Supercard, la Argentina que levanta vuelo hacia el futuro
El debate sobre la SuperCard me recuerda a un punto específico de la discusión sobre la reforma de la salud de Obama. Krugman y otros decían que además de subsidiar la participación universal en el sistema privado de aseguradoras, debía establecerse una “public option”: una obra social estatal. El sentido era que, tratándose de un mercado no demasiado competitivo, la opción estatal proveía un estándar de comparación importante en precio y calidad respecto a las aseguradoras privadas.
Los críticos a la “public option” argumentaban que si la obra social estatal era deficitaria, entonces se trataría de un patrón de comparación engañoso: quizás cobraba precios muy bajos pero se financiaba con dinero de los contribuyentes; de modo que ponía una vara demasiado exigente para las proveedoras privadas (gran optimismo en este punto sobre las chances de una entidad pública de ser eficiente y atractiva).
El recuerdo de ese debate me lleva a una pregunta sobre la MorenoCard: ¿por qué hacerla excluyente, y no permitir que compita con las demás tarjetas en los supermercados? En ese caso, para que tuviera sentido la competencia, las operaciones de la MorenoCard no deberían ser deficitarias, porque de ser así le estaríamos dando un subsidio a los consumidores para luego cobrarárselo a los contribuyentes: es decir, poniéndole a la gente plata en un bolsillo para sacársela luego del otro.
Desde luego que lo que vale para las aseguradoras de la salud y para las tarjetas de crédito también vale para otros mercados en los que la competencia no es perfecta: si hay una “opción pública”, que sea compitiendo sin ventajas financieras con los proveedores privados. Resalto la palabra “compitiendo”, que no es el caso, por ejemplo, de una Aerolíneas Argentinas.
No estoy diciendo que la opción pública sea mi ideal — mi impresión es que, si no está subsidiada, tiende a volverse irrelevante y rechazada por el consumidor porque a igualdad de otros factores los menores incentivos en la gestión pública llevan a costos mayores. Me encantaría que la realidad lo desmintiera; que existiera una empresa de celulares estatal no subsidiada con un combo precio-calidad muy atractivo, y que resultara elegida por el público para evitar las maniobras escandalosas de Personal, Movistar y Claro. Pero tiendo a pensar que no ocurrirá: sin incentivos se trabaja peor, y no veo por qué un administrador estatal tendría algún incentivo a ser eficiente. Como bibliografía pueden leer al Che Guevara quejándose de las burocracias.
Es decir: en los oligopolios naturales prefiero la regulación estatal de precios y calidades que la provisión pública. Exige menos habilidad de los administradores públicos que meterse en la microadministración de esas industrias.
Por lo demás, queda claro que la MorenoCard no es una política contra la inflación (definida como el cambio de los precios) sino contra el presunto nivel “abusivo” de los precios en los supermercados — la distinción a veces elusiva entre el nivel de una variable y su ritmo de cambio.






