Tras 9 años, la causa por el crimen de Paulina Lebbos se acerca al juicio oral

El jueves se cumplen 9 años del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana que desapareció luego de salir a bailar con amigos y fue hallada muerta a un costado de la ruta a pocos kilómetros de la capital de su provincia. El fiscal Diego López Ávila presentó la semana pasada el requerimiento de elevación a juicio oral. En la causa está imputado Luis Gómez, un electricista que utilizó el celular de la víctima el día de su desaparición. Está acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y es el único que permanece detenido hasta ahora.

Por otra parte, están acusados de encubrimiento el ex sargento Hugo Rodríguez, el.ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de la Unidad Regional Norte Héctor Brito, el ex jefe de la Policía de Tucumán Hugo Sánchez, y el ex subjefe de la fuerza policial Nicolás Barrera.

En el requerimiento, el fiscal pidió el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del gobernador de la provincia, y de Sergio Kaleñuk, hijo de un secretario privado del gobernador, que estaban sospechados de haber encubierto el crimen.

Ambos estaban mencionados en las llamadas “pistas Raco y El Cadillal”, que era una versión que sostenía que Paulina había muerto tras caerse de una mesa cuando estaba bailando en una fiesta que habría tenido lugar en una de esas dos localidades tucumanas y en las que se decía habrían estado Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk. Según esta versión, ambos habrían encargado a alguien que se deshiciera del cuerpo para evitar el escándalo. Pero no hay material en la causa que pruebe esta pista, por lo que se solicitó el sobreseimiento de ambos en cuanto a las sospechas de encubrimiento.

Paulina Lebbos tenía 22 años cuando salió a bailar con amigos al boliche Gitana, cerca del centro de la capital tucumana el sábado 25 de febrero de 2006. La joven se retiró de la disco con una amiga cerca de las 6:30 de la madrugada del domingo 26. Ambas tomaron un remis. Su amiga se bajó a las pocas cuadras. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Su cuerpo apareció el 11 de marzo de 2006 al costado de la ruta 341, que cerca de Raco, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

La causa pasó por manos de tres fiscales. En el medio hubo varias denuncias por la presunta participación de “hijos del poder”. También se sospechó de Victor Soto, novio de la víctima, con quien tuvieron una hija, Victoria, que tenía 5 años al momento del crimen.

El expediente estuvo bajo secreto de sumario durante más de siete años. Recién en diciembre del 2013 se dieron las primeras detenciones en el marco de la investigación del crimen, ya a cargo de López Ávila, el fiscal que más avances ha dado en la causa. Alberto Lebbos, padre de Paulina, pasó todos estos años denunciando encubrimiento por parte de policías y funcionarios. La cercanía a un juicio trae un poco de paz y esperanza a esta familia, que espera una respuesta de la justicia desde hace 9 años.

 

El caso Lebbos forma parte de los ocho relatos sobre mujeres jóvenes víctimas de la violencia que forman parte del libro Ángeles(Ed. Del Empedrado).

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Ordenan documentar a las personas condenadas privadas de su libertad

En el marco de una acción de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), el 22 de diciembre de 2014 la jueza Karina Mariana Zucconi a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 15 ordenó que, en el plazo de un año, el “Programa de Documentación Conjunto” surgido del Convenio de Cooperación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acuerde específicamente la distribución de tareas necesarias para garantizar el efectivo goce del derecho a la identidad de las personas condenadas en situación de encierro en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

La jueza también ordenó que, mientras no se adopte un régimen específico, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe requerir a las entidades que correspondan “la remisión oportuna y completa de todas las constancias y antecedentes que posibiliten la actualización de la identificación”. Por otra parte, dispuso una serie de medidas vinculadas a la producción y circulación de información acerca de la situación documental de las personas privadas de libertad. Específicamente, indicó que el Servicio Penitenciario Federal ponga en conocimiento de cada uno de los jueces o tribunales a cuya disposición se encuentren los condenados nacionales que carezcan de DNI, la situación particular que atraviesen en ese orden, para que pueda hacerse efectivo el permanente control que legalmente les compete, comprobarla y en su caso, corregirla, en aplicación del art. 3° de la Ley 24.660.

De igual modo, señaló que la Dirección Nacional del RENAPER ponga en conocimiento de la Procuración Penitenciaria Nacional, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración General de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal, la situación particular que atraviesen los nacionales que han iniciado el trámite para regularizar su inscripción o identificación en pos de obtener el Documento Nacional de Identidad y se encuentren condenados y en situación de encierro en alguna Unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La PPN y la DGN habían pedido a la justicia que se requiera al RENAPER y a las respectivas autoridades responsables de la detención y custodia de las personas condenadas que adopten las medidas correspondientes, removiendo los obstáculos y óbices formales que puedan oponerse a la rápida expedición de los documentos de identidad de la totalidad de las personas condenadas que lo requieran y no cuentan con su DNI.

Cientos de personas privadas de libertad no tienen DNI como consecuencia del engorroso procedimiento que deben atravesar para documentarse. En los hechos, esto determina que el tiempo servido en prisión siquiera resulte suficiente para que, al momento de egresar estén debidamente registradas, generando incontables inconvenientes y vulnerando una exigencia elemental de la función resocializadora de la pena. Según explicaron en la PPN, incluso se han detectado casos donde el propio SPF demoró la entrega de fondos personales a una persona indocumentada en libertad luego de cumplir su condena. Fue necesaria una orden judicial de identificación dactiloscópica para remediar, a medias, sus urgentes necesidades de subsistencia.

De acuerdo con las estimaciones de la PPN, a octubre de 2014, 2.758 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) carecían de documento. Es decir alrededor del 25% del total. Mil novecientas de ellas, el 69%, eran procesadas, mientras que las demás 858, el 31%, condenadas. La mitad de quienes no contaban con DNI eran argentinos, por lo que el universo de argentinas y argentinos condenados y detenidos en el SPF sin DNI alcanzaba a las 372 personas.

Por vía de una estimación simple para una población penal total del país de entre 60 y 70 mil personas, se puede afirmar que alrededor de 2 mil ciudadanos argentinos cumplen condena en prisión, pero no tienen DNI, en lo que configura un auténtico despropósito si se consideran la enorme cantidad de recursos que se destina a lograr una condena de cumplimiento efectivo.

El derecho a la identidad es el conjunto de atributos y cualidades, tanto de carácter biológico como referidos a la propia personalidad que permiten la individualización de cada uno en sociedad y se expresa, entre otras formas, a través de la documentación estatal. Las personas privadas de libertad, sin embargo, están en posición de desigualdad con relación al resto de la sociedad frente a las tramitaciones y requisitos exigidos para la emisión de sus respectivos documentos. La decisión judicial adoptada en el marco de esta acción constituye un gran avance a los efectos de lograr que el colectivo representado supere, a través de un mecanismo diseñado para estos fines, las dificultades existentes en la actualidad para la obtención de su documentación personal.

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

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La Procuración Penitenciaria se presentó como querellante en la causa por la muerte de un menor en el Instituto Agote

Comunicado de la Procuración Penitenciaria de la Nación en relación a la causa por la muerte de un joven en el Instituto de Menores Luis Agote:

La celda de aislamiento en la que estuvo encerrado el menor. FOTO: Ministerio Público Fiscal

“Con motivo de la muerte de Diego Iván Borjas, ocurrida a causa de las graves quemaduras y la afectación de su sistema respiratorio por la exposición al incendio que tuvo lugar el 27 de noviembre de este año en el sector denominado “ex ingreso” del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, dependiente de la SENAF, la PPN ha solicitado al Tribunal interviniente ser tenida por parte querellante.

De acuerdo con la información que se ha podido obtener, cuando ocurrió el incendio Borjas estaba sancionado en el interior de una celda individualla que se hallaba en un subsuelo, no contaba con sanitarios ni acceso al agua, tenía escasa luz natural y ventilación, y se encontraba solamente a 4 metros de un puesto donde debería haber estado presente un guardia. Ello según surge del Informe de monitoreo del centro de régimen cerrado Dr. Luis Agote efectuado el 1 de diciembre de 2014 por el Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por ello, es necesario que se investigue la responsabilidad del estado en esta muerte la cual le puede caber a funcionarios estatales en virtud de las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro.

A su vez, consideramos deben estudiarse los tratos inhumanos y/o vejatorios a los que habría sido sometido previamente el damnificado, dadas las condiciones de detención antes señaladas y que se hallaba ilegítimamente alojado en una celda de aislamiento.

Es la propia normativa de la SENAF, en su Resolución 991/09 (artículo 32) prohíbe expresamente aplicar a menores sanciones de aislamiento, en consonancia con lo establecido por las “Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad”.

Todo este cuadro de graves irregularidades, sumado a la negativa de la SENAF de ser monitoreada por los organismos competentes, hace que sea imperiosa la investigación de esta muerte.

Los funcionarios públicos responsables del Instituto Luis Agote tiene un deber de garantes respecto de las personas allí detenidas, y en tal virtud es necesaria la investigación exhaustiva de sus responsabilidades”.

 

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Marcha de la Gorra: una lucha por el fin de la represión y la corrupción policial

El jueves pasado se llevó a cabo la octava Marcha de la Gorra en Córdoba. Se trata de una protesta masiva contra las prácticas represivas del personal policial.

Miles de jóvenes y varias organizaciones sociales se sumaron a esta marcha, que reclama además la derogación del Código de Faltas de la provincia.

“Más vale gorras embrollando, que la policía matando”, fue el lema de la movida, que se realizó en las calles del centro de la ciudad. La protesta surgió en 2007, de manos del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y desde entonces ha comenzado a tener sus réplicas en otras ciudades del país.

Lo que se denuncia fundamentalmente es el accionar arbitrario de la policía que se basa en la llamada “portación de cara”, es decir, el trato violento y discriminador a grupos vulnerables, sobre a todo a los más jóvenes.

Según relata el sitio Notas.org.ar, en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, se leyó un documento que ponía énfasis en la denuncia de los casos de gatillo fácil.  En lo que va del año ya se registran ocho casos de jóvenes asesinados por la policía.

También se exigió la renuncia del jefe de policía Julio César Suárez, que está imputado por coacción sobre el periodista Dante Leguizamón, a quién amenazó.  “Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos”, le dijo el jefe policial en una comunicación telefónica al periodista cordobés. “El pedido de renuncia fue acompañado de denuncias a la institución policial en su conjunto por su vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata”, cuenta el sitio de periodismo popular.

 

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Importante fallo sobre la situación de menores en el encierro

El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, resolvió el Habeas Corpus colectivo interpuesto hace dos años por Julián Axat, por entonces defensor penal juvenil de La Plata, acompañado por el defensor de Casación, Mario Coriolano. También fueron “Amicus Curiae” La Fundación Sur Argentina, a través de Emilio García Méndez, y el Codeseh a través de Norberto Liwsky.

“El Habeas corpus colectivo intentaba cospinrregir varias situaciones, entre ellas poner un límite y equilibrio a la estrepitosa tasa de encierro cautelar de jóvenes que viene en crecimiento desde 2008. Mejorar  las condiciones de detención de todos los jóvenes menores de 18 años de edad alojados en instituciones de encierro y que no cumplen con los estándares que establece la Convención de los derechos del Niño (el estado de las obras arquitectónicas de los lugares; los servicios odontológicos, psiquiátricos, psicológico, médico, sanitario; etc). Impedir la existencia de un régimen de sanciones interno arbitrario y discrecional, con especial énfasis en practicas de “engome”. Separar a procesados de niños condenados; etc.

En definitiva, el Habeas corpus intentaba llegar a un precedente que sea una suerte de “Fallo Verbitsky” para la Infancia de la Provincia. Tras largas audiencias, y un largo e inusual proceso; la Sala III, en un extensísimo fallo (acá se adjunta) acaba de resolver hacer lugar, estableciendo en “crisis” al sistema de ejecución penal de infancia, y condenando a la Provincia de Buenos Aires, a cumplir las siguientes pautas:

a) Arbitre los medios necesarios para brindar asistencia médico, odontológica, psicológica y tratamiento de adicciones, de manera integral y permanente en los distintos centros de detención bajo su órbita, informando a este Tribunal en el plazo de sesenta días, el personal destinado al efecto a cada centro, periodicidad de los controles, servicios de emergencias médicas contratados en cada caso, programas de prevención y tratamiento de adicciones desarrollados en cada uno de los dispositivos.

b) Haga cesar inmediatamente toda forma de sanción o tratamiento de los jóvenes detenidos que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante, como la práctica de restricción o encierro absoluto de los mismos en sus pabellones (“engome”) y la provisión de psicofármacos u otros medicamentos psiquiátricos sin prescripción y diagnóstico médico.

c) Adecue, en el plazo de un mes, la resolución n° 370/12 en lo relativo a la reglamentación de las sanciones disciplinarias y su procedimiento, a lo expuesto por este Cuerpo en la cuestión segunda, apartado 2, y primordialmente a las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Resol. Nº 45/113 de la Asamblea General).

d) Dote, en el plazo de sesenta días, de los extintores de incendio necesarios para cada dispositivo de detención según sus características, y disponga la recarga de aquellos que se encontraren con carga vencida; y en igual plazo, provea de colchones ignífugos en la cantidad necesaria para cubrir el total de plazas de los centros de privación de libertad.

e) Informe a este Tribunal en el plazo de sesenta días, si los centros de detención bajo su órbita poseen aprobación de las autoridades de prevención de siniestros, planes de evacuación y prevención, agregando la documentación respaldatoria en cada caso.

f) Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de obras, de infraestructura y mantenimiento edilicio programado, plan de ejecución y tiempo estimado de finalización.

g) Informe, en el plazo de sesenta días, el plan de alimentación programado para los jóvenes en contexto de encierro, la dieta brindada por los encargados de su provisión –oficiales o tercerizados-, sus características nutricionales y gramaje, y las prestatarias del sistema.

h) Informe, en el plazo de sesenta días, los programas y actividades educativas, de capacitación profesional y laboral, culturales y recreativas desarrollados o a desarrollarse, discriminados por dispositivo de encierro.

i) Informe, en el plazo de sesenta días, la nómina de jóvenes que perciben planes sociales.

j) Presente, en el plazo de sesenta días, un plan de capacitación interdisciplinaria para los operadores de niñez y demás empleados y autoridades que cumplen tareas en los dispositivos de encierro, o funciones vinculadas con jóvenes privados de libertad, adecuado a la normativa nacional e internacional especializada en niñez y responsabilidad penal juvenil.

k) Arbitre los medios necesarios para la provisión de fondos -denominados “caja chica”- a los centros de detención dependientes a esa Secretaría.

l) Cumpla acabadamente con la neta separación entre jóvenes condenados y procesados (arts. 5.4 y 19 C.A.D.H.), y de niños y adultos (art. 37.c C.D.N.).

m) Informe mensualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuración General ante ese Tribunal, las plazas de alojamiento reales de cada dispositivo de detención y la población de cada uno de ellos.

III.- Disponer un relevamiento estructural arquitectónico y de condiciones de seguridad de los distintos centros de detención dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con relación específica a plazas y población reales, por parte de peritos en arquitectura, ingeniería y/o de seguridad e higiene de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial, cuyo informe habrá de ser elevado a este Tribunal en el plazo de sesenta días; y la realización de una experticia contable por parte de profesionales de la Dirección de Asesorías Periciales con asiento en cada Departamento Judicial respecto de las necesidades presupuestarias para el adecuado funcionamiento de cada uno de los centros de detención en relación con su población, ameritando las prestaciones básicas que deben suministrar (alojamiento, alimentación, servicios básicos de gas, electricidad y agua corriente, educación primaria y secundaria y recreación, etc.), determinando el monto mínimo dinerario mensual indispensable para mantener su normal funcionamiento; cantidad que actualizada por los índices inflacionarios, y determinación de las partidas, bienes, construcciones y demás gastos dispuestos por Poder Ejecutivo provincial, si presupuestariamente coloca en condiciones de cumplir con sus objetivos al establecimiento de que se trata. Previamente, se procederá a un procedimiento de desagregación presupuestaria para ubicar concretamente el cometido del perito el cual también verificará en las rendiciones de cuentas si, en los grandes rubros, el dinero se ha gastado en los ítems consignados.

IV.- Recomendar a la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se arbitren los medios para ingresar en los datos registrados en el Registro de Procesos de Menores los lugares de alojamiento de los jóvenes privados de libertad.

V.- No hacer lugar a la formulación de reglas de ac|tuación para el dictado de resoluciones jurisdiccionales que dispongan medidas privativas de la libertad de niños, niñas o adolescentes.

VI.- Recordar a Jueces y Fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense la vigencia de las Resoluciones Nº 1623/04 y 1634/04 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y del Acuerdo Nº 2768/97 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

VII.- No hacer lugar a la prohibición de ingreso de jóvenes mayores de dieciocho años de edad cuyos procesos son regidos por la ley 13.634 y la legislación penal juvenil, a establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

VIII.- Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 1, 3° y 4° párrs., del decreto-ley 22.278 y 64 de la ley provincial 13.634.

IX.- Poner en conocimiento de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con copia de lo aquí resuelto, las denunciadas irregularidades en la provisión alimentaria en los centros del sistema de responsabilidad penal juvenil por parte de las empresas concesionarias del servicio.

X.- Disponer que a los fines del control de la ejecución de lo aquí decidido, y por el plazo de ocho meses, se convoquen a los interesados a las audiencias periódicas para el análisis de los distintos informes ordenados.”

Fuente: Julián Axat, coordinador del Programa de Acceso a la Justicia y ex defensor penal juvenil de La Plata

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La Justicia suspendió la medida que permitía alojar detenidos en comisarías bonaerenses

Comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)

Fotografía tomada durante un monitoreo desarrollado por magistrados del Comité departamental de Mercedes ( vía Cels)

“El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías. Dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con la presentación de los organismos de derechos humanos, entendió que prima facie la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.
El magistrado señaló, además, que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”. La resolución del ministro Alejandro Granados implica para el juez un retroceso respecto del cierre progresivo de los calabozos de comisarías que había implementado el Ministerio de Justicia y Seguridad en resoluciones anteriores.

La norma  que el ministro Granados firmó en mayo de este año contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires.

En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. El 60% de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”

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Freno judicial a la decisión de alojar detenidos por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de mujeres

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación

17 de Septiembre, 2014.

“En mayo de este año, un día después de la decisión del SPF de trasladar a una parte de la población femenina de la Unidad 31 de Ezeiza a fin de afectar el espacio que ocupaban al alojamiento de detenidos adultos mayores comprometidos en procesos por violaciones a los derechos humanos, la Procuración Penitenciaria interpuso una acción de Habeas Corpus.

La PPN sostuvo que el SPF a fin de resolver su problema de superpoblación, vulnera los derechos de los detenidos. En este caso, mujeres alojadas en una cárcel que, a su vez y como agravante, también aloja junto con ellas a sus niños.

El juzgado de primera instancia rechazó la acción, y tanto la Cámara de La Plata como la Sala I de la Cámara de Casación, confirmaron este rechazo. Todas esas instancias judiciales entendieron que la medida del SPF no vulneraba los derechos de las presas.

A pesar de los fundamentos que esgrimió esta PPN, resaltando que el alojamiento intempestivo y forzado de varones detenidos por crímenes de lesa humanidad, en una cárcel de mujeres con niños resultaba notoriamente vulneratorio de los derechos de las presas, las instancias judiciales señaladas entendieron que no había vulneración que habilitara la acción de habeas corpus.

En paralelo, un detenido en la cárcel de Devoto que forma parte del Centro Universitario, interpuso otra acción de habeas corpus, en salvaguarda de los derechos de las mujeres detenidas contra esta decisión del SPF.

En esta oportunidad la Sala III de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la acción de habeas corpus, dejando sin efecto el decisorio del SPF y otorgando 20 días para que proceda a desalojar a los detenidos hombres alojados en la Unidad 31, debiendo regresar a las mujeres que allí se alojaban y habían sido desplazadas.

El valor de este decisorio es claro: el SPF no pueden resolver sus problemas de superpoblación con decisiones intempestivas y sin planificación alguna. Antes que la necesidad del SPF de generarse plazas carcelarias, están los derechos de las personas presas.

La PPN monitoreará el cumplimiento del decisorio judicial para verificar que se salvaguarden los derechos de las mujeres presas durante su reintegro a la Unidad N°31.”

 

 

 

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Un músico argentino, detenido en el aeropuerto de Londres por llevar una guitarra

Pablo Dacal, músico argentino, estuvo 15 horas detenido en el aeropuerto de Londres. Sospecharon de él porque llevaba una guitarra. En su blog contó cómo fue esa experiencia:

Aterricé en el aeropuerto de Heathrow a las 18:30. Caminé por los pasillos con mi equipaje de mano, repasando en mi mente todas las imágenes que Londres había generado en mí durante muchos años. Las nuevas canciones marcaban mi pasos. Completé la tarjeta de inmigración con los datos necesarios, me sumé a la fila, esperé mi turno y me acerqué a la casilla. El oficial de inmigración me preguntó porqué viajé a Londres. -Vengo a visitar a mi amigo Juan -. ¿Porqué viaja con su guitarra, si piensa hacer turismo? – Porque soy músico, quizás toquemos o grabemos algo, es mi oficio -. ¿Entonces piensa trabajar en Londres? – No, solo grabar y conocer la ciudad, no pienso dar conciertos aquí -. El oficial llamó a otra oficial con la que pude hablar en castellano, pero cada respuesta resultó mas sospechosa para ellos. Las preguntas subieron el tono, consideraron que estaba mintiendo. Tomaron mi pasaporte, mi cuaderno de canciones y notas, me pidieron que los acompañe. El oficial, junto a otra oficial, abrieron todo mi equipaje con guantes de goma. Abrieron cada paquete, cada regalo, revolvieron la ropa, contaron mi dinero, miraron los discos, cada folleto y carpeta, se llevaron varias cosas para analizar: mi plan de gira por Alemania y un poster con Susie Asado, mi diario del trovador y mi cuaderno de canciones. Me condujeron a la oficina de inmigración, me tomaron las huellas digitales, fotografías con cuatro máquinas diferentes, y me dejaron esperando junto a otros detenidos. Retuvieron mi equipaje, me ofrecieron comida, me preguntaron si tenía alguna enfermedad y me informaron lo que ya era obvio: estaba detenido en el aeropuerto de Londres.

Una hora después regresó la segunda oficial de inmigración, la que hablaba en castellano, que estuvo a cargo de mi caso desde ese momento. Comenzó el tercer interrogatorio, primero por escrito, con las mismas preguntas de rigor y unas cuantas mas. ¿Porque quiere entrar al Reino Unido? – Porque quiero conocer la tierra de los Beatles y Oscar Wilde -. Cada respuesta fue perdiendo su gracia frente a la inquietante violencia en las preguntas de nuestra oficial. ¿Ud hace canciones? ¿Cuántas piensa grabar aquí? ¿Ya tiene algo grabado o piensa realizar todo el trabajo en el Reino Unido? ¿De qué vive en su país? ¿Porqué quiere grabar con Juan? ¿Juan tiene estudio en su casa? ¿Las canciones ya están compuestas? ¿No son solo canciones? Sin embargo en su cuaderno vemos letras de canciones. ¿Usted entiende? Firme aquí por favor.

Luego del interrogatorio me permitieron abrir mi ordenador, entrar a facebook y buscar el teléfono que Juan me había enviado, pero no pude encontrarlo. Leí los mensajes de Juan, algo preocupado por mi retraso, pero no me dejaron responder hasta unas horas mas tarde. Entonces, la curiosa oficial de inmigración quiso leer toda mis conversación con Juan, desde marzo hasta la fecha, frase por frase en el chat. Le dije que eso era ilegal, pero no pareció preocuparse. Al leer que Juan me proponía grabar en su demorado segundo disco, se ofuscó: -Ud dijo que solo grabaría a Juan en sus canciones, pero aquí Juan lo invita a grabar en su disco ¿Porqué las mentiras?

Esperé en la oficina por unas hora mas. El oficial de guardia me permitió tomar mi cuaderno y el libro sobre Patafísica de mi mochila, pero no un lápiz ni lapicera: son armas de un posible ataque. Solo entonces noté que las sillas estaban encadenadas al piso, las mesas fijas, y no había elementos peligrosos en la sala. Allí estaba con una americana desorientada y un árabe cansado de esperar, quien sabe por cuantas horas. 

Regresó mi oficial a cargo, se sentó y me informó que, junto a sus superiores, habían decidido negarme la entrada al Reino Unido. En su carpeta llevaba impresas varias páginas de Facebook y otros sitios web sobre mi y sobre Juan, mis datos personales y varias cosas mas. Me dijo que habían elaborado un informe que quedaría por 10 años en sus archivos. Me acusaron de declararme un simple turista, cuando en realidad iba a grabar con Juan en forma profesional, tanto en su álbum como en el mío. Tenía pasaje de regreso a Alemania para las 9:30 de la mañana, llevaba ya seis horas allí y era la medianoche.

Las habitaciones o celdas estaban ocupadas, por lo que podría dormir en la sala en que me encontraba, sobre las sillas, o en un diván aún vacío. Las luces altas prendidas, el árabe dormido, la americana mirando divertida algunos programas en la tv -hasta que le informaron que su entrada también era denegada, y comenzó a llorar. Guardias blancos, negros, árabes: toda raza y creencia al cuidado del Reino Unido. Un mas simpáticos -¿Gusta fútbol? ¿Boca?-, otros distantes. Todos aburridos, encerrados en una sala en la que solo el reloj indica el cambio de la noche al día, tomando café de máquina, actuando al servicio de los presos de frontera, ejerciendo la correcta amabilidad que a nadie permita decir que nos han faltado el respeto. Si necesitábamos comida, solo teníamos que acercarnos a la ventana y dar tres golpes: ellos se acercaban gustosos y serviciales. Estaba preso en el aeropuerto de Londres.

¿Cómo es posible que aún hoy una guitarra resulte peligrosa a los carceleros del mundo? ¿Temen que una canción nos vuelva millonarios y carguemos con todo su dinero? ¿Que nuestro canto atente contra sus buenas costumbres y se desmorone el reino que han unido con tanto esfuerzo? ¿Somos los trovadores esos peligrosos intérpretes de la manzana podrida que crece dentro de las sociedades? Si es así, tenemos un poder que desconocemos y ya es hora de utilizarlo.

Por la mañana me acompañó un oficial por todo el aeropuerto, pasamos los trámites con rapidez, esperamos juntos y entré al avión en primer lugar, antes que los clientes ejecutivos. Nadie dijo nada sobre mi guitarra en los maleteros, las azafatas me saludaron con su sonrisa habitual, aunque algo desconfiadas por mi aspecto criminal. El oficial me devolvió el pasaporte arriba del avión, y se despidió.

Fui detenido en el aeropuerto del Reino Unido, pero ya estoy de regreso en la amigable Berlin. Estuve incomunicado sin disponer de mi equipaje ni poder salir de una habitación por 15hs, pero soy libre. Ellos aún no pueden abandonar su puesto, allí estarán ahora investigando la web y preguntando: ¿Porqué quiere entrar al Reino Unido? ¿Tiene familia? ¿Fútbol?

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La privación de libertad de los menores de edad: la caja negra de las políticas sociales y jurídicas para la infancia

Por Emilio Garcia Mendez*

La Argentina es, qué duda cabe, un país de paradojas. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) órgano del Estado que por ley posee el mandato de inspeccionar las condiciones de privación de libertad en el régimen penitenciario federal, ha debido iniciar una acción de habeas corpus para que se le permita cumplir sus obligaciones e ingresar a las instituciones en que se encuentran alojadas personas menores de edad.

Se trata en este caso de menores de edad privados de libertad en la ciudad de Buenos Aires pero que, por razones que ameritarían otro capítulo aparte, lejos de encontrarse bajo la jurisdicción del gobierno de la ciudad como correspondería y como sucede en todas las provincias del país, se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno nacional representado en este caso por la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), órgano del Ministerio de Desarrollo Social.

No caben dudas, que este área de la política social constituye la más oscura de un gobierno que ha hecho de la falta de información pública y del secretismo una verdadera política oficial.

Contradiciendo incluso las afirmaciones de Jeremías Bentham que ya en el siglo XIX afirmaba que en una sociedad democrática los muros de la prisión deberían ser de cristal para el escrutinio de la sociedad, en la Argentina desconocemos desde 2008, incluso el número de los menores de edad privados de libertad. La poca información real de la que se dispone, que incluye varios motines con su consiguiente represión, resulta tan anónima cuanto fragmentaria y emerge de operadores sociales y adolescentes internados que no se animan a la denuncia pública de las pésimas condiciones materiales que imperan en los “institutos” convertidos en verdaderas cárceles de menores. Esta mera sospecha debería ser motivo suficiente para solicitar por parte de la SENAF el ingreso de la PPN como  forma de disipar cualquier duda o suspicacia.

A menos que consideremos con seriedad algún grotesco y edulcorado informe oficial (1) del único órgano de control que la SENAF está dispuesto a aceptar, la concesión -sin condiciones- de este habeas corpus, constituye la única posibilidad de arrojar un poco de luz sobre esta zona tenebrosa de la política social.

Concedido en primera instancia, el habeas corpus solicitado por la PPN, fue paradójicamente confirmado por la segunda instancia. Sin embargo, éste fallo que convalida lo resuelto en primera instancia, colocado en su contexto, resulta tan vergonzoso, cuanto humillante. Una paradoja en estado químicamente puro.

La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ha sorprendentemente condicionado el ingreso de la PPN a las instituciones de privación de libertad únicamente de la mano de la Defensoría General de la Nación (DGN). Sin embargo, la cosa no termina ahí.

Son los argumentos de la segunda instancia que, en la mejor de las hipótesis, denotan un profundo desconocimiento del derecho de la infancia que emana dela Convención Internacionalde los Derechos del Niño, los que constituyen un motivo adicional de preocupación.

Sostiene el fallo de segunda instancia, que la PPN, carece de las facultades “tutelares” (sic) que exige la especialización cuando se trata de privados de libertad menores de edad. En consecuencia exige que la PPN, para ingresar, debería presentar a la jueza de primera instancia que acordó el habeas, un plan de abordaje, para su homologación, que incluya a profesionales de acreditada especialidad en minoridad. Esta ridícula pretensión, no solo convierte en una burla las facultades de un órgano de control sino que, contrariando toda la doctrina, entiende a la especialidad como una forma de restringir, en vez de aumentar, los derechos de niños y adolescentes.

El principio pro homine pulverizado en nombre de un falso tutelarismo que ha permitido, y por lo visto todavía permite, que las peores atrocidades contra la infancia se sigan cometiendo mucho mas en nombre de la “piedad” y la “protección”, que en nombre de la propia represión.

Si no fuera una sentencia jurídica, este fallo resultaría un ejemplo primoroso de humor negro.

*Experto en derecho penal juvenil y presidente de la Fundación Sur

(1)           Cfr. “El monitoreo de la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes”. Buenas Prácticas dela Defensa Pública.Ed. Del Ministerio Publico dela Defensa, Buenos Aires, 2012. Esta publicación, que lejos de haber  sido distribuida ha sido sistemáticamente ocultada, remeda en forma de farsa los informes oficiales de “derechos humanos” de los regímenes totalitarios. Las condiciones idílicas en que encuentran, según este informe, los menores de edad privados de libertad debería constituir un motivo  mas que suficiente para que la SENAF invitara a la PPN al cumplimiento de sus obligaciones.    

 

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Un habeas corpus colectivo por los menores alojados en institutos de la Sennaf

La PPN pide realizar controles en los centros de menores de la Sennaf (foto ilustrativa)

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus colectivo en favor de todas las personas menores de edad alojadas en establecimientos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Dicha presentación contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales, y de la Fundación Sur Argentina.

Según explicaron desde la PPN, el objetivo es cuestionar el impedimento ejercido mediante la mencionada Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Social, de que se realicen inspecciones en los mencionados Institutos conforme lo establece la ley 25.875, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Ley de creación del Mecanismo Nacional N° 26.827.

“La SENNAF ha impedido el ingreso de esta Procuración cada vez que se ha intentado abordar alguno de los establecimientos a su cargo, incluido el Centro de Admisión y Derivación que fuera creado luego de diversas acciones judiciales en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”, informaron desde la PPN.

“Con esta conducta el Ministerio de Desarrollo Social, mediante su Secretaría especializada, viola los derechos de los niños agravando sus condiciones de detención”, añadieron.

“Es de destacar que no existe control alguno de organismos externos respecto de los chicos detenidos en dichos establecimientos, y por ende no hay dato alguno respecto de cuantos son, qué actividades realizan, en qué condiciones ni bajo qué supervisión”, explicaron.

Para la PPN,  la situación “se agrava con el dato de que existen actualmente denuncias por malos tratos y hechos de tortura formuladas por personas menores de edad privadas de su libertad contra el personal de centros de detención”.

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