Otro juicio al tirador de Belgrano

Martín Ríos está siendo sometido a un nuevo juicio. En primera instancia había sido declarado inimputable, pero ese fallo fue anulado

Martín Ríos, conocido como el tirador de Belgrano, que el 6 de julio de 2006 disparó a mansalva a los peatones en la avenida Cabildo casi José Hernández y causó la muerte de Alfredo Marcenac, está hoy nuevamente en el banquillo.

En el juicio anterior, en 2009, los peritos lo declararon esquizofrénico y el Tribunal determinó que era inimputable. Otra parte de los expertos consideró que era un psicópata que, no obstante, comprendía la criminalidad de sus actos. Casación anuló ese fallo y ordenó un nuevo juicio, que comenzó esta semana.

El debate comienza otra vez y hay peritos que insisten en que Ríos es esquizofrénico.

En la Argentina la cuestión de la salud mental vinculada a casos criminales es un tema complicado. Aunque ya he retomado esta nota en otros posts, me pareció oportuno volver a sugerir la lectura de una nota que hice hace un par de años, en la que especialistas explican:

¿A dónde van los criminales declarados inimputables? (para ver nota original hacer click aquí)

¿Qué sucede con estas personas que cometen crímenes pero no pueden ser condenadas por la Justicia por problemas de salud mental? Expertos consultados por LA NACION explican los mecanismos y falencias del sistema en la Argentina.

“En nuestro país, el Hospital Borda y el Moyano solían ser, hasta los años 40, instituciones con buena calidad de gestión para estos casos. Pero estos centros de tratamientos psiquiátricos en gente peligrosa para sí y para terceros tenían un alto costo de mantenimiento”, explica Martín Abarrategui, perito psiquiatra que fue parte en la causa de las “hermanas satánicas”.

“Paulatinamente, estas instituciones se fueron desmantelando y la calidad comenzó a disminuir. La realidad es que para los casos que contempla el artículo 34 del Código Penal debería haber instituciones específicas”, añade el especialista.

Abarrategui sostiene, sin embargo, que los psiquiátricos convencionales cuentan con las medidas de seguridad necesarias, siempre y cuando el paciente esté medicado. “Pero si de repente aparece un familiar y logra sacarlo y la persona declarada inimputable deja de tomar la medicación, vuelve a ser un peligro”, dice el psiquiatra.

En el caso de las hermanas Vázquez, que asesinaron de 120 puñaladas a su padre en un rito satánico, los peritos coincidieron en que la menor de las jóvenes sufría de esquizofrenia. Por ese motivo, fue declarada inimputable e internada en la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Federal que funciona en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en el barrio porteño de Barracas.

Hoy, la joven, que ya tiene 32 años, está en libertad .

Para Abarrategui, el sistema argentino “no es muy apropiado”. “En otros países la cárcel cuenta con un ala psiquiátrica, donde el interno ya no puede salir y la Justicia se asegura de que reciba la medicación correspondiente”, dice el perito.

Por otra parte, enfatiza que “la enfermedad no merece castigo”. “Devolver a la calle a una persona rehabilitada es un buen trabajo. Pero si es un psicópata, no se va a rehabilitar; debería aplicársele la condena más larga posible según el delito que haya cometido”.

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS

Una vez que la persona es declarada inimputable siguiendo el artículo 34 del Código Penal, todo depende de cómo evolucione durante su tratamiento en la institución psiquiátrica a la que se lo haya derivado.

“Hay que sincerarse: en nuestro país las medidas de seguridad que se aplican no se controlan debidamente porque ese sistema estatal no ha sido creado específicamente, no existiendo un equipo operativo suficiente para su seguimiento”, considera Claudio Stampalija, abogado penalista y criminólogo. “Las personas declaradas inimputables y alojadas en un establecimiento neuropsiquiátrico se hallan abandonadas a su suerte, careciendo de un férreo control del magistrado a cargo de las mismas”.

Stampalija explica que el artículo 34 del Código Penal no prevé un tiempo determinado para las medidas de seguridad que se le aplican al declarado inimputable, lo cual implica que las mismas tienen una duración indeterminada. Por ese motivo, sostiene que habría que “supervisar con cierta periodicidad la idoneidad” del ámbito y la del tratamiento. “Para ello los jueces deben realizar las visitas a quienes están internados a su disposición y también debe crearse un órgano de control especializado”.

“Así se podría merituar seriamente la proporcionalidad de la medida impuesta y asegurarse que no es posible aplicar una medida menos gravosa”, dice.

EMBAUCADOS

Para Hugo Marietan, médico psiquiatra referente en psicópatas, los pabellones del Borda y el Moyano cuentan con el personal y los tratamientos necesarios para tratar con los criminales declarados inimputables. “El problema es que muchas veces los abogados tratan de hacer pasar a sus clientes por inimputables porque saben que eventualmente recuperarán la libertad”, sostiene el especialista.

“Lamentablemente fue lo que pasó con El tirador de Belgrano [Martín Ríos] y resultó ser un embaucador”, dice Marietan. Ríos fue declarado inimputable luego de descargar 13 disparos contra un grupo de personas que caminaban por Cabildo al 1700 el 6 de julio de 2006 y acabar con la vida de Alfredo Marcenac. El año pasado, la Justicia anuló el fallo que lo había absuelto y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

“En España, por ejemplo, a los esquizofrénicos se les da una pena carcelaria común si cometen un crimen. En la Argentina habría que reconsiderarlo, debatirlo entre los psiquiatras. Ayudaría a evitar las artimañas de los abogados”, opina Marietan.

“En el caso de las hermanas Vázquez, deberían recibir un tratamiento de por vida tras ese crimen espantoso. Pero nuestro sistema judicial es muy garantista y contemplativo”, señala el psiquiatra.

SÍNTOMAS DE ESPERANZA

Para Stampalija, hay una esperanza de que el sistema cambie para bien. Y esa esperanza es laLey Nacional de Salud Mental 26.657 , sancionada y promulgada a fines del año 2010, a partir de la cual se creó el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), que tiene “la finalidad de tratar a las mujeres y hombres alojados en establecimientos penitenciarios especializados en psiquiatría pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal, como en otras unidades del mismo, a través de equipos multidisciplinarios”.

El criminólogo explica que, de acuerdo a ese programa, los internos declarados inimputables se alojarán en casas por fuera del Servicio Penitenciario Federal. “Esperemos que dicho Programa funcione en consonancia con la nueva Ley de Salud Mental y comience un nuevo camino mas racional y profesional que compatibilice la salud de los inimputables con una orientación hacia la inclusión social, con los intereses que con un claro sesgo preventivo surgen de la comunidad”, conluye Stampalija.

 

 

 

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Se cumplen dos años de la Masacre de Curuguaty

Ayer se cumplieron dos años de lo que se conoció como la Masacre de Curuguaty, el violento intento de desalojo de tierras en Paraguay que causó la muerte de 6 policías y 11 campesinos y llevó a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

El hecho ocurrió el 15 de junio de 2012. La policía había recibido órdenes de desalojar las tierras de Marina Cué, un paraje de 2000 hectáreas a más de 250 kilómetros de Asunción. Unos 80 campesinos, entre los que había mujeres y niños, reclamaban a la policía que les mostraran los documentos de propiedad con los que pretendían echarlos.

En el lugar se desató el tiroteo que causó las mencionadas muertes, a lo que le siguió una controvertida investigación con denuncias de organismos de derechos humanos de todas partes del mundo.

Crédito: Qué pasó en Curuguaty (Facebook)

Hoy, a dos años de la masacre, desde Paraguay y desde varios lugares del mundo, familiares y amigos de víctimas y perseguidos políticos reclaman justicia.

“15 de junio 2012 – 15 de junio 2014: 2 años de lucha, resistencia, dignidad, unidad… y seguimos con fuerza hasta conquistar la Tierra, la Justicia y la Libertad. El domingo, ¡todas y todos a Marina Kue!
¡Recuperación inmediata de las tierras de Marina Kue, pueblo mba’e! ¡Nulidad ya del juicio montado por la Fiscalía! ¡Libertad ya a las y los presos políticos! ¡Verdad y Justicia para Curuguaty y Paraguay”, dicen desde la página de Facebook “¿Qué pasó en Curuguaty?” donde se pueden leer las novedades de la causa y los reclamos de los sobrevivientes.

El año pasado entrevisté a tres campesinos que lograron salvar sus vidas aquel día fatídico pero que, perseguidos por la justicia, buscaron refugio en la Argentina. Aquí les comparto el artículo que fue publicado en El Puercoespín.

Masacres: Argentina refugia a prófugos de la ¿justicia? paraguaya

Más de 1400 kilómetros y un año los separan, pero cuando describen aquel sitio y aquel día, parece que estuvieran allí otra vez: les tiemblan las manos, los ojos se les ponen vidriosos y se les quiebra la voz. Comienzan a hablar en un volumen apenas audible, murmuran dos o tres palabras y callan.

Con pocas palabras cuentan ese 15 de junio de 2012 en Curuguaty.

Sentado junto a Ramírez en un bar de San Telmo, Dani, carraspea, gira la cabeza hacia la puerta de entrada. Estuvo a punto de cancelar el encuentro, confiesa. No quería hablar. Desde hace un año está tratando de sacar de su cabeza esas imágenes, eso por lo que tuvo que huir de su país, de su familia.

El recuerdo de la familia le provoca una sonrisa breve y nerviosa. La camarera, la gaseosa, lo devuelven a la realidad, a la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad ajena en la que sólo conoce a Ramírez y a Fredy, prófugos como él.

Hay unos minutos de silencio en los que Dani parece tomar fuerza. Se mira las zapatillas azules –él y Héctor están vestidos para un partido de fútbol. Cuenta que todos los fines de semana se juntan a jugar a la pelota en la canchita de la villa donde viven. Vuelve a subir la vista, clava la mirada en la mesa, suspira.

Y, con los puños apretados con fuerza, cuenta.

Ese día eran unos 80 campesinos, y había mujeres y niños. Pedían las tierras de Marina Cué, un paraje de 2000 hectáreas a más de 250 kilómetros de Asunción. Querían hablar con la Policía, que les mostraran los documentos de propiedad con los que pretendían echarlos, esos papeles que hasta el día de hoy no aparecieron.

“Queríamos ver los papeles de propiedad, sólo eso. Pero de pronto comenzaron los disparos y….”. Dani se interrumpe y sus mejillas blancas se encienden.

Y vuelve el silencio.

***

 Las ocupaciones eran frecuentes en esa zona. Ya había habido desalojos, pero ninguno así. Desde hacía varios meses, escuchaban en la radio que los terrenos estaban “disponibles”. Se hablaba del potencial para crear un nuevo barrio. Con esos pocos datos, unas setenta personas tomaron Marina Cué.

Pero desde hacía años las tierras eran parte de una compleja disputa judicial entre la empresa Campos Morumbi S.A., del fallecido Blas N. Riquelme, y el Instituto de Tierras paraguayo. Había sido entregado oficialmente al Instituto y destinado a la reforma agraria, pero Campos Morumbi lo reclamó como propio ante la justicia local, lo que ésta le concedió. Una fiscal pidió el desalojo de los terrenos y un diputado del Congreso, el colorado Oscar Tuma, solicitó a éste que respaldara la medida para preservar el medio ambiente

Seis policías y once campesinos murieron en ese desalojo. La reacción ante la llamada “masacre de Curuguaty” fue utilizada por una coalición política encabezada por el vicepresidente Federico Franco para iniciar juicio político al presidente Fernando Lugo y destituirlo en un proceso relámpago que los otros países del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –incluida la Argentina– consideraron un golpe de Estado.

El diputado Tuma fue quien presentó la acusación contra Lugo. Cuando este cayó, se desató una cacería: la cacería de los ocupantes de Curuguaty.

Y fue así que, mientras un par de meses después de la masacre “Don Blas” Riquelme era honrado por el mismo Congreso que había destituido al presidente, Dani Garcete, de 25 años, y Héctor Ramírez, de 26, huyeron de todo lo que conocían para pedir refugio en la Argentina y terminaron contando la historia que sigue en un café de San Telmo, en Buenos Aires.

 ***

 Todo comenzó alrededor de las 7.30 de la mañana. Se había dado la orden de desalojarlos. Dani y Ramírez eran dos de los 30 campesinos que se acercaron a la entrada para recibir a la policía. Su reclamo: que para echarlos les mostraran los documentos que probaban que esas tierras eran propiedad privada.

Algunos de sus compañeros, muy pocos, llevaban viejas escopetas de caza, como para subrayar la seriedad de su postura. Ellos dos, dicen, no tenían nada. Además, las escopetas no eran para disparar, sólo para para mostrarse preparados, aseguran. No sabían si funcionaban, dicen.
Todavía –es su versión– no lo han averiguado.

La policía los rodeó por izquierda y por derecha. Cuando estuvieron suficientemente cerca como para hablar, no hubo palabra alguna. Todo ocurrió demasiado rápido. Se oyó un disparo. Dani y Ramírez dicen que vino de la policía. La policía dirá luego que vino de los campesinos.

Segundos después, oyeron una ráfaga de tiros que les pareció interminable. Dicen que no vieron a sus compañeros usar sus escopetas. Hubo un griterío, confusión, y todos se echaron a correr.

La policía, dicen, los atacaba.

Corrían a campo abierto: eran blancos perfectos. Corrieron entonces hacia los bosques. Ni miraban atrás, pero estaban seguros ya de que algunos de sus compañeros habían muerto, tal vez muchos (“Tal vez todos”, murmura Dani ahora, en esta otra ciudad lejana). Quizás también ellos morirían. No había nada qué hacer.

Dani recuerda un helicóptero que volaba tan bajo que parecía iba a aterrizarles encima. Una sirena ensordecedora parecía anunciar el Apocalipsis.

Pero sí hubo sobrevivientes. Algunos pasaron la noche de la masacre escondidos en los bosques que cubren parte de las tierras disputadas. Otros, los que tenían celular para comunicarse con algún conocido, lograron refugiarse en casas cercanas.

Se ocultaban sin saber bien por qué o hasta cuándo. Pasaban las horas sin comer ni beber. Esperando. Algo raro se había cocinado ese día –algo que no era como lo que habían conocido hasta entonces y que lo cambiaba todo. Temían que la policía aún estuviera en el campo esperando para dispararles. No sabían, no tenían manera de saber –así dicen–, que en ese momento los acusaban de haber perpetrado la masacre.

Ni, muchos menos, que lo que acababa de ocurrir en sólo unos segundos de terror acabaría por derribar a un presidente.

El 21 de junio de 2012, Lugo fue acusado ante el Congreso. Pese a las marchas a favor, las gestiones de todos los cancilleres de la UNASUR –entre ellos, la Argentina y Brasil–, que viajaron a Asunción para entrevistarse con representantes del parlamento y con el vicepresidente para pedirles que no siguieran adelante, el presidente fue destituido al día siguiente.

El fiscal Jalil Rachid encabezó la investigación oficial de la masacre de Curuguaty. Su conclusión fue simple: los campesinos eran culpables de haber asesinado a seis policías. Pero ¿quién había disparado? ¿Con qué arma?

Estas preguntas jamás fueron respondidas. En su lugar, una lista de nombres garabateados en un papel días antes de la masacre con el objetivo de pedir en grupo víveres al gobierno se convirtió en la lista de culpables a los que detener. Hubieran estado o no en Marina Cué ese día, todos los que figuraban en la lista fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble ajeno.

Así, muchos de los sobrevivientes acabaron detenidos. Permanecieron todos en la cárcel hasta que, gracias a una huelga de hambre, se concedió a algunos la prisión domiciliaria.

 ***

 Dani y Héctor se quedaron encerrados en sus casas los cuatro meses que siguieron a la masacre. No salían en ningún momento, salvo cuando se enteraban, gracias a una red de vecinos amigos, que habría un allanamiento. Entonces se escondían en otra casa hasta que la policía se iba. Era una vida a saltos a la que no estaban acostumbrados. No podían dormir tranquilos, dejaron de trabajar, vivían como presos.

Por el noticiero se enteraron de todo: de la cantidad de compañeros muertos, de los policías fallecidos, de la destitución de Lugo. También así supieron que la justicia acusaba a todos sin distinción.

A través de un amigo abogado comprobaron que sus nombres figuraban entre los buscados. En algún momento los arrestarían.

A menos que siguieran huyendo.

 ***

 Alcides Ramírez, hermano de Héctor, que estaba preso, les dijo que había una posibilidad para salir del país, al menos hasta que las cosas se aclararan.

“Acepté inmediatamente, me arrepentí inmediatamente -, dice Dani, apenas levantando la cabeza, con la pierna aún temblando y las manos juntas, apretadas, sobre la mesa-. Pero después comprendí que no tenía otra opción”.

Ramírez asiente. Aunque él había vivido en Buenos Aires durante cinco años, era muy distinto. En aquel momento se había venido a la Argentina porque en Paraguay no conseguía trabajo. Visitaba a su familia cada vez que podía. De hecho, cuando se planeó la ocupación de Marina Cué, Ramírez estaba ahí mismo por las vacaciones. Pero se sumó a la toma igual y su nombre estaba en la lista.

Fue el político liberal Domingo Laíno quién los ayudó a huir de Paraguay. Desde Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), fundada poco después de la matanza, Laíno lanzó una investigación paralela convencido, como muchos otros, de que lo ocurrido en Curuguaty había sido fraguado para destituir a Lugo.

Según él mismo lo cuenta, como parte de sus indagaciones, Laíno hablaba con la madre de Dani, una enfermera que vive cerca del terreno de Marina Cué y temía por la seguridad de su hijo. Agregó a la lista a Fredy , recomendado por Ruben Villaba, uno de los cordinadores de la ocupacion. Según Laíno, Fredy era  mano derecha de Villalba en la organización de la ocupación y estaba a su lado en el momento de la balacera. (Fredy no aceptó hablar con el puercoespín).

Luego de algunas conversaciones telefónicas, acordaron el sitio de encuentro: Marina Cué.

“Terrible” es la palabra que usa Dani para describir cómo fue para ellos volver a ese lugar. “Terrible, terrible…”, repite, y aprieta los labios. Y mira hacia la puerta.

De Curuguaty viajaron en autos particulares hasta Asunción. Allí estuvieron alojados en casa de Laíno, mientras éste les buscaba una salida.

Laíno había estado exiliado en la Argentina en los largos años de la dictadura de Alfredo Stroessner. Según su relato, hizo contactos en la embajada argentina en Asunción y acordó que se recibiera a los tres prófugos en la frontera (NdR: ni la embajada, ni la Cancillería, ni la oficina de Migraciones, ni la Conare de la Argentina aceptaron confirmaron ni desmentir la información, alegando la confidencialidad impuesta por ley en los casos de refugiados).

Luego de papeleos y algo de planificación, siguieron en auto hasta el límite con la Argentina. Con el corazón palpitante, las manos sudorosas y la boca seca, cruzaron la frontera a pie. Se sentían personajes de una película, viviendo una vida clandestina que jamás imaginaron ni quisieron.

Al entrar en la Argentina, pidieron refugio. Podían decirles que sí o que no. Durante 12 horas interminables fueron entrevistados por guardias de frontera argentinos. Los sometieron a revisaciones médicas. Tuvieron que explicar por escrito los motivos de su solicitud de refugio, por qué tenían que irse de Paraguay, por qué entraban en la Argentina.

Finalmente, acompañados de dos gendarmes, viajaron en colectivo hasta la Estación de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron un sábado de octubre.

Otro hermano de Héctor vivía en un asentamiento de la zona sur de la ciudad: hacia allí planeaban ir. Los gendarmes se ofrecieron a llevarlos. Pero era de noche y entrar en la villa con unos gendarmes no les pareció un buen plan.

Pasaron el fin de semana en Retiro, en un edificio de la Gendarmería. Fue una noche triste, aunque tranquilizadora. Al menos, se decían, estaban lejos de la policía paraguaya, nadie iba a entrar allí a detenerlos. Pero estaban en territorio desconocido y no sabían cómo seguirían sus vidas.

Los gendarmes les ofrecieron mate, comida y un lugar para dormir. Era el primer refugio.

El lunes llegaron al asentamiento para comenzar la nueva vida.

En forma temporal, aclara Dani, que no puede dejar de pensar en Paraguay

 ***

 El estatus de refugiado se concede a una persona que debe abandonar su país de residencia porque su vida o su libertad corren peligro debido a violencia generalizada, conflictos armados o violaciones masivas de Derechos Humanos. La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) es la encargada de otorgar el refugio y de ayudar a que se integren en su nuevo país. Entre los deberes del país hacia los refugiados, que constan en la Ley N° 26.165, está “el respeto a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de interpretación más favorable a la persona humana”. Se aclara que “tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento”.

Héctor, Fredy y Dani pidieron refugio, pero su solicitud todavía está en trámite. En teoría, ninguno de los tres puede ser expulsado, devuelto o extraditado mientras perdure el peligro a su vida, libertad o seguridad. También se les debe conceder un permiso de trabajo temporal para asegurar su sustento económico y un Documento Nacional de Identidad (DNI) para que ejerzan sus “derechos civiles, sociales y culturales”.

el puercoespín pudo corroborar que hay expedientes abiertos para resolver la situación de cada uno de los tres sobrevivientes de Curuguaty que han terminado en la Argentina. ¿Cuál será su futuro? Probablemente deban esperar a que algún día se aclare cuál de las dos versiones de lo ocurrido en Curuguaty es la verdadera.

En la versión oficial que se ha vertido en el proceso judicial instruido por el fiscal Rachid, los campesinos son los acusados y los policías son testigos o víctimas. Es la versión según la cual el instigador de los hechos es Rubén Villalba, uno de los líderes de la ocupación.

La imposición de este relato avanza lentamente. El juez Jorge Benítez, a cargo del caso, fue recusado tras un fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraguay que aceptó un pedido de la defensa. La causa pasó entonces a la jueza Rosa Yanine Ríos, que en febrero de 2013 dictó la primera condena del caso Curuguaty contra uno de los dos menores de edad que había entre los procesados.

A mediados de junio de 2013 hubo otra audiencia: los abogados de los campesinos reclamaron a la jueza que determine a quién pertenecen las tierras reclamadas, ya que el título de propiedad aún no ha aparecido. El proceso fue suspendido hasta que la justicia se expida al respecto, mientras recibe críticas de la opinión pública local y de varios organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, que reclaman “una investigación imparcial e independiente”. De las futuras resoluciones judiciales depende el destino de los 14 campesinos que siguen detenidos, cinco de ellos con prisión domiciliaria, y de los 50 prófugos, entre los que se encuentran Dani, Héctor y Fredy.

La otra versión de los hechos se sustenta en la investigación paralela realizada por la PEICC, a cargo de Laíno, que defiende a los campesinos y reclama la anulación de lo actuado por el fiscal Rachid. Esta pesquisa señala que en Curuguaty sólo se hallaron cinco escopetas de caza y un revólver, lo que –se argumenta– difícilmente hubiera causado tantas muertes. También sostiene que en la masacre se utilizó al menos un fusil automático, arma inaccesible para los campesinos. Por otra parte destaca la presencia de niños y mujeres el día del enfrentamiento: ¿planearían los campesinos una emboscada poniendo en riesgo a sus propias familias?

***

 Mientras dos Estados deciden cómo gestionar su destino, los tres jóvenes prófugos alquilan un cuarto cada uno en una villa donde vive una gran comunidad paraguaya. Trabajan como albañiles de lunes a sábado y de la mañana al anochecer. Como todavía esperan que les entreguen un DNI, sólo consiguen empleos informales.

Con el dinero que ganan se pagan sus gastos. Una vez a la semana telefonean a sus familias en Paraguay. Evitan hablar de Curuguaty; prefieren enterarse de nacimientos o bodas. Ni Dani ni Héctor tienen hijos ni esposa. Por suerte, dicen.

Los fines de semana, a veces, van a algún boliche de Constitución. Extrañan la familia, la tranquilidad del campo, el tallarín casero de sus madres, la posibilidad de recorrer las calles de su barrio sin miedo a ser detenidos por la policía. Y el calor. Esas altas temperaturas que, en medio del invierno porteño, recuerdan con nostalgia.

Dani todavía tiene pesadillas. Por las noches, giran en su cabeza imágenes de sus compañeros huyendo. Escucha los gritos de los niños y sus madres, los disparos. Se ve corriendo por el campo, mientras otros campesinos caen muertos en el camino. Se ve entrando en el bosque. La sirena del helicóptero lo aturde.

Luego despierta, lejos de su casa, en una villa de Buenos Aires.

Para leer la publicación original hacé click acá.

 

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Federico Cash: cómo fue la desesperada búsqueda de su hija

La primera y única vez que estuve en casa de los Cash fue hace dos años. De esa entrevista recuerdo haber salido con una angustia terrible. Era muy doloroso ver cómo toda una familia había prácticamente abandonado su vida cotidiana para dedicarse a hacer algo que debería hacer la policía y la justicia: buscar a María Cash.

Lo que más me quedó grabado es que, apenas entramos a la casa a entrevistar a Federico Cash, él nos pidió por favor que no le quitáramos demasiado tiempo: tenía que seguir revisando todas las denuncias que recibía por teléfono y por mail con posibles pistas sobre el paradero de María. Federico Cash se había convertido en un detective. Toda su vida se transformó en una búsqueda. Hoy recibimos la triste noticia de su muerte en un accidente. Murió sin saber dónde está María, a pesar de sus enormes esfuerzos y su gran dedicación.

Les comparto aquella entrevista que nos concedió en julio de 2012.

María Cash: el complejo laberinto de una búsqueda desesperada

Sobre el aparador del living, María sonríe en todas las fotos. Sus dientes blancos asoman entre sus finos labios que forman una perfecta y simétrica sonrisa, acompañada de sus ojos brillantes y achinados por el gesto y su pelo tirado detrás de las orejas y hacia un costado. Así se la ve en una imagen en la que está sentada junto a su familia. Tiene el mismo gesto en una foto tomada en uno de sus tantos viajes. Alegría y paz es lo que transmite el rostro de esta joven desde cada una de las postales de esos recuerdos.

Un clima marcadamente opuesto se respira en la habitación que está adornada con esas fotografías. Imposibilitado de esbozar sonrisas y muy lejos de sentir algún tipo de tranquilidad, Federico Cash se pasa los días oficiando de una especie de investigador privado en busca de poner fin al mayor dolor de toda su vida: la desaparición de su hija.

Hace ya un año que este padre de familia dedica sus horas a recibir llamadas de personas que creen haber visto a María Cash , la joven diseñadora que viajó al norte y fue vista por última vez en julio del año pasado. La gente le dice que la vio en alguna esquina, en algún local, en alguna comisaría, al costado de alguna ruta. Esa información, que él mismo procesa, con la ayuda de su esposa María del Carmen y sus dos hijos Máximo y Santiago, es enviada luego a Gendarmería, con la esperanza de que al menos uno de esos miles de llamados permita dar con el paradero de la joven, hoy de 30 años, que partió con destino a Jujuy y desapareció en algún punto del recorrido.

LA INVESTIGACIÓN FAMILIAR

Inmediatamente después de su desaparición, la familia Cash se puso a trabajar en su búsqueda. Reconstruyeron el camino que la joven realizó hasta Jujuy, pararon en todos los lugares en los que se la vio, hablaron con todas las personas con las que ella se contactó. Recorrieron hospitales e intentaron comprender, sin éxito, los movimientos erráticos de María.

Con mucha tristeza y con información que sólo recibieron tiempo después, están seguros de que los recorridos en su búsqueda se cruzaron con los pasos de la joven en algún punto. Que tal vez por apenas segundos no llegaron a encontrarla.

Pero sus intentos no terminaron allí. Durante todo este tiempo recibieron alrededor de 3300 llamados de gente que dice haberla visto. Con paciencia y realizando un trabajo de hormiga, los Cash fueron procesando cada uno de ellos, evaluando su veracidad, agendando cada dato y enviando lo que consideran importante a Gendarmería.

El proceso es doloroso: cada llamado es a la vez una esperanza y luego una frustración cuando confirman que esa joven que pasó por tal lugar no era su hija. “Lamentablemente, y a pesar de que muchos tienen celulares con cámara, casi nadie atina a fotografiar a la mujer que creen que es mi hija. Eso hace mucho más difícil nuestro trabajo”, dice este padre desesperado.

Este año recibieron tan sólo cinco imágenes. Cinco ilusiones. Ninguna de ellas era su hija. “Una vez me llamaron desde Rosario, diciéndome que me tomara inmediatamente un avión, que María estaba en una comisaría. Yo ya no me ilusiono como antes. Insistí en que me mandaran una fotografía”, cuenta Cash. Y comprobó, otra vez, que no era a su hija a quien habían encontrado.

DOLOR Y DESILUSIÓN

“Siento una tremenda indignación con lo que no hizo y lo que creo que no hará la Justicia para encontrar a mi hija”, dice el padre de María, sentado entre sus fotografías, desanudando las tiras de los lentes que tiene en sus manos, como si quisiera así desenredar sus pensamientos. “Pasaron 12 meses de investigación y no sabemos nada”, se lamenta y habla de la incompatibilidad entre “el lento trabajo judicial” y la urgente necesidad de hallar a una persona desaparecida.

“Considero que hay un real abandono de persona, del cual es responsable el Estado, que es quien debe hacerse cargo de encontrarla a mi hija o protegerla”, dice, haciendo pausas para acomodar las ideas y eligiendo cuidadosamente cada palabra.

“Se tardaron seis desesperantes meses enofrecer la recompensa ”, sostiene el hombre, la mirada hacia abajo, los ojos brillosos. Tampoco entiende, dice, “la insensibilidad de las autoridades salteñas manifestada tras el hallazgo de un cadáver en Cafayate ”. Se refiere al cuerpo encontrado el pasado abril de 2012 en un paraje ubicado a pocos kilómetros de la ruta nacional 68. En un principio se estimó que podría tratarse del cuerpo de su hija, aunque al poco tiempo se comenzó a descartar la hipótesis porque las características de la dentadura no coincidían. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que el cotejo con el ADN de los Cash fue realizado y dio negativo. Pasaron casi tres meses y la familia denuncia que nunca recibió una notificación oficial al respecto.

“No tienen idea de la desesperación que provocó en nuestra familia la espera de esta información. Habla de una insensibilidad tremenda el hecho de que no se tomen el trabajo de sacarnos la angustia, de permitirnos volver a la esperanza de encontrarla viva”, dice Cash y luego larga su queja: “Siempre intuí que ese cuerpo no era el de mi hija, pero sólo pude confirmarlo por información que trascendió en los medios. La Justicia nunca me notificó”.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Apenas fue denunciada la desaparición de María, tomó intervención el juez de instrucción salteño Federico Diez, ya que Salta en esa provincia se la vio por última vez. Paralelamente se abrió una investigación en la provincia de Jujuy, en manos del juez Javier Arostegui. .

Durante unos siete meses, fue la justicia provincial la que llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la jueza federal María Servini de Cubría. El juez Diez habilitó un número telefónico para que la gente aportara datos que pudieran orientar la investigación.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que la mayor parte de los cuerpos de la causa hasta entonces estaban formados por oficios para allanamientos y pedidos de rastrillaje. Las fuentes aseguran que se rastrilló toda la zona de la ruta 34, donde María fue captada por las cámaras de los peajes. También dicen que se buscó entre todos los cuerpos rotulados como NN en morgues y hospitales.

En febrero de este año, la causa pasó a la justicia Federal, luego de que el delito de trata de personas se configurara como la principal hipótesis. Hoy es tramitada en el Juzgado Federal n° 2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina.

“No nos permiten acceder a la causa, hace meses que lo estamos intentando. Nos dieron sólo los dos primeros cuerpos de la investigación y nos mandan a la fotocopiadora con custodio”, cuenta a LA NACION Martín Gesino, abogado que representa a la familia como querellante. Gesino relata que tardaron dos meses en aceptarlos como querella. El año pasado la familia había presentado a otro abogado, que fue aceptado tres meses después y del que, según denuncian los Cash, no tuvieron más novedades.

“Llevan 300 años de retraso en términos jurídicos, han decretado allanamientos con la mitad de los oficios, no hay una línea clara de investigación, no hay planeamiento y nos tratan como si fuéramos el enemigo”, se lamenta Gesino.

“Es una vergüenza, no notifican nada a las partes, y eso que estamos en la ventanilla de al lado. Yo voy a seguir tratando de sacar a la luz lo que sucedió, y voy a continuar peleando para que cumplan con su trabajo y nos permitan acceder a la causa, que es lo que corresponde”, insiste el letrado. Y agrega: “Si algún día se logra algo en esta investigación, va a ser estrictamente mérito de la familia de María”.

Por su parte, fuentes de la justicia federal salteña dijeron a LA NACION que luego de recibir la causa volvieron a tomarse las declaraciones testimoniales de familiares, amigos y personas que tuvieron contacto con María en los últimos días antes de su desaparición.

“Desde que se recibió la causa se tomó todo tipo de medidas. Sí le hemos permitido a la querella acceder a la causa, pero no se la pueden llevar toda porque si no, no podemos seguir trabajando”, aseguraron las fuentes. También sostuvieron que “al abogado querellante se le ha notificado sobre todas las medidas periciales realizadas”.

La querella calcula que la causa tiene ya unos 25 cuerpos. Hay un pedido de búsqueda en Interpol y la familia logró también que se emitiera una solicitud de intervención al FBI.

UNA BÚSQUEDA INCESANTE

Más allá de la hipótesis que maneja la justicia sobre la posibilidad de que María, que parece mucho más joven de la edad que tiene, haya sido capturada por una red de trata de personas, Federico Cash piensa en varias otras opciones.

“Elaboro posibilidades en mi cabeza todo el tiempo. ¿Y si está en algún pueblo sin acceso a la televisión o las comunicaciones, resguardada por alguna solidaria parejita de ancianos? ¿Y si quedó en las manos de algún enamoradizo que la retiene y no la deja ir? ¿Y si está internada en algún centro médico, alguna sala, sin que nadie sepa que es ella?”. Y así pasan los días de Cash, elaborando hipótesis, convencido de que si María estuviese bien, física y mentalmente, se hubiera comunicado con su familia.

“Pedimos a toda la sociedad, en particular a los que trabajan en centros de salud, que si recuerdan algo, o dudan de algo, por más de que crean que no sirve, cualquier dato puede ayudar. Comuníquense con nosotros”.

Luego de ese llamado a la solidaridad, Cash lanza un profundo suspiro, se refriega los ojos y pide que lo dejen continuar con su trabajo. Ha suspendido dos horas su investigación y cada minuto es crucial para conseguir pistas que lo ayuden a encontrar a María..

Para aportar información que pueda ayudar a dar con el paradero de María Cash: 011-1533906277 /1538085960. El ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa de $ 200.000 para aquellas personas que brinden datos útiles.

Para leer la nota original, hacé click acá.

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La muerte de la novia de Oscar Pistorius: ¿error u homicidio?

La noche del 13 de febrero de 2013, previo al Día de los Enamorados, Reeva Steenkamp, novia del atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius murió tras recibir varios disparos. El que disparó fue nada menos que el propio Pistorius. El juicio se inició el 3 de marzo en la ciudad de Pretoria. En el debate se enfrentan dos versiones: la de los acusadores, que creen que él la asesinó intencionalmente tras una discusión; y la de Pistorius, que admitió haber hecho los disparos hacia la puerta cerrada del baño, pero asegura que creyó que se trataba de un ladrón que había ingresado a la casa.

En una producción especial, el Washington Post recrea el relato de los hechos según Pistorius. (vía @Gauyo)

FOTO: captura de pantalla del Washington Post

“El 13 de febrero de 2013 Reeva había salido con sus amigas y yo estama con mis amigos. Reeva me llamó y me dijo que prefería que pasemos la noche en casa. Acepté y nos quedamos contentos con tener una cena tranquila juntos en casa”.

“Alrededor de las 22 estábamos en nuestra habitación. Ella estaba haciendo sus ejercicios de yoga y yo estaba viendo tele en la cama. Me había quitado mis piernas ortopédicas. Estábamos profundamente enamorados y yo no podría haber estado más feliz. Se que ella se sentía de la misma manera.

Me había dado un regalo por el día de San Valentín pero me pidió que lo abriera al día siguiente.

Luego de que Reeva terminara sus ejercicios de yoga se metió a la cama y los dos nos dormimos. Yo dejaba mi arma, una Parbellum 9 mm debajo de la cama cuando me iba a dormir.

Me desperté y salí al balcón para traer adentro el ventilador y cerré las puertas corredizas, las persianas y las cortinas. Escuché un ruido en el baño y me di cuenta de que había alguien en el baño.

FOTO: captura de pantalla del Washington Post

Una sensación de terror me corrió por el cuerpo. No hay rejas en las ventanas del baño y yo sabía que los obreros que trabajaban en mi casa habían dejado escaleras afuera. Aunque no tenía mis piernas ortopédicas puestas tenía movilidad sobre mis muñones.

Yo creía que alguien había entrado a mi casa. Estaba demasiado asustado para prender las luces. Saqué mi 9 mm de abajo de la cama.

Cuando me dirigí hacia el baño grité algunas palabras para que él/ellos se fueran de mi casa y le pedí a Reeva que llamara  a la policía. Había una oscuridad cerrada en la habitación y yo pensé que Reeva estaba en la cama.

Me di cuenta de que la ventana del baño estaba abierta. Y también noté que el/los intrusos estaban en el toilette porque la puerta del toilette estaba cerrada y en el antebaño no había nadie.

Escuché movimiento dentro del toilette. El toilette está dentro del baño y tiene una puerta separada.

Sabía que tenía que protegernos a mí y a Reeva. Yo creía que si los intrusos salían del baño estaríamos en grave peligro. Me sentí atrapado porque la puerta de mi habitación estaba cerrada y tengo movilidad limitada sobre mis muñones.

Disparé a través de la puerta del toilette y le grité a Reeva que llame a la policía. Ella no respondió y yo regresé a la habitación sin sacar mis ojos de la entrada del baño.

FOTO: captura de pantalla del Washington Post

Todo estaba muy oscuro en la habitación y yo todavía estaba demasiado asustado como para prender luces. Reeva no respondía. Cuando llegué a la cama, me di cuenta de que Reeva no estaba allí. Ahí es cuando me cayó la ficha de que podía ser Reeva quien estaba en el baño.

Volví al baño gritando su nombre. Traté de abrir la puerta pero estaba cerrada.

Corrí al dormitorio, abrí las puertas corredizas y salía al balcón a gritar pidiendo ayuda

Me puse mis piernas ortopédicas y corrí al baño y traté de tirar la puerta abajo. Creo que ahí prendí las luces. Volví a la habitación y agarré mi bate para romper la puerta del toilette.

Un panel o varios se rompiero y encontré la llave en el piso y pude abrir la puerta. Reeva estaba desplomada en el piso pero viva.

Luché para sacarla del toilette y arrastrarla hacia el baño. Llamé a Johan Stander quien estaba involucrado en la administración del lugar y le pedí que llamara una ambulancia. Llamé a Netcare y pedí ayuda.

Bajé y abrí la puerta principal. Volví y tomé a Reeva en mis brazos, ya que me habían dicho que no espere a los paramédicos, que la lleve a un hospital.

FOTO: captura de pantalla del Washington Post

La llevé abajo para trasladarla al hospital. En el camino llego Stander. Un médico que vive en el complejo también llegó. Abajo, traté de asistir a Reeva pero ella murió en mis brazos.

Mirándolo con perspectiva pienso que Reeva fue al baño cuando yo salí al balcón a entrar el ventilador.

Para ver la producción completa y original, hacé click acá

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Se cumplen ocho años del asesinato de Paulina Lebbos

Paulina Lebbos tenía 22 años cuando salió a bailar con amigos al boliche Gitana, cerca del centro de la capital tucumana el sábado 25 de febrero de 2006. La joven se retiró de la disco con una amiga cerca de las 6:30 de la madrugada del domingo 26. Ambas tomaron un remis. Su amiga se bajó a las pocas cuadras. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Su cuerpo apareció el 11 de marzo de 2006 al costado de la ruta 341, que cerca de Raco, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

La causa pasó por manos de tres fiscales. En el medio hubo varias denuncias por la presunta participación de “hijos del poder”. También se sospechó de Victor Soto, novio de la víctima, con quien tuvieron una hija, Victoria, que tenía 5 años al momento del crimen.

El expediente estuvo bajo secreto de sumario durante más de siete años. Recién en diciembre del año pasado se dieron las primeras detenciones en el marco de la investigación del crimen.

Alberto Lebbos, padre de Paulina, pasó todos estos años denunciando encubrimiento por parte de policías y funcionarios. Él y su familia han recibido varias amenazas.

El fiscal que hoy está a cargo de la investigación es Diego López Ávila. Fue él quien solicitó las detenciones en diciembre y pidió varias medidas para avanzar en la causa. Hace unas semanas se conoció que algunos de los peritos que participaban de la investigación fueron trasladados para cumplir tareas en otras provincias. Además, varios carteles que convocaban a una marcha para pedir justicia por Paulina, que habían sido pegados en las calles tucumanas, aparecieron tapados con pintura negra. Ocho años sin paz para la familia Lebbos.

La marcha se llevará a cabo hoy a las 20 horas en La Plaza Independencia, en el centro tucumano.

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El caso Lebbos forma parte de los ocho relatos sobre mujeres jóvenes víctimas de la violencia que forman parte del libro Ángeles (Ed. Del Empedrado), disponible en librerías.

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A dos años del crimen de Alan Tapia: un caso de gatillo fácil que quedó impune

Mañana se cumplen dos años del día en el que Alan Tapia murió a raíz de un disparo de un policía del Grupo Especial de Operaciones Federales  (Geof) de la Federal.

Alan Stefano Tapia tenía 19 años y vivía en el Barrio Mitre. Esa madrugada se llevó a cabo un allanamiento en el barrio, a cargo del grupo especial de la PFA. Los efectivos buscaban por orden del fiscal a Vittorio Tapia, hermano de Alan, por una causa de tentativa de homicidio. Ingresaron a la vivienda a la fuerza.

Uno de los efectivos que participaba del operativo, Rodrigo Valente, disparó contra Alan. Según contaron los testigos, Alan estaba desarmado, acostado en su habitación. Agonizó 40 minutos mientras su familia era retenida en la vivienda. Luego de eso fue llevado al Hospital Pirovano, donde falleció esa misma mañana.

La causa fue caratulada como “homicidio”. El juicio se llevó a cabo en 2013. Allí, Valente declaró que disparó porque Alan tenía un arma tumbera. En la casa se hallaron dos hierros pegados, pero la familia aseguró que eso había sido plantado por la policía.

El fiscal Eduardo Marazzi pidió la absolución de Valente por considerar que el operativo se realizó en un “barrio peligroso”. “Tapia no vivía en Puerto Madero, ni en islas Seychelles. Vivía en Villa Mitre”, dijo el fiscal ante los jueces. (cabe aclarar que es Barrio Mitre, y no Villa). Finalmente, el policía fue absuelto.

Hoy a las 19 horas habrá una concentración en Plaza Central (Naón y Correa) en memoria de Alan Tapia.

 

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Caso Paulina Lebbos: siete años de impunidad que parecen comenzar a revertirse

Paulina Lebbos tenía 22 años y una hija de 5 cuando desapareció en la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006. Dos semanas después, su cuerpo fue hallado a la vera de una ruta, cerca de la localidad de Raco, a pocos kilómetros de la capital tucumana.

Paulina había salido a bailar con unos amigos a un boliche del centro de San Miguel de Tucumán. A la salida se tomó un remis con una amiga. La dejó en su casa y siguió, supuestamente, hacia la casa de Victor César Soto, su novio y padre de Victoria, la nena que en ese momento tenía 5 años. Nunca más la vieron.

Durante dos semanas, su padre, Alberto Lebbos, movió cielo y tierra para encontrarla. Lo ayudaron vecinos y amigos.  Paulina fue hallada por dos jóvenes que circulaban por el costado de la ruta y divisaron el terrible escenario: el cuerpo de la joven yacía en un zanjón, con la ropa destrozada, con heridas de todo tipo, sin pelo. Luego la policía les haría decir que no fueron ellos quienes la encontraron. También desmalezarían la escena, moverían el cuerpo y realizarían unas tantas irregularidades que son investigadas en una causa paralela que esta semana arranca su juicio oral.

Lebbos era funcionario del gobierno de Alperovich, pero al poco tiempo del crimen de su hija decidió renunciar a su cargo y comenzó con lo que se convertirían en casi ocho años de lucha interminable por lograr justicia. Denunció encubrimiento por parte de la policía y de funcionarios. Formó un grupo de familiares de víctimas de la impunidad y comenzó a marchar todos los martes a la Plaza de la Independencia. Lo amenazaron, a él y a todo el que lo ayudara, pero nunca bajó los brazos.

Durante siete años, Lebbos no pudo acceder al expediente de la investigación del crimen de su hija: por motivos injustificables, lo mantuvieron bajo secreto de sumario. No hubo detenidos y, si bien se realizaron allanamientos y levantamientos de indicios, no se hicieron un montón de peritajes y cuestiones esenciales para que la causa avance. La investigación estuvo totalmente paralizada.

Recién a mediados de este año, cuando asumió el tercer fiscal, Diego López Ávila, la causa comenzó a tomar impulso. El primer fiscal, Alejandro Noguera, fue apartado luego de que lo descubrieran saliendo de una reunión con Alperovich. El segundo fiscal, Carlos Albaca, se hizo a un costado en medio de críticas y cuestionamientos a su accionar –o a su casi nulo accionar- en siente años a cargo de la investigación.

La semana pasada, López Ávila hizo lo que no había hecho ningún fiscal: cruzó datos que le permitieron detener a cuatro personas. Dos de ellas, habrían usado sus chips telefónicos en el celular de Paulina el día de su desaparición, por lo que el fiscal sospecha que al menos uno de ellos es el homicida. Los otros dos son policías a los que Lebbos ya había denunciado por encubrimiento.

Ahora, al parecer, vendrán más detenciones y más novedades. La familia Lebbos, por primera vez en casi ocho años, tiene esperanza. Aunque no deja de preguntarse ¿Por qué no se hizo esto antes?

#JusticiaporPaulina

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Jujuy: investigan a la policía por “plantar” droga

Juan (padre de Sonrisa) y Pablo Juárez vienen denunciando desde hace un tiempo el violento actuar de la policía de San Pedro

Hace un tiempo, con Guido Molteni recibimos a familiares de víctimas de la violencia institucional en San Pedro, Jujuy. Ellos nos contaron el caso de “Sonrisa”, un joven que era constantemente detenido, llevado a comisarías donde era golpeado, torturado y hasta utilizado para traer droga de los países limítrofes. Sonrisa apareció muerto… en la casa de un policía.

Junto al padre de Sonrisa, vinieron a Buenos Aires Pablo Juárez, militante del movimiento 24 de marzo y Diego, que nos contaron todas las denuncias que había contra el accionar de la policía y cómo le armaban causas a la gente. Diego nos contó que había sido testigo de un caso en el que la policía le plantó droga a una familia durante un procedimiento llevado a cabo en un quiosco. Este caso tuvo ahora un giro en la Justicia.

Enrique Sotelo, su esposa María Fernanda Cayón y su cuñado Cristian Sebastián Gómez, las tres personas que habían sido acusadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, fueron absueltas. Ahora la investigación recaerá sobre la Brigada de Narcotráfico de la localidad de San Pedro. 

Según cuenta el sitio Fiscales, Pablo, Diego y un  abogado del colectivo “La Ciega”  denunciaron ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) la problemática que están viviendo los vecinos de San Pedro, a raíz de una serie de hechos de violencia en los que se encontraría involucrado personal policial de la Brigada de Narcotráfico de San Pedro.

El testimonio de Diego fue fundamental para la absolución de estas tres personas. Contó que fue testigo del accionar policial   durante el allanamiento que se realizó el 3 de agosto de 2012 en el kiosco de Sotelo. También dijo que vio al policía “colocar una bolsita entre los cajones de bebidas”, sobre la cual se determinó luego que contenía 2 gramos de pasta base de cocaína, fraccionados en 44 envoltorios.

Diego y otras personas que fueron testigos del operativo, fueron detenidos por averiguación de antecedentes y conducidos a la Brigada de Narcotráfico de San Pedro. Diego denunció que fue amenazado y golpeado para que no hablara.

Estas denuncias y detenciones arbitrarias ocurren con frecuencia, según pudimos comprobar cuando hicimos la nota sobre Sonrisa. Del último relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) surge que en 2007 hubo 21.546 detenciones policiales sin imputación de delito en la provincia de Jujuy. La mayoría (más de 18.000) correspondieron a detenciones para identificar o averiguar antecedentes, y el resto al código de faltas local.

En la causa del quiosco, luego de un trabajo conjunto entre la Procunar tomó contacto con el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, Francisco Santiago Snopek, se decidió no sostener la acusación contra los imputados. En cambio, se orientará la investigación hacia la policía, sospechada de haber plantado la droga y por tanto haber armado la causa.

Para conocer cómo fue el caso “Sonrisa”, hacé click acá

Para leer más sobre la absolución de los imputados, hacé click acá

 

 

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Kevin, la estrella sos vos

Pasó más de un mes de la muerte del pequeño Kevin Molina y sus familiares, amigos y vecinos aún no encuentran respuesta de la Justicia. Desde la revista cooperativa de cultura villera la Garganta Poderosa buscan difundir su historia, para que no se siga invisibilizando su asesinato y las causas que derivaron en la muerte de este nene de 9 años, que recibió un balazo en la cabeza en medio de un tiroteo ocurrido en la Villa Zavaleta.

A continuación, el comunicado de la Garganta:

“Desde el 7 de septiembre, estamos viviendo un día eterno, con la mirada en el cielo y los pies en el infierno, porque nos mataron a una criatura en un tiroteo que no hubiera sido posible sin el aval de Gendarmería y Prefectura. Desde siempre, las Fuerzas de Seguridad han gozado en las villas de una tremenda impunidad, al servicio de su perversidad, la misma que impuso la remoción de la Federal cuando sus vicios se habían vuelto alevosos. Pero cambiaron los uniformes y no los códigos mafiosos, que auspiciaron el robo a la familia y la burla a nuestro dolor, en una dinámica sistemática que pretende infundirnos temor. De no ser así, el petiso estaría ahí, jugando en la Plaza o, como estaba ese día, desayunando en su casa. Aun sin estar identificados en los pasillos de los barrios silenciados, no pudieron ni podrán mantenernos aterrados, ni de brazos cruzados, a todos los vecinos que decidimos organizarnos para regular el accionar de los que deberían cuidarnos, respaldados por los organismos que no eluden el problema central y juegan en serio contra la violencia institucional. Desde ahora en adelante, Kevin será nuestro comandante, porque su estrella brilla más que ninguna, desde que su hermanito la descubrió junto a la luna. Finalmente, cumplió su palabra y se volvió nuestro “Jackie Chan”, pero si alguno tiene dudas puede preguntárselo a Román, que sigue siendo su jugador preferido y nuestro amigo comprometido. De su mano, enano, te quisimos entregar la 10, para que el 29 festejemos tu décimo cumpleaños donde sea que estés… Nosotros sabemos cómo gritabas y, aunque nadie te quiera oír, publicamos esta tapa para que nadie pueda mentir. Desde acá, te vemos, te extrañamos, te queremos y te prometemos que tu nunchaku les hará clavar los frenos: ¡Ni un pibe menos! 

En la tapa de la nueva Garganta Poderosa grita Kevin, para que nadie pueda seguir invisibilizando su asesinato y las causas que derivaron en la muerte de este nene de 9 años, tras un disparo en la cabeza después de que Prefectura liberara la zona en la Villa Zavaleta. En la contratapa, su ídolo, Juan Román Riquelme, posa con una remera que debe perpetuarse en la conciencia de toda una sociedad, para exigir que un suceso así no ocurra nunca más. “Kevin 10”, dice la remera de Boca que sostiene Román. 

En la nota de tapa, esta vez, no hay ningún famoso, sino la historia de Kevin contada por su prima Paola Vallejos, redactora de La Garganta que tuvo la suerte de entrevistar a Diego Maradona y al Indio Solari, pero que en este mes tuvo que escribir el texto más difícil de su vida. “En realidad, yo todavía no caí. Para mí, el sábado 7 de septiembre es un día largo que todavía no terminó, y desearía que jamás hubiera empezado. Pero aunque han hecho todo lo posible para apagar su luz, no pudieron… Hoy es la luz que más brilla en la casa”, cuenta Roxana, su mamá.

Kevin salió fanático del fútbol porque su hermano Federico se lo contagió y porque Juan Román lo enamoró, aunque no lo vio personalmente en ninguna ocasión: fue amor a primera vista, por televisión. “Mirábamos juntos los partidos de Boca, y los dos nos hicimos fanáticos. Cuando hacíamos un gol, yo lo gritaba primero y Kevin lo gritaba atrás, pero lo gritaba más fuerte si lo hacía Riquelme… Es más, me acuerdo de que me pidió por favor que, cuando fuera más grande, lo llevara a la cancha para verlo a él. No pudimos, porque no teníamos plata”. Pero estar en la lona, no le impidió a Kevin hacerse hincha del Barcelona, y Federico lo sabe porque se lo dijo a él: “También era fanático de Lionel”.  En un cuaderno, Kevin escribió su describió su pasión por el fútbol: “Me gusta jugar a la pelota, aunque nunca meta un gol”. 

La edición de octubre también tiene en sus páginas una íntima entrevista con Natalia Oreiro que además de hablar de la cosificación de la mujer, de la legalización del aborto y la marihuana, de la trata de personas y de la discriminación que sufre cuando viaja a España, también se expresó acerca de la perversidad de los medios, evidenciada en la cobertura del caso Kevin: “Si Kevin hubiera vivido en San Isidro nos hubiéramos enterado todos”. Pero aun en medios que acallan o desvirtúan nuestra realidad, hay convicciones y personas que preservan su dignidad. Por eso, se publica un encuentro entre los periodistas Luciano Galende y Marcelo Zlotogwiazda, que posan con una bandera que no deja lugar a chiquitajes: “Todos somos Kevin”. Ellos, como Ingrid Beck y Eduardo Anguita, junto al Colectivo de Trabajadores de Prensa, los medios alternativos y las revistas culturales, nos hicieron el aguante por encima de las disputas comerciales, partidarias o gremiales. Además, el líder de Salta la Banca, Santiago Aysine fue a Zavaleta al espacio de Música Popular que gestó la asamblea de La Poderosa hace diez años, y del cual participaba Kevin: “La cana se cree con derecho a decidir quién merece vivir, pero eso tiene que cambiar: la gorra debe obedecer el mandato de la comunidad”.”

 

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La maldición de la familia Pippo Briant

Oriel Briant fue hallada muerta  a un costado del kilómetro 75 de la ruta 2 hace casi 30 años. Su cara había sido desfigurada de un balazo y tenía más de 20 puñaladas en la zona genital. El crimen fue vinculado a  sectas, ritos satánicos, el cine y la droga, pero quedó impune.

Oriel vivía en City Bell con sus cuatro hijos. Había estado casada con Federico Pippo durante 12 años, pero luego se separaron. La noche del 9 de julio de 1984, en medio de la lluvia y el frío, y por motivos que nunca se descubrieron, Oriel salió de su casa vestida con un camisón, una bata y un par de medias de color celeste. No se la vio más, hasta que cuatro días después fue encontrada muerta.

El principal sospechoso era  su ex marido, que era profesor de literatura y filosofía en diferentes colegios y trabajaba los fines de semana para la División Balística de la policía bonaerense. Pippo, su hermano Esteban y su madre, Angélica Rosa Romano de Pippo estuvieron presos un año, en medio de rumores de extraños ritos que nunca pudieron probarse.

Mirá el especial multimedia:

Hoy el caso sigue impune, pero la trama familiar continúa. Pippo falleció en 2009. Algunos creen que se llevó a la tumba la verdad sobre el crimen de su ex esposa.

También en 2009, dos de los hijos de Oriel fueron detenidos, acusados de robar unos 300 pesos y bebidas alcohólicas en un supermercado de City Bell. Se trata de Julián Pippo Briant (31) y de su hermano, Cristopher Pippo Briant (28). Cristopher era el único de los hijos de los Pippo que estaba en la casa cuando Oriel desapareció. Tenía apenas tres años, y fueron sus llantos los que alertaron a los vecinos de que algo pasaba en esa casa. Julián tenía entonces 6 años.

Julián volvió a ser detenido en enero de este año, acusado de robar en un comercio ubicado en la calle 140, entre 438 y 439, de City Bell. Tenía un par de cuchillos y un cargador de pistola calibre 22.

A casi 30 años del enigmático crimen que marcó la vida de esta familia, el periodista Pablo Roesler publicó en Tiempo Argentino una interesante entrevista a Julián Pippo.

A continuación, un fragmento de la nota:

La caída del hijo de Oriel Briant, entre el estigma social y la cárcel

Julián Lautaro Pippo tenía seis  años el 9 de julio de 1984, cuando su madre, Aurelia Catalina “Oriel” Briant fue asesinada de un disparo en la cara y más de 20 puñaladas en el cuerpo. “De mi mamá no me acuerdo nada. Yo a ella no la disfruté y cuando la veo en una foto, veo una mujer y no puedo decir esa es mi mamá”, murmura. Ese crimen impune conmocionó a la sociedad en los primeros años de la primavera democratica y quebró su vida. Aquella muerte tuvo como sospechosos a su padre, el profesor de literatura Federico Pippo, su abuela y sus tíos; también desarticuló a la familia. A poco de cumplirse treinta años de ese episodio que ocupó las primeras planas de los diarios y mientras está detenido acusado por robo a mano armada y posesión de drogas, el anteúltimo de los cuatro hijos del matrimonio Pippo-Briant, admite que está solo, que no ve a sus hermanos y por primera vez proclama la inocencia de su padre.

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