En la Argentina hay 749 funcionarios de seguridad investigados por violencia institucional

 

Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en el sitio Fiscales detectó que en la Argentina hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal. Los uniformados son investigados por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%).

La Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, define violencia institucional “como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos”.

El informe destaca que, de los 749 casos de funcionarios acusados de violencia institucional, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

En tanto, 252 (33,6 por ciento) de los uniformados investigados son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

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