El Estado bonaerense deberá indemnizar a familiares de los presos muertos en el motín de Magdalena

 


El Estado bonaerense fue condenado a indemnizar a familiares e hijos de los presos que en octubre de 2005 murieron durante un motín e incendio en el penal de Magdalena.
Según informó Télam, así lo ordena un fallo del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, tras un reclamo presentado por las familias de 9 de los 33 presos muertos en el motín del 15 de octubre de 2005.

En el fallo condenatorio, según cita Télam, Arias recuerda que el gobierno bonaerense está sujeto al artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que las cárceles son “para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Además, hace mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prescribe en su artículo 5, inciso 2, que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y, en igual sentido, al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Arias destaca en el fallo que los guardias “no obstante la situación de peligro concreto que corría la vida de los internos y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar su integridad física, no abrieron la puerta delantera del pabellón 16, a fin de permitir el escape de las personas que se hallaban en el interior y que se habían replegado hacia dicha zona”.
Afirma que, esta actitud, “privó a los presos del auxilio que era necesario para sobrevivir, falleciendo por intoxicación por ácido cianhídrico y monóxido de carbono -en la mayoría de los casos-; y los restantes por depleción de oxígeno y stress por calor”.
Fundando su fallo en la protección que debió brindar el Estado a los presos, se ordenó a éste que indemnice con montos que van desde los 115 mil pesos a 240 mil, a los padres, parejas e hijos de 9 de los presos muertos en ese incendio.

El motín

La tragedia se desató durante la noche del 15 de octubre de 2005. Dos internos comenzaron una discusión en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28, en Magdalena. Según denunciaron detenidos y familiares, el personal penitenciario intervino para reprimir la situación, tras lo cual se desató un incendio que se propagó rápidamente. Algunos de los detenidos lograron salir, pero otros quedaron encerrados en el pabellón, inhalando los gases tóxicos que generó la combustión de los colchones de poliuretano y que resultó la principal causa de las muertes.

En total murieron 33 de las 58 personas que se encontraban alojadas en el módulo, que era un pabellón de autodisciplina donde había presos considerados de buena conducta. 

La mayoría de los que murieron tenían menos de 26 años y estaban imputados por delitos contra la propiedad. Sólo dos de ellos tenían condena firme. Los demás estaban procesados.

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