Guía para regular las requisas a personas trans

El viernes 18 de marzo fue aprobada la “Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”. La guía regula cómo deben ser revisadas médicamente y requisadas las personas trans que ingresen a las Alcaidías ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

Con la fijación de estos criterios, la Guía adapta las prácticas del Servicio Central de Alcaidías a los lineamientos de la Ley de Identidad de Género y constituye un verdadero hito sin precedentes a nivel regional ni mundial, en materia de protección de la identidad de género auto percibida del colectivo beneficiario.

La guía fue elaborada en el marco de un habeas corpus colectivo correctivo para proteger los derechos de personas trans detenidas en Complejos Penitenciarios Federales cuando eran trasladadas por comparendo judicial, presentado en forma conjunta desde tres áreas de la Defensoría General de la Nación.

En septiembre de 2015 el Juez Nacional en lo Criminal Nº 1 Hernán Martín López hizo lugar a ese habeas corpus a través de una resolución que reconocía que en las requisas realizadas en las Unidades 28 y 29 –Alcaidías del Palacio de Tribunales y Comodoro Py- “constituyen formas de violencia de género, agravadas por ser perpetradas por funcionarios del Estado contra personas que se encuentran bajo su custodia y en situación de especial vulnerabilidad”.

De los testimonios reunidos por los representantes de la Defensoría General surgió que en estas requisas se imponían tratos degradantes hacia las personas trans afectando los derechos a su integridad personal, privacidad y no discriminación. En ese sentido, desde la DGN se solicitó que se establezca “un estricto protocolo para que los exámenes corporales a detenidos del colectivo trans sean estrictamente por cuestiones sanitarias, que se realicen con reglas elementales de pudor y privacidad, que solamente sean efectuados por personal de salud y que se evite cualquier tipo de presencia ajena a esa especialidad, especialmente personal de seguridad de género opuesto, al igual que el personal médico o de sanidad, evitándose los desnudos totales, íntegros”.

El habeas corpus, que fue confirmado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ordenó a su vez la creación de una Mesa de Diálogo para determinar las condiciones en que deben efectuarse la revisión médica y la requisa por motivos de seguridad.

De la Mesa de Diálogo participaron, además de las áreas de la DGN que impulsaron el habeas corpus y el SPF, el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación (PROCUVIN) y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 21.

El resultado del trabajo conjunto fue la elaboración de la “Guía de Procedimiento de ‘visu médico’ y de ‘control y registro’ de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaidías”. El texto, producido entre los distintos integrantes de la Mesa de Diálogo y acordado por unanimidad, establece pautas de actuación del personal médico y penitenciario compatibles con la ley n° 26.743 (Ley de Identidad de Género).

ü  En lo que se refiere a las revisiones médicas, la Guía establece como lineamientos básicos que sólo pueden ser llevadas a cabo por personal médico, capacitado en la atención de personas trans y, de ser posible, de la identidad de género que prefiera la persona sujeta a examen; que deben ser conducidas con el debido respeto, resguardando la privacidad, intimidad, confidencialidad y dignidad de la persona; y que deben realizarse en un lugar acondicionado a tal fin. Asimismo, la Guía intenta evitar las revisiones reiteradas y los desnudos íntegros, para lo que prevé una única revisión por traslado, que se provea a la persona una bata médica y que el procedimiento se realice en pasos secuenciales.

ü  Con respecto a las requisas y los controles dirigidos a detectar posibles objetos prohibidos, la Guía establece un procedimiento regular de manera previa a la revisión médica, a través de medios electrónicos (paletas o arcos que puedan detectar objetos de metal o sustancias prohibidas). En los casos en que por motivos fundados no sea posible efectuar el registro mediante esos medios, la Guía plantea un procedimiento excepcional, según el cual el personal penitenciario sólo podrá revisar las pertenencias y prendas de vestir de la persona trans mientras se encuentre sujeta a la revisión médica, en un lugar distinto de aquella y en el tiempo indispensable para realizar el procedimiento. También estipula que el personal penitenciario no puede tomar contacto físico, verbal o visual con la persona sujeta a revisación médica, y que el traslado de las prendas y pertenencias de un lugar hacia otro debe realizarse con celeridad y a través del personal médico.

Fuera de lo señalado, la Guía regula otros aspectos, entre los que se destacan la incorporación de sus contenidos en el plan de capacitación permanente del personal del Servicio Central de Alcaidías y su difusión entre la población trans privada de libertad.

En la audiencia desarrollada el viernes pasado en el Juzgado interviniente, el magistrado a cargo, Dr. López, analizó la guía consensuada entre todas las partes y consideró que con ella se daba cumplimiento a todos los lineamientos judiciales, por lo que concluyó que “el texto de la misma debe ser homologado y transformarse en normativa obligatoria”. En los próximos días el magistrado dictará resolución homologando el acuerdo.

Fuente: DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 


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10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte

Washington, D.C. – En el Día Internacional contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda los avances que se han producido en el último año, incluyendo la abolición de la pena de muerte en Suriname y en el Estado de Nebraska, en Estados Unidos. Asimismo, exhorta a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aún tienen la pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación como primer paso hacia la abolición.

La decisión de Suriname es un avance muy importante que la CIDH aplaude y espera se convierta en un ejemplo para los países de la región donde aún se mantiene la pena de muerte. La Comisión destaca que la eliminación de la pena de muerte del Código Penal de Suriname representa una oportunidad para que los países del Caribe den un paso importante hacia la garantía de los derechos humanos en la región.

En diciembre de 2014, Suriname votó, en la Asamblea General de la ONU, a favor de la resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. En el mismo sentido, declaraciones de altos funcionarios públicos de Suriname anticiparon la voluntad de concretar un avance significativo en la materia. Finalmente, en marzo de este año, en el marco de los debates sobre la adopción de un nuevo Código Penal de Suriname, la Asamblea Nacional aprobó la abolición de la pena de muerte.

Del mismo modo, el estado de Nebraska abolió la pena capital el pasado mes de mayo, sumándose a otros 18 Estados y al Distrito de Columbia en abolir la pena de muerte. Este es un paso significativo en este país, ya que Estados Unidos es actualmente el único Estado Miembro de la OEA que está llevando adelante ejecuciones en aplicación de la pena de muerte.

Asimismo, recalca la necesidad de los países que aún conservan la pena de muerte en sus legislaciones de avanzar con el propósito de abolir la pena capital en toda la región o, en su defecto, imponer una moratoria en su aplicación. La Comisión invita a los Estados que no hayan ratificado el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte a ratificarlo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

*Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

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Habeas corpus por los derechos de las personas trans en las requisas en la cárcel

A partir de una presentación conjunta de la Defensoría General de la Nación, el Juez Nacional en lo Criminal Hernán Martín López hizo lugar a un habeas corpus colectivo correctivo para proteger los derechos de personas trans detenidas en Complejos Penitenciarios Federales. La resolución reconoce que las requisas a este colectivo realizadas en las Unidades 28 y 29 –Alcaidías del Palacio de Tribunales y Comodoro Py- “constituyen formas de violencia de género, agravadas por ser perpetradas por funcionarios del Estado contra personas que se encuentran bajo su custodia y en situación de especial vulnerabilidad”.

 

El habeas corpus fue presentado por representantes de la Comisión sobre Temáticas de Género, de la Comisión de Cárceles, y del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, quienes durante extensas entrevistas a personas trans detenidas en los Complejos Federales I y IV de Ezeiza recibieron diferentes denuncias respecto al modo en que son examinadas y requisadas al ingresar a las Unidades 28 y 29 del SPF, cuando deben comparecer ante la autoridad judicial.

 

De los testimonios reunidos por los representantes de la Defensoría General surge que en estas requisas se les imponen tratos degradantes hacia sus personas afectando los derechos a su integridad personal, privacidad y no discriminación. En ese sentido, solicitaron que se establezca “un estricto protocolo para que los exámenes corporales a detenidos del colectivo trans sean estrictamente por cuestiones sanitarias, que se realicen con reglas elementales de pudor y privacidad, que solamente sean efectuados por personal de salud y que se evite cualquier tipo de presencia ajena a esa especialidad, especialmente personal de seguridad de género opuesto, al igual que el personal médico o de sanidad, evitándose los desnudos totales, íntegros”.

 

Durante las primeras horas del día de hoy, el juez López hizo lugar al hábeas corpus sosteniendo que las prácticas denunciadas “constituyen una flagrante violación al derecho a la dignidad humana”.

 

“La dignidad –continúa el fallo- es propia de la condición humana y por lo tanto no constituye un valor exclusivamente subjetivo, sino que también obliga a los terceros a respetar dicha condición, sobre todo cuando se da la particular situación que el tercero resulta el propio Estado, quien en el caso de personas privadas de la libertad reviste la posición de garante de su vida como también de su integridad física y psíquica”.

 

Y concluye: “Las prácticas denunciadas constituyen, como mínimo, una afectación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad humana y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes”, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, instrumentos que han sido incorporados al texto constitucional.

 

El juez hace referencia a la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012, en cuanto a que los hechos constituyen “una flagrante violación a lo normado en sus arts. 1º y 12º, pues han sido sometidas a requisas corporales innecesarias y ajenas a los fines de seguridad que rige dicha práctica, han sido sometidas a desnudos públicos parciales o totales, habrían sido insultadas y maltratadas verbalmente de una forma tal que no se respeta su condición sexual, dicha circunstancia, como así también la revisación que hicieran de las mismas el personal penitenciario no capacitado adecuadamente para atender a su condición, constituye un agravamiento de las condiciones de su detención, por tal razón resulta necesario adoptar las medidas necesarias y urgentes para hacer cesar dicho estado”.

 

Finalmente, y luego de hacer lugar al habeas corpus, el juez López le hace saber al Director del Servicio Penitenciario Federal y al Director del Servicio Central de Alcaidías del Servicio Penitenciario Federal que en el plazo de cinco días hábiles, deberán arbitrarse los medios necesarios para que, en el caso de ingreso para comparendos judiciales de personas “trans” y -por razones estrictamente de seguridad penitenciaria y/o de los internos- resulte necesario practicar requisas personales en forma invasiva, se adopten los siguientes recaudos:

1) Que tales requisas sean practicadas exclusivamente por personal

penitenciario profesional de la salud -médico y/o sanitario-;

2) En casos de necesidad fundada, cuando sea necesario practicar

un registro táctil sobre los requisados, se haga sobre las prendas de vestir y prescindiendo de los desnudos totales y parciales, previa consulta a la persona involucrada respecto de su preferencia sobre la identidad de género de quien lo llevará a cabo, respetando en todo momento la intimidad del requisado.

De igual manera, en situaciones en las cuales deba procederse al

examen físico para constatar lesiones en estos casos, deberá garantizarse:

1) La participación exclusiva de personal médico o sanitario y sólo

en la cantidad estrictamente necesaria para llevar a cabo la diligencia;

2) La prohibición de desnudos íntegros y parciales;

3) La consulta a la persona involucrada respecto de la preferencia sobre la identidad de género de la persona que hará el examen y; 4) La disposición en el ámbito de la unidad penitenciaria de un espacio adecuado que resguarde la privacidad del acto de requisa.

Por otro lado, deberá informarse en igual lapso: A) Sobre la posibilidad de implementar medios tecnológicos que puedan suplir la necesidad de realizar requisas corporales a los internos, como ser mediante el uso de “scanners” o aparatos electrónicos que se adecúen a los más altos estándares en materia de salud.- B) Sobre el estado de avance en la elaboración de los protocolos de ingreso específicos para el tratamiento de detenidas “trans” (transexuales, travestis, transgénero) como así también sobre las medidas o propuestas posibles para abordar la capacitación del personal penitenciario para el tratamiento de estos casos.

 Fuente: Defensoría General de la Nación

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Ante el Congreso de Estados Unidos, el Papa pidió abolir la pena de muerte

Francisco se convirtió hoy en el primer papa de la historia en hablar ante el pleno del Congreso de Estados Unidos. En ese contexto, habló de varios temas sensibles. Entre ellos, de la pena de muerte. Estas fueron sus palabras:

Francisco, ante el Congreso de los EE.UU,

“La regla de oro también nos recuerda la posibilidad para defender la vida humana en cada etapa de su desarrollo. Esta convicción me ha llevado a apoyar desde el principio de mi papado por la abolición de la pena de muerte. Estoy convencido de que esta es la mejor forma de proteger cada vida sagrada”, dijo.

“Cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad sólo puede beneficiarse de la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito”, agregó.

El deseo de una madre argentina

 

Saldaño es argentino y está preso en EE.UU., condenado a pena de muerte

Lidia Guerrero, madre de Víctor Saldaño, oriundo de Córdoba y uno de los más de 3000 reclusos que están en el corredor de la muerte de Estados Unidos, tiene la esperanza de que Francisco pueda convencer a la justicia norteamericana de que no ejecuten a su hijo.

Saldaño, el único argentino entre cerca de 400 presos de origen latinoamericano que esperan la pena de muerte en EE.UU., fue sentenciado en 1996 por asesinar a un comerciante estadounidense llamado Paul Ray King.

En el juicio se determinó que Saldaño y un amigo mexicano mataron a Ray de cinco tiros luego de secuestrarlo de un negocio en Dallas. Ambos estaban borrachos y drogados, y residían de manera ilegal en EE.UU. Ni Saldaño ni su madre niegan que él haya cometido el crimen. Pero consideran que los juicios estuvieron “viciados” y que hubo discriminación a la hora de pedir la condena de Saldaño.

Pena de muerte en EE.UU.

La pena de muerte es legal en 31 estados de EE.UU. Su aplicación está limitada por la Octava Enmienda a homicidios agravados cometidos por personas adultas mentalmente competentes. 

Estas son las ejecuciones llevadas a cabo en lo que va de 2015:

Fuente: www.deathpenaltyinfo.org

 

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Presentan alternativas para un modelo penitenciario diferente

Hoy a las 14 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Pensamiento Penal, una ONG argentina dirigida por el juez Mario Juliano e integrada por otros magistrados, fiscales, defensores oficiales, letrados particulares, funcionarios judiciales, profesores universitarios y estudiantes de derecho, presenta una propuesta de ideas fuerza para generar un cambio en el sistema penitenciario del país.

Las bases de la propuesta, aquí:

 

Punta de Rieles, el modelo de cárcel uruguayo que inspiró la propuesta: hacé click acá para leer sobre esta cárcel

FOTO: Maximiliano Amena/LA NACION.
La cárcel uruguaya Punta de Rieles intenta aplicar un modelo penitenciario que replique lo mejor posible la vida en libertad, en la búsqueda de una verdadera resocialización de los detenidos

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Ordenan documentar a las personas condenadas privadas de su libertad

En el marco de una acción de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), el 22 de diciembre de 2014 la jueza Karina Mariana Zucconi a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 15 ordenó que, en el plazo de un año, el “Programa de Documentación Conjunto” surgido del Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acuerde específicamente la distribución de tareas necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la identidad de las personas condenadas en situación de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

La jueza también ordenó que, mientras no se adopte un régimen específico, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe requerir a las entidades que correspondan “la remisión oportuna y completa de todas las constancias y antecedentes que posibiliten la actualización de la identificación”. Por otra parte, dispuso una serie de medidas vinculadas a la producción y circulación de información acerca de la situación documental de las personas privadas de libertad. Específicamente, indicó que el Servicio Penitenciario Federal ponga en conocimiento de cada uno de los jueces o tribunales a cuya disposición se encuentren los condenados nacionales que carezcan de DNI, la situación particular que atraviesen en ese orden, para que pueda hacerse efectivo el permanente control que legalmente les compete, comprobarla y en su caso, corregirla, en aplicación del art. 3° de la Ley 24.660.

De igual modo, señaló que la Dirección Nacional del RENAPER ponga en conocimiento de la Procuración Penitenciaria Nacional, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración General de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal, la situación particular que atraviesen los nacionales que han iniciado el trámite para regularizar su inscripción o identificación en pos de obtener el Documento Nacional de Identidad y se encuentren condenados y en situación de encierro en alguna Unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La PPN y la DGN habían pedido a la justicia que se requiera al RENAPER y a las respectivas autoridades responsables de la detención y custodia de las personas condenadas que adopten las medidas correspondientes, removiendo los obstáculos y óbices formales que puedan oponerse a la rápida expedición de los documentos de identidad de la totalidad de las personas condenadas que lo requieran y no cuentan con su DNI.

Cientos de personas privadas de libertad no tienen DNI como consecuencia del engorroso procedimiento que deben atravesar para documentarse. En los hechos, esto determina que el tiempo servido en prisión siquiera resulte suficiente para que, al momento de egresar estén debidamente registradas, generando incontables inconvenientes y vulnerando una exigencia elemental de la función resocializadora de la pena. Según explicaron en la PPN, incluso se han detectado casos donde el propio SPF demoró la entrega de fondos personales a una persona indocumentada en libertad luego de cumplir su condena. Fue necesaria una orden judicial de identificación dactiloscópica para remediar, a medias, sus urgentes necesidades de subsistencia.

De acuerdo con las estimaciones de la PPN, a octubre de 2014, 2.758 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) carecían de documento. Es decir alrededor del 25% del total. Mil novecientas de ellas, el 69%, eran procesadas, mientras que las demás 858, el 31%, condenadas. La mitad de quienes no contaban con DNI eran argentinos, por lo que el universo de argentinas y argentinos condenados y detenidos en el SPF sin DNI alcanzaba a las 372 personas.

Por vía de una estimación simple para una población penal total del país de entre 60 y 70 mil personas, se puede afirmar que alrededor de 2 mil ciudadanos argentinos cumplen condena en prisión, pero no tienen DNI, en lo que configura un auténtico despropósito si se consideran la enorme cantidad de recursos que se destina a lograr una condena de cumplimiento efectivo.

El derecho a la identidad es el conjunto de atributos y cualidades, tanto de carácter biológico como referidos a la propia personalidad que permiten la individualización de cada uno en sociedad y se expresa, entre otras formas, a través de la documentación estatal. Las personas privadas de libertad, sin embargo, están en posición de desigualdad con relación al resto de la sociedad frente a las tramitaciones y requisitos exigidos para la emisión de sus respectivos documentos. La decisión judicial adoptada en el marco de esta acción constituye un gran avance a los efectos de lograr que el colectivo representado supere, a través de un mecanismo diseñado para estos fines, las dificultades existentes en la actualidad para la obtención de su documentación personal.

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

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Lola Chomnalez: cronología de los hechos hasta hoy

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En busca de una respuesta eficaz contra el crimen organizado

Por Juan Ignacio Bidone*

Desde hace algunos años, principalmente a raíz de sucesos criminales que evidenciaron la actividad desplegada en nuestro territorio por organizaciones criminales trasnacionales vinculadas al narcotráfico (el doble crimen de los colombianos en Unicenter, el triple crimen de General Rodríguez y la instalación de un laboratorio de metanfetamina en Ingeniero Maschwitz vinculado a carteles de México) se viene hablando de la necesidad de una respuesta estatal congruente acorde al alto grado de complejidad que caracteriza a este tipo de delitos.

Describiendo el fenómeno.

Más allá de las distintas definiciones que desde la teorización se han intentado, corresponde conocer un poco más del fenómeno para diferenciarlo de la denominada criminalidad común.

Así, conviene presentar algunos de sus rasgos distintivos del crimen organizado:

  • Se trata de un grupo de personas que se reúnen con el objeto de cometer de manera constante y permanente actos que son catalogados como delitos por el Estado.
  • Rige el comportamiento de este grupo una estructura jerárquica, una división de tareas, grados de especialización y ciertas reglas (un sistema de premios y castigos), las cuales son impuestas de manera coactiva.
  • Ese grupo posee además la capacidad para protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de acción, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el Estado. Esa protección se obtiene, por una parte, a través de la utilización de la violencia, la amenaza o la intimidación; y por otra parte, a través de la corrupción de funcionarios públicos.
  • Los delitos cometidos por ese grupo deben tener fuertes repercusiones sociales para que exista un fenómeno de crimen organizado  (ya sea en términos de la violencia con que se ejecuta, por las pérdidas económicas que comporta o por cualquier otra característica que genere ansiedad o indignación entre la ciudadanía en general).
  • En algunos casos, como en el narcotráfico, hay un carácter consensual hacia el delito cometido[1]. La actuación del Estado se dificulta frente a una inacción hacia la aplicación de justicia por parte de piezas importantes de las sociedades en las que actúan.
  • En esta senda se inscriben como “Crimen Organizado”: el Narcotráfico, el Contrabando, el Tráfico de Migrantes, la Trata de Personas y el Lavado de Dinero o Activos de origen ilícito.

Algunas respuestas concretas.

En un artículo anterior he adelantado mi postura al sostener que la delincuencia organizada exige una investigación organizada.

Desde esta perspectiva, una respuesta válida debe hallarse imbuida de principios de especialización y centralización.

Corresponde hablar entonces de la necesidad de una Agencia, Oficina Federal o Dirección de investigación sobre crimen organizado[2].

Su finalidad, siguiendo modelos que ya se encuentran operativos, se asienta sobre cuatro pilares de reconocimiento internacional:

  • Perseguir – enjuiciar y desbaratar a los grupos de personas dedicadas a la delincuencia grave y organizada.
  • Prevenir – evitando que las personas se vean involucradas en la delincuencia grave y organizada.
  • Proteger – aumentar la protección contra la delincuencia grave y organizada (principalmente de sus efectos, violencia e intimidación y corrupción).
  • Preparar – reducir el impacto de la delincuencia grave y organizada en aquellos lugares donde la misma se lleva a cabo

Será indispensable que la actuación de esa Oficina se enmarque en la prosecución de los estándares definidos por los distintos acuerdos internacionales de los que Argentina ya es parte (Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como “Convención de Palermo”, Medidas eficaces contra la Delincuencia Organizada Transnacional emitidas por Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Planes de acción Hemisféricos contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA; Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y su Protocolo Facultativo, para citar sólo algunos).

Resulta necesario asimismo promover una mayor interrelación entre autoridades de aplicación de la ley; estudiar el vínculo entre trámites, impuestos y delito, crear equipos multidisciplinarios a nivel nacional para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, alentar la participación de la sociedad civil y una mayor cooperación entre el sector público y el privado.

La evaluación del riesgo de ciertas organizaciones criminales, el establecimiento de prioridades en la lucha contra las mismas y una mejor comprensión del papel de la tecnología, deberán serán incluidos también entre sus principios rectores.

Esa Agencia puede estructurase con sectores de análisis interrelacionados, uno con enfoque en lo Económico-Financiero, otro ceñido a las Organizaciones Criminales, y un restante relacionado al Análisis Científico.

La resultante del procesamiento de la información será la producción de conclusiones fiables, genuinas y uniformes para detectar los puntos centrales y las ramificaciones de las organizaciones complejas, que permitan la intervención eficaz por parte de las autoridades de aplicación de la ley (fuerzas de seguridad, Poder Judicial).

En el plano internacional, deberá trazar tácticas de coordinación a través del intercambio de información y colaboración reciproca con las autoridades análogas de otros Estados, siempre bajo la observancia de los instrumentos internacionales en vigencia en torno al tratamiento de temas relacionados con las organizaciones criminales complejas de carácter trasnacional.

Por último, una dirección de enlace con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos permitirá asegurar la garantía de control judicial y de legalidad de los procedimientos.

Sin perjuicio de lo expuesto, sea cual fuere el formato elegido, entiendo que el modelo no podrá desentenderse de los aludidos principios de centralización, especialización y contexto internacional, por resultar estas características tan propias de los delitos que se intentan perseguir y prevenir.

*Profesor de la Universidad de Morón. Fiscal.


[1] En el comercio de drogas, el delito consiste en una transacción entre un comprador y un vendedor que actúan de buen grado. Ninguno tiene incentivos para informar sobre la violación de la ley. Por el contrario, ambos están interesados en que no se informe sobre el delito (Carlos Resa Nestares en “Crimen Organizado Transnacional: Definición, Causas y Consecuencias”. Universidad Autónoma de Madrid).

 

[2] Es una práctica adoptada en los últimos años por un gran número de países, tales como Gran Bretaña (la NCA creada en 2013), Uruguay (DNLCO), Paraguay (PNI), Ecuador (ULCO), Puerto Rico (DHS), México, Perú (PNP), España (UDYCO), Francia (UCLAT), Brasil (SISBIN), Australia (ACC), para citar sólo algunos, y la propia ONU a través de la UNODC y los organismos regionales como EUROPOL, INTERPOL, CLACIP y AMERIPOL

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La familia de María Cash propone la creación de una Agencia de búsqueda de personas

A través de la página de peticiones online Change.org, Máximo Cash, hermano de María Cash, la joven desaparecida hace tres años, sigue promoviendo la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

Esto dice la petición:

“Mi hermana, María Cash, desapareció hace 3 años. Nunca paramos de buscarla, y en el transcurso aprendimos mucho de este doloroso tema. En base a nuestra experiencia, podemos afirmar que uno de los principales obstáculos para encontrar a una persona desaparecida, es la falta de coordinación entre los mismos mecanismos institucionales.

Por eso hoy estamos proponiendo la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas, que integre a nivel nacional a todos los organismos intervinientes en los casos de búsqueda.

Si bien se crearon planes y organismos en este tema, cada uno actúa autónomamente. Además hay barreras entre las diferentes jurisdicciones geográficas.

Actualmente, por ejemplo, para buscar a una persona que fue vista en diferentes provincias, se tiene que abrir una causa en cada una de ellas. Cuando finalmente se lleva a cabo la búsqueda, la persona probablemente ya no está allí.

Es hora de generar soluciones efectivas. Hoy pedimos la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

En julio se cumplieron 3 años de la desaparición de mi hermana, y hace pocos meses mi papá falleció buscándola. Todo el dolor de mi familia, como el de tantas otras que atraviesan por esta situación, merece tener una respuesta. Vos podés apoyarnos con tu firma.”

Para firmar esta petición, hacé click acá

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Casación hizo lugar al Habeas Corpus por la desaparición forzada de Luciano Arruga

Cinco años pasaron y la familia de Luciano Arruga no tiene aún respuestas sobre la desaparición del adolescente. Pero ahora la justicia dio un paso hacia adelante.
El viernes pasado la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al hábeas corpus presentado por la familia de Luciano, APDH- La Matanza y el CELS.
“Toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación”, sostuvo en su voto el juez Hornos.
“Los jueces reconocen la responsabilidad del Estado en la desaparición del joven y las graves deficiencias que hubo en la investigación realizada en la provincia de Buenos Aires que, en cinco años, no le dio ninguna respuesta a su familia”, informaron desde el CELS.
En el fallo, los camaristas sostienen que: “Atento al carácter imprescriptible de los delitos denunciados, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, debe desplegar toda actividad investigativa conducente al esclarecimiento de los mismos, removiendo al efecto todo obstáculo, administrativo o judicial, que impida una acabada y efectiva reconstrucción histórica de los hechos, permita una pertinente sanción de los responsables, y en virtud de la acción promovida por las recurrentes, deberá adoptar todas las medidas correspondientes a fin de conocer el destino o paradero de Luciano Nahuel Arruga.”
En tanto, en su voto, el juez Mariano el juez Borinsky citó el “Caso Bulacio”, por el que el Estado argentino fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recordó el “derecho de la víctima y sus familiares a saber la verdad”.
Luciano Arruga tenía 16 años cuando salió de su casa de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en el bolsillo. Nunca regresó. Desde entonces su familia comenzó una lucha incansable para hallarlo y para lograr justicia. Ellos denuncian que Luciano fue asesinado por la policía por haberse negado a robar para ellos.
Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido, contó que a Luciano le habían ofrecido armas, autos y dejarle liberadas algunas zonas para que cometiera robos bajo “protección” policial. Como el joven se negó, comenzaron a detenerlo sistemáticamente. Lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón.
La propia Vanesa lo había acompañado al destacamento de Lomas del Mirador en una de estas detenciones. Allí escuchó la golpiza y las amenazas. “Sacame de acá que me están moliendo a palos”, le había suplicado su hermano en aquel momento. Vanesa tuvo el coraje de enfrentarse con la policía cada vez que su hermano era detenido injustamente.
En enero de 2012 abrió sus puertas el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga , que funciona donde antes lo hacía el destacamento policial de Lomas del Mirador, lugar en el que, según relata su familia, el joven fue detenido y golpeado meses antes de su desaparición.

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