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El fútbol se ha vuelto una cuestión de Estado. Casi siempre lo fue, pero todavía más desde que los derechos de televisación están en manos del soberano, esto es, del pueblo, que ha pagado por ellos con sus impuestos.

¿No tiene ese soberano algún derecho de voz o voto sobre cómo se produce y quién maneja el show que acaba de comprar?

El fútbol es un objeto económico muy peculiar. La organización mundial que lo rige (la FIFA), todos sus miembros (las asociaciones nacionales de fútbol) y una buena parte de los clubes que forman esas asociaciones son, en principio, entidades sin fines de lucro: los presidentes en cada uno de estos niveles deben velar por los intereses de las partes asociadas (no así en los clubes que son sociedades anómimas, donde la apuesta es que el interés individual del empresario sea precisamente el éxito deportivo del club del que es dueño).  Pero los montos involucrados son extremadamente tentadores. Ese combo –el dinero es muchísimo, pero supuestamente no es de nadie– genera incentivos irresistibles para la corrupción. Hace poco nos contaba Ezequiel Fernández Moores en estas páginas que mientras por aquí nos entretenemos con las miserias de la industria futbolística local, en la FIFA se va destejiendo el ovillo de la corrupción que llevó a la insólita decisión de que Qatar, un minúsculo infierno posmoderno sin ningún antecedente futbolístico, sea designado sede de un Mundial.

En principio, el sistema tal como está organizado tiene su componente democrático: los socios de los clubes eligen a sus presidentes, ellos a los jefes de las asociaciones nacionales, y estos cardenales designan a un Papa poco menos que vitalicio. Tras varios ciclos del centrifugado democrático, el resultado debería ser un gobierno que, aproximadamente, representara los intereses de los asociados a clubes de fútbol de todo el mundo. No parece que muchos se sientan bien representados por Joseph Blatter, y en muchos casos –el nuestro entre ellos– tampoco por los presidentes de las asociaciones nacionales.

Son varios los obstáculos que impiden que el mecanismo democrático funcione aceitadamente, pero la traba principal es una montaña de dinero; o, en la jerga de la época, “la caja”. Las llaves de la caja las tienen los presidentes, y el sistema de elección indirecta (del presidente de la FIFA y de las asociaciones) hace que la cantidad de voluntades a comprar no sea desmedida, y por lo tanto pueda llevarse a cabo a la sombra. Sólo los presidentes de los clubes están realmente expuestos al castigo democrático, pero aquí entra a jugar el capricho de la materia que nos ocupa. En el fútbol, la relación entre resultados a corto plazo y probidad en el manejo a veces es tenue. Dos grandes que descendieron hace poco (Rosario Central y River Plate) lo hicieron bajo administraciones percibidas como menos corruptas que las anteriores. Los más honestos no necesariamente ganan más partidos que los menos honestos. En la elección de los clubes pesa menos la honestidad que el éxito deportivo y el manejo de pequeños ejércitos con armamento no reglamentario, también movidos por la caja. Las vigas sobre las que se sostiene el sistema de lealtades que es la FIFA, pues, no siempre son de la mejor madera.

¿No hay nada que pueda hacerse para dar un poco de transparencia democrática a un asunto que no sólo es lúdico y pasional sino que a veces, también, ha sido de vida y muerte? La FIFA tiene para ello una defensa magnífica: los gobiernos que se inmiscuyan de mala manera en el fútbol (esto es, en contra de las autoridades amigables a la banda internacional que a la sazón esté saqueando la industria del fútbol) tendrán el peor castigo: sus selecciones quedarán afuera del Mundial. En la Argentina, se ha abierto un resquicio para ganarle a la fuerza de la caja: la Caja, con mayúsculas. La Caja de Todos. La Cajita Feliz que es el tesoro de la Nación, ANSES incluida.

Al abrir las compuertas de su tesoro al dinero de la Nación, el fútbol ha abierto también sus compuertas a la influencia del gobierno. Por lo que se ha visto de momento, esa influencia no está siendo usada en el sentido que querrían la mayoría de los asociados. El engendro de Primera Divisón Para Todos fue víctima, felizmente, del rechazo democrático. Un gobierno que realmente quisiera dotar de mayor transparencia y representatividad a la AFA podría empezar por colocar la zanahoria de los fondos nacionales detrás de la valla de una reforma de estatutos que incluyera, por lo pronto, una cláusula de reelección limitada del presidente, y quizás de los presidentes de los clubes. Pensando en grande, también podría incluir alguna fórmula de intervención directa de los socios de los clubes en la elección del presidente de la AFA. Mientras todas estas reformas fueran votadas bajo las reglas actuales, la FIFA no podría vetar.

Que el fútbol haya pasado a una órbita semi-gubernamental es, probablemente, un hecho para lamentar. El fútbol podría ser gratis para los que no pueden pagarlo sin necesidad de tantos fondos públicos, con regulaciones adecuadas sobre precios de suscripción y con un uso comercial de la publicidad. La minoría no futbolera tendría así menos motivos para quejarse por financiarnos el show a la gran masa del pueblo. Pero, ya que esa influencia oficial ha sido consagrada, no estaría mal aprovechar la oportunidad para evitar que la pelota siga manchándose.

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