Lectura recomendada: Vidas en suspenso, jóvenes y violencia institucional

Nuestra lectura recomendada de hoy es Vidas en suspenso: jóvenes y violencia institucional, libro escrito por la periodista María Florencia Alcaraz. El libro cuenta las historias de Luciano Arruga, Kevin, Iván, Bruno, y muchos otros jóvenes víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.

El objetivo que se propuso la autora es escribir para no olvidar”, contarnos quiénes eran estos chicos que sufrieron apremios, torturas, fueron desaparecidos y asesinados.

“Vidas en suspenso pretende poner la lupa sobre una escena opaca: la violación a los derechos humanos por parte de distintos actores del sistema penal”, explica en la introducción.

Sobre la autora: María Florencia Alcaraz es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Matanza. Trabajó en Infojus Noticias. Es especialista en temas vinculados a la violencia de género, la violencia institucional y temas policiales desde una perspectiva de derechos humanos. Recibió el premio Lola Mora de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por su labor en medios digitales.

 

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Cárceles: habilitan a organizacionesa a ingresar con cámaras en los lugares de encierro para tareas de monitoreo

 

En cumplimiento de la medida cautelar 104/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA,  el secretario de Derechos Humanos,Santiago Cantón anunció a los organismos de Derechos Humanos bonaerenses, CELS  y CMP  la resolución por la cual se habilita la toma de imágenes en cárceles a la sociedad civil y organizaciones. La misma permite obtener información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas detenidas.
El objetivo no es sólo visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.

Esta decisión revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.

 

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.

 

 Fuente: CPM y Secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires

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Conocé tus derechos: qué hacer si la policía te pide tus documentos en la calle

En la semana en la que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó una guía en formato video sobre qué tenés que saber y qué podés hacer si la policía te detiene en la calle.

El material fue publicado en el sitio Fiscales.

Este video acompaña al cuadernillo recientemente publicado sobre “Jóvenes y fuerzas de seguridad”.

Según detalló el sitio Fiscales, el contenido fue elaborado en colaboración entre la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DIGOC) y la Dirección de Comunicación Institucional.

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Gatillo Fácil: una novela gráfica sobre el caso de Fernando Carrera

En nuestra sección de lectura recomendada, les sugerimos hoy Gatillo Fácil, una novela gráfica que cuenta como relato non fiction el caso de Fernando Carrera, un hombre que fue condenado a 30 años de prisión por una causa que luego se denunció que fue armada por la policía.

El libro Gatillo Fácil , que ya puede conseguirse en librerías, combina dibujos, texto y material de la causa judicial y de la investigación periodística. Sus autores son Pablo Galfré, Karin Lisnovetzki y Sergio Ibáñez.

Los hechos por los cuales Carrera fue acusado ocurrieron el 25 de enero de 2005 en lo que se conoció como la Masacre de Pompeya. A las 13.50, tres peatones que cruzaban la avenida Sáenz, en el semáforo de Esquiú, en Pompeya, murieron al ser atropellados por el automóvil que manejaba Fernando Carrera cuando huía de la policía .

Según lo que contó Carrera, la policía lo confundió con un ladrón al que estaban buscando. Un grupo de efectivos policiales vestidos de civil que manejaba un Peugeot 504 negro sin ningún tipo de identificación policial intentó detenerlo realizando disparos, ocho de los cuales lo hirieron.

Con esas heridas, Carrera realizó tres cuadras en contramando en una avenida del barrio de Pompeya, atropellando a tres personas que fallecieron. Carrera asegura que el disparo le hizo perder el control de su auto, por lo que luego chocó contra otro vehículo y fue nuevamente baleado por la policía.

La versión de los hechos que mantuvo la policía fue otra: se habló de un tiroteo entre ambos autos y no hubo acuerdo sobre si Carrera estaba “inconsciente, consciente, semiconsciente” luego de los primeros disparos de la policía.

El caso de Carrera fue utilizado para la realización del documental “El Rati Horror Show”, de Enrique Piñeyro. Allí se presentaron las denuncias de irregularidades en la investigación que terminó condenando a Carrera por un hecho del que él siempre aseguró ser inocente.

 

 

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Lo que tenés que saber en caso de un allanamiento

En el marco del Día Contra la Violencia Institucional, que fue el pasado 8 de mayo, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentaron una cartilla de acceso a la información y de derechos ante un eventual allanamiento.

Esta cartilla explica cuándo puede haber un allanamiento, quién da la orden y qué derechos tiene la persona cuya vivienda o local está siendo allanado. El documento, publicado por el sitio Fiscales, destaca que “los allanamientos masivos en un barrio son ilegales. SIEMPRE tiene que haber una orden de un juez con la ubicación precisa de los domicilios a allanar”. Esto hace referencia a lo ocurrido en Córdoba durante el primer fin de semana de mayo, cuando la policía llevó a cabo allanamientos masivos en barrios de la ciudad y detuvo a 350 personas.

Para leer el documento completo, hacé click acá. O miralo directamente en este post:

 

 

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En la Argentina hay 749 funcionarios de seguridad investigados por violencia institucional

Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en el sitio Fiscales detectó que en la Argentina hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal. Los uniformados son investigados por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%).

La Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, define violencia institucional “como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos”.

El informe destaca que, de los 749 casos de funcionarios acusados de violencia institucional, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

En tanto, 252 (33,6 por ciento) de los uniformados investigados son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

Para leer el informe completo, hacé click acá

 

 

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