, prendió fuego en su celda. Ahí reaparecieron los agentes del SPF. Lo sacaron de la celda, lo golpearon y le inyectaron gas pimienta en los ojos y en la boca. En esas condiciones, lo encerraron en un buzón de castigo”, denunció el titular de la Procuvin.

Según los investigadores, Pereyra había presentado tres habeas corpus pero no fue trasladado. La conclusión de la autopsia dice que su muerte se produjo por una asfixia mecánica por comprensión extrínseca a nivel del cuello. Por el hecho se abrió una investigación que está en curso.

Por su parte, Adriana del Carmen Pereyra, madre del joven fallecido, pidió a la Defensoría General de la Nación patrocinio jurídico gratuito para querellar en la causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Rawson. La solicitud fue aceptada dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la DGN se presentará como querellante en representación de la mujer.

“Los hechos investigados podrían contemplar conductas pluriofensivas que no sólo han violentado el derecho a la vida de su hijo, sino que también revelan un supuesto de violencia institucional que afecta la administración de justicia en general, en tanto no podría descartarse la responsabilidad del personal del Servicio Penitenciario Federal, ya sea por comisión u omisión”, dijo la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez..

La Unidad Federal N°6 de Rawson es una de las tres de máxima seguridad, junto a la N°9 de Neuquén y a la N°7 de Chaco, y aloja alrededor de 400 personas privadas de su libertad. En el informe anual de 2012 de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se destacó que fue una de las unidades que triplicó en un año la cantidad de casos de torturas y malos tratos.Fuente: Fiscales.gob.ar

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