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Qué gran programa de gobierno el de Guizot: ¡”Enriquézcanse”! Mucho más simple y potente que “economía social de mercado” o “nacional y popular” o todas esas abstracciones que hemos tenido por aquí.

“Enriquézcanse”. Lo tiene todo: la riqueza es buena; ustedes pueden hacerlo; el gobierno está a favor de que se enriquezcan. Eso sí que es un programa progresista: un programa donde la idea general es que la gente progrese.

Me hicieron acordar a Guizot las propuestas del señor Arturo Navarro:

NUESTRA PROPUESTA.

Además de una paulatina pero previsible reducción de las Retenciones, la transparencia comercial y el estímulo a la oferta agropecuaria, requieren de:

a) Eliminar las normas que crean y reglamentan los ROE, así como todos los mecanismos de subsidio. Derogar por Ley las llamadas “Ley de granos” y “Ley de carnes”, que habían sido la base de la creación de las ex Juntas y donde se encuentran detalladas las llamadas “funciones delegadas”, que originalmente asumiera el área de Agricultura (en 1991) y que posteriormente fueron parcialmente asignadas a la ex ONCCA.

b) Liberar las exportaciones de carnes y lácteos, a fin de fomentar el valor agregado exportado.

c) Derogar, para cereales y oleaginosas, la llamada Ley Martínez Raymonda (tener comprado el grano antes de declarar la venta externa) y volver al régimen de la Ley 21.453 y su Decreto reglamentario 1.177/92. De esta manera, los exportadores no tendrán que adquirir la mercadería antes de declararla para exportar; se volverá al sistema de registro, con 360 días para obtener el cumplido de embarque y el así, valor disponible se arrimará a la “paridad teórica”.

d) La Cuota Hilton debe depender del Ministerio de Agricultura y, si se mantienen los Registros de operadores, tanto para el comercio interior como para el comercio exterior, deben estar a cargo de una dirección nacional del Ministerio de Agricultura. En la misma Ley que deroga las leyes de granos y de carnes, se deben explicitar los criterios para la intervención comercial que resguarde la transparencia en la comercialización, dándole a los procedimientos una reglamentación basada en un instrumento legal. Se trata, de esta manera, de eliminar toda discrecionalidad y garantizar el derecho de defensa a los operadores sancionados.

Un régimen como el propuesto, es infinitamente menos burocrático y no necesita de compensaciones. Por consiguiente, el ahorro presupuestario puede destinarse a políticas para el sector, a cargo del Ministerio u orientarse a complementar el Programa de Asignación por Hijo, bajo la forma de una Tarjeta Alimentaria, en el marco de un buen Programa Nutricional para la Madre y el Niño. De este modo se subsidia al que lo necesita (los actuales subsidios al consumo interno no discriminan por nivel de ingresos y buena parte son aprovechados por los sectores medios y altos de la población), con menor costo social.

Conviene recordar que existen Leyes de Lealtad Comercial, de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, que rigen para todo el ámbito nacional y para todas las actividades. Por ende, no se necesita discriminar tanto al sector agropecuario y su cadena comercial, habiendo legislación general que prevé instancia judicial para los sancionados que no hayan aceptado los dictámenes del Ejecutivo.

El Estado puede actuar de oficio si detecta problemas de abuso de poder monopólico, competencia desleal, maniobras que resten transparencia, etc. De modo que habría que ser precisos (y no superponer competencias o generar tratos discriminatorios hacia la cadena de comercialización agroindustrial) en definir las características del régimen comercial específico propuesto.

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