Aislamiento carcelario, una práctica que vulnera los DDHH

(Artículo redactado por la Procuración Penitenciaria de la Nación)

El aislamiento es un fenómeno estructural utilizado en prácticamente la totalidad de los espacios de encierro, a través de diversas modalidades y con distintos usos. En todos los casos consiste en el alojamiento de personas detenidas en espacios diferenciados, por períodos de tiempo prolongados (hasta 23 horas y media diarias), y alejados del resto de la población penal lo que suspende la relación con sus pares y con el exterior.

Recientemente el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, publicó en el diario The Washington Post su columna de opinión titulada ¿Por qué tenemos que repensar el confinamiento solitario?  En la misma se refirió a investigaciones que sugieren que el aislamiento tiene devastadoras consecuencias psicológicas a largo plazo. Entre ellas,  destaca que esta práctica ocasiona o profundiza cuadros de depresión, alienación de la persona y disminución de la capacidad de interactuar con los demás, como así también un potencial comportamiento violento y hasta una propensión al suicidio. Es por ello que su Administración encara en estos días una reforma del sistema de cárceles federales y, entre otros puntos, busca limitar el uso del confinamiento en solitario. El contexto norteamericano presenta cifras alarmantes: hay aproximadamente unas 100.000 personas en situación de confinamiento en sus prisiones (incluyendo a jóvenes y personas con enfermedades mentales) de las cuales unas 25.000 pasan meses e incluso años cumpliendo su sentencia aisladas en una pequeña celda, casi sin contacto humano.

La Procuración Penitenciaria de la Nación concuerda con los dichos del primer mandatario estadounidense, así como toda reflexión crítica en torno de una práctica ampliamente vulneradora de derechos como es el aislamiento carcelario. El fenómeno representa una preocupación constante de este Organismo cuya línea de trabajo incluye, desde el año 2009, la documentación y denuncia de las diversas modalidades de aislamiento en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

Nuestro señalamiento ha sido, desde ese entonces, que el aislamiento representa una práctica –en algunos casos, ilegal- que ocasiona un agravamiento en las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, provocando una afectación a su dignidad como seres humanos.

El encierro prolongado se desarrolla en pésimas condiciones materiales. En el caso del aislamiento disciplinario –“sanciones de aislamiento”- las celdas donde las personas son alojadas se denominan habitualmente “buzones” o “tubos” en relación a la escasez de luz y las reducidas dimensiones de estos sectores. Se suma a ello la pésima calidad y cantidad de comida que reciben las personas detenidas en esos espacios, la falta de higiene, y la ausencia de camas y mantas. No sólo impacta de forma negativa sobre la salud, sino también en las posibilidades de trabajar, estudiar, vincularse y acceder a otros derechos fundamentales. El aislamiento contradice explícitamente múltiples directivas y principios contenidos en instrumentos, cartas y documentos internacionales de Derechos Humanos. De acuerdo a la jurisprudencia internacional, esta práctica puede configurar tortura, trato cruel, inhumano o degradante.

Además de su previsión legal como medida sancionatoria, el encierro prolongado asume en el sistema penitenciario federal argentino otras modalidades no previstas normativamente, entre las que resaltan la clásica medida de sectorización –el confinamiento de colectivos de detenidos como respuesta a situaciones conflictivas-, el alojamiento “transitorio” de detenidos ante situaciones específicas y el alojamiento de personas con resguardo (presos que temen sufrir agresiones de parte del personal penitenciario u otros detenidos) que esperan cupo en pabellones destinados en forma exclusiva a este grupo.

No obstante sus diferencias, el aislamiento asume, en todas sus modalidades, características que la convierten en una medida que amplifica los peores efectos de la prisonización. Tal es así, que representa una circunstancia en donde la tortura y los malos tratos se despliegan con frecuencia, integrando el conjunto de situaciones más recurrentes en donde se registran casos de violencia física institucional.

Considerando la gravedad del fenómeno, la PPN ha realizado diferentes acciones tendientes a estimular la disminución del aislamiento. En este sentido, se logró la eliminación reglamentaria del aislamiento que históricamente el SPF aplicaba sobre las personas afectadas con medidas de resguardo. Este notable avance fue consecuencia de la resolución de un hábeas corpus colectivo correctivo interpuesto por la PPN en 2010 en favor de un grupo de detenidos afectados con resguardo de integridad física y sometidos a un régimen permanente de aislamiento. En cumplimiento con la resolución judicial se conformó una mesa de diálogo en la cual se redactó el Protocolo para la Implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad, junto con la DGN y el SPF. No sólo es una normativa que prohíbe el aislamiento del colectivo, también fomenta el cumplimiento de sus derechos y vela por su seguridad. Aunque con ciertas dificultades, esta reglamentación es aplicada en las cárceles federales y ha servido de inspiración para regulaciones locales del resguardo y medidas similares en cárceles provinciales. Las irregularidades en su aplicación, han sido denunciadas en sede judicial recientemente, solicitando la reapertura de la mesa de diálogo para sortear los incumplimientos constatados.

En el marco de un contexto internacional que ha comenzado a cuestionar el uso del aislamiento carcelario, y cuando a nivel local urge la necesidad de avanzar en una reforma penitenciaria general, esta Procuración refuerza su compromiso trabajando en la erradicación de este tipo de prácticas. En la misma línea resulta prioritario que los actores que integran el sistema penal en su conjunto –pero especialmente las agencias judicial y penitenciaria- dimensionen las consecuencias de este fenómeno y se desarrollen políticas e intervenciones que tengan por objetivo erradicar la arbitrariedad en la aplicación del aislamiento carcelario.

Para ver la nota en el sitio de la PPN: hacé click acá 

 

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Inspección en un instituto de menores

Una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, integrada por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos, la secretaria de cámara Lucía Gallagher y el asistente Nicolás Herbin, concurrió el martes pasado, sin previo aviso, al Instituto General José de San Martín, en el barrio de Flores.

Se trata de un centro de régimen cerrado mixto que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se encuentran alojados jóvenes de entre 16 y 17 años, 26 varones y 2 mujeres, a partir del cierre del Instituto Inchausti.

La comitiva fue recibida por la licenciada en psicología Lorena López quien, además de ser la directora del instituto, tiene experiencia en centros de detención de niñas en conflicto con la ley penal. La directora refirió que la mayor dificultad que existe es la relativa al tratamiento de enfermedades psiquiátricas que algunos chicos presentan.

Junto a la directora se recorrieron los sectores de alojamiento denominados “ambientes convivenciales” y los talleres donde los jóvenes se encontraban realizando distintas actividades recreativas.

Como en otras oportunidades, el Sistema monitoreó las condiciones de vida y alojamiento, atención médica, higiene, alimentación, educación y régimen de actividades escolares y recreativas y acceso de visitas. También fue examinado el estado bromatológico de los alimentos, la fecha de vencimiento, así como su efectiva entrega a los jóvenes.

En el instituto se brinda enseñanza primaria y secundaria, además de diferentes talleres, como pintura, música, y también, con el objeto de profundizar el uso del idioma y promover el pensamiento independiente, funciona un taller de comunicación llamado “Motivados”, en el cual los jóvenes actúan como locutores de radio y hacen reportajes con invitados especiales.

A diferencia del régimen de vida observado en otros institutos inspeccionados por el Sistema, donde se señaló enfáticamente la necesidad de flexibilizar el régimen y condiciones de privación de libertad de los adolescentes debiendo asegurarse el acceso libre de los jóvenes a las instalaciones sanitarias durante las 24 horas, en el caso se advirtió que todos los niños y niñas alojados en el Instituto San Martín tienen acceso a sanitarios y agua también durante noche.

También se advirtió que los colchones eran nuevos y con certificado de tratamiento ignifugo. Al respecto, dijo la directora que habían sido entregados en el mes de agosto, en oportunidad de realizarse el recambio de colchones en todos los institutos.

De esta manera, el Sistema Interinstitucional reafirma su compromiso con la situación de los niños, niñas y adolescentes frente a la ley penal.

 

Fuente: Centro de Información Judicial

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La Defensoría del Pueblo porteña presentó un proyecto de ley sobre talleres clandestinos

TALLERES CLANDESTINOS

El siguiente informe fue presentado en el programa Diario del Futuro FM Rock & Pop

Víctor Manuel Fernández (rector de la UCA y amigo personal de Francisco):
“Es muy difícil imaginar lo que pueda decir el Papa ante cada cuestión muy particular pero estoy seguro de que él alentaría cualquier tipo de proyecto que ayude a ir de algún modo cercando a los responsables de este fenómeno. Los ministros de la Iglesia no legislamos ni intervenimos en ninguno de los tres poderes de manera directa, pero por supuesto que nos sentimos a veces muy interpelados a acompañar algunos proyectos como el de la Defensoría y de algún modo avalarlos públicamente.”

Alejandro Amor (Defensor del Pueblo de la Ciudad):

Lo más importante es el control de la cadena de comercialización. No tiene sentido estar corriendo como locos detrás de cada una de las denuncias que hay cuando en realidad lo que debemos hacer es ir a buscar en el punto de venta. Cuando controlamos en el punto de venta, con la simple incorporación en cada prenda o en cada artículo de un código de barras o un código QR, si tiene la etiqueta como corresponde podrás controlar exactamente todo el proceso desde el mismo lugar donde se produjo con todo el proceso de transferencia hasta el punto de venta.”

Este proyecto de ley debemos discutirlo entre todos, sino lo único que estamos haciendo son datos estadísticos. Y la verdad que los dirigentes políticos no estamos para hacer estadísticas, estamos para cambiar la realidad.”

Paula Oliveto Lago (legisladora porteña de la Coalición Cívica):

Lo importante es que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se sentó, elaboró un proyecto y nos interpeló a los legisladores como para trabajarlo y aprobarlo.”

Edgardo Castro (inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña):
“Como son inmigrantes ilegales sometidos a una gran presión social generalmente vienen con su familia. Entonces trabajan con el chico al lado o viven en el lugar porque no tienen dónde ir a parar. No tienen documento, no tienen dinero, no tienen recursos, no conocen el país, están muy aislados, muy sometidos a una presión muy importante.

“Yo vengo diciendo hace rato que no es un problema de leyes sino que es un problema de quién la aplica. Si vos en el año 39 sacabas una ley de protección para evitar la persecución a la comunidad judía en Alemania y se la dabas a Hitler para que la implemente iba a ser una estupidez. ”

 

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La historia de Cristina Vázquez: condenada a prisión perpetua, lucha en reclamo de su inocencia

Cristina Vázquez, una joven de Misiones, está presa desde 2008, acusada de asesinar a su vecina en 2001. Por este hecho recibió una condena a prisión perpetua. Sin embargo, varios testigos aseguran que el día del crimen, Cristina estaba a 8 km de su casa.

El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal de la Asociación Pensamiento Penal (APP) presentó un Amicus Curiae en apoyo de Cristina y cuestionando el proceso por el cual esta mujer perdió su libertad y podría permanecer en prisión durante muchos años.

“La sentencia condenatoria es arbitraria porque condena sin pruebas y juzga moralmente la vida de Cristina Vázquez y los testigos que corroboran que la noche del hecho ella estaba a 8km del lugar. Las huellas y rastros recogidos en la casa donde se produjo el homicidio no coinciden con los de Cristina Vázquez ni con los otros imputados. Además no contó con la defensa adecuada”, explica Indiana Guereño, directora del Observatorio de la APP.

Actualmente la causa está en la Corte Suprema de Justicia.

Este video contiene una serie de testimonios sobre el caso

El siguiente texto es el Amicus presentado por la APP donde se explica en detalle cuáles son los cuestionamientos que se hacen sobre el proceso judicial.

 

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El texto del polémico fallo que le redujo la pena a un hombre que violó a un menor

A continuación, el texto completo del fallo que generó polémica por la reducción de la condena a un hombre que abusó de un nene. Los jueces consideraron que el abuso cometido no era ultrajante porque la víctima, un chico de seis años, ya había sido violada y tenía una “orientación sexual homosexual definida”

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Lo que tenés que saber en caso de un allanamiento

En el marco del Día Contra la Violencia Institucional, que fue el pasado 8 de mayo, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, la Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) presentaron una cartilla de acceso a la información y de derechos ante un eventual allanamiento.

Esta cartilla explica cuándo puede haber un allanamiento, quién da la orden y qué derechos tiene la persona cuya vivienda o local está siendo allanado. El documento, publicado por el sitio Fiscales, destaca que “los allanamientos masivos en un barrio son ilegales. SIEMPRE tiene que haber una orden de un juez con la ubicación precisa de los domicilios a allanar”. Esto hace referencia a lo ocurrido en Córdoba durante el primer fin de semana de mayo, cuando la policía llevó a cabo allanamientos masivos en barrios de la ciudad y detuvo a 350 personas.

Para leer el documento completo, hacé click acá. O miralo directamente en este post:

 

 

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En la Argentina hay 749 funcionarios de seguridad investigados por violencia institucional

Un relevamiento realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en el sitio Fiscales detectó que en la Argentina hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal. Los uniformados son investigados por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%).

La Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba, define violencia institucional “como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos”.

El informe destaca que, de los 749 casos de funcionarios acusados de violencia institucional, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.

En tanto, 252 (33,6 por ciento) de los uniformados investigados son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.

Para leer el informe completo, hacé click acá

 

 

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Errores del FBI condenaron a muchos inocentes

Errores del FBI en los análisis de evidencias afectaron a miles de casos de personas condenadas en los Estados Unidos

Durante varios años, la unidad de análisis forense de cabello del FBI cometió un error que afectó a cientos de casos, en muchos de los cuales fueron condenadas personas inocentes.

Según relata la BBC Mundo, las revisiones  de casos comenzaron en 2013 tras la exoneración de Kirk Odom, un hombre que estuvo preso 22 años acusado de una violación que no cometió, y de otros dos reclusos, Donald Gates y Santae Tribble, cuya inocencia se pudo demostrar gracias a pruebas de ADN.

“Los casos revisados se remontan a la década de los 70 y se extienden hasta el año 2000, cuando se introdujo el análisis genético de forma rutinaria en la investigación criminal”, explica la BBC.

“De los 28 funcionarios que trabajaban en la unidad de comparación microscópica de muestras de cabello en el laboratorio del FBI, 26 dieron testimonios exagerados o enviaron a la fiscalía análisis con errores utilizados para probar la acusación en 257 casos de los 268 casos revisados hasta ahora”, detalla el informe.

El New York Times asegura que el problema no se limita al análisis de cabello. “El mes pasado, el estado de Alabama liberó a un hombre condenado a pena de muerte, que había sido sentenciado hace 30 años basado sólo en evidencia balística. El Estado admitió ahora que las balas en cuestión no coincidían con el arma utilizada para el crimen”, explica el diario neoyorquino.

También relata que hace unos años Mississippi liberó a dos hombres que habían sido condenados por diferentes homicidios por evidencia que decía que sus dientes coincidían con las marcas de mordidas en las víctimas. Luego de que el verdadero asesino fuera identificado por una prueba de ADN, los expertos concluyeron que las heridas no eran mordidas humanas, sino que habrían sido causadas por cangrejos e insectos que mordisquean en los cadáveres.

“Ningún experto debería poder testificar sin tres elementos: una base de datos pública de los patrones de muchas muestras representativas; criterios precisos y objetivos para declarar coincidencias y estudios revisados y publicados que validen los métodos”, sostiene el NYT.

Ahora la justicia norteamericana está revisando cientos de casos, junto a la organización Innocent Project, que ayuda a personas condenadas injustamente a probar su inocencia.

Para más información sobre este tema, recomiendo leer este artículo del New York Times: Fix the Flaws in Forensic Science

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“Ni una menos”, una campaña contra los femicidios

El crimen de Daiana García volvió a poner en escena una violencia que no cesa: la violencia contra las mujeres. Otra joven arrojada a la basura, como Ángeles Rawson, como Araceli Ramos, como Melina Romero, como tantas…

Por eso, escritores, artistas y periodistas convocan a una maratón de lectura, de proyecciones y de performance contra el femicidio para el próximo 26 de marzo.

En Buenos Aires se llevará a cabo a las 16 hs en el Museo de la Lengua (Av Las Heras y Austria). Quienes quieran leer, participar, activar, pueden organizar por la red o escribir a museodellibro@bn.gov.ar.

El evento tendrá también lugar en la ciudad de Córdoba, en la puerta del Mumu (Museo de las Mujeres, en Rivera Indarte 55.

Más información en la página de Facebook Ni una menos

Aquí les comparto algunos fragmentos de un artículo que Gabriela Cabezón Cámara escribió para Revista Anfibia. Para leerlo completo, pueden visitar el sitio de Anfibia haciendo click aquí.

Basura

Por Gabriela Cabezón Cámara

Tiradas a la basura, desgarradas, en pelotas: en la montaña asquerosa, un cuerpo como una cosa, como una cosa ya rota y que no sirve para nada, los restos del predador, la carne que le sobró de su festín asesino. Horas antes o después a la chica la buscaron la familia, los amigos, al final la policía y casi siempre la encuentra el que hace de la basura su trabajo cotidiano: un cartonero, el chofer de un camión recolector, alguien que anda por ahí. Después viene la ambulancia, le cambia la bolsa a blanca, se la llevan a la morgue y un auto lleva a los padres a ver si la chica es suya. Afuera espera la prensa: las cámaras y micrófonos buscando mostrarle al mundo el dolor más lacerante, la frase más torturada, la cara más arrugada por la angustia que la arrasa.

Tiradas a la basura en la bolsa de consorcio: igual que se tira un forro, la cáscara del zapallo, los papeles que no sirven y los huesos del asado entre tantas otras cosas. Tiradas como si nada, como objetos de consumo que ya fueron consumidos. Agarrarlas, asustarlas, verlas rogar, desnudarlas, humillarlas, violarlas, después matarlas, meterlas en una bolsa, tirarlas a la montaña de restos de la ciudad. Ya terminó el predador. Seguirán la policía, los abogados, los jueces y las cámaras de TV: sigue la carnicería en una especie de show que explica los femicidios.

La construyen poco a poco como si fuera culpable: digamé, comunicador y digan sus audiovidentes, si una mujer joven tiene más de un novio o, peor, ninguno, y vuelve en pedo a las seis y salió en vestido corto, ¿Se está buscando la muerte? ¿Piensa que se la merece?

….

¿Piensa que una chica es propiedad de algún muchacho y que si no tiene dueño pueden matarla tranquilos?

….

Somos más de la mitad del mundo que hacemos juntos. No insumos a descartar.

Leer artículo completo aquí.

 

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Fallo de la Corte: para embarazadas y mujeres con hijos detenidas, monitoreo electrónico

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia privilegió el monitoreo electrónico para mujeres detenidas que estén embarazadas o tengan hijos pequeños.

Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el máximo Tribunal solicitó a los magistrados que privilegien el monitoreo electrónico a “mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, adultos mayores de 50 años y a personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos/as con prisión preventiva prolongada siempre atendiendo a los delitos en juego”.
“Sobre un total de 1.000 unidades de pulseras magnéticas existentes se encuentran incorporadas al sistema de monitoreo electrónico 499 internos, existiendo en disponibilidad otros 501 equipos”, sostiene el fallo.
“Los equipos de monitoreo deberían ser otorgados a la población carcelaria más vulnerable del Sistema Penitenciario bonaerense”, indica el fallo de la Corte.

La CPM indicó que en la Unidad Nª 33 de Los Hornos está alojada el 26 por ciento de la población carcelaria femenina de la provincia de Buenos Aires. ” Esto refleja la relación entre condenadas y procesadas que se reproduce en el resto de las unidades provinciales: del total de 286 mujeres, 196 están procesadas y 89 condenadas”.
“Del universo total de mujeres madres de la Unidad Nº 33, sólo 70 conviven con sus hijos/as menores de 4 años”, explica la CPM. “Debido a que las autoridades no llevan un registro de esta información se desconoce el número absoluto de niños y niñas afectados y el porcentaje de mujeres encarceladas con ellos”, añade.

Sobre los chicos que conviven con sus madres en prisión, les recomiendo esta nota publicada en Cosecha Roja: Cómo viven los niños en la cárcel

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