Sobre el caso Nisman y los peritajes para determinar si disparó o no el arma

Por Sergio Giorgieri*

La Causa del fallecido Fiscal Nisman ha sido un interrogante que aún no se ha podido dilucidar, a más de un año de sucedido. Esto ha sido motivo de muy diferentes y antagónicas interpretaciones de expertos como de análisis periodísticos, políticos, y público en general.  Es importante separar las cosas, por un lado está la resolución criminal, la investigación judicial, “homicidio o suicidio”, cual fue el mecanismo. Por otro lado está el análisis del hecho, para establecer el motivo, autor, móvil, etc.  Ahora bien, cual es el procedimiento de la investigación criminal. ¿Es factible determinar lo que ocurrió? ¿Qué se debe realizar, quién dirige la investigación, el lugar del hecho, como se recogen los indicios, como se preservan, quien los analiza, cual es la metodología… son varios de los interrogantes que no se pueden improvisar. Las pericias juegan un papel primordial para la investigación y su resolución.

Existen protocolos a seguir y deben considerarse las variables propias de cada caso. Hay un equipo experto en rastros, como también debe haber un equipo multidisciplinario de profesionales y expertos en diferentes áreas, que ayuden a enfocar el muestreo y el análisis de diferentes indicios. Tal vez esta parte sea la más variable, la de mayor desafío, ya que dependerá de la astucia y el conocimiento de cada uno, y la coordinación y complemento del conjunto, para poder encarar un estudio que permita visualizar aspectos que ayuden a la instrucción a elaborar una hipótesis lógica y comprobable del hecho.

Una de las tareas más apasionantes, como perito químico y especialista en métodos instrumentales de análisis químico, es tener la posibilidad de relacionar distintos estudios y vincularlos a la interpretación de un hecho. Es como tratar de investigar la presencia de algún indicio y vincularlo al hecho, la participación de alguien, la composición del lugar, la forma de la acción, todos elementos que puedan ser demostrados y sean pruebas.

En este sentido el avance de la ciencia es fundamental. No sólo por la calidad de la medida, sino por la certificación de la misma, datos confiables, precisos, reproducibles, procesos de medida acreditables. Ahora bien, cualquier instrumento de medición puede dar un resultado, y es el profesional idóneo quien interpreta y decide que ese valor es correcto, lo interpreta, y lo analiza en su contexto, aplica el criterio profesional. Una de las cuestiones primordiales por lo cual la discusión pericial se realiza entre pares. Pero existe el trabajo interdisciplinario en la investigación, concepto no tan arraigado aún en el ámbito forense. Donde los criterios de distintas ciencias se coordinan para llevar a cabo una investigación conjunta coherente.

Uno de los aspectos que conozco bien, es el tema de los residuos de disparo de arma de fuego, no sólo por el uso del instrumental, sino fundamentalmente por la experiencia de miles de pericias realizadas en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde se han diseñado diferentes estrategias para el análisis e interpretación de variadas formas de toma de muestra.

La presencia de residuos de disparos de arma de fuego, como se sabe, deja un material en las inmediaciones del mismo que se vincula al hecho. Por lo que existen diferentes formas de analizar este material, dependiendo de qué tipo de sustancias queremos visualizar como marcadores de estos residuos. La existencia de ellos podemos atribuirla al mismo disparo, y dependiendo de las circunstancias puede ser con mayor o menor certeza su interpretación. No es lo mismo un hecho en un lugar abierto que cerrado, si sucede con viento, lluvia, si se usa guantes, tipo de armas, distancia de disparo, etc.

Para confirmar la existencia se puede analizar la composición química, sustancias orgánicas o inorgánicas (metales). La presencia de metales provenientes del disparo (pólvora, fulminante) es una confirmación de la misma, ya que estos metales son específicos (Plomo, Bario, Antimonio), y están presentes en la munición, y en el caso del Antimonio en forma casi exclusiva, siendo utilizado como un marcador para el estudio de residuos de disparo de arma de fuego. En la actualidad los métodos instrumentales, Microscopía Electrónica, Absorción Atómica y Plasma Acoplado Inductivamente, son las técnicas de mayor aplicación en este campo, por su precisión, sensibilidad y reproducibilidad. Hoy en día es casi imposible no detectar la presencia de un residuo, si es que no se ha alterado la muestra. Ensayos de laboratorio han demostrado una correlación del 100% para aquellos casos que se han realizado disparos o no, incluso en forma repetitiva, con armas de distintas naturalezas, calibres y estado.

En el caso Nisman los estudios realizados para la detección de residuos en primera instancia, dieron negativos, estudios realizados por Microscopía Electrónica en Policía Científica de La Plata. Este centro fue el primero en el País en implementar esta metodología, tiene experiencia, y no admite duda su capacidad de análisis. Considero un hecho irrelevante y sin criterio realizar una segunda determinación utilizando otro centro de menor experiencia con un instrumento similar, ya que la sensibilidad es más que suficiente para discernir entre un positivo y un negativo.

Un resultado negativo implica que no se han podido encontrar residuos de disparo de arma de fuego. Esto para un estudio de laboratorio es contundente, no ha disparado. En los casos reales, depende de la representatividad de la muestra. Es acá donde juega un papel importantísimo la preservación del lugar, la toma de muestra y la información obtenida. Una mala toma de muestra puede llevar a contaminación, que no es el caso, o forma inexacta de tomarla, es decir un equipo forense sin experiencia, descartado. En cuanto a la conservación de la muestra o el lugar del hecho, es importante cuando puede ser afectado el sitio donde se deposita el residuo del disparo, por condiciones como lluvia, rocío, algún fluido, o cualquier efecto físico que pueda perturbar la superficie de toma de muestra. Tampoco sería el caso salvo que pueda ser por efecto de lavado de la sangre, si hubiese corrido por dicha superficie, o alguna fuente de agua cercana. Por lo que la muestra sería representativa.

Un resultado positivo es vinculante y salvo que se demuestre una contaminación específica y factible, sería relacionado al uso de un arma de fuego, que junto con otros elementos de la causa puede inferir a la instrucción la posibilidad de vincularlo al disparo.

Por lo tanto no sería científicamente criterioso insistir con la posibilidad del suicidio, la prueba pericial en este caso sería muy contundente, el ambiente es aislado, no hay efectos ambientales que lo modifiquen, los elementos no se habrían alterado (según lo expuesto por los expertos intervinientes), el equipo forense no sería cuestionable, la metodología usada es adecuada. Tal vez se hubieran realizado otros estudios para determinar mejor la composición del lugar del hecho respecto de la posición del disparo.

Estos aspectos son donde hago incapié para que las casas de altos estudios se comprometan con el desarrollo de nuevas metodologías que permitan acreditar otras aplicaciones para el esclarecimiento de los hechos. No es muy difícil esta tarea, solo se deben coordinar esfuerzos, hay profesionales formados, equipamiento accesible. En la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, estamos dando un curso de Iniciación a las Ciencias Forenses, donde se ven estos aspectos, destinado a distintos profesionales y técnicos. Lo mismo en la Diplomatura en Ciencias Forenses de la Universidad del Este en la ciudad de La Plata. El campo de acción es muy amplio y los desafíos son constantes. No podemos darnos el lujo de sentarnos a esperar que sucedan las cosas. Es una carrera de tiempo, quién llega primero, o quien llega a tiempo, si el delito se diluye o si logramos esclarecerlo.

Al final todos queremos saber LA VERDAD. 

* El autor es profesor adjunto de Química Analítica Instrumental en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y director del curso de posgrado “Introducción a las Ciencias Forenses”

 Más información: Cómo es la técnica para determinar si hay residuos de un disparo en la mano de una persona

 

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Las causas judiciales en las que está involucrado Pérez Corradi

Estas son las principales instancias de los procesos judiciales en los que estuvo involucrado el prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, acusado de haber sido el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez cometido en agosto de 2008:

  • -Octubre de 2008, lo detuvieron en el barrio porteño de Palermo por pedido de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) que lo acusó de haber enviado a ese país unas 1.500 pastillas de oxicodona. Luego se inició el juicio de extradición a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
  • -Julio de 2010, la magistrada denegó la excarcelación del acusado, por lo que la defensa apeló dicho fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal basándose en el tiempo transcurrido en prisión preventiva sin que se resuelva su situación.
  • -Septiembre de 2010: La sala II de dicha Cámara también rechazó la excarcelación al sostener que cuando se trata de un pedido de extradición “no está en cuestión la determinación de la culpabilidad o inocencia del requerido y que, por ende, las argumentaciones sobre el principio de inocencia no proporcionan ningún criterio decisivo o dirimente” en los plazos de la prisión preventiva.
  • -Noviembre de 2010: El juez federal Norberto Oyarbide lo acusó de lavado de dinero en la causa por la “mafia de los medicamentos” para una asociación ilícita que había cometido fraudes mediante provisión de remedios falsos y adulteración de troqueles para cobrar del Estado reintegros indebidos, y cuyo liderazgo le atribuyeron al secretario general del gremio La Bancaria, Juan José Zanola.
  • -Diciembre de 2010: El juez Oyarbide lo procesó por “lavado de dinero agravado por habitualidad” pero no dictó su prisión preventiva porque, como el imputado ya está detenido por un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos, “no podría entorpecer la investigación”.
  • -Diciembre de 2010: La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la decisión de la jueza Arroyo Salgado de extraditarlo a los EE.UU.
  • -Diciembre de 2011: La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Federal revocó su prisión preventiva por considerar que no existían “riesgos procesales” y dispuso que la jueza Arroyo Salgado resolviera las medidas “para garantizar la comparecencia del imputado y los fines del proceso”.
  • -Marzo de 2012: El fiscal de Mercedes Juan Bidone ordenó su captura por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, pero cuando las fuerzas de seguridad fueron a buscarlo a su domicilio de San Isidro no lo localizaron y desde entonces se desconoce su paradero.
  • -Diciembre de 2012: El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 condenó a prisión perpetua a los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci como coautores del triple crimen y consideró a Pérez Corradi autor intelectual.
  • -Diciembre de 2013: La sala III del Tribunal de Casación bonaerense no sólo avaló las penas sino que también instó a la Justicia de Garantías de Mercedes que reitere la orden de captura nacional e internacional del prófugo.
  • -Enero 2016: Sus abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli recordaron que fue sobreseído en una causa por amenazas y coacciones en la que lo había denunciado Forza a principios de 2008.

 Fuente: Télam 

Más información, hacé click acá: Quién es y dónde buscan a Pérez Corradi, el primer prófugo del Triple Crimen

Cronología del Triple Crimen de General Rodríguez:

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El Estado bonaerense deberá indemnizar a familiares de los presos muertos en el motín de Magdalena


El Estado bonaerense fue condenado a indemnizar a familiares e hijos de los presos que en octubre de 2005 murieron durante un motín e incendio en el penal de Magdalena.
Según informó Télam, así lo ordena un fallo del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, tras un reclamo presentado por las familias de 9 de los 33 presos muertos en el motín del 15 de octubre de 2005.

En el fallo condenatorio, según cita Télam, Arias recuerda que el gobierno bonaerense está sujeto al artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que las cárceles son “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Además, hace mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prescribe en su artículo 5, inciso 2, que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y, en igual sentido, al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Arias destaca en el fallo que los guardias “no obstante la situación de peligro concreto que corría la vida de los internos y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar su integridad física, no abrieron la puerta delantera del pabellón 16, a fin de permitir el escape de las personas que se hallaban en el interior y que se habían replegado hacia dicha zona”.
Afirma que, esta actitud, “privó a los presos del auxilio que era necesario para sobrevivir, falleciendo por intoxicación por ácido cianhídrico y monóxido de carbono -en la mayoría de los casos-; y los restantes por depleción de oxígeno y stress por calor”.
Fundando su fallo en la protección que debió brindar el Estado a los presos, se ordenó a éste que indemnice con montos que van desde los 115 mil pesos a 240 mil, a los padres, parejas e hijos de 9 de los presos muertos en ese incendio.

El motín

La tragedia se desató durante la noche del 15 de octubre de 2005. Dos internos comenzaron una discusión en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28, en Magdalena. Según denunciaron detenidos y familiares, el personal penitenciario intervino para reprimir la situación, tras lo cual se desató un incendio que se propagó rápidamente. Algunos de los detenidos lograron salir, pero otros quedaron encerrados en el pabellón, inhalando los gases tóxicos que generó la combustión de los colchones de poliuretano y que resultó la principal causa de las muertes.

En total murieron 33 de las 58 personas que se encontraban alojadas en el módulo, que era un pabellón de autodisciplina donde había presos considerados de buena conducta. 

La mayoría de los que murieron tenían menos de 26 años y estaban imputados por delitos contra la propiedad. Sólo dos de ellos tenían condena firme. Los demás estaban procesados.

Para más información sobre el motín de Magdalena, hacé click acá:  A 10 años del incendio en el penal de Magdalena: “El dolor de una madre nunca se va, pero la Justicia debe evitar que haya más muertes”

 

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La Corte ordenó reabrir la investigación por la muerte de Lourdes Di Natale

La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación por la muerte de Lourdes Di Natale, la mujer hallada sin vida en su domicilio el 1ero de marzo de 2003.

Según informó el Centro de Información Judicial, con el voto unánime de sus miembros, el máximo Tribunal hizo lugar al recurso que interpuso la querella y revocó la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había convalidado el cierre anticipado de la investigación.

La investigación penal que debía determinar si la mujer fue arrojada por la ventana de su departamento en vez de haber caído al vacío al perder el equilibrio intentado cortar los cables de televisión había sido cerrada.

“La querella recurrió ante las distintas instancias el fallo que dispuso el archivo del caso. Cuestionó que se hubiera adoptado ese temperamento sin haberse agotado la realización de medidas de prueba conducentes, en especial, sin haberle recibido declaración a la hija de Di Natale”, indicaron desde el CIJ.

Además señalaron que “no se habría tenido en cuenta el resultado de la reconstrucción de la caída que, a su entender, indicaba que fue un homicidio; la imposible ebriedad –atento que la excesiva cantidad de alcohol en sangre encontrada en su cuerpo hubiera determinado que ésta estuviera en coma profundo y sin posibilidad de moverse-; el cuchillo supuestamente usado que fue encontrado en el lugar del hecho sin contar con ninguna huella dactilar y la destrucción de una serie de elementos de prueba que no habrían sido debidamente preservados en sede policial”.

El fallo

El caso

Lourdes era la secretaria de Emir Yoma. El 1° de marzo de 2003 su cuerpo apareció destrozado en el patio interno del edificio de Mansilla 2431.

Tal como relató el periodista Jorge Urien Berri, Di Natale estaba amenazada de muerte. A fines de 2002 había recibido en forma anónima un poema sobre una mujer que se arroja al vacío por una ventana. Sus testimonios y documentos enviaron a Yoma y al ex presidente Carlos Menem a prisión en 2001 por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. Cuando murió, debía declarar en la causa de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.

La reconstrucción de la muerte de Lourdes Di Natale

El fiscal Carlos Donoso Castex sostuvo la hipótesis de que la mujer estaba borracha y se cayó cuando intentaba cortar unos cables de televisión de sus vecinos.

“Pero esos cables estaban fuera de su vista y el cuchillo que apareció misteriosamente junto al cuerpo no tenía huellas digitales”, contó Urien Berri. .

Por otra parte, un informe médico indicó que el cuerpo tenía 3,15 gramos de alcohol por litro de sangre, “cantidad inusual para una mujer que no bebía y en cuyo departamento no se halló una sola botella de alcohol”, sostuvo el periodista que investigó el caso.

En 2003, LA NACION reveló que en el departamento había escondidos dos micrófonos que halló un hermano de Di Natale casi dos meses después de la muerte, y que no habían sido hallados durante la investigación.

La abogada querellante Nilda Formoso y su perito médico Alberto Brailovsky, al igual que Giuseppe Di Natale, padre de Lourdes, siempre sostuvieron que se trató de un homicidio. Fueron ellos quienes impulsaron la reapertura de la causa.

En 2006 se llevó a cabo una reconstrucción de la muerte de Lourdes. Un muñeco que reproducía la talla y el peso de la mujer fue arrojado tres veces desde su departamento en el décimo piso hacia el patio interno del edificio. Pero sólo una vez cayó en el mismo sitio y la misma posición en que fue encontrado el cuerpo: fue cuando el muñeco fue arrojado con fuerza por dos policías que participaron del simulacro. Esto reforzó la hipótesis del homicidio.

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La lista de los acusados por crímenes de lesa humanidad que están prófugos

Un relevamiento realizado por  la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y publicado en el sitio Fiscales informó que son 45 los prófugos de causas por crímenes de lesa humanidad, dos de los cuales se evadieron tras ser condenados.

Además, en la web del Ministerio de Justicia también está publicada la información de los prófugos y las ofertas de recompensa por datos que permitan dar con sus paraderos.

Esta es la lista que fue publicada

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Tras 9 años, la causa por el crimen de Paulina Lebbos se acerca al juicio oral

El jueves se cumplen 9 años del crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana que desapareció luego de salir a bailar con amigos y fue hallada muerta a un costado de la ruta a pocos kilómetros de la capital de su provincia. El fiscal Diego López Ávila presentó la semana pasada el requerimiento de elevación a juicio oral. En la causa está imputado Luis Gómez, un electricista que utilizó el celular de la víctima el día de su desaparición. Está acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y es el único que permanece detenido hasta ahora.

Por otra parte, están acusados de encubrimiento el ex sargento Hugo Rodríguez, el.ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de la Unidad Regional Norte Héctor Brito, el ex jefe de la Policía de Tucumán Hugo Sánchez, y el ex subjefe de la fuerza policial Nicolás Barrera.

En el requerimiento, el fiscal pidió el sobreseimiento de Gabriel Alperovich, hijo del gobernador de la provincia, y de Sergio Kaleñuk, hijo de un secretario privado del gobernador, que estaban sospechados de haber encubierto el crimen.

Ambos estaban mencionados en las llamadas “pistas Raco y El Cadillal”, que era una versión que sostenía que Paulina había muerto tras caerse de una mesa cuando estaba bailando en una fiesta que habría tenido lugar en una de esas dos localidades tucumanas y en las que se decía habrían estado Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk. Según esta versión, ambos habrían encargado a alguien que se deshiciera del cuerpo para evitar el escándalo. Pero no hay material en la causa que pruebe esta pista, por lo que se solicitó el sobreseimiento de ambos en cuanto a las sospechas de encubrimiento.

Paulina Lebbos tenía 22 años cuando salió a bailar con amigos al boliche Gitana, cerca del centro de la capital tucumana el sábado 25 de febrero de 2006. La joven se retiró de la disco con una amiga cerca de las 6:30 de la madrugada del domingo 26. Ambas tomaron un remis. Su amiga se bajó a las pocas cuadras. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Su cuerpo apareció el 11 de marzo de 2006 al costado de la ruta 341, que cerca de Raco, a pocos kilómetros de la capital de la provincia.

La causa pasó por manos de tres fiscales. En el medio hubo varias denuncias por la presunta participación de “hijos del poder”. También se sospechó de Victor Soto, novio de la víctima, con quien tuvieron una hija, Victoria, que tenía 5 años al momento del crimen.

El expediente estuvo bajo secreto de sumario durante más de siete años. Recién en diciembre del 2013 se dieron las primeras detenciones en el marco de la investigación del crimen, ya a cargo de López Ávila, el fiscal que más avances ha dado en la causa. Alberto Lebbos, padre de Paulina, pasó todos estos años denunciando encubrimiento por parte de policías y funcionarios. La cercanía a un juicio trae un poco de paz y esperanza a esta familia, que espera una respuesta de la justicia desde hace 9 años.

 

El caso Lebbos forma parte de los ocho relatos sobre mujeres jóvenes víctimas de la violencia que forman parte del libro Ángeles(Ed. Del Empedrado).

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La Procuración Penitenciaria se presentó como querellante en la causa por la muerte de un menor en el Instituto Agote

Comunicado de la Procuración Penitenciaria de la Nación en relación a la causa por la muerte de un joven en el Instituto de Menores Luis Agote:

La celda de aislamiento en la que estuvo encerrado el menor. FOTO: Ministerio Público Fiscal

“Con motivo de la muerte de Diego Iván Borjas, ocurrida a causa de las graves quemaduras y la afectación de su sistema respiratorio por la exposición al incendio que tuvo lugar el 27 de noviembre de este año en el sector denominado “ex ingreso” del Centro de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, dependiente de la SENAF, la PPN ha solicitado al Tribunal interviniente ser tenida por parte querellante.

De acuerdo con la información que se ha podido obtener, cuando ocurrió el incendio Borjas estaba sancionado en el interior de una celda individualla que se hallaba en un subsuelo, no contaba con sanitarios ni acceso al agua, tenía escasa luz natural y ventilación, y se encontraba solamente a 4 metros de un puesto donde debería haber estado presente un guardia. Ello según surge del Informe de monitoreo del centro de régimen cerrado Dr. Luis Agote efectuado el 1 de diciembre de 2014 por el Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por ello, es necesario que se investigue la responsabilidad del estado en esta muerte la cual le puede caber a funcionarios estatales en virtud de las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro.

A su vez, consideramos deben estudiarse los tratos inhumanos y/o vejatorios a los que habría sido sometido previamente el damnificado, dadas las condiciones de detención antes señaladas y que se hallaba ilegítimamente alojado en una celda de aislamiento.

Es la propia normativa de la SENAF, en su Resolución 991/09 (artículo 32) prohíbe expresamente aplicar a menores sanciones de aislamiento, en consonancia con lo establecido por las “Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad”.

Todo este cuadro de graves irregularidades, sumado a la negativa de la SENAF de ser monitoreada por los organismos competentes, hace que sea imperiosa la investigación de esta muerte.

Los funcionarios públicos responsables del Instituto Luis Agote tiene un deber de garantes respecto de las personas allí detenidas, y en tal virtud es necesaria la investigación exhaustiva de sus responsabilidades”.

 

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La familia de María Cash propone la creación de una Agencia de búsqueda de personas

A través de la página de peticiones online Change.org, Máximo Cash, hermano de María Cash, la joven desaparecida hace tres años, sigue promoviendo la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

Esto dice la petición:

“Mi hermana, María Cash, desapareció hace 3 años. Nunca paramos de buscarla, y en el transcurso aprendimos mucho de este doloroso tema. En base a nuestra experiencia, podemos afirmar que uno de los principales obstáculos para encontrar a una persona desaparecida, es la falta de coordinación entre los mismos mecanismos institucionales.

Por eso hoy estamos proponiendo la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas, que integre a nivel nacional a todos los organismos intervinientes en los casos de búsqueda.

Si bien se crearon planes y organismos en este tema, cada uno actúa autónomamente. Además hay barreras entre las diferentes jurisdicciones geográficas.

Actualmente, por ejemplo, para buscar a una persona que fue vista en diferentes provincias, se tiene que abrir una causa en cada una de ellas. Cuando finalmente se lleva a cabo la búsqueda, la persona probablemente ya no está allí.

Es hora de generar soluciones efectivas. Hoy pedimos la creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas.

En julio se cumplieron 3 años de la desaparición de mi hermana, y hace pocos meses mi papá falleció buscándola. Todo el dolor de mi familia, como el de tantas otras que atraviesan por esta situación, merece tener una respuesta. Vos podés apoyarnos con tu firma.”

Para firmar esta petición, hacé click acá

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Casación hizo lugar al Habeas Corpus por la desaparición forzada de Luciano Arruga

Cinco años pasaron y la familia de Luciano Arruga no tiene aún respuestas sobre la desaparición del adolescente. Pero ahora la justicia dio un paso hacia adelante.
El viernes pasado la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al hábeas corpus presentado por la familia de Luciano, APDH- La Matanza y el CELS.
“Toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación”, sostuvo en su voto el juez Hornos.
“Los jueces reconocen la responsabilidad del Estado en la desaparición del joven y las graves deficiencias que hubo en la investigación realizada en la provincia de Buenos Aires que, en cinco años, no le dio ninguna respuesta a su familia”, informaron desde el CELS.
En el fallo, los camaristas sostienen que: “Atento al carácter imprescriptible de los delitos denunciados, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, debe desplegar toda actividad investigativa conducente al esclarecimiento de los mismos, removiendo al efecto todo obstáculo, administrativo o judicial, que impida una acabada y efectiva reconstrucción histórica de los hechos, permita una pertinente sanción de los responsables, y en virtud de la acción promovida por las recurrentes, deberá adoptar todas las medidas correspondientes a fin de conocer el destino o paradero de Luciano Nahuel Arruga.”
En tanto, en su voto, el juez Mariano el juez Borinsky citó el “Caso Bulacio”, por el que el Estado argentino fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recordó el “derecho de la víctima y sus familiares a saber la verdad”.
Luciano Arruga tenía 16 años cuando salió de su casa de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cerca de las 21 del 31 de enero de 2009, con 1,50 pesos en el bolsillo. Nunca regresó. Desde entonces su familia comenzó una lucha incansable para hallarlo y para lograr justicia. Ellos denuncian que Luciano fue asesinado por la policía por haberse negado a robar para ellos.
Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido, contó que a Luciano le habían ofrecido armas, autos y dejarle liberadas algunas zonas para que cometiera robos bajo “protección” policial. Como el joven se negó, comenzaron a detenerlo sistemáticamente. Lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón.
La propia Vanesa lo había acompañado al destacamento de Lomas del Mirador en una de estas detenciones. Allí escuchó la golpiza y las amenazas. “Sacame de acá que me están moliendo a palos”, le había suplicado su hermano en aquel momento. Vanesa tuvo el coraje de enfrentarse con la policía cada vez que su hermano era detenido injustamente.
En enero de 2012 abrió sus puertas el Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga , que funciona donde antes lo hacía el destacamento policial de Lomas del Mirador, lugar en el que, según relata su familia, el joven fue detenido y golpeado meses antes de su desaparición.

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Paulina Lebbos: a pesar de los obstáculos, la causa comienza a avanzar

La semana pasada se conocieron novedades en la causa que investiga el crimen de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada en 2006. Finalmente la justicia decidió llevar a cabo una medida fundamental: hacer un cotejo de ADN entre los rastros genéticos hallados en el cuerpo de la víctima y los 11 hombres mencionados en el expediente como posibles autores o partícipes del crimen.

Entre las personas citadas por la justicia están Gabriel Alperovich, hijo del gobernador tucumano, y Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del gobernador. Ellos forman parte del expediente en el marco de la pista llamada “los hijos del poder”, que habla de una supuesta fiesta en la que habría estado Paulina y de la que habrían participado ellos. La toma de muestras se iba a llevar a cabo hoy, pero Alperovich pidió que se postergue por “razones laborales”.

También se pidieron muestras de ADN del novio de Paulina, Víctor Soto, que es además padre de la hija de la víctima. Por otra parte la justicia citó a un remisero, un barrabrava del Club Atlético Tucumán, y a otros seis hombres que figuran en la causa.

Las medidas llegan tarde… pero al menos llegan. Tarde porque los rastros genéticos que se encontraron en el cuerpo de Paulina están en manos de la justicia hace ocho años, casi el mismo tiempo que llevan los nombres de los 11 hombres en el expediente. El año pasado, el fiscal López Ávila, que se hizo cargo de la causa luego de que se apartaran dos fiscales, realizó otra medida que no se había hecho correctamente en los 7 años anteriores. Se trata de una prueba técnica que permitió determinar que el celular de Paulina fue utilizado con dos chips diferentes la misma mañana de su desaparición. Esta pericia permitió realizar las primeras dos detenciones en la causa.

“Por fin la justicia está haciendo lo correcto”, dijo Alberto Lebbos, padre de Paulina, en una comunicación con el programa de radio Quiero Vale Cuatro (Radio Palermo).

Antes del crimen de su hija, Lebbos era funcionario de Alperovich, pero renunció tras el asesinato en medio de críticas al gobernador y a sus funcionarios y denuncias de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.

A pesar de la lentitud de la justicia, Lebbos hoy se siente más optimista. “Preferimos 10 culpables libres que un inocente preso”, dijo, y recalcó que todas las medidas que está realizando López Ávila deberían haberse llevado a cabo hace 8 años.

El caso de Paulina es uno de los tantos crímenes impunes del país. Su historia está contada en un libro que hicimos con Javier Sinay, María Helena Ripetta, Federico Fahsbender, Cecilia Di Lodovico y Claudio Marazzita. El libro se llama Ángeles, mujeres jóvenes víctimas de la violencia (Editorial Del Empedrado).

Más sobre el libro, aquí.

 

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